Los conflictos por el reparto de los impuestos no son un tema nuevo en la Argentina. Tampoco es nuevo que pase el tiempo sin que el problema sea encarado como parte de la “política de estado” y en ese sentido es una buena noticia que el presidente lo haya incluido entre los diez que integran el Pacto a firmar con los gobernadores en Córdoba. Si bien es un paso adelante no debería generar grandes expectativas ya que la historia reciente demuestra que la política argentina no ha cumplido con el mandato de la Constitución Nacional de 1994 (CN94) de sancionar un régimen de CFI antes del 31-12-1996 que la misma política votó por unanimidad en la Convención Constituyente de 1994. Desde ese momento se manifestaron intenciones a través de Pactos, decretos y leyes en los noventa y comienzos de los 2000 que quedaron en el olvido. Una pregunta interesante es la de cuantos proyectos se trataron y estudiaron en el Congreso Nacional y en las Legislaturas provinciales desde 1994; el inventario es pobre. La omisión de estudiar y discutir el tema, aun en esos ámbitos, tenía un antecedente claro en 1988 cuando se sancionó la ley 23548 que aún rige, que fue aprobada por la Cámara de Diputados sin que ningún diputado se manifestara; no hubo debate. También es interesante recordar que debido al mandato de la CN94 en el Senado de la Nación se creó una nueva Comisión, la de CFI, para estudiar el tema; si existen resultados no se conocen públicamente. Algo debe cambiar.