¿Development Now? Algunos comentarios sobre la economía de Vietnam

Por Andrés López*

Hace ya casi 35 años, si la memoria no me traiciona, asistí a una charla que daba Guido di Tella sobre modelos de crecimiento. En un momento sugirió que Argentina podía tener algo que aprender sobre el caso de Corea del Sur, en el contexto, me parece recordar, de una discusión sobre estrategias export-led growth. Creo que si hubiera propuesto que nos lanzáramos a la colectivización forzada estilo Khmer Rouge en Camboya la indignación del auditorio no hubiera sido mayor. En aquel momento Corea era sinónimo, al menos entre los ignorantes como yo que éramos parte de ese auditorio, de salarios bajos, malas condiciones laborales, represión política e industrialización “barata”, ayudada por el contexto geopolítico de la Guerra Fría (casi todos esos elementos habían estado presentes, claro está, pero lo nos faltaba era percibir la dinámica del proceso). Era casi insultante que alguien viniera a decirnos que allí había algo interesante para analizar (como nota al pie digamos que justo por esa época, si seguimos las series de PBI per cápita en dólares corrientes que recopila el Banco Mundial, se cruzan los destinos de ambos países; a comienzos de 1960 el PBI per cápita de Argentina era 10 veces mayor que el coreano, en 2019 este último es tres veces superior al de nuestro país, fue precisamente hacia el final de los ’80 cuando se produjo el sorpasso).

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, tanto para los propios procesos de desarrollo de ambos países (y de Asia Oriental y América Latina en general), como para la literatura sobre estrategias de desarrollo económico. Esta última, durante largos años, se aplicó, desde diversas perspectivas teóricas y analíticas, al estudio comparado de ambas regiones, en búsqueda de entender por qué aquellos países (los llamados “tigres”, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) que habían partido tan atrás de América Latina en los años ’50 y ’60 (y no disponían de capital natural), nos habían “pasado el trapo” varias décadas después, no solo en materia de riqueza relativa, sino también de desarrollo tecnológico y empresarial, y niveles de bienestar social. Las explicaciones propuestas han sido variadas (desde los “fundamentals” macro e institucionales, hasta las políticas industriales y tecnológicas, pasando por aspectos geopolíticos, entre otras), pero si algo, creo, aprendimos de toda esta literatura fue que, sean cuales sean las explicaciones del “milagro asiático”, dadas las enormes diferencias en materia de dotación de factores, estructuras sociales, procesos históricos, organización del Estado y localización geográfica entre ambas regiones, no había muchas lecciones obvias para el aprendizaje en América Latina (algo que ya había anticipado muy tempranamente Fernando Fajnzylber en este artículo de 1981). No digo que no se pudieran copiar, si se las identifica, “buenas prácticas” en política macro, tecnológica, educativa, etc., sino que las divergencias entre ambas regiones tenían orígenes más profundos y la aplicación más o menos mecánica de “lecciones” probablemente hubiera sido imposible, dadas las mencionadas enormes diferencias existentes entre Asia Oriental y nuestro continente.

Siguen apareciendo felinos

Hay una segunda generación de “tigres”, compuesta por Malasia, Tailandia, Indonesia y, con algo más de rezago, Filipinas. En 1990 el PBI per cápita promedio simple de esas cuatro naciones, medido en paridad de poder adquisitivo (PPA) según las estimaciones del Banco Mundial, era 17% menor al promedio, también simple, de América del Sur. En 2019 estaba 6% por arriba de dicho nivel (contra América Latina la variación fue de menos 9 a más 11%) –ver Cuadro 1. En 1990 Malasia tenía el mayor nivel de PBI per cápita dentro de ese grupo de tigres y estaba detrás de 3 países de América Latina (Venezuela, México y Argentina) en ese indicador; Tailandia, en tanto, estaba detrás de todas las naciones de América del Sur (salvo Perú y Bolivia). En 2019 Malasia solo aparece debajo de Panamá, mientras que Tailandia sobrepasó a Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Paraguay en América del Sur y ya estaba muy cerca del PBI per cápita de Costa Rica y México.

Cuadro 1. Comparaciones inter-regionales de niveles de PBI per cápita en PPA –promedios simples, 1990-2019 (USD a precios internacionales actuales y %)

199019932019
América del Sur5085600716554
América Latina4642541315770
Argentina719622947
Filipinas-Indonesia-Malasia-Tailandia421917583
Camboya-Laos-Vietnams.d.11627032
Vietnam9188374
    
FIMP/AMSUR83%106%
FIMP/AMLAT91%111%
CLV/AMSUR19%42%
CLV/AMLAT21%45%
Vietnam/AMSUR18%51%
Vietnam/AMLAT20%53%
Vietnam/Argentina13%36%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Estos nuevos “tigres”, aunque también muy diferentes a nuestra región en casi todos los aspectos arriba mencionados, tienen, en particular en el caso de Malasia y en menor medida en Indonesia y Tailandia, niveles de capital natural per cápita mayores a la primera generación.  De todos modos, salvo en Malasia, esos niveles están por debajo de los observados aun en los países menos abundantes en capital natural de América del Sur. Por otro lado, y siguiendo las trayectorias de la primera generación, a lo largo de las décadas este segundo grupo  fue transformando su estructura exportadora hacia bienes industriales cada vez más complejos; así, en 2018 Malasia y Tailandia estaban solo detrás de México, entre los países de América Latina, en el ranking de “complejidad” (que intenta medir el nivel de sofisticación de las canastas exportadoras de cada país) elaborado por The Atlas of Economic Complexity. Pero mientras que el gasto en I+D de aquellas naciones supera, según los últimos datos proporcionados por UNESCO, el 1% del PBI –casi 1.5% en Malasia-, el de México apenas rondaba el 0,3% (para referencia, en Argentina los últimos datos indican niveles en torno al 0,5% y solo Brasil está por arriba del 1% en América Latina). Esta comparación sugiere que el proceso de industrialización en aquellos países probablemente es más intensivo (o al menos los gobiernos intentan que lo sea) en innovación local que los esquemas de maquila y similares en México, en donde casi no hay desarrollo tecnológico doméstico.

Pero hay un conjunto de naciones (que todavía nadie llama tigres, si seguimos con las metáforas zoológicas digamos que serían gatos grandes) que viene aún más atrás que el segundo grupo antes mencionado. Se trata de tres países ubicados en el Sudeste Asiático (en lo que antiguamente se conocía como Indochina) que hace algunas décadas fueron centro de largos y severos conflictos bélicos en el contexto de la Guerra Fría: Camboya, Laos y Vietnam. En la comparación de niveles de PBI per cápita medido en PPA -promedios simples para cada región-, en 1993 (primer año con datos para Camboya) América Latina y América del Sur aventajaban a dichos países en proporción de 5 a 1 aproximadamente. En 2019 el PBI per cápita promedio de esas tres naciones representaba 42 y 45% respectivamente del promedio para América del Sur y América Central respectivamente (Cuadro 1); Vietnam y Laos ya estaban bien por encima de Honduras y Nicaragua y se acercaban a Bolivia, El Salvador y Guatemala.

Téngase en cuenta que los niveles de capital natural per cápita de Camboya y Vietnam están por debajo de los de cualquier país de América del Sur, y que solo Laos, dentro de ese grupo, se acerca al promedio para esa región. Mientras que las exportaciones de Laos se concentran en energía eléctrica (basada en fuentes hídricas), minerales y otros recursos naturales y sus derivados, y las de Camboya en textiles y vestimenta, Vietnam, como veremos enseguida, ha transformado radicalmente su estructura productiva y exportadora en las últimas décadas y ha conseguido mayores progresos en materia de indicadores tales como pobreza o esperanza de vida. Es sobre este país, entonces, donde queremos concentrar algunos muy breves comentarios.

El proceso de crecimiento en Vietnam: algunos datos ilustrativos

Cuando terminó la llamada guerra de Vietnam en 1975, el país contaba con menos de 49 millones de personas, las cuales casi se habían duplicado para 2019 (más de 96 millones). En ese lapso la esperanza de vida al nacer pasó de 61 a más de 75 años. Los primeros datos sobre PBI per cápita que presenta el Banco Mundial son de 1985: en aquel año, a valores constantes de 2019, el indicador se situaba en 231 USD anuales. En 2019 llegaba a 2715 USD (casi 12 veces más que en 1985) –Gráfico 1. En la última década Vietnam fue una de las naciones con mayor ritmo de crecimiento en todo el mundo; en efecto, ocupó el puesto 13 en el ranking según crecimiento anual promedio del PBI per cápita en moneda local entre 2010 y 2019 según datos del Banco Mundial; entre las restantes 12 naciones, figuran otras 7 asiáticas -China, Mongolia, Myanmar, Laos, India, Bangladesh y Camboya[1]-, volviendo a destacar el notable dinamismo de esa región).

Gráfico 1. Evolución del PBI per cápita, Vietnam, 1985-2019 (USD constantes 2019)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

En 1990 el país ocupaba el puesto 144 sobre 164 incluidas en las estimaciones de PBI per cápita en paridad de poder adquisitivo elaboradas por el Banco Mundial; en 2019 había subido al lugar 117 sobre 188 países. A lo largo de este proceso se fue reduciendo la brecha de ingresos con América Latina. El PBI per cápita de Vietnam, siempre en PPA, pasó de menos de 20% del nivel de América Latina y América del Sur en 1990 a más del 50% en 2019 (cuadro 1). En la comparación específica con Argentina, el aumento fue de menos de 13 a más de 36% entre ambos años.

En 1992 el nivel de pobreza en Vietnam como lo estima el Banco Mundial (porcentaje de la población viviendo con menos de USD 3,2 en PPA por día) alcanzaba al 80%; en 2018 llegaba a apenas al 7%. En cuanto a la distribución del ingreso, de nuevo en base a los datos que recopila el Banco Mundial, se observa una relativa estabilidad entre mediados de los 90 y el presente, con un Gini en torno a valores del 0,35, menores a los de cualquier país de América Latina.

Como ha sido usual en otras experiencias de alto crecimiento en Asia, el aumento de la tasa de inversión jugó un rol significativo. Entre 1986 y 1990, la misma promedió menos de 15% del PBI. Entre 1996 y 2000 llegaba a 28,5%. Para 2006-2010 el promedio se acercaba al 37%. En el último quinquenio (2015-2019) se observa un descenso (27%), pero todavía en valores muy superiores a los observados en América Latina (inferiores al 20%).

También en línea con las experiencias de los anteriores “tigres”, una característica clave del proceso de crecimiento fue la rápida internacionalización de la economía. En 1986 las exportaciones de bienes y servicios representaban menos de 7% del PBI. En 2019 superaban el 100%. Las exportaciones vietnamitas de bienes apenas sobrepasaban los USD 2000 millones anuales hacia comienzos de los 90 (Gráfico 2). Para el año 2000 se acercaban a los USD 15 mil millones, superaban los 72 mil millones en 2010 y llegaron a casi USD 265 mil millones en 2019 (en términos per cápita, 90% mayores a las de Argentina en ese mismo año). Más del 50% de las exportaciones se dirige a Asia (casi 20% a China), y cerca de otro 20% a EEUU.

Gráfico 2. Exportaciones e inversión extranjera directa en Vietnam. 1976-2019 (USD millones corrientes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD.

A lo largo del proceso de crecimiento, se transformó radicalmente, de nuevo siguiendo las huellas de otros países de la región, la estructura productiva. La agricultura (siempre según los datos del Banco Mundial) pasó de representar 40% del PBI en 1985 a menos de 14% en 2019. Paralelamente subieron su contribución tanto la industria (del 27 al 34%) como los servicios (del 33 al 42%), mientras que el resto lo aporta el sector minero/petrolífero.

A su vez, la estructura exportadora también sufrió cambios profundos. El peso de las manufacturas pasó de un 44% en 1997 a más de 84% en 2018. Dentro de ellas, las de alta tecnología pasaron de representar menos de 9% en 2008 a más de 40% en 2018 (datos del Banco Mundial). Una manera de ilustrar estas transformaciones es recurriendo a las gráficas que elabora el mencionado Atlas of Economic Complexity. En 1995 dominaban el petróleo, el café, arroz y productos de la pesca. En 2009 los textiles y la vestimenta habían desplazado a los recursos naturales. En 2018 el liderazgo había pasado a la electrónica, y los aparatos para telefonía y televisión (en 2019 Vietnam fue el segundo exportador de teléfonos celulares en todo el mundo). En esta transición, pasó del puesto 107 al 52 en el ranking país del índice de complejidad entre 1995 y 2018.

Estructura de exportaciones de Vietnam, 1995, 2009 y 2018

En lo esencial, el crecimiento de las exportaciones, y la transformación en la canasta exportadora, vinieron asociadas a la incorporación del país a la dinámica de las cadenas globales de valor. En ese juego, Vietnam se integra fundamentalmente “hacia atrás”, procesando insumos y componentes que luego son reexportados. El valor agregado extranjero en las exportaciones brutas totales llegaba al 44% en 2015, contra 20% promedio tanto para el grupo de países desarrollados como en desarrollo según los datos de la base TIVA elaborada por la OECD. En este sentido, su modo de inserción es similar al de México y algunos países de América Central (e.g. Costa Rica, Honduras, El Salvador). Vale agregar que, según el último World Development Report del Banco Mundial, la reducción de la pobreza fue más amplia en las áreas del país con mayor presencia de empresas integradas en cadenas de valor.

Por cierto, la inversión extranjera directa (IED) jugó un rol central también en este proceso (del mismo modo que en los recién mencionados casos de América Latina). El ingreso de IED fue prácticamente nulo hasta la década de 1990. Para finales de la misma sobrepasaba los USD 1000 millones anuales. En 2010 llegó a USD 8000 millones y en 2019 a USD 16 mil millones (Gráfico 2). La inversión proviene de Corea, Japón, Singapur, Taiwán y Japón, en ese orden. Malasia, China y Tailandia también son inversores relevantes[2]. Esto, por supuesto, nos recuerda el llamado paradigma de los “flying geese”, que explica la cambiante dinámica de la división del trabajo en Asia Oriental en función de las transformaciones en las ventajas comparativas de los distintos países de la región.

Pari passu estas transformaciones, parece emerger una incipiente dinámica innovativa a nivel doméstico. El número de investigadores dedicados a actividades de I+D por millón de habitantes subió de 114 en 2002 a más de 700 en 2017 –solo Argentina y Brasil están por arriba de esa cifra en América Latina- y el gasto total en la materia como % del PBI pasó de menos de 0,2 a más de 0,5% entre ambos años (datos de UNESCO); esta última cifra es similar a la registrada en Argentina y solo inferior a la de Brasil en la comparación con los países de América Latina.

En cuanto a la estructura empresarial, mientras que las firmas de capital estatal dominan las industrias extractivas, algunas industrias pesadas, el comercio exterior agrícola, el sector bancario y los servicios públicos, las extranjeras juegan en ese rol en el caso de la manufactura para exportación y las privadas locales en otros sectores de servicios y las manufacturas livianas para el consumo interno. La evidencia sugiere que aún son débiles los vínculos entre las filiales de multinacionales instaladas en el país y los proveedores locales.

Una breve descripción del marco de políticas y los desafíos adelante (con una pequeña coda sobre América Latina)

En esta breve nota no tenemos la pretensión de intentar “explicar” los factores que han estado detrás de estos procesos (a ese respecto invitamos al lector a revisar algunos trabajos que pueden arrojar luz sobre este tema)[3]. Pero podemos dejar anotadas algunas cuestiones básicas. En primer lugar, se suele identificar el origen del proceso de cambio estructural de la economía vietnamita con las llamadas reformas Doi Moi (renovación) adoptadas por el 6to Congreso del Partido Comunista, en 1986, aunque ya habían comenzado a introducirse ciertas medidas en la misma dirección desde algunos años atrás. Estas reformas –y otras que se introducirían en años sucesivos-, dieron origen a la llamada “economía de mercado orientada al socialismo”, e incluyeron el abandono de las estrategias de colectivización para otorgar mayor autonomía, incentivos y seguridad en los derechos de propiedad a los agricultores (como resultado, la producción agrícola más que se triplicó entre 1990 y 2013), una progresiva liberalización del comercio exterior y de las inversiones, una también progresiva apertura a la acción del sector privado, mayor autonomía y reducción de subsidios a las empresas de propiedad estatal y reformas en los sistemas de fijación de precios (por cierto, se trata de acciones que en buena medida recuerdan al estilo de reformas que habían comenzado a ponerse en marcha algunos años atrás).

Dos elementos del marco de políticas que han estado presentes en casi todas las experiencias asiáticas de alto crecimiento también han caracterizado el caso de Vietnam: a) gobiernos autoritarios (el Partido Comunista es el único autorizado legalmente); b) subvaluación cambiaria (el conocido índice Big Mac, elaborado por The Economist, que incluye Vietnam desde 2014, indica que el tipo de cambio ha estado subvaluado en torno al 40-50% respecto de la paridad Big Mac) –el gobierno estadounidense ha acusado a Vietnam de manipular deliberadamente la moneda local, el dong, para mantener el tipo de cambio subvaluado como forma de subsidiar las exportaciones-.

En los 2000 Vietnam se embarcó en un proceso de apertura comercial, que incluyó el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (concretado en 2007) y la firma de tratados bilaterales de comercio con EEUU, Japón, Corea, Chile y, en 2020, con la Unión Europea. En tanto, Vietnam es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) –a través de la cual ingresó en acuerdos de libre comercio con India, Australia, Nueva Zelanda y China- y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés).

Para la atracción de IED se adoptó, siguiendo nuevamente experiencias previas en numerosos países emergentes, el modelo de zonas económicas especiales (entre 60 y 70% de la IED se aloja en dichas zonas, según datos de UNCTAD). Las empresas que allí desarrollan actividades de ensamblaje aprovechan no solo los bajos costos laborales, sino también de ventajas fiscales y exención de derechos aduaneros, entre otros beneficios. En tanto, para estimular el desarrollo de actividades de I+D se establecieron, entre otras medidas, beneficios fiscales especiales para las empresas que inviertan en centros dedicados a dichas tareas.

Pese a los avances mencionados, y como bien lo indica el título de un reporte del Banco Mundial elaborado unos años atrás, Vietnam se encuentran en una suerte de “encrucijada”, en la cual corre el riesgo de quedar atrapado en el mismo tipo de situación que se observa, por ejemplo, en los casos ya mencionados de México o algunos países de América Central que hace décadas se han venido integrando exitosamente en las cadenas de valor a través de similares esquemas de atracción de IED para operaciones de ensamblaje basadas en bajos costos laborales, sin poder concretar avances significativos en materia de derrames o encadenamientos locales. El citado reporte del Banco Mundial identifica desafíos en materia de capital humano, productividad, desarrollo de proveedores e infraestructura, entre otras áreas.

De todos modos, aun si eso ocurriera, el progreso registrado en las últimas décadas seguiría siendo de todos modos notable. En todo caso, el futuro desenvolvimiento del proceso de desarrollo en Vietnam no dependerá solo de decisiones y acciones internas, sino también de la evolución del contexto internacional (e.g. posibles restructuraciones en la organización de las cadenas de valor, avance de los procesos de automatización de tareas, etc.). Lo que, a mi juicio, evidencia el análisis de este caso, uno más de la larga lista de experiencias exitosas en el continente asiático (y aquí no hemos hablado de China e India), es que aún las naciones más rezagadas de aquella región han sabido sacar un provecho mucho más amplio de la globalización que sus pares de América Latina. En la medida en que creamos que, aunque transformada, tanto por tendencias pre-existentes (e.g. tensiones comerciales entre las grandes potencias, automatización de tareas, amenazas del cambio climático), como nuevas (e.g. lecciones del COVID-19), la globalización seguirá con nosotros, el desafío para la Argentina (y para el resto de América Latina) es el de identificar cuáles son las estrategias que permitan una inserción en la economía internacional que conduzca a trayectorias de desarrollo más exitosas y sustentables que las observadas en décadas recientes.

Y si llegaron al final, y tienen ganas de música, pinchen acá para escuchar algunas canciones que nos hablan de, o nos recuerdan a, la guerra de Vietnam (el crecimiento económico claramente no inspira a nadie a componer música)

* IIEP, UBA-CONICET.


[1] También aparece Turkmenistán, no mencionado ya que pertenece a Asia Central, una región muy diferente en términos económicos, productivos y sociales a la de Asia Oriental y del Sur.

[2] http://en.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2609:vietnams-nine-month-fdi-hits-record-of-nearly-us255-billion-&catid=270:vietnam-industry-news&Itemid=363

[3] Ver, por ejemplo, “Vietnam at crossroads. Engaging in the next generation of global value chains”, C. Hollweg, T. Smith y D. Taglioni (eds.), World Bank, 2017; “The Evolution of Vietnamese Industry”. Anh, N.Thi Tue, Duc, L.Minh y Chieu, T.Duc, WIDER Working Paper 2014/076. Helsinki: UNU-WIDER; “Vietnam’s Industrial Policy Designing Policies for Sustainable Development”, D. Perkins y Vu Thanh Tu Anh, “Series on Vietnam’s WTO Accession and International Competitiveness Research”, UNDP-Harvard Policy Dialogue Paper Number 1, 2013; “Doi Moi Policy and Socio-Economic Development in Vietnam, 1986–2005”, Kien TN, Heo Y. International Area Review. 2008;11(1):205-232.

El debate sobre el financiamiento de las Obras Sociales

Por Oscar Cetrángolo* y Ariela Goldschmit**

En los últimos días se conocieron las demandas de los sindicatos por incrementar las alícuotas de aportes y contribuciones para el financiamiento de las obras sociales. Varios medios se hicieron eco de ese reclamo y de las medidas que se estarían analizando. No es una novedad este tipo de pedido por parte de las obras sociales y los sindicatos. Es una situación bastante repetida que ante crisis macroeconómicas que incluyen tipo de cambio alto y caídas en los ingresos laborales y en el empleo, los sistemas de salud con financiamiento contributivo enfrenten problemas de solvencia. Es claro que esos problemas de solvencia coinciden con el agravamiento de la situación fiscal y la caída de ingresos de los hogares.

La novedad actual reside en que la pandemia ha abierto una discusión más general y coloca en la agenda política temas de salud que no tenían presencia significativa hasta entonces e invita a discutir los cambios que requiere el sistema.

Estas líneas se proponen presentar algunos argumentos acerca del financiamiento disponible en el sector y evaluar si resultan suficientes o no para brindar la cobertura obligatoria exigida por Ley. Asimismo se indagará si es razonable pensar la reforma únicamente en la dirección del incremento de aportes y contribuciones o si se trata de una oportunidad para repensar la fragmentación del sistema y debatir en profundidad el conjunto de prestaciones aseguradas. 

Un sistema con derechos fragmentados

Como parte de un sistema con derechos fragmentados a la cobertura de salud en función de los ingresos de las personas y el lugar de residencia, tema desarrollado en notas previas de Alquimias Económicas[1] y documentos publicados en el IIEP-FCE-UBA[2], principalmente, las instituciones de la seguridad social conforman una porción importante, tanto en términos de recursos involucrados como de población cubierta. Estas instituciones son responsables del 41,5% del gasto corriente que se realiza en el país, equivalente a 3,9% del PIB. De allí se puede colegir que el total de gasto corriente en salud alcanza 9.4% del PIB (Secretaría de Gobierno de Salud, 2019), una magnitud nada despreciable, si se lo compara con el gasto de otros países, no sólo de la región (Cetrángolo y Goldschmit, 2020)[3].

En el gráfico 1 se puede apreciar que el gasto total en salud como proporción al PIB[4] es muy superior al promedio de América Latina y similar al de países europeos. No obstante, en éstos el gasto privado es algo menor y el componente público y de seguridad social no presenta la fragmentación e inequidades propias del caso argentino.

Gráfico 1: Nivel y estructura del gasto en salud en Argentina, América Latina y Europa. 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OMS y Secretaría de Gobierno de Salud (2019).

El gasto en seguridad social en Argentina es llevado a cabo por tres tipos de instituciones. Las Obras Sociales Nacionales son las predominantes, con un gasto equivalente a 2,0% del PIB. El resto está a cargo de las obras sociales provinciales (destinadas a atender a los trabajadores de los sectores públicos de las provincias y CABA), obras sociales no reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud que cubren al Poder Judicial, fuerzas armadas y de seguridad, docentes y personal del Congreso, entre otros, y el PAMI, que cubre a los mayores.

Las Obras Sociales Nacionales  brindan cobertura al personal del sector privado formal y del sector público nacional, así como a sus respectivos grupos familiares, trabajadores independientes (monotributistas) y personal de casas particulares. Ello involucra a 35% de la población total del país (Secretaría de Gobierno de Salud, 2019)[5]. Este segmento se encuentra regulado por las Leyes Nº 23.660 y 23.661 de 1989 y sus modificatorias, bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud.[6]

¿Cómo se financian las obras sociales?

En términos de financiamiento, esas leyes definieron una contribución por parte del empleador de 6% de la remuneración y un aporte a cargo personal del empleado del 3%, fijando que entre un 10% y 20% de los aportes y contribuciones (según se trate de obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios o de obras sociales sindicales) se destine a financiar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), creado unos años antes con el objeto de atender los gastos administrativos y de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud, subsidiar a las Obras Sociales de menores ingresos promedio por beneficiario y otorgar reintegros a las obras sociales por los tratamientos de alto costo a través del Sistema Único de Reintegros (SUR).

El Decreto 486/2002 modificó la Ley 23.660 y estableció que los aportes al FSR varíen tomando como referencia un nivel de remuneraciones brutas mensuales de hasta $ 1.000 y según la naturaleza de las distintas obras sociales, sean de Dirección o Sindicales. De este modo define un aporte de las obras sociales sindicales de 10% o 15% según el ingreso bruto mensual del trabajador se encuentre por debajo de los mil pesos bruto, y cuando se trate de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, de 15% o 20%. No obstante, más allá de lo razonable de esa reforma, la falta de actualización de ese monto por inflación ha significado, en la práctica, la vuelta a un criterio de diferenciación por tipo institucional y no por nivel de ingresos de los trabajadores[7].

Luego de dos décadas donde los trabajadores estaban obligados por ley a dirigir sus aportes a la obra social correspondiente al gremio de su actividad (período conocido como de “población cautiva con solidaridad intra-rama”), en el año 1993 el Decreto 9 habilitó la libre elección de Obras Sociales permitiendo que cada trabajador dirija la totalidad de su aporte menos la porción destinada al FSR a la obra social de su elección, comenzando el período de “descreme” de las instituciones a partir de la competencia por los menores riesgos de afiliados con mayor nivel de ingreso. El proceso sería profundizado cuando se desarrollaron mecanismos para derivar los aportes obligatorios a la seguridad social como parte de pago de cuotas a la medicina privada.

Con el objeto de asegurar un nivel mínimo de prestaciones frente a ese descreme se estableció la obligación por parte de cada entidad de brindar un conjunto de prestaciones básicas denominado Programa Médico Obligatorio (PMO). Más aún, para hacer viable el descreme y selección adversa se había establecido que si el aporte por afiliado fuera menor al costo de ese programa, la diferencia sería compensada con el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO) con fondos del FSR.

Luego de esos inicios como paquete de servicios “mínimos” asegurados, a la creciente desigualdad que involucró su creación se le sumó el problema de sostenibilidad financiera al incorporar, con el correr de los años, patologías específicas a partir de la sanción de diversas leyes. Entre otras leyes podemos mencionar la Ley 26.689 de enfermedades poco frecuentes, Ley 26.743 de Identidad de Género, Ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, Ley 26.872 de patología mamaria y, más recientemente, la Ley 27.552 de fibrosis quística.

En los hechos se termina configurando un listado amplio y extenso de múltiples servicios, prestaciones, prácticas y medicamentos a cubrir y sin criterios claros de priorización en la asignación de los mismos. Abordar un proceso para detectar y tratar una enfermedad dentro del sistema sin una visión holística de los recursos y problemas que se dejan de atender por esa priorización va en contra absoluta de un sistema de salud equilibrado y justo (Gonzalez García, 2020)[8].

En síntesis, la combinación de diferenciación de coberturas por nivel de ingresos (práctica muy discutible y poco habitual en un sistema de seguro social de salud) y el incremento de servicios incluidos en el PMO, sumado a las condiciones especiales del momento, han derivado en el incremento de las dificultades financieras en las obras sociales.

¿Son suficientes los recursos disponibles?

Con el objeto de acercar una idea sobre la brecha entre costos y financiamiento de las Obras Sociales Nacionales, se presenta, en el grafico 2, información proveniente de AFIP para 2019 y datos de la estimación del costo del PMO realizada por Prosanity-Universidad ISalud[9] para julio de ese mismo año. [10]

Gráfico 2: Evolución de los recursos totales mensuales per cápita de las obras sociales nacionales (incluye FSR) y costo estimado del PMO durante 2019. En pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de AFIP y Prosanity-Universidad ISalud

La comparación de ingresos totales de las obras sociales (incluyendo los recursos del FSR) con la estimación del costo del PMO brinda una noción de los desajustes que presenta el sistema de Obras Sociales Nacionales. La estimación del costo del PMO realizada para el mes de julio de 2019 asciende a $1.834. No obstante, esa noción de los desajustes resulta ser muy preliminar e incompleta por una variedad de circunstancias. Entre ellas, se puede mencionar, en primer lugar, que el dato presentado refleja el promedio del sistema, existiendo una gran proporción de Obras Sociales con cápitas promedio inferiores, por debajo del costo del PMO[11]. Ello se muestra en el cuadro que sigue para un grupo de obras sociales. Allí queda en evidencia la disparidad de recursos al interior del sistema de Obras Sociales.

Cuadro 1: Recursos per cápita para un grupo de obras sociales nacionales (incluye FSR)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de AFIP

En segundo lugar, algunas entidades, se destacan por poseer cápitas altas ya que actúan como intermediarias para transferir recursos a las entidades de medicina prepaga. En los casos donde las entidades han sufrido el descreme por la derivación de los aportes de mayor magnitud, el promedio ajustado de los remanentes es aún menor y los consignados en el cuadro pueden dar una imagen aún más optimista que la real. En tercer lugar, esos aportes son, asimismo, promedio de diferentes riesgos. La situación de cada entidad también dependerá de la edad, sexo y características específicas del estado de salud de la población cubierta.

En suma, resulta evidente que los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales si bien en su conjunto alcanzan una gran magnitud, no necesariamente resultan suficientes considerados como contribución de cada individuo. Siendo ésta una consideración de suma obviedad que forma parte de los basamentos de la necesaria mancomunación de riesgos en la cobertura de la salud y habiendo justificado la construcción de seguros de salud, resulta inexplicable que el sistema argentino mantenga su derrotero en sentido contrario.

Adicionalmente, teniendo en cuenta los problemas que enfrenta el país en el funcionamiento de su economía, la desigualdad social, informalidad en el mercado de trabajo y una gran proporción de hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza resulta indispensable definir prioridades en las políticas públicas y su financiamiento. Más aún teniendo en consideración la situación de pandemia por COVID-19 que se está viviendo[12]. En ese contexto, el incremento del financiamiento mediante contribuciones sobre el salario para mejorar la situación de los que tienen seguros de salud puede significar un incremento de la fragmentación de derechos frente a los sectores más necesitados y de menores ingresos.

En cambio, creemos que resultaría más conveniente redistribuir los recursos existentes dentro del sector, eliminando el citado “descreme” y asegurando una cobertura y acceso universales y homogéneos, con diferenciación de cápitas por riesgo y no por ingresos[13]. En cambio, los recursos adicionales, si existieran, debieran concentrarse en el fortalecimiento de la atención primaria y la cobertura de los que no tienen seguros, reduciendo las brechas territoriales en un sistema descentralizado. Debe enfatizarse, tal como se muestra en el gráfico 1, que los recursos totales que Argentina destina al financiamiento de la salud resultan significativos y los avances deben ir en dirección a mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación de los mismos. Para ello será necesario redistribuir el gasto total en salud para reducir la necesidad de los gastos de bolsillo, eliminar la múltiple cobertura y la discriminación por ingresos en la cobertura asegurada por las políticas públicas.

Por último, tal como se ha mencionado, resulta imperativo avanzar en la discusión de un PMO, racional y de amplio acceso, acorde a los recursos disponibles para su financiamiento y conforme a los protocolos médicos reconocidos por la autoridad competente. Ello implicará la búsqueda de importantes consensos con las agrupaciones de pacientes, corporaciones médicas, industria farmaceútica y otros grupos de interés en juego, pero en todo caso debe primar la visión social por sobre la atención individual. Se trata de considerar cada reforma específica como parte de un sendero de reformas que debieran tener como meta de largo plazo el aseguramiento de la totalidad de la población con los mismos derechos garantizados.

* Profesor Titular e Investigador del IIEP (UBA – CONICET).

**Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA;  Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-Baires).


[1] En especial los senderos de reforma sectorialla situación de las obras sociales sindicales, la Cobertura Universal en Salud y las desigualdades de cobertura y acceso.

[2] http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/506; http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/449;

http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/447

[3] Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2020), Federalismo y fragmentación de derechos en el sistema de salud argentino, mimeo.

[4] La comparación del gasto en porcentaje del PIB oculta las diferencias de tamaño de las economías. Ello no sería un problema grave si el gasto fuese predominantemente salarial, ya que reflejaría equivalentes asignaciones de horas de trabajo. En cambio, las brechas aparecen disimuladas en relación con el componente de bienes y servicios con precios internacionales uniformes en dólares.

[5] Secretaría de Gobierno de Salud (2019), ¿Cuánto gasta Argentina en Salud?, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001756cnt-cuanto-gasta-argentina-en-salud.pdf

[6] Una reciente publicación de Rubén Torres, Natalia Jorgensen y Manuela Robba actualiza el diagnóstico sobre este subsector con información muy valiosa: “Mitos y realidades de las Obras Sociales”, Ediciones Universidad ISALUD, Buenos Aires, 2020.

[7] A su vez, la falta de actualización de los valores de las cápitas fue uno de los factores por la que se generaron excedentes que dieron lugar a la creación de diferentes fondos, diferentes al SANO, como se explicó en una nota previa en este mismo blog. Allí se explica la distribución a los fondos SUR, SUMA, SUMA 70 y SUMARTE.

[8] González García, G. (2020), Carta del Ministro de Salud de la Nación al Sr. Fiad, Presidente de la Comisión de Salud HSN.

[9] Prosanity-Universidad Isalud (2019), PMO 2019 · Estimacion del Gasto Necesario para garantizar la cobertura. http://www.prosanity.com.ar/documentos/PMO2019_cerrado.pdf

[10] Prosanity-Universidad ISalud realizan una estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura del PMO considerando las tasas o indicadores de uso y los precios de mercado de las distintas prestaciones que lo componen para una población activa y urbana entre 0 y 65 años de edad. Para ello se releva información sobre las prestaciones incorporadas al PMO en diferentes Obras Sociales Sindicales, prestadores de servicios para esas instituciones, cámaras de diagnóstico y tratamiento, administradoras y  mandatarias, entre otros.

[11] Para los casos de beneficiarios que perciben SANO según los valores de la última matriz de ajuste por riesgo (Resolución 3368/19 de la SSSalud) para la franja de mujeres de 15 a 64 años este subsidio ($834,04) cubre sólo el 45% del costo del PMO.

[12] En notas recientes publicadas en Alquimias Económicas analizamos puntualmente aspectos vinculados a la pandemia por COVID y el sistema de salud: El sistema de salud argentino, antes, durante y después de la pandemia COVID-19 y Pandemia: ¿Oportunidad o resignación?

[13] En varios meses de la pandemia se incorporaron apoyos financieros destinados a paliar la pérdida de recursos de las entidades (en mayo se giraron $1.279 millones; en junio $1.276 millones; en julio $821 millones de pesos; en agosto $125 millones, y en septiembre $502 millones) pero dicha distribución no apuntó a redistribuir recursos dentro del sector sino a sostener los niveles de ingresos de las distintas entidades con relación al mes de Marzo de 2020, manteniendo las brechas de recursos existente al interior del sistema.

Incertidumbre y narrativas en economía

Por Ricardo Carciofi*

Motivado un poco por la curiosidad y otro tanto por una sugerencia, días atrás tropecé con “Radical Uncertainty”, un libro co-autorado por John Kay y Mervyn King. Mi renovado interés por el alcance del concepto de incertidumbre había comenzado en marzo. La instalación firme de la pandemia y de sus tremendas capacidades destructivas sobre la vida humana y el funcionamiento de la sociedad y la economía, me recordó la conveniencia de repasar algunas viejas lecturas e incorporar otras nuevas. Hice un esfuerzo, pero no progresé más allá de intentos fragmentarios y poco sistemáticos. De cualquier forma, eran suficientes para denotar la complejidad de la cuestión y que la tarea requería más tiempo y paciencia. Pero he aquí que me llegó una recomendación de tono ciertamente impersonal. Buscando otro material en la web, por alguna razón el algoritmo de Google me alertó sobre la existencia del libro de Kay y King. Decidí entonces adentrarme en el contenido.

De partida hubo dos datos que me llamaron la atención. El primero se refiere a los autores. El perfil de ambos combina sólida formación y carreras donde se alternan el claustro universitario con la práctica profesional. John Kay es economista, pasó varios años en la docencia universitaria en Oxford, es columnista regular del Financial Times, además de haber publicado varios trabajos académicos. Mervyn King, también con trayectoria en la academia inglesa y estadounidense, ha sido Gobernador del Banco de Inglaterra desde 2003 al 2013. Como tal, supuse entonces que había estado en una silla difícil durante la Gran Recesión de 2008-2009. En particular, imaginé que el texto haría alguna referencia a la visita de la Reina a la LSE y el relato de aquella pregunta matizada con tono de queja acerca de cómo era que académicos de trayectorias brillantes no habían podido anticipar la crisis. Efectivamente este tema se aborda en el libro. El segundo dato que observé fue la fecha de publicación del texto: 2020. Asumí entonces que sería una indagación sistemática respecto de cómo la pandemia ponía de manifiesto grados de extrema incertidumbre. En esto me equivoqué. Los autores entregaron el manuscrito antes que se conocieran los estragos del Covid-19. No obstante, seguí adelante con la lectura.

La insatisfacción con el tratamiento convencional del concepto de incertidumbre.

El libro está organizado en 23 capítulos que se dividen en 5 partes: i) naturaleza de la incertidumbre, ii) el atractivo del concepto de probabilidad, iii) haciendo sentido de la incertidumbre, iv) economía e incertidumbre, v) conviviendo con la incertidumbre. Cada uno de los capítulos aborda la cuestión con una combinación de los aspectos conceptuales e ilustraciones con ejemplos. El libro está dirigido a un público amplio,  más allá del mundo de los economistas.

El foco de la cuestión es la insatisfacción de los autores con el tratamiento convencional que la economía ha dado al concepto de incertidumbre: adjudicar probabilidades subjetivas a todos los posibles eventos futuros. Ésta ha sido la forma bajo la cual en el análisis económico convencional ha logrado encapsular la noción de incertidumbre como una cuestión de manejo del riesgo.

Este planteo, iniciado en la academia estadounidense en los años 80 y posteriormente incorporado al programa de estudios universitarios de economía en todo el mundo, descansa en algunos supuestos cruciales. Primero, es factible conocer todos los posibles eventos y asignarles una probabilidad. En otras palabras, no conocemos el futuro, pero sí podemos discernir todos los posibles cursos futuros y asignarles una probabilidad subjetiva de ocurrencia. Segundo, todas aquellas situaciones que quedan fuera de este mapa son tratadas como shocks exógenos. Tercero, a partir de esta representación del mundo, individuos, hogares y empresas maximizan la utilidad esperada.  Cuarto, otro elemento central del planteo es que, durante el período para el cual los agentes formulan sus expectativas, no se producen cambios en los posibles senderos futuros identificados -hay un supuesto de “estado estacionario” de tales horizontes.

Incertidumbre: más allá del riesgo.

En oposición a esta batería analítica, los autores rescatan el concepto clásico de incertidumbre, que ellos califican como “incertidumbre radical”. Esta incertidumbre profunda, aquella que reviste el significado habitual del término, comprende lo que no conocemos, lo que sólo podemos imaginar de manera muy débil e imprecisa, opciones que ofrecen a su vez infinitas ramificaciones (aun difíciles de modelizar y calcular computacionalmente), y, más aún, que existe también aquello que “no sabemos que no sabemos”.[1]

Los autores argumentan que este tipo de incertidumbre no puede ser reducida a alternativas con distinto grado de probabilidad subjetiva. En realidad, el planteo no es nuevo y los autores lo destacan de manera apropiada. Se remonta a Keynes, Knight, Shackle, entre otros, que sostenían que el cálculo de probabilidades tenía un universo más reducido de aplicación: aquél donde las alternativas están objetivamente y estrictamente definidas -los juegos de azar por ejemplo. Pero que son de escasa utilidad cuando se trata de probabilidades subjetivas, especialmente porque hay alternativas -cursos futuros de acción- que no podemos siquiera vislumbrar hoy.

Una de las secciones del libro está dedicada a analizar cuáles habrían sido las razones para alejarse del planteo clásico que tuvo como consecuencia distorsionar la interpretación más evidente del concepto de incertidumbre. Los autores sostienen que la Escuela de Chicago, a través de las contribuciones de Friedman y Savage, tuvieron una trascendencia decisiva, y en particular de este último. Sin embargo, acotan que mientras Savage prevenía que su formulación aplicaba a “un mundo pequeño”, donde era factible acotar mejor los alcances del planteo, Friedman generalizó la teorización. De esa manera, y para sintetizar, la incertidumbre real desapareció de la escena y todo fue reducido al manejo del riesgo y de expectativas subjetivas sobre el futuro.

¿Cuál es entonces la conclusión a la que llegan Kay y Mervyn King? Primero, la necesidad de reconocer que no conocemos el futuro y que el artefacto de las probabilidades subjetivas es de muy limitada aplicación, pero que pierde potencia si se lo lleva más allá de esos límites. Segundo, lo anterior no invalida hacer escenarios, y valernos de información, de datos y modelos, pero cualquier conclusión debe ser acompañada de una “narrativa”. El propósito es contextualizar el análisis y, sobre todo, examinar los límites dentro de las cuales se arriban a ciertas conclusiones, especialmente si se trata de hacer recomendaciones de política, un plan estratégico de negocios, o el manejo de portafolio de inversiones. Tercero, y más importante quizás, los autores sugieren la conveniencia de revalorizar el viejo concepto de incertidumbre apartándola del tratamiento de probabilidades subjetivas y expectativas racionales. Esto último constituye también un mensaje de los autores que tiende a poner en primer plano la importancia del sentido práctico de la economía. Vale la pena una consideración separada de la cuestión.

La economía y su aplicación práctica.

Hay una larga tradición en la construcción del análisis económico con un propósito aplicado. Es ilustrativa la cita de Marshall al respecto: “economía es el estudio de la naturaleza humana en cómo llevar a cabo los negocios cotidianos”.[2] La teoría es válida en la medida que a partir de allí puedan derivarse principios orientadores para la acción -sea la política pública o las decisiones de inversión. Lo mismo se aplica a los modelos: su validez reposa en la medida que permitan ofrecer perspectivas adecuadas para el problema que se desea resolver. Ocurre sin embargo que la acción propuesta -inspirada en el modelo y en la mejor comprensión de la realidad que sea posible- transcurre en el futuro. Esto es en un futuro incierto, con un grado de incertidumbre tal que desafía la posibilidad real de discernir claramente cada una de las alternativas posibles.

El fenómeno en cuestión no tiene las propiedades de estabilidad y constancia en el tiempo. Lo esperable es el cambio, la mutación en grado elevado y a veces inimaginable. Es en este terreno donde el economista está muy limitado en sus capacidades de practicioner. Seguramente arribará a las conclusiones que le permiten el análisis y el modelo basado en los mejores datos disponibles, lo cual tiene en sí mismo gran utilidad, pero la validez como receta operativa está sujeta a múltiples caveats. De ahí la necesidad de, como dicen los autores, narrativas complementarias que en la práctica supone una mirada multidisciplinaria -sea la historia, la sociología, el derecho, la ciencia política, etc. Paradójicamente, la economía se desplazó más bien en el sentido contrario: ha procurado expandir las premisas de su análisis hacia otros terrenos muchos menos relacionados con “los negocios cotidianos”.[3] Esta suerte de imperialismo disciplinario ha sido ciertamente menos fructífero. En síntesis, no hay obstáculos para la ambición práctica de los economistas, toda vez que haya una conciencia clara de las propias limitaciones. Esto requiere no sólo cierta humildad -como diría Keynes, parecida a la noble tarea del dentista-,[4] sino la conveniencia de sumar otros enfoques (disciplinas) al arsenal del análisis económico.

Un par de reflexiones aplicadas a nuestra realidad.

El lector que haya llegado hasta aquí quizás extraiga la conclusión que toda la discusión, más allá que comparta o no el contenido, es excesivamente abstracta. En parte es correcto, pero me permito hacer dos reflexiones que se aplican a nuestra realidad económica reciente y que aluden a situaciones polares. Entre 2016 y 2018, la política económica se inspiró en el diseño de “inflation targeting” que supone, precisamente, un modelo donde los agentes económicos ajustarán sus conductas a las señales y objetivos del Banco Central en un contexto donde no existe incertidumbre radical sino riesgo calculable en base a probabilidades subjetivas. Todos sabemos los resultados. ¿Por qué el modelo no fue confrontado con otras “narrativas” de modo de verificar su efectividad? Vayamos al presente. Las declaraciones oficiales han señalado de manera reiterada la inconveniencia de presentar un “programa económico”. Una posición que evitar caer en la tiranía del Excel y de las proyecciones cuantitativas. En principio, parecería una interpretación justificada a la luz de la profunda incertidumbre reinante y las amenazas que existen en varios frentes de la marcha económica. De otro lado, se puede hacer el argumento contrario: se necesita en parte una “narrativa” detallando los ejes de la estrategia oficial sobre el rumbo elegido. Esa narrativa deberá tener su expresión numérica de manera de observar cómo encajan las diferentes piezas de política. Pero esto no significa que tales números habrán de cumplirse necesariamente. Como la incertidumbre es elevada, la visibilidad es baja y el horizonte se estrecha. Es comprensible. Pero esto no invalida la tarea.  Precisamente, implica reconocer la necesidad de repetir el ejercicio de manera frecuente y adaptar el rumbo a las nuevas circunstancias. La propuesta de una narrativa brindará un sentido de dirección que ayuda a las decisiones económicas y contribuye a despejar la incertidumbre. En este caso, el Excel ayuda y no perjudica. Quizás el próximo proyecto de presupuesto ayude a despejar incógnitas. No sabemos.    

Cierro aquí el comentario del libro de Kay y King. El texto creo que es de utilidad para una revisión de la noción de incertidumbre, rescata conceptos que vienen de tiempo atrás e incorpora también nuevas dimensiones. Los ejemplos ayudan a ilustrar y a poner de relieve las implicaciones del tema en debate. La sección sobre el aporte práctico de los economistas puede ser leída como un llamado de atención. No obstante, el lector debe advertir que el libro incursiona en territorios muy vastos, sin necesariamente señalar los límites del análisis. En ocasiones la complejidad del concepto es dejada de lado con la intención de progresar en el temario. La amplitud de mirada es una ventaja, pero tiene el costo de dejar aristas que no quedan adecuadamente exploradas.

*  Investigador Invitado, IIEP-UBA


[1] Taleb, N. (2007), Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, Random House Publishing Group.

[2] Marshall, A. (1890). Principles of Economics.

[3] La referencia obligada aquí es la obra de Gary Becker, también un miembro destacado de la Escuela de Chicago.

[4] Keynes, J.M. (1930). Essays in Persuasion.

Acerca del teletrabajo

Man using laptop computer

Por Luis Beccaria*

Las medidas de aislamiento social han llevado a que muchas empresas recurran al teletrabajo (TT) –entendido como aquel trabajo realizado total o parcialmente desde los domicilios de los trabajadores mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (TICs)[1]– como una estrategia adecuada para la continuidad de un conjunto de tareas. Esta forma de organización del proceso de trabajo –que por cierto existe desde hace años, pero a una escala reducida, aunque creciente–[2] pasó a ser un tema frecuente en la discusión pública, especialmente, respecto a su futuro una vez concluida la pandemia. En este sentido, varios estudios plantearon la potencialidad que diferentes ocupaciones tendrían de pasar a ser desarrolladas entera o parcialmente, mediante TT. Sigue leyendo “Acerca del teletrabajo”

Novedades del frente cannábico

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Por Andrés López*

[Para ponerse en ambiente, le recomendamos al lector acompañar la lectura de la nota con esta playlist]

El año pasado publicamos un trabajo en el cual, entre otras cosas, revisábamos un amplio conjunto de estudios sobre experiencias (la mayor parte de ellas en EEUU) de legalización del cannabis recreacional y/o medicinal (el interés por analizar este último caso deriva de que se supone que podría ayudar a relajar la percepción de riesgo y reducir el estigma social del consumo de cannabis, e incluso permitir, por distintas vías, un “desvío” del cannabis destinado al uso medicinal hacia el uso recreacional). En ese trabajo presentábamos un breve resumen respecto de la evidencia que surgía de ese conjunto de estudios, a saber: i) las iniciativas de liberalización/despenalización parecen llevar a aumentos leves/moderados de la prevalencia (porcentaje regular de usuarios sobre total de la población) del consumo de cannabis en la población adulta (en torno al 15/25%) y probablemente a mayores tasas de desórdenes asociados a dicho consumo, pero no se hallaba evidencia respecto de un incremento de la prevalencia en adolescentes; ii) algunos trabajos encuentran que dichas iniciativas ayudan a reducir el uso de sustancias más peligrosas (e.g. cocaína, heroína) y los problemas de salud asociados a dicho uso; iii) hay evidencia respecto de que la liberalización no induce mayores niveles de criminalidad y de hecho varios trabajos hallan que ayuda a reducir ciertos tipos de crímenes[1] (y a achicar el negocio del narcotráfico); y iv) algunos estudios hallan impactos neutros o incluso en algún caso positivo sobre ciertos indicadores de salud (e.g. accidentes viales o laborales, suicidios). Sigue leyendo “Novedades del frente cannábico”

¿Es la pandemia una oportunidad para hacer converger el pacto fiscal y el contrato social?

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Por Manuel Basombrío*

No es fácil pensar bajo incertidumbre extrema… pero la negligente improvisación podría, por lo menos en la región, abrir las puertas del Hades o, en términos de Hume, sobrepasar las circunstancias de la justicia. Es imperativo pensar, y mucho, sobre este inédito escenario, que en la región reúne pandemia y problemas estructurales preexistentes, para dar la respuesta más eficiente y equitativa posible. Los gobiernos, los organismos internacionales (CEPAL, BID, FMI, etc.), la academia y “pensadores independientes” están en ello. Sin embargo, es difícil discernir entre la creciente oferta de diagnósticos, predicciones y recetas, cuáles son las más acertadas, justamente porque la incertidumbre es extrema. Hay sí, un personaje protagonista que aparece en casi todas las reflexiones: el pacto fiscal; a grandes rasgos, una reformulación del papel a desempeñar por el Estado tanto para dar respuesta a los efectos de la pandemia como para el “día después”. Sigue leyendo “¿Es la pandemia una oportunidad para hacer converger el pacto fiscal y el contrato social?”

Acerca de las pretendidas ventajas del Ingreso Básico Universal en Argentina ¿más espejitos de colores para no discutir lo necesario?

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Por Oscar Cetrángolo* y Javier Curcio**

Es bien sabido que los argentinos somos muy afectos a las modas, a los eslogans disociados de los contenidos, al apoyo o rechazo de conceptos no necesariamente explicados o comprendidos claramente y a las novedades que no siempre son tales. En materia de política social, hoy aparece como una gran novedad la idea del ingreso o renta básica universal. En el debate de políticas públicas no es una idea nueva y el auge que la misma está tomando durante la actual crisis tal vez pueda tener cierto sentido para ser debatida en países desarrollados, pero claramente no es el caso de Argentina. Sigue leyendo “Acerca de las pretendidas ventajas del Ingreso Básico Universal en Argentina ¿más espejitos de colores para no discutir lo necesario?”

Un primer análisis del impacto económico regional de la pandemia de COVID-19 en Argentina

Por Andrés Niembro* y Carla Daniela Calá**

La heterogeneidad en la distribución sectorial de la producción y el empleo a nivel territorial en Argentina, que se manifiesta en distintas especializaciones productivas, permite anticipar un impacto desigual de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) a raíz de la pandemia de COVID-19. En esta nota presentamos un primer análisis exploratorio sobre el impacto económico a nivel regional que la pandemia y el ASPO podrían haber tenido durante las últimas semanas de marzo y el mes de abril, un primer momento en el cual las restricciones y excepciones se plantearon principalmente a nivel sectorial o de actividad. Sigue leyendo “Un primer análisis del impacto económico regional de la pandemia de COVID-19 en Argentina”

Ajustada agenda fiscal para paliar la crisis

Por Julián Folgar*

La actual pandemia es, sin duda, uno de esos eventos inesperados que derivan en reacciones dinámicas por parte de los distintos Estados para suavizar no solo la curva de contagios sino también el impacto que la recesión tenga sobre el bienestar de la población y, en especial, los más vulnerables. Esta nota busca poner en contexto la dimensión actual de los principales programas sociales no contributivos, para discutir su impacto fiscal y sostenibilidad en el tiempo. Sigue leyendo “Ajustada agenda fiscal para paliar la crisis”