Cuesta abajo: la evolución de largo plazo de las exportaciones argentinas

Por Andrés López*

La preocupación por el pobre desempeño exportador de la Argentina en el período reciente es difundida. Las exportaciones de bienes en 2019 estaban más de 20% por debajo de las observadas en el pico de 2011. Si bien el grueso de la caída se origina en el fin del super ciclo de commodities, la comparación también evidencia una reducción de las cantidades exportadas; resulta significativo que mientras que fueron los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario las que sufrieron las bajas de precios más marcadas, las cantidades exportadas de ambos rubros subieron en la comparación entre ambos años, mientras que en el caso de las manufacturas de origen industrial las cantidades exportadas cayeron 27% (basado en datos del INDEC).

En tanto, el patrón exportador argentino ha venido concentrándose cada vez más en un grupo de complejos con fuerte peso en la evolución del agregado de las ventas externas del país. En el cuatrienio 1997-2000 los cinco principales complejos aportaban el 64% del total de las exportaciones argentinas (oleaginoso, petrolero-petroquímico, cerealero, automotriz y bovino, en ese orden); el oleaginoso contribuía con el 20% de aquel total. En 2017-2020, los primeros cinco complejos (oleaginoso, cerealero, automotriz, minero-metalífero y bovino, en ese orden) aportaban el 70% de las exportaciones argentinas, y el oleaginoso representaba 30% de dicho total (cálculos basados en datos del INDEC). Más del 75% de las ventas externas en este último cuatrienio estuvo asociado a complejos basados en recursos naturales.

Como ya discutimos en otra nota de este blog, exportar alimentos (y lo mismo vale en general para los recursos naturales) no puede ser visto como un problema per se; depender excesivamente de la exportación de esos recursos, en cambio, sí puede serlo[1]. En este sentido, más allá de los números citados más arriba, todos los lectores saben que buena parte del destino de la economía argentina en 2021 se juega en dos variables que las autoridades de política no controlan: los precios internacionales de los productos agropecuarios y los vaivenes del clima. Esto muestra, sin necesidad de análisis muy sofisticados, la fragilidad de la inserción externa de nuestra economía.

Sobre cantidades y calidades

No es necesario “comprar” el concepto de restricción externa (i.e. la falta de divisas pone un cuello de botella al crecimiento, que demanda importaciones de bienes intermedios y de capital) tal como viene expresado por las corrientes estructuralistas para acordar con la idea de que la falta de dinamismo exportador plantea restricciones al crecimiento (e.g. hay evidencia proveniente de diversos estudios empíricos que sugiere que la actividad exportadora genera ganancias de productividad a nivel firma; esto puede ocurrir, por ejemplo, por ganancias de escala o aprendizaje tecnológico, entre otras causas). Del otro lado, el pobre desempeño exportador a la vez refleja la débil competitividad de una parte relevante del aparato productivo doméstico.

La relevancia del vínculo entre comercio y crecimiento podría ser incluso mayor en el escenario de fragmentación productiva asociado a las cadenas de valor internacionales. La inserción en cadenas globales o regionales de valor –vía incorporación de valor agregado extranjero en las exportaciones y/o vía provisión de valor agregado local incorporado en productos intermedios que luego son exportados a terceros países- también contribuye al aumento de la productividad, tanto a nivel de países como de firmas[2]. Además de las ganancias de especialización, la integración en esas cadenas permite a las empresas acceder a conocimientos y tecnologías que ayudan a reducciones de costos, mejoras de eficiencia y calidad y a la diversificación de la canasta de productos ofrecidos.

En este sentido, varios trabajos han hecho hincapié en la relevancia de analizar la canasta exportadora de los países, considerando que el proceso de desarrollo económico involucra, entre otras dimensiones, la transformación y diversificación de sus estructuras productivas. Algunos estudios sugieren que la concentración de las exportaciones (medida a nivel productos) tiene un impacto negativo sobre el crecimiento. Otros estudios, en tanto, encuentran que un aumento más rápido en el nivel de calidad[3] de la canasta exportadora está asociado a mayores tasas de crecimiento del producto a nivel país[4]. En conjunto, estos hallazgos ponen de relieve la importancia de que los países en desarrollo incorporen nuevas actividades exportadoras y avancen a lo largo de las “cadenas de calidad” en los sectores en los cuales ya son exportadores.

Otra manera de abordar este tema es a través del índice “de complejidad económica”[5], el cual depende de la sofisticación[6] y diversidad de los productos exportados por un país. Si los bienes que exporta un país son vendidos por pocos países se asume que son más complejos. Pero podría ocurrir que esa baja ubicuidad refleje la disponibilidad de recursos naturales escasos. Por ello se complementa el índice de ubicuidad con el de diversidad (si los países que producen bienes poco ubicuos exportan muchos productos, es probable que ello refleje la existencia de capacidades específicas y no de materias primas “raras”). Este indicador se vincula con la noción de “espacio de productos”[7], el cual es una especie de red que conecta bienes que tienden a ser producidos y exportados por los mismos países y predice los productos que, con mayor probabilidad, cada país exportará en el futuro en función de su mayor o menor cercanía con la actual estructura exportadora. En otras palabras, la posibilidad que tiene un país de exportar un nuevo producto depende de su capacidad previa para exportar productos similares (o que requieren de capacidades similares). Esto es debido a la existencia de activos específicos (conocimiento, capital humano, insumos intermedios, infraestructura, etc.) que pueden ser poco transables. El asunto es entonces, identificar cuáles son los productos core, los cuales tienen muchas “conexiones” (y por ende ayudarían a generar capacidades y conocimientos útiles para exportar otros bienes). Este grupo incluye sectores tales como maquinaria, químicos, electrónica, etc., mientras que actividades como petróleo y otras industrias primarias tienen relativamente pocas conexiones. Los países especializados en este tipo de productos “periféricos” tendrían, en consecuencia, menos posibilidades de cambiar su canasta exportadora hacia bienes más complejos (tomar nota, sin embargo, de que el espacio de productos no incluye servicios; el ejemplo de naciones como Australia sugiere que existen oportunidades para exportar servicios complejos asociados a sectores primarios como la minería). En el mismo sentido, las cadenas de calidad en sectores basados en recursos naturales tienden a ser más cortas que las manufactureras, lo cual implica menos oportunidades para mejorar la calidad promedio de la canasta exportadora en los países especializados en dichos bienes[8].

Algunos datos comparativos

Examinemos ahora algunos datos que reflejan la situación y tendencias de la estructura exportadora argentina, en la comparación internacional, en las diversas dimensiones arriba mencionadas.

  • Aunque es un fenómeno conocido, vale la pena recordar que el porcentaje de exportaciones sobre PBI (tanto de bienes como de bienes y servicios en conjunto) es bajo, incluso comparando contra economías de similar tamaño (gráficos 1 y 2). En el promedio 2017-2019 Argentina se ubicaba en el puesto 171 (sobre 185 naciones con datos disponible) en el ranking de exportaciones de bienes y servicios sobre PBI, y en el 146 (sobre 197 naciones con datos) en el ranking considerando el ratio exportaciones de bienes sobre PBI (cuadro 1). La comparación con las cifras de 1990-92 muestra que se trata de una característica estructural de la economía; solo entre 2002 y 2008 la relación exportaciones de bienes y servicios contra PBI superó el 20%, primero en el contexto de la brutal caída del PBI en dólares tras el fin de la convertibilidad y luego empujada por el super ciclo de commodities.
  • El desempeño exportador argentino se ha venido deteriorando a lo largo del tiempo. En los ’90 la tasa de crecimiento de las exportaciones argentinas (tanto de bienes como de bienes y servicios) superó claramente al promedio mundial. En los 2000 ocurrió lo mismo, pero la diferencia fue menor, y el país perdió puestos en el ranking según tasas de crecimiento de las exportaciones, incluso en el contexto del boom de commodities. En la década pasada la tasa de crecimiento de las exportaciones fue negativa (cuadro 2).
  • Como resultado de este desempeño errático, la participación de la Argentina en las exportaciones mundiales de bienes en las últimas tres décadas estuvo esencialmente estancada en torno al 0,4% o incluso levemente por debajo de esa cifra (gráfico 3). En los años ’60 esa participación era de 0,75% y en los ’70 de 0,47% (promedios por década). El promedio trienal 2017-2019 (0,33%) fue el más bajo registrado desde el observado en 1989-1991.
  • La composición de las exportaciones argentinas también muestra fragilidades. Por un lado, como se mencionó, sigue teniendo un fuerte componente de productos basados en recursos naturales, exportados en general con bajo grado de procesamiento, lo cual los expone a oscilaciones de precios en los mercados internacionales y también a shocks de cantidades originados en factores climáticos en algunos casos. Ya vimos, además, que algunos complejos exportadores de ese tipo (e.g. oleaginoso) han elevado su peso en la estructura exportadora argentina en las dos últimas décadas. En este mismo sentido, el peso de la categoría “food, basic” en el total de exportaciones argentinas creció de 48,5% a 56% entre 1995 y 2019, según datos de la UNCTAD. Entre ambos años la contribución de esos productos a las exportaciones globales bajó de 8 a 7%. En 1995 Argentina era el país 49 sobre 214 en el ranking de dependencia de exportaciones basadas en recursos agropecuarios; en 2019 ocupaba el puesto 23 sobre 219 naciones (cuadro 3).
  • Por otro lado, la Argentina ha venido perdiendo puestos en el mencionado ranking de la complejidad económica, del lugar 56 en 1999 al 73 en 2018 (siempre contra un total de 133 naciones) –gráfico 4. La misma evolución se observa en otros indicadores de composición de la canasta exportadora, como los de calidad y diversificación (medida a nivel sectorial, tanto para el margen intensivo como extensivo) elaborados por el FMI (que se encuentran disponibles hasta 2014). En el primer caso, la caída fue del puesto 91 a 120 entre 1990 y 2014 (había 138 y 165 países respectivamente en el ranking en cada año), mientras que en el segundo fue del puesto 18 al 52 (sobre 166 y 197 naciones respectivamente) –gráficos 5 y 6-. En ambos casos los valores absolutos del índice cayeron punta a punta, levemente en el de calidad y fuertemente en el de diversificación (por su forma de medición, a menores valores mayor diversificación). Algunos trabajos muestran que Argentina incluso está rezagada en cuanto a exportación de productos diferenciados en cadenas basadas en recursos naturales vis a vis competidores como Chile o Nueva Zelanda[9].
  • Solo para ejemplificar alguno de estos temas, veamos el peso de los 10 productos más exportados por Argentina (a cuatro dígitos de la clasificación del Sistema Armonizado de comercio exterior) en 2019. Esos 10 productos absorbían más del 52% del total de las exportaciones argentinas (e incluían oleaginosas y derivados –en tres distintas variantes-, maíz, trigo, carne bovina, oro, petróleo crudo, crustáceos y vehículos automotores para transporte de cargas). Tomemos como comparación el caso de Corea del Sur; allí el peso de los primeros 10 productos exportables no era sensiblemente menor (46%); lo diferente, como el lector intuirá, es la composición, ya que allí se incluyen circuitos integrados, vehículos de pasajeros, gasolina, autopartes, teléfonos celulares, barcos, partes de computadoras, equipos de transmisión, hidrocarburos cíclicos y equipo para la producción de semiconductores (todos productos de origen industrial).
  • Saliendo del mundo de los bienes, es conocido que la Argentina logró una inserción exitosa en el dinámico segmento del comercio de los llamados servicios basados en conocimiento a partir de la primera década del nuevo siglo (tema sobre el cual ya hemos publicado algunas notas en este blog). El caso del software es uno de los más conocidos en este sentido. Ahora bien, luego de un fuerte ascenso de la participación argentina en las exportaciones mundiales de software (de 0,5% en 2005 a 1,3% en 2011), se inició un descenso más o menos sostenido hasta llegar a un 0,7% en 2019 (datos estimados para un conjunto más amplio de países, pero que solo cubren de 2014 a 2019, indican que en ese período la participación de Argentina estuvo en torno al 0,4-05% del total mundial, con un piso de 0,36% en 2019) –gráfico 7-.
  • Finalmente, los datos de comercio en valor agregado de la base TIVA (OECD), indican que la participación argentina en las CGV en 2015 alcanzaba al 23,5% (contra el total de exportaciones), contr
  • a más de 40% tanto para el conjunto de países en desarrollo como para los desarrollados. Particularmente baja era la participación vía incorporación de valor agregado extranjero en las exportaciones (6,9% contra más de 20% en los grupos antes mencionados; en 2011 el porcentaje para Argentina era más de 11%).

No hay recetas simples

Aunque se puede cuestionar la interpretación y/o solidez de cada uno de estos indicadores tomados por separado, cuando se los lee en conjunto es difícil evitar la siguiente conclusión: en las últimas décadas la canasta exportadora argentina no solo ha venido perdiendo dinamismo, sino que también se ha deteriorado, en términos relativos e incluso absolutos en algunos casos, en cuanto a sus niveles de calidad, complejidad y diversificación. Es factible, asimismo, proponer la hipótesis de que ambos fenómenos no están desvinculados.

Esta nota no pretende discutir los factores que están detrás de estas tendencias, tema que ha sido ya examinado en algunos trabajos[10], pero que amerita seguramente nuevas investigaciones, dada la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno bajo análisis. En todo caso digamos que dichos factores incluyen cuestiones macroeconómicas, institucionales, regulatorias y microeconómicas, cuyo abordaje requiere obviamente de diferentes estrategias y políticas, cuyos resultados pueden verse en plazos más o menos largos, y cuyo diseño e implementación es también de diverso grado de dificultad, tanto técnica como política.

Nuestro objetivo básico era poner, nuevamente, en foco la magnitud del desafío que enfrenta Argentina en lo que hace a la intensidad y formas de su integración en la economía mundial. Este desafío está estrechamente relacionado con los que el país también enfrenta en materia de los determinantes inmediatos del crecimiento (inversión en capital físico y humano y productividad), dadas las diversas interacciones entre integración internacional y desarrollo productivo y también se asocia con el objetivo de reducir los niveles de volatilidad macroeconómica, en buena parte derivados de un patrón de especialización con fuerte peso de bienes sujetos a shocks de precios y cantidades.

No solo se necesita exportar más, sino también diversificar la canasta de bienes y servicios exportados, y progresar en las cadenas de calidad de los sectores que ya exportan. No se trata por supuesto de ir en contra de la exportación de productos basados en recursos naturales, sino de promover mayores encadenamientos aguas arriba (bienes y servicios intensivos en conocimiento) y vender bienes con mayores niveles de diferenciación. Claro está que el desafío de avanzar en las cadenas de calidad se extiende al resto de la estructura exportadora, a la vez que se requiere también promover la emergencia de nuevos “descubrimientos” que ayuden a diversificar dicha estructura.

Como se dijo antes, para alcanzar estos objetivos no basta, aunque es condición necesaria, un tipo de cambio “competitivo”, sino que se requiere de un mix de políticas que aborden los obstáculos para el desarrollo exportador argentino, desde los regulatorios hasta los derivados de fallas de mercado, pasando por cuestiones de infraestructura, acceso a mercados, etc. Si la discusión sobre este tema amerita, como dijimos, nuevas exploraciones y debates, aquí queremos solamente hacer énfasis en un aspecto de esta desafiante agenda.

Parece difícil que una estrategia fuertemente focalizada en el mercado interno sea la forma más eficaz de alcanzar aquellos objetivos, y tampoco en general de ayudar a consolidar un proceso de crecimiento sostenido en la Argentina, considerando las limitaciones de escala y el bajo nivel de competencia que resultaría de dicha estrategia. A su vez, como ya ha sido mostrado abundantemente, para elevar las exportaciones es necesario también aumentar las importaciones[11] y la introducción de restricciones a estas últimas afecta el desempeño exportador[12]. Esto deviene tanto de la necesidad de mejorar los procesos productivos mediante la incorporación de insumos importados, como de la propia dinámica de la fragmentación productiva en el marco de las cadenas globales o regionales de valor. A su vez, exportaciones e importaciones también están atadas por la lógica de las negociaciones comerciales internacionales, donde resulta difícil ganar acceso a nuevos mercados sin el quid pro quo de la concesión de aperturas en el mercado doméstico, o introducir restricciones no arancelarias de forma duradera sin recibir reclamos o retaliaciones de los socios comerciales.

Pero cuando nos damos vuelta para mirar la dimensión del empleo, entendemos que el camino de la intensificación y diversificación de la actividad exportadora, que requiere, entre otras condiciones, de una política comercial relativamente aperturista, choca contra la debilidad competitiva de muchos sectores industriales que hacen una contribución sustantiva a la generación de puestos de trabajo. Más allá de que pensemos que el proteccionismo es una consecuencia del lobby corporativo y la búsqueda de rentas de sectores empresarios o sindicales, o de políticos en procura de votos, la evidencia internacional es bastante clara y muestra que los efectos de los shocks comerciales sobre los trabajadores desplazados por el cierre o achicamiento de industrias expuestas a la competencia internacional (y sobre las regiones donde se concentran las industrias afectadas) son sustantivos y persistentes[13].

El sendero que se abre para la política económica a partir de estos dilemas es, entonces, bastante estrecho. Nada diferente, en realidad, de lo que ocurre si examinamos los dilemas o trade-offs en la macro, lo fiscal, etc. Administrar de modo razonable las múltiples tensiones que emergen a lo largo de estos senderos exige no solo pericia técnica (para diseñar, implementar y monitorear políticas apropiadas), sino fundamentalmente capacidad de negociación política y de una compleja red de acuerdos y compromisos con credibilidad a largo plazo. ¿Estará la sociedad argentina en condiciones de emprender este rumbo?

* IIEP, UBA-CONICET.

Referencias

Albornoz, F, E. Garcia Lembergman y L. Juarez (2017), “Dimensiones microeconómicas del crecimiento exportador: Argentina 2003-2011”, Agosto, UDESA, Buenos Aires.

Badeed, R., Lean H. y J. Clark (2017), “The Evolution of the Natural Resource Curse Thesis: A Critical Literature Survey”, Resources Policy, Volume 51, Marzo, pp 123-134.

Banco Mundial. (2020). “World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains”. Washington D.C.: Banco Mundial.

Bernini, F. y E Garcia Lembergman (2020), “The impact of import barriers on firm performance: Evidence from Import Licenses in Argentina”, AAEP, LV Reunión Anual, Noviembre.

Brambilla, I. y Porto, G. (2018). “Diagnóstico y visión de la inserción comercial argentina en el mundo”. Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, Volumen 58, N° 225, Septiembre-Diciembre.

Carciofi, R. (2019). “Inserción internacional de Argentina: el desempeño exportador como límite al crecimiento económico”. Documento de Trabajo N°180. Buenos Aires: CIPPEC.

Constantinescu, C., Mattoo, A., & Ruta, M. (2019). “Does Vertical Specialization Increase Productivity?”. The World Economy. 42, 2385-2402. https://doi.org/10.1111/twec.12801.

Frankel, J. (2010). “The Natural Resource Curse: A Survey”.  Harvard Kennedy School.

Hallak, J. C. (2006). Product quality and the direction of trade. Journal of International Economics, 68(1), 238-265.

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., y otros. (2011). The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity. Center for International Development at Harvard University and Macro Connections IT Media Lab.

Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. Journal of Economic Growth, 12(1), 1-25.

Henn, C., Papageorgiou, C., & Spatafora, N. (2013). Export Quality in Developing Countries. IMF Working Paper WP/13/108.

Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The Product Space Conditions the Development of Nations. Science, 317(5837), 482-487.

López, A y P Pascuini (2018), “Objetivos y políticas para la inserción internacional de la Argentina”, Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, Volumen 58, N° 225, Septiembre-Diciembre.

Palazzo, G. y Rapetti, M. (2017). “Real Exchange rate and export performance in Argentina, 2002-2008”, Journal of Post-Keynesian Economics.

UIA-OIT (2019), “Una nueva inserción comercial argentina. El papel de la diversifcación y la complejización”, Buenos Aires

para crear más y mejor empleo.

Van der Ploeg, F. (2010). “Natural Resources: Curse or Blessing?”. CESifo Working Paper No. 3125.


[1] Frankel (2010); Van der Ploeg (2010); Badeed, Lean y Clark (2017).

[2] Constantinescu et al (2019), Banco Mundial (2020).

[3] En general la calidad de la canasta exportadora se mide por índices de precios unitarios, corregidos por algunos factores que pueden distorsionar la relación entre ambas variables (ver Hallak (2006)).

[4] Ver López y Pascuini (2018) para una discusión de esta evidencia.

[5] Hausmann et al (2011).

[6] Siguiendo a Hausmann, Hwang y Rodrik (2007) el grado de sofisticación de un bien depende del nivel promedio del PBI per cápita de los países que exportan dicho bien.

[7] Hidalgo et al (2007).

[8] Henn et al (2013).

[9] Brambilla y Porto (2018).

[10] Ver por ejemplo los trabajos reunidos en UIA-OIT (2019), Carciofi (2019), Palazzo y Rapetti (2017) y Albornoz et al (2017), solo para citar algunos ejemplos.

[11] Albornoz et al (2017).

[12]  Bernini y García Lembergman (2020).

[13]  Ver López y Pascuini (2018) para una revisión.

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¿Cuánto cuesta el desacople del precio de los alimentos para los más necesitados?

Cómo hacer una dieta equilibrada para adelgazar — Mejor con Salud

Por Juan Carlos Hallak y Victoria Luca

Los precios de los commodities agrícolas han crecido sostenidamente desde mediados de 2020, alcanzando valores actuales en promedio 50% más altos que los de aquel momento. Ante el impacto de este crecimiento en el costo de la canasta alimentaria, se ha planteado la necesidad de “desacoplar” el precio internacional de los granos de su precio doméstico para garantizar la oferta local de alimentos a precios accesibles.

Una alternativa sugerida para generar este desacople es un aumento en las retenciones a las exportaciones. Dado que las retenciones reducen el export parity, y por lo tanto el precio en el mercado interno, un aumento suficiente en las mismas lograría mantener estables los precios locales de los granos y así también el costo de la canasta alimentaria.

Sin embargo, esta opción dilapidaría recursos en subsidiar el consumo alimentario de amplios sectores que no tienen una necesidad alimentaria acuciante. En efecto, dado que las retenciones reducen el precio interno de los alimentos, todo aquel que los consuma –básicamente toda la población– resultará beneficiado.

Una alternativa más eficiente es solo subsidiar el consumo de los más necesitados. Para ello, en vez de aumentar las retenciones para bajar los precios internos, se podría dejar que estos aumenten en línea con los precios internacionales y simultáneamente establecer un mecanismo redistributivo que subsidie el consumo alimentario del grupo de interés para compensar su mayor costo (el fideicomiso implementado para el aceite de girasol es un ejemplo en esta línea). El problema que quedaría por resolver es cómo financiar este subsidio.

Un punto central es que, incluso manteniendo inalteradas las tasas de retenciones, el aumento de precios internacionales genera automáticamente recursos fiscales adicionales, vía las tasas de retenciones existentes, que pueden ser utilizados para el fin discutido. En efecto, al ser mayor el monto exportado por los mayores precios internacionales también sube el monto cobrado por retenciones. La pregunta es si esos ingresos adicionales son suficientes para compensar por medio de un subsidio el incremento en el costo alimentario de los más necesitados.

El objetivo de esta nota es responder esta pregunta. Más específicamente, nos preguntamos si el aumento de precios internacionales de los granos genera por sí mismo recursos fiscales adicionales suficientes para compensar, vía subsidios, el aumento que genera en el costo de la canasta básica alimentaria de los hogares pobres manteniendo su nivel real inalterado. Realizaremos un cálculo aproximado que creemos da una primera respuesta a esta pregunta.

  1. Evolución del precio de los commodities

El BCRA calcula regularmente un Índice de Precios de las Materias Primas (IPMP) tomando los precios internacionales de los bienes agrícolas más relevantes en las exportaciones argentinas (maíz, trigo, soja y subproductos, cebada, y carne vacuna). Como se ve en la Figura 1, desde su punto más bajo en los últimos meses –el 7 de agosto de 2020– hasta el 17 de febrero, este indicador aumentó un 50%. Tomaremos este aumento como referencia central para nuestros cálculos.

Figura 1: Evolución del Índice de Precios de las Materias Primas del BCRA

Fuente: BCRA

2. Incidencia en el precio de los alimentos básicos

Este aumento en los commodities tiene un efecto directo sobre el gasto en alimentos básicos consumidos por los hogares a través de su incidencia en el precio de los mismos. Para estimar dicha incidencia, tomamos como base el share representado por el costo de los commodities en el precio al consumidor de los alimentos. Estimaciones de este share para distintos alimentos indican que el mismo es relativamente bajo, alrededor del 10% con variaciones según el caso[1]. Otros componentes del costo como salarios, impuestos, energía, y costos de distribución y comercialización parecen tener un peso mayor en el precio que enfrenta el consumidor final[2]. Una excepción es el caso del girasol, en donde el aceite (exportado en bruto a granel) tiene una contribución bastante mayor (37%) en el precio del aceite embotellado[3].  

Asumiendo que el aumento en el precio de los granos se traslada 1 a 1 al precio final de los alimentos, la incidencia de un incremento del 50% en todos los commodities por igual[4] sería, para varios grupos de productos relevantes, tal como se muestra en la Figura 2: 18,6% en aceite de girasol, 6,5% en huevos y en harinas –incluyendo el pan– 4% en lácteos, y 10,5%, 5%, y 3,5% en carne de pollo, de cerdo, y vacuna, respectivamente[5].

Figura 2: Aumentos en grupos de productos de la Canasta Básica Alimentaria por un 50% de aumento en los commodities

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, BCRA, MAGyP y Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Estas incidencias podrían ser mayores si existieran otras vías de impacto. Por ejemplo, un mayor costo de insumos podría aumentar el precio de los alimentos vía mayor costo de financiamiento. O el aumento en el precio del maíz, vía aumentos en el costo del bioetanol y así también en el costo de los combustibles, podría incidir en el precio de los alimentos a través de mayores costos de transporte. Sin embargo, en este cálculo preferimos atenernos a las estimaciones de las entidades que trabajaron específicamente la composición de costos de los alimentos. El cálculo es fácil de rehacer con valores de incidencia alternativos.

3. Efecto sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA)

Los aumentos en el precio de estos alimentos afectan a su vez el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esta canasta, construida por el INDEC, está compuesta por un conjunto de alimentos y bebidas necesarios para cubrir los requerimientos calóricos y proteicos de un varón adulto de entre 30 y 60 años (adulto equivalente) durante un mes, de acuerdo con los hábitos de consumo de la población[6]. Luego, esta canasta se calcula para otras personas utilizando equivalencias de requerimientos nutricionales según el sexo y la edad. Como se muestra en la Figura 3, aproximadamente el 60% del gasto en la CBA está compuesto por productos afectados por el precio internacional de los granos. Los componentes más altos corresponden a los grupos de harinas (23,4%), carne vacuna (14,6%) y lácteos (11,4%).

Figura 3: Composición del gasto en alimentos de la CBA del 30,4% de hogares con menor ingreso per cápita, según la ENGHo 2017-18

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Tomando en cuenta el aumento en el precio de los alimentos y la composición de la CBA, podemos calcular el aumento en el costo de la CBA inducido por el aumento en el precio de los granos del último semestre (Ver detalles en el Anexo). Así, tomando como referencia el costo de la CBA de agosto de 2020, valuada en $ 6.082, el aumento en el precio de los commodities induciría un aumento de esta canasta a $ 6.302, es decir, un aumento de $ 220 (3,6%) por adulto equivalente (ver Figura 4). Mirando con mayor detalle la incidencia por componente, vemos que el componente principal son las harinas, que al ponderar un 23,4% en la CBA y aumentar un 6,5%, inducen un aumento de $ 92 (1,5%) en la CBA[7].

El monto de $ 220 indica el subsidio mensual necesario para compensar a un adulto equivalente por el aumento de la CBA originado en el incremento de precios internacionales de los granos. Convirtiendo este subsidio mensual a dólares utilizando el valor promedio del dólar oficial durante agosto de 2020, obtenemos un monto de subsidio mensual por adulto equivalente de USD 3,0. Anualizando este subsidio (multiplicamos por 12) resulta en un subsidio anual por adulto equivalente de USD 36,1.

Cabe aclarar que esta estimación establece una cota inferior al cálculo del impacto total, ya que incluye únicamente el consumo dentro del hogar. De todas formas, como referencia, es importante destacar que el gasto en alimentos de la CBA afectados representa el 46% del gasto total en alimentos dentro y fuera del hogar para los hogares de menores ingresos  (incluyendo este último tanto gastos fuera del hogar como gastos en alimentos no pertenecientes a la CBA). Otras vías de impacto indirecto pueden ser el mayor costo de alimentación en escuelas, comedores y trabajos.

Figura 4: Efecto sobre la CBA

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, BCRA, MAGyP y Bolsa de Cereales de Buenos Aires

4. Cálculo del monto de subsidio total para los hogares más necesitados

Dado un subsidio anual de USD 36,1 por adulto equivalente, falta definir la población objetivo que recibiría este subsidio. En este cálculo, tomamos como referencia al 30,4% de hogares debajo de la línea de pobreza. Este umbral implica cerca de 4,5 millones de hogares según las proyecciones de población del INDEC. A la vez, según la ENGHo, estos hogares están compuestos por 3,4 adultos equivalentes en promedio, lo que se traduce en 15,4 millones de adultos equivalentes que deberían recibir el subsidio (18,5 millones de personas en términos de población real). Multiplicando esta cantidad de adultos equivalentes por el subsidio de USD 36,1 por adulto equivalente, obtenemos en total una necesidad anual de subsidio de USD 555 millones (0,14% del PBI) para compensar a los hogares bajo la línea de pobreza por el aumento en el costo de la CBA de tal forma de mantener su costo real constante. Para poner en perspectiva este monto, notamos que no dista mucho del costo fiscal de las modificaciones propuestas recientemente en el impuesto a las Ganancias.

¿Cuánto representa este subsidio en relación con el ingreso adicional por retenciones que genera el aumento de precios internacionales? Calculemos este último. A los precios FOB de agosto de 2020 y tomando como cantidades las proyecciones de exportación para 2021 para maíz, trigo y porotos de soja, y las exportaciones de 2020 para harina y aceite de soja, y para aceite de girasol, obtenemos un valor de exportación anual de los principales commodities agrícolas de USD 21.569 millones. Dadas las alícuotas de retenciones actuales, este valor de exportación se traduce en USD 5.186 millones anuales en concepto de recaudación por retenciones. Tomando sobre esta base un aumento de 50% en el precio internacional de todos los commodities, el Estado obtendría adicionalmente USD 2.593 millones por retenciones (Ver detalles en el Anexo)[8]. Es decir, entonces, que el subsidio anual de USD 555 millones calculado anteriormente representa el 21% de los recursos fiscales adicionales vía retenciones generado por el aumento de precios internacionales de los granos.

En síntesis, el incremento en la recaudación de retenciones generado automáticamente por el aumento en los precios de los granos es más que suficiente para desacoplar el precio local de los alimentos de la evolución de los precios internacionales en el caso de los hogares bajo la línea de pobreza (30,4% de los hogares, 40,9% de la población) sin necesidad de incrementar las alícuotas de las retenciones. A pesar de enfrentar precios más altos en el mercado, estos hogares podrían recibir un subsidio que compense el incremento generado en la CBA. Incluso teniendo en cuenta una posible subestimación del gasto en alimentos afectados y de la incidencia en el precio de los alimentos, el bajo porcentaje que representa el subsidio necesario con respecto a los recursos adicionales que se generan permite asegurar que este resultado se cumple con holgura. A su vez, con respecto a su implementación, existen mecanismos redistributivos para llevar a cabo esta reasignación (aunque imperfectamente) utilizando los esquemas de programas sociales ya existentes. De esta manera, aunque un aumento en las alícuotas de retenciones siempre es potencialmente justificable desde un punto de vista de necesidad fiscal, no se podría justificar en la necesidad de compensar a la población bajo de la línea de pobreza por el aumento en el precio de los commodities ya que este fenómeno, por sí solo, genera los propios recursos para compensar sus efectos sobre dicha población.

Anexo metodológico

Incidencia en el precio de alimentos básicos

La Fundación FADA publica semestralmente informes acerca de la composición de los precios de la leche, la carne vacuna y el pan. Según el último informe de noviembre de 2020, un 9,9% del precio de la leche y un 6,3% del precio de la carne corresponden a alimentación, mientras que un 12,3% del precio del pan corresponde al costo del trigo.  Estos números están en línea con los publicados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en enero de 2021, que también incluye otros productos de la canasta básica alimentaria (ver Tabla A1).

Tabla A1: Participación de granos en bienes de consumo básicos

Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Para el ejercicio, utilizamos las estimaciones de la Bolsa de Cereales y aplicamos las participaciones en leche y en pan también para otros lácteos y harinas, respectivamente. Para el caso del aceite de girasol, a partir del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, estimamos que el precio internacional del aceite de girasol a granel tiene una participación del 37% en el precio del aceite embotellado consumido por los hogares. La Tabla A2 muestra la lista de todos los productos de la canasta básica alimentaria afectados, junto con la participación de los granos en su precio utilizada en el ejercicio y el aumento que tendrían como producto de un incremento del 50% en el precio de los commodities, asumiendo que el aumento en el precio de los commodities se traslada 1 a 1 al precio de los alimentos.

Tabla A2: Participación de granos en el precio de productos de la canasta básica alimentaria y aumento por incremento del 50% en el precio de los commodities

ProductoGrupoParticipación granosAumento
Galletitas de agua envasadasHarinas13%6,5%
Galletitas dulces envasadasHarinas13%6,5%
Pan tipo francés fresco en piezasHarinas13%6,5%
Harina de maízHarinas13%6,5%
Harina de trigoHarinas13%6,5%
Fideos secosHarinas13%6,5%
AsadoCarne vacuna7%3,5%
Carnaza comúnCarne vacuna7%3,5%
Carne picadaCarne vacuna7%3,5%
NalgaCarne vacuna7%3,5%
PaletaCarne vacuna7%3,5%
HígadoCarne vacuna7%3,5%
Pollo entero, medio polloPollo21%10,5%
Paleta (fiambre)Embutidos10%5%
SalameEmbutidos10%5%
Leche común enteraLácteos8%4%
Queso crema para untarLácteos8%4%
Queso doble crema – cuartiroloLácteos8%4%
Queso para rallarLácteos8%4%
Yogur natural o saborizadoLácteos8%4%
Yogur con aditamentosLácteos8%4%
Dulce de lecheLácteos8%4%
MantecaLácteos8%4%
Huevos de gallinaHuevos13%6,5%
Aceite de girasolAceite37%18,5%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, BCRA, MAGyP y Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Efecto sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA)

Para calcular el efecto sobre la CBA, es necesario tomar un camino indirecto. Dado que el INDEC hace públicas únicamente las unidades de grandes grupos de productos incluidos en la canasta, pero no, en muchos casos, las cantidades de cada producto o su precio –lo que impide conocer la participación de cada bien en el valor de la CBA– utilizamos el consumo reportado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017-8). Para aproximar la composición de la CBA vía la estructura de consumo de los hogares más necesitados, calculamos para cada hogar el valor gastado en cada bien sobre el valor total gastado en alimentos de la canasta (en la columna (A) en la Tabla A3 se muestra este porcentaje para los grupos de productos afectados).

Tomando en cuenta el aumento en el precio de los alimentos y la composición de la CBA, calculamos el aumento en el costo de la CBA de agosto de 2020 ($ 6.082) generado por el aumento en el precio de los granos del último semestre. Es decir, la canasta con aumento se calcula como:

Donde j indexa al grupo de productos: harinas, aceites, carne vacuna, pollo, lácteos, huevos, y embutidos. La Tabla A3 muestra el detalle del cálculo para cada grupo.

Tabla A3: Cálculo del efecto sobre la CBA

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, BCRA, MAGyP y Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Utilizando el valor promedio del dólar oficial durante agosto de 2020 ($ 73,3), el subsidio mensual de $ 220 por adulto equivalente necesario para mantener constante el valor de su canasta es equivalente a USD 3,0.

Ingreso adicional por retenciones

Para calcular el ingreso por retenciones agrícolas tomamos las proyecciones de exportación para 2021 para maíz, trigo y porotos de soja, y las exportaciones de 2020 para harina y aceite de soja y aceite de girasol y las valorizamos a los precios FOB de agosto de 2020. Al valor de exportación anual se le aplican las alícuotas de retenciones vigentes para cada producto. La Tabla A4 presenta el detalle del cálculo.

Tabla A4: Cálculo del ingreso por retenciones

 (A)(B)(A)*(B)(C)(A)*(B)*(C)
ProductoExportaciones* (millones tn)Precio FOB oficial 7/8/20 (USD/tn)Valor exportado (millones USD)DE Dec. 1060/20Recaudación base (millones USD)
Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja233277.56031%2.344
Aceite de soja en bruto, incluso desgomado5,47544.04531%1.254
Porotos de soja excluidos p/siembra5,53561.95833%646
Maíz los demás, en grano341545.23612%628
Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra102402.40012%288
Aceite de girasol en bruto0,57853697%26
Total8321.5695.186

Fuente: Elaboración propia en base a MAGyP, Decreto 1060/20 y Bolsa de Comercio de Rosario

*Las exportaciones de maíz, trigo y poroto de soja son las proyectadas por la Bolsa de Comercio de Rosario para 2021, mientras que las exportaciones de subproductos de soja y de aceite de girasol son las correspondientes a 2020.

El aumento en el precio internacional de todos los commodities generaría un aumento del 50% en la recaudación base de USD 5.186. Por lo tanto, la recaudación adicional de retenciones alcanza USD 2.593 millones.


Fuentes

  • Banco Central de la República Argentina. Índice de Precios de las Materias Primas (enlace)
  • Bolsa de Cereales de Buenos Aires (enero 2021). Del campo a la góndola: incidencia de los granos en los precios de los alimentos (enlace)
  • Bolsa de Comercio de Rosario. Estimaciones de producción (enlace)
  • Bolsa de Comercio de Rosario (febrero 2021). El 90% del saldo exportable de trigo 2020/21 ya se encuentra comprometido (enlace)
  • Bolsa de Comercio de Rosario (marzo 2021). Con el recorte de producción de soja, se perderían exportaciones potenciales por US$ 2.262 millones (enlace)
  • Decreto 1060/2020 (enlace)
  • Fundación FADA (noviembre 2020). Carne, pan y leche: ¿Qué pagamos en nuestras compras? (enlace)
  • INDEC. Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total (enlace)
  • INDEC. ENGHo 2017-2018 (enlace)
  • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cálculos de márgenes brutos en la cadena del aceite de girasol (enlace)
  • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Exportaciones agrícolas (enlace)
  • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Precios FOB oficiales (enlace)
  • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de subproductos de granos oleaginosos (enlace)
  • Ministerio de Economía. Informes sectoriales (enlace)

[1] Por ejemplo, estas estimaciones son realizadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y por la Fundación FADA. En nuestros cálculos utilizamos las estimaciones de la Bolsa de Cereales. La tabla A1 del anexo muestra los detalles.

[2] Como referencia, según FADA el proceso de industrialización y comercialización de la leche a la salida del tambo tiene una participación de 69% en el precio al consumidor.

[3] En este caso la estimación proviene de un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

[4] El aumento en el precio de los commodities fue dispar entre agosto y febrero: mayores al promedio en maíz y aceite de girasol (72% y 63% respectivamente) y menores en trigo (31%). De cualquier forma, es necesario aplicar a todos los commodities la suba promedio del 50% debido a que las estimaciones de la participación de los granos en el precio de los alimentos no diferencian entre los distintos granos.

[5] La tabla A2 del anexo presenta la lista de todos los productos afectados, junto con la participación de los commodities en su precio y el aumento en su precio resultado de un incremento de 50% en el precio de los commodities.

[6] La canasta de Gran Buenos Aires incluye unidades de: pan, galletitas, arroz, harina de trigo y de maíz, fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes, menudencias, fiambres, huevos, leche, queso, yogur, manteca, aceite, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, sal fina, condimentos, vinagre, café y yerba.

[7] La tabla A3 del anexo presenta el detalle del cálculo por grupo de productos.

[8] Si alternativamente tomamos para el cálculo las cantidades exportadas durante 2020 para todos los commodities, el valor de la recaudación adicional sería de USD 2.706 millones.

Juan Carlos “Bebe” Gómez Sabaini (1938-2021)

¿Cómo se hace para explicar que alguien que ya no está fue una persona excepcional en una sociedad donde está muy mal visto decir algo diferente de alguien que falleció? ¿Cómo se hace para explicar que los elogios a sus capacidades intelectuales, políticas y académicas no son exagerados e influenciados por la amistad de quien lo explica?  Es claro que todos quienes hayan conocido o leído al querido Bebe no necesitan mayores explicaciones.

Esta nota, entonces, es un insuficiente homenaje que intenta contarle quien era a quienes no lo conocieron y recordar algunas de sus vastas virtudes a quienes si tuvimos la suerte de compartir. Aquí nos vamos a concentrar en su trayectoria profesional, dejando para otro tipo de espacios el recuerdo de su excepcional humanidad. A lo largo del recorrido que proponemos vamos a incorporar referencias (links) a algunos de sus trabajos con el objeto de ilustrar los temas, pero sin ninguna intención de abarcar la totalidad de sus aportes, ni siquiera los más importantes. En todo caso, son algunas de las que disponemos su enlace. También evitaremos citar a sus coautores, para no ser injustos con los que no figuran en esas citas y, en cambio, resaltar el trabajo de Bebe.

Una trayectoria que incluyó todos los senderos posibles

Los campos en los que ha realizado contribuciones significativas son múltiples y las modalidades en las que ha intervenido han sido muy diversas. En el campo de la investigación aplicada, así como en el de la docencia, ha logrado llevar el conocimiento de la tributación a los límites de cada tiempo, ha contribuido a difusión de las ideas más innovativas y efectivas para mejorar el impacto de los impuestos y ha tenido una incidencia definitiva en la formación de los mejores especialistas del país y la región. Pero, tal vez, su actuación más visible fue a cargo de la gestión pública de manera directa en Argentina, y en carácter de asesor en numerosas reformas tributarias en diversos países latinoamericanos.

En Argentina, entre otras funciones en el Estado, estuvo a cargo de la política tributaria acompañando las gestiones de los ministros Aldo Ferrer, Juan Sourrouille y José Luis Machinea.  En el resto de la región, su influencia se desarrolló durante su largo período como funcionario de la OEA, trabajando en el Centro Interamericano de Tributación y Administración Financiera (CITAF) desde 1971 hasta fines de los años noventa de manera intermitente. Posteriormente, participó en misiones de discusión y asesoramiento en diversos países (muchas veces en Centroamérica) como consultor del BID y FMI. De manera simultánea, tuvo una participación indispensable en la producción y los debates referidos a su especialidad en la CEPAL, donde publicó numerosas contribuciones y fue un actor principal en los debates sobre tributación en los Seminarios Fiscales y otros encuentros. Los que tuvimos la suerte de participar de esos encuentros con especialistas de otros países y organismos no podremos olvidar sus intervenciones, siempre esperadas y ordenadoras de los debates. Intervenciones que nunca fueron tibias, pero derrochando cordialidad y afecto aún por quienes expresaban posiciones diferentes. Esos seminarios en la CEPAL fueron, durante muchos años, un escenario privilegiado para compartir discusiones encarnizadas sobre política fiscal, seguidas de encuentros sociales donde predominaba el afecto y el respeto por las posiciones del otro.

Como docente, adicionalmente a la tarea desarrollada en la CITAF, fue profesor de los cursos de grado y Maestría en la Universidad de Buenos Aires, en la Maestría de la Universidad de La Plata y participó en numerosos cursos, entre los que citamos los Cursos de Política Fiscal de la Escuela Interamericana de Administración Pública (EIAP), en la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, y los cursos en la Especialización Tributaria para el Mercosur, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Poseía una particular capacidad -derivada de la sapiencia que tenía- de explicar de manera muy simple cuestiones intrincadas de la temática tributaria.

Los temas de su especialidad dentro de la tributación fueron todos

La trayectoria de Juan Carlos fue muy intensa y extensa. Se formó en los equipos liderados por Federico Herschel a principios de los años sesenta del siglo pasado. Hace cuatro décadas, cuando quien escribe estas notas lo conoció, él ya era la referencia indispensable en política tributaria y, de hecho, ya había ocupado cargos de importancia. Como prueba de la diversidad e importancia de sus aportes, basta recorrer sus referencias en el listado de publicaciones de la CEPAL

Si se quisiera encontrar una temática que, dentro de la tributación, pudiera servir de guía al trabajo de Gómez Sabaini, debiera ser el de mejorar la calidad de vida de la sociedad mediante sistemas tributarios más equitativos y solventes para hacer sostenible a las finanzas públicas de la manera más eficiente posible. Es así que es una referencia pionera y obligada en los estudios de incidencia tributaria que desde muy temprano ocuparon sus preocupaciones. En ese camino nos vamos a topar con los trabajos que muestran su interés por la necesidad de fortalecer los estudios sobre tributación sobre las rentas, cuando la literatura estaba dominada por cuestiones de eficiencia, de la mano del crecimiento del IVA y el desplazamiento de las temáticas sobre equidad a la política de gasto. Numerosos debates lo tuvieron como principal y quijotesco animador y hay sobrada prueba de su trabajo en ese sentido en sus estudios y publicaciones para promover la tributación sobre las rentas, considerado como el principal eslabón faltante en los sistemas tributarios de América Latina, en especial la imposición sobre las rentas de las personas físicas. Ello, más recientemente, fue complementado por su interés sobre la tributación en las altas rentas, acompañando los nuevos temas de debate en el mundo.

Por supuesto, estas ideas tuvieron su correlato en su actuación en Argentina, donde, adicionalmente a las reformas promovidas cuando tuvo la oportunidad de ocuparse de la política tributaria, produjo importantes estudios sobre la imposición sobre las rentas, los patrimonios y otros con mayor impacto distributivo “directo”. Por supuesto, en economías con tan elevada informalidad hubiera sido imposible pensar en sistemas más equitativos sin considerar la evasión. Es así como en el complejo trabajo incorporado en el último documento citado, donde se intentó aproximar una medida de la evasión, se debió tomar como punto de partida la primera estimación que, bajo la dirección de Federico Herschel, realizó un equipo del CONADE donde participaba el recién recibido de Contador Público Nacional Gómez Sabaini[1]. La preocupación por combatir la evasión fue una constante en su trabajo. A lo largo de los últimos años participó en el desarrollo de otros estudios sobre evasión tributaria promovidos por la CEPAL, como puede consultarse en una publicación donde se presentan algunas de estas contribuciones, formando parte de una reciente recopilación de algunos de los trabajos realizados por Gómez Sabaini.

La construcción de sistemas tributarios más equitativos y eficientes incorporó estudios y reflexiones sobre el impacto de los impuestos sobre el crecimiento y la inversión. En algunas oportunidades ello formó parte de sus análisis sobre sistemas específicos, como el argentino. Más allá de ello, es importante recordar que, como parte central de su visión, no se cansó de insistir en cuanta oportunidad se le presentó en señalar los problemas que acarrean los regímenes especiales que, no siempre de manera justificada, erosionan las bases de los impuestos más tradicionales. Para citar algún ejemplo, está el trabajo que realizó para el BID donde se concentró en los gastos tributarios para la promoción de inversiones en el impuesto a la renta de empresas.

Resulta muy difícil encontrar temáticas de la política tributaria que no hayan sido objeto de estudio y propuestas de reforma por parte de Gómez Sabaini. Entre ellas no podía faltar el análisis de la problemática específica de los gobiernos subnacionales, tema con el que tuvo que lidiar en Argentina durante sus períodos donde fue responsable de la política tributaria y, en ocasiones, debió participar en negociaciones en la Comisión Federal de Impuestos. Entre sus publicaciones encontramos esa preocupación en relación con esa tributación en la situación regional y otras relacionadas con la política social de países centroamericanos (Nicaragua, Honduras y Guatemala).

Precisamente, vinculado con la política social, a partir de iniciativas de la OIT, realizó importantes y pioneras contribuciones al nexo entre los pisos de protección social y la tributación mediante el análisis del Monotributo en Argentina, en la región y, posteriormente, con un capítulo sobre la relación entre los esquemas tributarios simplificados y la formalización laboral en América Latina.

No debe extrañar, entonces, que de la consolidación de conocimientos y estudios sobre los diversos aspectos de la tributación, hayan surgido innumerables análisis de sistemas tributarios, con visiones agregadas de la tributación y la política fiscal en la región (a veces en la subregión  de Centroamérica) para construir una necesaria agenda de reformas que considere la economía política de la política tributaria que, de manera persistente en su obra, pusiera foco en la equidad y la cohesión social.

Y, por supuesto, numerosos aportes al debate en Argentina que, en adición a los trabajos ya citados, vamos a mencionar a modo de ejemplo el capítulo del libro de la Initiative for Policy Dialogue at Columbia dedicado a Taxation in Developing Countries.

En síntesis, las preocupaciones de Juan Carlos a lo largo de sus múltiples actividades estuvieron centradas en la consolidación de políticas públicas que contribuyeran a lograr sociedades más equitativas y cohesionadas, con sistemas tributarios más eficientes, ayudando a sostener las acciones estatales. Para muchos de sus contemporáneos ocupados en estas temáticas, sin querer esforzarse por serlo, llegó convertirse en el faro al que observar para identificar los caminos más adecuados para lograr esos objetivos.

Será muy difícil que aparezca en el futuro una personalidad semejante a Juan Carlos, aún teniendo en cuenta de manera exclusiva sus cualidades profesionales. Seguramente, de la sumatoria de sus muchos discípulos se podrá dar continuidad (al menos fragmentadamente) a su trabajo. Será nuestra responsabilidad.


[1] Herschel, F. J. et al (1963) “Política Fiscal en la Argentina”, Programa Conjunto de Tributación, OEA/ BID, editado por Consejo Nacional de Desarrollo, Buenos Aires, (Vol. VI)

Shocks externos y tensiones inflacionarias en Argentina

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Por Gabriel Montes-Rojas y Fernando Toledo

De acuerdo con datos del Banco Mundial —véase https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets—, los precios de los commodities continuaron aumentando en enero de 2021, con incrementos principalmente asociados a la Energía (10%) y a ítems No Energéticos (4%). En diciembre de 2020 ambos grupos de commodities mostraron subas de 15,5% y 5,2%, respectivamente. Entre los subgrupos que mayores alzas de precios registraron, se destacaron los commodities Agrícolas (5%), los Metales y Minerales (3,2%) y los Metales Preciosos (1,1%).

Estos incrementos en los precios internacionales de los commodities se explican principalmente por la mayor demanda de alimentos y la menor demanda relativa de servicios a nivel global asociadas a la pandemia. Dichas subas de precios suelen estar asociadas a tensiones inflacionarias y, en algunos casos particulares, a un mayor grado de conflictividad social resultante. Esta nota estudia los efectos específicos que tienen estos shocks en Argentina, y los compara con los efectos ligados a perturbaciones sobre el tipo de cambio, cuyo origen puede responder a diversos factores.

La finalidad principal es evaluar un efecto particular que ha suscitado interés en el debate sobre la tasa de inflación en Argentina, un alza en el precio internacional de los commodities agropecuarios exportados por nuestro país. Sin perjuicio de ello, no es objeto alguno de esta nota dilucidar en términos empíricos el peso específico atribuible a distintas interpretaciones teóricas del fenómeno inflacionario en Argentina, debate que excede con creces la finalidad del ejercicio aquí realizado.

Los resultados permiten recalcar las asimetrías existentes en el pass-through desde shocks que afectan a los precios internacionales de los commodities de exportación (agro) y al tipo de cambio hacia la tasa de inflación. Mientras que los shocks a precios de commodities aprecian el tipo de cambio, perturbaciones positivas a tipo de cambio —obviamente— lo deprecian. Sin embargo, ambos shocks resultan inflacionarios, es decir con pass-through positivo a precios, siendo los shocks a precios de commodities de menor incidencia —10% vs 25%—, respectivamente.

Los hallazgos también revelan la importancia estadística y económica que tienen ambos tipos de shocks sobre los salarios nominales como potencial mecanismo de transmisión inflacionaria —proxy de conflicto distributivo—, en línea con algunas contribuciones de tinte Poskeynesiano-Estructuralista, PK-E.

Los shocks a precios internacionales del agro también se asocian a un efecto expansivo sobre el nivel de actividad económica —como resultado de la mejora en los términos de intercambio—, mientras que los shocks sobre el tipo de cambio ejercen presiones inflacionarias, aunque resultan contractivos.

Datos, variables y estrategia econométrica

El modelo a estimar —VAR con quintiles direccionados, VARQ[1]— contiene seis variables macroeconómicas:

  1. Tipo de cambio nominal bilateral oficial $/U$S (en primeras diferencias de logaritmos[2]): TCNB;
  2. Precios al consumidor (en primeras diferencias de logaritmos, en base a una serie de precios empalmada de IPC[3]): Tasa de inflación;
  3. Nivel de actividad (en logaritmos, serie desestacionalizada, calculada como el cociente entre el ciclo del PIB respecto a su tendencia HP), usando un indicador de actividad industrial, Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) o PIB: Output gap;
  4. Salarios o costo laboral unitario (en primeras diferencias de logaritmos, series desestacionalizadas de salarios RIPTE o CLU): Salarios nominales;
  5. Brecha cambiaria (tipo de cambio blue sobre tipo de cambio oficial): Brecha cambiaria; y
  6. Índice de precios internacionales de las exportaciones del agro (en primeras diferencias de logaritmos[4]): IPMP.

Se consideran tres especificaciones empíricas de variables diferentes, dependiendo de la combinación entre costo laboral y nivel de actividad considerada: RIPTE & EMAE, RIPTE & PIB y CLU & PIB. La idea de contemplar distintos modelos a fin de computar el efecto de los shocks considerados sobre la tasa de inflación local es brindar cierta robustez a los resultados obtenidos. El modelo que emplea el indicador RIPTE permite dar cuenta del conflicto distributivo de forma más precisa, al utilizar los salarios de trabajadores estables. La variable CLU corresponde a los salarios ajustados por productividad laboral, en línea con diversas contribuciones PK-E.

El período considerado abarca desde primer trimestre 2004 al último trimestre de 2019. Un shock de una unidad en el tipo de cambio nominal, en diferencias, es construido a partir de una descomposición de Cholesky estándar. Se asume que la brecha cambiaria ajusta primero, luego el tipo de cambio nominal, luego los precios locales, el producto y los salarios nominales. Los precios internacionales afectan contemporáneamente a todas las variables, pero no son afectados por ellas. El ordenamiento aquí propuesto encuentra sustento en trabajos afines. Por ejemplo, Basco et al. (2009) emplean un ordenamiento similar de variables, el cual difiere en que el PIB cambia con antelación a los precios. Dicho estudio —al igual que el presente trabajo— advierte que el cambio en el ordenamiento utilizado de las variables no afecta los resultados de las estimaciones.

La Figura 1 muestra la evolución de las tres variables de interés para el caso argentino. Una simple inspección visual sugiere que existe una clara relación entre la evolución de los precios internacionales de los commodities exportados por Argentina (agro) y la tasa de inflación local, como así también entre la variación del tipo de cambio nominal y la tasa de inflación. Sin perjuicio de ello, no se advierte una asociación tan evidente entre la dinámica de precios internacionales y la variación del tipo de cambio nominal. De hecho, estas dos últimas series parecieran estar mediadas por la dinámica de los precios locales.

Figura 1. Evolución de precios internacionales de los commodities de exportación de Argentina (agro), IPC y Tipo de Cambio Nominal Oficial Bilateral (en diferencias logarítmicas)

Nota: la curva de trazo sólido azul corresponde a la tasa de crecimiento trimestral del IPMP (agro, desestacionalizada), la curva roja entrecortada corresponde a la tasa de inflación trimestral, y la línea verde entrecortada a la tasa de variación del tipo de cambio nominal.

Se estiman modelos VARQ desarrollados en Montes-Rojas (2017, 2019a, 2019b). Estos modelos permiten explorar la heterogeneidad multivariada luego de un shock en una variable, computando las distribuciones de las funciones impulso respuesta (FIR) a corto (h=4 trimestres), mediano (h=8 trimestres) y largo plazo (h=12 trimestres). Cada realización se corresponde a los llamados senderos de cuantiles que permiten explorar toda la gama de posibilidades de la cual se computa la FIR acumulada (aFIRQ).

El siguiente ejercicio simula 1000 senderos de cuantiles para evaluar las aFIRQ luego de un shock sobre los precios internacionales de los commodities de exportación (agro) y de un shock sobre el tipo de cambio nominal, para un horizonte de h=1, 2, … ,12 trimestres hacia adelante. Cada simulación es independiente de la otra dado que, para cada momento del tiempo, se simula una realización del modelo multivariado en el período siguiente. Así, todas las realizaciones corresponden a distintos escenarios potenciales. Cabe destacar que, para los shocks analizados, se usan los mismos senderos de cuantiles, lo que permite comparar y contrastar las dinámicas emergentes para ambos tipos de perturbaciones.

Resultados

La Tabla 1 reporta los efectos aFIRQ 12 trimestres hacia adelante de un shock positivo de 1 unidad en los precios internacionales de los commodities exportados por Argentina (agro). Se advierte un efecto positivo sobre la tasa de inflación local con una media de 0.085 y una mediana de 0.112. Es decir, un incremento exógeno del precio de los commodities exportados tiene un pass-through a tasa de inflación local de 10%. En un 85% de los casos, la tasa de inflación local aumenta ante este primer tipo de perturbación externa. Los salarios nominales —ya sean medidos con RIPTE o CLU— crecen en una proporción mayor a cero en un 90% de los casos. Los salarios reales permanecen relativamente constantes, con una moderada tendencia a la baja. También se observa una apreciación nominal de la moneda doméstica. El output gap aumenta, ya sea usando EMAE o PIB. Esto puede explicarse por el incremento de las exportaciones asociado a mayores precios internacionales de los commodities exportados por el país y a los potenciales spillovers positivos que pueden propiciarse sobre el resto de las actividades económicas.

La Tabla 2 explicita qué ocurre cuando el shock exógeno afecta positivamente al tipo de cambio nominal —también considerando un shock de 1 unidad. Los precios locales se incrementan en línea con lo esperado, con un pass-through a la tasa de inflación local de alrededor de 25%. En este caso, sin embargo, los salarios reales —calculados como la diferencia del efecto sobre los salarios nominales y los precios— caen en aproximadamente en un 80% de los casos, mientras que el output gap también se contrae. La caída del output gap puede explicarse en base al enfoque PK-E que indica cómo la depreciación del tipo de cambio nominal puede devenir en efectos recesivos, al incrementar el precio en U$S de los insumos y bienes intermedios importados para la producción local.

Al evaluar de forma conjunta los efectos de ambos shocks, se advierte cómo sus impactos difieren en términos cuantitativos. Ambos tipos de shocks incrementan los precios locales, el primer shock con una apreciación nominal del tipo de cambio, el segundo con una depreciación nominal de dicha variable. En el primer caso no emerge un efecto del todo contundente sobre los salarios reales, mientras que es claramente negativo en el segundo. Sendas perturbaciones externas evidencian un efecto de signo contrario respecto al producto, en línea con la intuición que sugiere que un aumento de los precios internacionales de los commodities de exportación favorece la producción local —al menos en términos nominales—, mientras que una depreciación del tipo de cambio nominal resulta contractiva en términos del output gap.

La Tabla 3 presenta los resultados de estimaciones de regresiones lineales para los efectos aFIRQ entre la tasa de inflación local como variable dependiente respecto a los efectos aFIRQ ejercidos sobre las otras variables. Estas regresiones son un elemento central del análisis de VARQ, dado que permiten establecer, a partir de un mismo shock, qué tipo de relaciones entre las variables conducen a un mayor o menor efecto aFIRQ. Estas relaciones se estudian en base a qué variables inciden en mayor medida sobre la tasa de inflación local. En todos los casos, se advierte una asociación positiva con respecto a los salarios nominales y el resto de las variables. También se ve que son los salarios nominales los que explican la mayor proporción de la variabilidad observada en la tasa de inflación local —alrededor de 12%. Es decir, los efectos sobre la tasa de inflación podrían explicarse apelando al enfoque PK-E y a la idea de que el conflicto distributivo contribuiría, al menos potencialmente, a propagar las tensiones inflacionarias en Argentina. De hecho, estos resultados son de mayor magnitud en el caso de un shock a los precios internacionales —sobre todo en los modelos RIPTE & EMAE y RIPTE & PIB— indicando que es en este caso donde se genera una mayor puja distributiva por reacomodar los salarios a los aumentos de precios vía mayores demandas de incrementos salariales ex-post.

Finalmente, se advierte una marcada diferencia entre los efectos del producto y la tasa de inflación local. En las variantes RIPTE & EMAE y RIPTE & PIB, el output gap se asocia a un efecto positivo sobre la tasa de inflación local. Estos resultados son mayores en el caso de un shock que afecta al tipo de cambio nominal respecto a los precios internacionales de los commodities de exportación. En la variante CLU & PIB, sin embargo, el output gap tiene un efecto contraintuitivo—i.e., negativo—sobre la tasa de inflación local. El uso de la variable CLU no resulta inocua a la hora de explicar este llamativo hallazgo.

Conclusiones e implicancias para la política económica

Los resultados permiten enfatizar las asimetrías existentes en el pass-through desde shocks que afectan a los precios internacionales de los commodities de exportación (agro) y al tipo de cambio nominal hacia la tasa de inflación local. El efecto es mayor en el caso de perturbaciones que conducen a depreciaciones nominales del tipo de cambio (25%) respecto a los shocks externos que propician aumentos en los precios de los commodities de exportación (10%). Este primer resultado resulta desafiante en clave de política económica. El BCRA debe procurar, por un lado, evitar incrementos significativos del tipo de cambio nominal para asegurar la estabilidad nominal, sin que ello atente contra la competitividad del sector externo argentino. Por otro lado, el BCRA debe propender —en coordinación con el Poder Ejecutivo Nacional— a estimular el uso de instrumentos específicos cuyo diseño e implementación —por demás exigentes en términos de los acuerdos políticos requeridos—  contribuyan a desacoplar la inflación importada de la inflación local.

Los resultados empíricos también revelan la importancia estadística y económica que tienen ambos tipos de shocks externos sobre los salarios nominales —proxy de conflicto distributivo. El desafío que plantea este resultado en clave política alude a la necesidad de evaluar la pertinencia de utilizar distinto tipo de políticas de ingreso capaces de alinear los objetivos distributivos de trabajadores y empresarios ante shocks exógenos que potencialmente desestabilizan el equilibrio distributivo obtenido ex-anteaspiration gap nulo. Nuevamente cabe aquí consignar un enorme reto para el gobierno argentino en términos de proponer políticas de ingreso específicas sujetas a un enforcement efectivo por parte de la autoridad de aplicación y a la vez resulten incentivo-compatibles para los actores sociales involucrados en las negociaciones de precios y salarios.

Otro de los aportes empíricos destacables es el efecto disímil ejercido por el pass-through entre shocks externos, tasa de inflación local y output gap. Perturbaciones sobre el precio internacional de los commodities de exportación no solamente presionan al alza de los precios locales. También se asocian a un efecto expansivo sobre el nivel de actividad económica. Por el contrario, los shocks que afectan al tipo de cambio nominal ejercen presiones inflacionarias, pero resultan contractivos. Estos impactos disímiles también plantean desafíos a la política económica, dado que los efectos positivos sobre el producto dan lugar a un margen para políticas redistributivas para paliar los costos sociales ligados al aumento de precios.

Referencias

Basco, E., D’Amato, L. y Garegnani, L. (2009). “Understanding the money-prices relationship under low and high inflation regimes: Argentina 1977-2006”, Journal of International Money and Finance 28 (7): 1182-1203.

Montes-Rojas, G. (2017). “Reduced form vector directional quantiles”, Journal of Multivariate Analysis 158 (C): 20-30.

Montes-Rojas, G. (2019a). “Multivariate quantile impulse response functions”, Journal of Time Series Analysis 40 (5): 739-752.

Montes-Rojas, G. (2019b). “Una evaluación del pass-through en la Argentina usando funciones impulso respuesta de cuantiles multivariados”, Estudios Económicos XXXVI (73): 145-189.


[1] Todas las especificaciones econométricas estimadas controlan el efecto ejercido por el componente inercial de la tasa de inflación.

[2] Tipo de cambio nominal oficial promedio mensual.  (http://www.bcra.gov.ar/pdfs/operaciones/com3500.xls).

[3] Índice de Precios al Consumidor (IPC), varias fuentes, base 1999=100. Se utiliza una serie empalmada de distintas fuentes debido a que las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el período 2007-2015 fueron desacreditadas oficialmente por el propio organismo. En particular, se emplean las series históricas desde 2004 hasta diciembre 2006, luego se usa la serie correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires para al período enero 2007 a mayo 2016, y finalmente se retoma la serie oficial del INDEC para completar el período restante.

[4] Índice de precios de las materias primas agropecuarias. (http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Precios_materias_primas.asp).

Desafíos crónicos de los sistemas de salud luego de un episodio agudo

Nearly 1 in 5 Americans have experienced physician misconduct with most  incidents going unreported, survey finds | FierceHealthcare

Por Oscar Cetrángolo* y Ariela Goldschmit**

Frente a la excepcionalidad de un fenómeno global como la pandemia por COVID-19, el impacto de esta crisis en cada sociedad guarda relación, entre otros factores, con las fortalezas y debilidades de sus economías y, por supuesto, con el funcionamiento de sus propios sistemas de salud. Hoy predominan las noticias que se refieren a los aspectos más urgentes relacionados con el manejo de la propia pandemia y los operativos de vacunación. Sin desconocer la importancia de esas preocupaciones, creemos que pasado un año desde el inicio de la emergencia y comenzando a vislumbrar la salida, cobra especial relevancia el análisis de la configuración que cada uno de los sistemas de salud tendrá en el futuro, no sólo para hacer frente a situaciones extremas como la actual, sino para mejorar los sistemas, con vistas a la universalización de la cobertura y el acceso de la manera más equitativa y eficiente posible.

Con ese objetivo, la OIT ha publicado una Nota Técnica[1] sobre las respuestas de corto plazo al COVID-19 y los desafíos persistentes en los sistemas de salud de América Latina. Allí se resaltan algunas de las enseñanzas preliminares de este período crítico:

  • la posibilidad de acceso de manera equitativa a los servicios de salud por parte de toda la población representa una fortaleza ineludible en un contexto de pandemia;
  • la existencia de un sistema de salud coordinado posibilita atender situaciones extremas (como ésta) con mayor celeridad y coherencia;
  • la presencia de autoridades nacionales con poder de rectoría sectorial resulta indispensable para articular políticas y acciones entre diferentes niveles de gobierno y subsectores.

Los efectos de esta emergencia, seguramente, perdurarán durante un largo período, pero ello no es excusa para postergar la definición de las reformas necesarias que, dependiendo de cada caso, podrán ser una continuidad con la política previa o demandará un replanteo de la estrategia sectorial. El sendero de reformas que se adopte determinará las posibilidades de alcanzar un sistema de salud con cobertura y acceso universales, y homogéneo para toda la población según sus necesidades de atención, sin discriminar en función de los ingresos de los ciudadanos.

Problemas crónicos y rasgos propios de los sistemas de salud en América Latina

Más allá de los avances logrados durante los últimos años en relación con la cobertura y acceso universal a la salud en muchos de los países de América Latina, persisten importantes desafíos por delante. En muchos casos aún existen problemas de equidad en el acceso y hay un largo camino por recorrer para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Pese a la heterogeneidad de situaciones, es posible reconocer algunos rasgos comunes y crónicos característicos de la región. La cronicidad hace referencia, de manera análoga a su uso en la medicina, a una deficiencia de duración prolongada, una dolencia de manera frecuente, que persiste para siempre o por un largo período de tiempo.

En la mayor parte de los países de la región se observa una injustificada e injusta fragmentación de derechos a la cobertura y acceso a los servicios, sumado a la relativamente baja prioridad del gasto en salud[2] dentro de los presupuestos públicos y los problemas de eficiencia en la organización general suelen derivar en importantes gastos de bolsillo, como una clara muestra de inequidad en los sistemas. En promedio, según datos de OMS para 2015-2016, el 31% del gasto total en salud de los países de América Latina corresponde a gastos de bolsillo, con guarismos por encima del 40% en Ecuador, Honduras, Guatemala y México (Gráfico 1).

Gráfico 1: Gasto en salud en porcentaje del PIB y proporción del gasto de bolsillo como % del gasto total en salud, 2015-2016

Fuente: Casali y otros (2020),basado en datos de la OPS-OMS

Asimismo, y parcialmente como consecuencia de lo anterior, la región también sufre por la baja dotación de recursos humanos y físicos. El acceso a servicios de salud de alta calidad depende de manera decisiva del tamaño, la combinación de aptitudes, la competencia, la distribución geográfica y la productividad del personal de la salud. Tomando la dimensión más fácil de monitorear, según datos de BM-OCDE[3], América Latina cuenta con 2 médicos por cada 1.000 habitantes, aunque muchos países se encuentran muy por debajo del promedio de la OCDE (3,5), con sólo Argentina y Uruguay por encima del mismo. En particular, Honduras y Guatemala muestran el número más bajo de 0,3 y 0,4 médicos por 1.000 habitantes.

Como indicador de infraestructura, los países de América Latina registran 1,7 camas hospitalarias cada 1.000 habitantes, casi un tercio del promedio OCDE (4,7). Sólo Argentina se destaca por encontrarse por encima de ese promedio con un total de 5 camas cada 1.000 habitantes. Mientras que el indicador se ubica por debajo de 1 cama por cada 1.000 habitantes en Guatemala, Honduras y Nicaragua (Gráfico 2). Sin embargo, teniendo en consideración el carácter fragmentado de los sistemas de la región, no todas estas camas pueden estar fácilmente disponibles para pacientes cubiertos por el subsistema público, ni todas disponibles de igual manera en todo el territorio de los países. En general existe una fuerte concentración de camas en las grandes ciudades y un mayor peso del subsector público en el interior.

Gráfico 2: Camas hospitalarias y médicos cada 1.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de BM-OCDE (2020)

Más allá de algunos importantes rasgos en común, los sistemas de salud presentan características y resultados muy diferentes. Si bien ello tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo de cada país, la diferente organización de sus sistemas de salud guarda una estrecha relación con los resultados en términos de cobertura, acceso, equidad y eficiencia. Es posible distinguir los casos donde la cobertura no depende de seguros contributivos obligatorios (Brasil); las situaciones donde la cobertura de los trabajadores formales que contribuyen y el resto de la población está coordinada y no hay fragmentación de derechos (Costa Rica); aquellos casos donde se han encarado reformas que se encuentran avanzadas para eliminar esa fragmentación (Uruguay, Colombia); las experiencias en que se han diseñado y comenzado a aplicar reformas de ese tipo (Perú, Bolivia, Ecuador, México); las reformas que han tendido a consolidar la brecha entre seguros contributivos y no contributivos (Chile); los países que no presentan reformas significativas en este sentido (Panamá, por ejemplo) o los cambios que han derivado en un mayor grado de divergencia (Argentina).[4]

Tratamiento de un episodio agudo: el Covid-19

Sobre este escenario (crónico y variado), la irrupción de la pandemia por COVID-19 ha significado un episodio agudo con un comienzo súbito y una evolución rápida, que en forma similar a un cuadro clínico demandó un replanteo de la prioridad que detentan los sistemas de salud en la región y en el mundo. En la citada Nota Técnica, además de hacerse un repaso de las medidas de emergencia tomadas por los países latinoamericanos[5], se han logrado identificar y analizar algunos de los patrones comunes que se han presentado en las políticas instrumentadas en muchos casos durante este período tan especial. Entre ellos se destacan:

  • el predominio de la política sanitaria dentro de las agendas gubernamentales;
  • el fortalecimiento de la rectoría de los Ministerios de Salud de los gobiernos centrales;
  • los cambios en las fuentes de financiamiento de los diferentes segmentos derivados de los efectos económicos de la pandemia;
  • la acelerada incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TICS) en los servicios de salud, y
  • la necesidad de fuertes inversiones dirigidas a fortalecer los sistemas de salud de la región.

A partir de estos cambios, resulta importante pensar más allá del episodio de crisis y definir los diferentes senderos de reforma deseable en el largo plazo que en cada caso estén dirigidos a alcanzar sistemas de protección de la salud universal con mecanismos de financiamiento solidarios y sustentables, apuntando a superar la cronicidad de los sistemas de la región. Se trata de consolidar una política sectorial que revalorice los componentes preventivos de la salud pública y tienda paulatinamente a asegurar el uso de los fondos públicos para el logro de cobertura y acceso universales e igualitarios para todos los ciudadanos, con independencia de la relación de sus miembros con el mercado laboral.

Pasada la emergencia desaparecerán lentamente algunos de los síntomas y rasgos que han caracterizado este período tan excepcional. No obstante, varios elementos de la política sanitaria que siguieron los países durante la pandemia se constituirán en bases de cambios más permanentes. Entre ellos, la revalorización de la política pública, en especial la necesaria rectoría de los ministerios sectoriales en los gobiernos centrales, y la incorporación de TICS en la organización de los servicios de salud son cambios que deberán prevalecer y ser fortalecidos. Hoy, las dudas que surgen en algunos países sobre la capacidad de los gobiernos para establecer criterios claros y consensuados para la distribución de las vacunas debe ser un llamado de atención para no retroceder en esos logros.

Los sistemas que mantienen algún grado de fragmentación en la cobertura y acceso (casi todos en la región) deberán seguir afrontando la sumatoria de restricciones financieras provenientes de la caída en la cobertura de seguros sociales motivada por los problemas en el mercado de trabajo formal, las dificultades de financiamiento de los seguros privados y los gastos de bolsillo por parte de grupos de la población que resultan más vulnerables ante esta crisis. Estos movimientos derivarán, seguramente, en una mayor demanda sobre los servicios públicos que, simultáneamente, sufrirán los efectos de la crisis sobre el espacio fiscal de los distintos gobiernos. Durante este período de salida de la crisis, que será diferente en cada país y se espera que resulte lo más breve posible, será indispensable hacer el uso más eficiente posible de los recursos escasos e introducir mecanismos para evaluar resultados y priorizar los servicios de salud brindados a la población.

El funcionamiento y el manejo que han podido tener los sistemas de salud en el marco de la pandemia permitirá, en algunos casos, repensar o reevaluar las reformas en curso o la organización existente e impulsar cambios en distintas direcciones. Es claro que el punto de partida para la esperable nueva ola de reformas que seguirá a la salida de la crisis mostrará diferencias con la situación previa. Y más allá del sendero de reformas que pueda seguir cada país, será indispensable mantener la búsqueda de modificaciones que tiendan a asegurar la cobertura y acceso universales a los servicios de salud, de la manera más eficiente posible, y eliminando paulatinamente la actual fragmentación de derechos frente a las políticas públicas de salud en la mayoría de los países.

* Profesor Titular e Investigador del IIEP (UBA – CONICET).

**Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA;  Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-Baires).


[1] Casalí, P., A. Goldschmit y O. Cetrángolo, Respuestas de corto plazo a la COVID-19 y desafíos persistentes en los sistemas de salud de América Latina, Oficina de la OIT para Países Andinos, Lima, 2020.

[2] Según datos de CEPALStat para 2017 el gasto en salud de los gobiernos de América Latina ascendió a 3,1% del PIB, absorbiendo 21,2% del gasto social, ubicándose en tercer lugar en términos de prioridades de gasto.

[3] BM-OCDE. 2020. Panorama de la salud: Latinoamérica y el Caribe 2020, OECD Publishing, París.

[4] El argentino debe considerarse como un caso crónico y extremo en términos regionales de “sistema” segmentado con derechos fragmentados, tanto desde el financiamiento como en su organización institucional. Véanse diversas notas previas en Alquimias Económicas relacionadas con  los senderos de reforma sectorial;  la situación de las obras sociales sindicales y su financiamientola Cobertura Universal en Salud, y las desigualdades de cobertura y acceso.

[5] El detalle de las medidas adoptadas, así como una cronología de las declaraciones de emergencia sanitaria en los diferentes países pueden ser consultadas en la sección “La respuesta al COVID-19 en los sistemas de salud de la región” de la citada Nota Técnica.

Cambios en el “piso” del impuesto a las Ganancias: ¿Otro parche o un nuevo agujero?

Resultado de imagen de patch

Por Oscar Cetrángolo y Javier Curcio*

En los últimos días hemos asistido a un amplio debate (tal vez excesivo) sobre la propuesta presentada por el Frente de Todos a través del Diputado Sergio Massa para establecer un nuevo “piso” para el impuesto a las ganancias de las personas físicas. La iniciativa retoma antiguas promesas vinculadas a la disminución del impuesto sobre los ingresos salariales que el mismo Massa había esgrimido en debates electorales anteriores (desde otros espacios políticos), de Cambiemos con el propio Macri prometiendo incluso que “los trabajadores no van a pagar el impuesto a las ganancias”, y de diversos sectores de la izquierda y el movimiento sindical que afirmaron de manera sostenida que “el salario no es ganancia”, para citar solo algunos casos rimbombantes. En todo caso, un aspecto “positivo” es que se enmarcaría en un extraño caso de promesa cumplida por los políticos en campaña (“unbroken promise”).

Las discusiones de los días anteriores han estado centradas en las motivaciones del nuevo proyecto y se percibe un amplio consenso de los políticos de diferente espectro y los opinadores profesionales en los medios masivos a favor de su aprobación. Asimismo, se ha podido observar bastante disenso entre los economistas que suelen transitar las redes sociales, con una amplia preocupación en resaltar diversos problemas asociados a su potencial implementación.

Más allá de las consideraciones sobre las motivaciones de cada uno de los participantes en esos debates, esta nota rápida intenta reunir una serie de argumentos que creemos indispensables para opinar sobre el proyecto y aportar a un debate de reforma que excede los alcances de esta limitada (tal vez mezquina) iniciativa. 

De qué se trata el proyecto y cómo afecta al mínimo no imponible

El proyecto establece, básicamente, que aquellos trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos mensuales sean inferiores a $ 150.000 brutos mensuales dejarán de estar alcanzados por el impuesto. Adicionalmente, la propuesta eleva la proporción de jubilados que dejarían de tributar, aumentando de 6 a 8 haberes mínimos el piso de su tributación que lo posiciona en $152.280 mensuales, teniendo en consideración el nivel vigente.

Recordando que el tributo en cuestión, que internacionalmente se denomina “Impuesto sobre las rentas de las personas físicas” y aquí llamamos caprichosamente “Impuesto a las ganancias” es de los que mejor cumple con las características deseables de los tributos, y es utilizado en la gran mayoría de los países desarrollados como el principal gravamen para aportar al cumplimiento de los objetivos de eficiencia y equidad en el desarrollo económico y social, nos interesa resaltar varios temas en el análisis de la reforma propuesta.

De manera especial surge el interrogante de cuál debe ser el nivel a partir del que se debe tributar el impuesto a las rentas de las personas. El nuevo “piso” propuesto alcanza un nivel que, aproximadamente, equivale a dos veces y media el ingreso por habitante promedio de nuestro país. No obstante, no existe una referencia clara que pueda ser utilizada como guía universal. Ese nivel suele ser sensiblemente más bajo en los países desarrollados, donde la importancia de este tributo es mucho más significativa. En cambio, los países de la región muestran relaciones más elevadas y variables (Cetrángolo y Gómez Sabaini, 2007). En consecuencia, la evaluación no creemos que deba hacerse en relación con alguna referencia universal sino en función de la estructura tributaria, la situación fiscal y la distribución del ingreso en cada sociedad.

A su vez, si se considera la evolución de los últimos años, debe recordarse que en 2016 el Congreso Nacional aprobó un sistema de actualización automática que modifica anualmente el mínimo no imponible y las escalas, en función de la evolución de los salarios de los trabajadores estables (mediante el índice denominado RIPTE). Este aumento automático significa un incremento de 35,4% de los niveles de “Mínimo no imponible” para el año 2021 respecto del definido para el año anterior. En consecuencia, los pisos salariales de tributación para el año en curso serían establecidos en $74.810 netos mensuales para los trabajadores solteros y en $98.970 para los casados con dos hijos a cargo (en 2020 estaban fijados en $55.260 y $73.100 respectivamente). El proyecto en cuestión considera insuficiente ese incremento y lo fija en un monto muy por encima de las cifras mencionadas.

Es llamativo que mientras otras actualizaciones automáticas, tales como las correspondientes a las jubilaciones y pensiones y a las asignaciones familiares, entre otras, fueron modificadas en el sentido de reducir las prestaciones en atención a las dificultades fiscales, en este caso el cambio en la actualización se fije en el sentido de reducir la tributación (volveremos sobre las consideraciones fiscales más adelante). Más allá de esa importante diferencia y sus implicancias en materia distributiva, en relación con la modalidad de los cambios, no es buena señal que se priorice la discrecionalidad frente a la regla previsible.

Por otra parte, debe considerarse que el nuevo “piso” propuesto no debe ser entendido como un Mínimo no Imponible, a menos que el Congreso modifique el proyecto en ese sentido. Tal como está diseñado en el proyecto presentado, en los hechos el cambio implica una deducción especial para los que ganan menos de $ 150.000 mensuales, de manera que se elimine el monto del impuesto a pagar dentro de ese rango. Por encima de ese monto la deducción especial no operaría, el resto de las deducciones (cónyuge, hijos a cargo, etc.) se mantendrían inalteradas y los trabajadores que perciban salarios brutos superiores a $150.000 mensuales continuarían tributando por encima del Mínimo no Imponible previo a la reforma. Si bien el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo reglamente deducciones parciales adicionales para los trabajadores que perciban entre $ 150.000 y $ 173.000 con el objetivo de evitar neutralizar los beneficios derivados de la reforma, no se establece el mecanismo para dicha suavización en el proyecto, y esquemas inadecuados de ese ajuste implicarían saltos tributarios abruptos asociados a situaciones injustas de presión tributaria e incentivos adicionales a la evasión del impuesto como consecuencia de los problemas de su diseño. A su vez, por encima de los $173.000 no habría ninguna suavización dispuesta y el impuesto se aplicaría en las mismas condiciones previas. En suma, puede señalarse que la forma de diseño de modificación del piso que se está proponiendo rompe el esquema del impuesto vigente y genera potenciales problemas de implementación a futuro.

Adicionalmente, debe considerarse la diferencia en el tratamiento del monto definido como “piso” para los asalariados en comparación con el correspondiente a los jubilados o pensionados. Tal como se menciona previamente, en el momento del diseño de la reforma presentada los montos establecidos como mínimos a partir de los cuales se haría efectiva la tributación coinciden en alrededor de $150.000 brutos mensuales. No obstante, dado que la nueva actualización de la movilidad jubilatoria no solo contempla la evolución del RIPTE sino también de la recaudación de la ANSES, a futuro dichos montos podrían divergir y generar situaciones de injusticia entre ambos grupos. De modo general es importante recordar el criterio que sostiene que las rentas personales sean gravadas con independencia de las fuentes de generación de las mismas.

Impacto distributivo

Seguramente más importante, es necesario considerar las implicancias distributivas del cambio propuesto en el marco de las particulares circunstancias sociales, económicas y fiscales que atraviesa la Argentina. De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) disponibles, correspondientes al 2do trimestre 2020, el ingreso promedio neto mensual de los hogares asciende a $50.455, considerando el ingreso familiar total que excede a las rentas provenientes del trabajo. Si se contemplan solo los ingresos salariales, el promedio alcanza a $33.900 y tomando solo a los trabajadores formales registrados el salario neto mensual promedio se sitúa en $39.400. Si se analiza la distribución de los ingresos totales puede observarse que el último decil percibe en promedio $ 145.095 netos mensuales, y las familias que se sitúan en este rango correspondiente al 10% más rico de la población reciben entre $96.000 y $2.058.000 netos por mes.

Dado que la EPH (y todas las encuestas de hogares) tienden a subcaptar la percepción de ingresos, pueden analizarse de manera alternativa los datos de registro correspondientes a los trabajadores registrados aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS). A septiembre de 2020 (última actualización disponible) el salario promedio informado alcanzaba a $62.500 bruto mensual y solo el 5,9% de los aportantes (377.438 de los 6,3 millones de trabajadores formales registrados) percibía salarios brutos superiores a $150.000 mensuales. En suma, está claro que la reforma propuesta tiene un corte claramente regresivo que liberaría del pago del impuesto a hogares posicionados, fundamentalmente, en el decil 10 (el más rico) de la distribución del ingreso poblacional y una proporción de los trabajadores solteros del 9.

No debe soslayarse que la reforma se presenta en medio de una crisis socioeconómica aguda en la que, solo para mencionar algunos datos conocidos, la pobreza monetaria correspondiente al primer semestre de 2020 alcanzó al 40,9% de la población y más de la mitad de los niños y niñas de hasta 14 años (56,3%) viven en esa situación. A su vez, la pobreza extrema, que implica la imposibilidad de adquirir la canasta básica alimentaria, llegó al 10,5% de la población total y el 15,6% de los niños y niñas del rango mencionado. En medio de la pandemia aún sin resolver y con importantes implicancias por delante, con crecientes tensiones sociales y estimaciones de deterioros adicionales para la segunda parte de 2020 que aún no fueron confirmados con datos oficiales, los problemas de focalización de la propuesta bajo análisis se constituyen como más acuciantes aún. Esta situación debe contextualizar el marco en el que se presenta la reforma propuesta y, al mismo tiempo, da cuenta de las mayores demandas de respuestas que afronta el Estado y su vínculo con la fragilidad fiscal, como se verá más adelante.

Finalmente debe ponerse en cuestión el supuesto asumido por algunos analistas, de que el alivio financiero al ingreso familiar que significaría la reforma implicaría un impacto directo en el fomento del consumo y un aporte a la reactivación. Toda vez que, como fue mencionado, buena parte de los beneficiados se sitúan en los más altos escalones de la distribución del ingreso, es posible que dichos recursos no se vuelquen necesariamente en el consumo y generen dificultades macroeconómicas adicionales.

La coyuntura fiscal para esta propuesta

No puede dejar de mencionarse que este proyecto se presenta en momentos en que el nivel de desequilibrio fiscal es tan grande que cualquier pérdida de recursos debe ser evaluada con sumo cuidado. Las estimaciones oficiales muestran que el costo fiscal de esta ley rondaría los $40.000 millones para el año 2021, lo que es equivalente al 0,11% del PIB estimado y alrededor de 0,5% del presupuesto aprobado para el ejercicio. Si bien estos datos no representan un problema fiscal inmanejable, la situación es tan frágil que no hay margen para decisiones equivocadas. Los datos fiscales recientes (como se muestran en el Reporte de Política Fiscal que elabora AFISPOP en el IIEP) correspondientes al cierre del año 2020 muestran que el nivel de desequilibrio sería el más alto desde la vuelta a la democracia en 1983 (extenso período que, como es sabido, no estuvo exento de serias dificultades). Los ingresos reales del gobierno nacional volvieron a reducirse hacia el final del año anterior[1] completando un déficit primario acumulado en 2020 que alcanzó a 6,5% del PIB (Gráfico 1). Por otra parte, a las presiones para mantener las erogaciones vinculadas con la emergencia resultante de la pandemia en materia de protección de ingresos, pueden sumarse los requerimientos financieros adicionales para sostener al sistema educativo en su imprescindible adecuación a la pandemia y los mayores aportes requeridos para fortalecer al sistema de salud, para mencionar solo algunos, los más evidentes.

Gráfico 1. Resultado Fiscal Sector Público Nacional 1962-2020 (en % PIB)

Fuente: AFISPOP en base a Ministerio de Hacienda

Es cierto que el gobierno ha dejado trascender que los recursos serían compensados con la eliminación de la caída en la alícuota del impuesto sobre las sociedades. En ese sentido, cabe señalar que esa eliminación ya estaba anunciada previo a esta reforma y, en consecuencia, la nueva iniciativa se constituye como una presión adicional para incrementar el desequilibrio. Y aunque la compensación fuera válida, es importante reconocer que el impuesto a las ganancias sobre las sociedades es menos aconsejable que el que recae sobre las personas físicas, principalmente por su menor potencia redistributiva asociada a la potencial traslación a los precios por parte de las empresas afectadas. Tarde o temprano, Argentina deberá retomar la reforma tendiente a reducir la alícuota de este tributo si no quiere quedar desfazado de la tendencia internacional, liderada por los países de la OECD, lo que podría afectar el flujo futuro de inversiones.

Por último, sería necio negar la necesidad de actualizar los valores de las deducciones del impuesto en una economía con las tasas de inflación que tiene Argentina. En todo caso, no se entienden las razones para apartarse de las modalidades previamente establecidas por la norma vigente. Se cree necesario señalar la necesidad de preferir y consolidar mecanismos de ajuste no discrecionales, que den previsibilidad a las condiciones que van a afectar la renta disponible de los contribuyentes, modificando, si fuera necesario, el ajuste automático vigente con las adaptaciones previsibles y armónicas que se requieran.

Para que eso sea posible no es aconsejable incorporar una reforma exclusiva a un elemento de la norma del tributo (además de hacerlo de manera parcial e imperfecta). La definición de los montos de las diferentes deducciones es parte de una decisión más general que Argentina ha estado postergando y que incluye los diferentes elementos de la norma. Precisamente, en el año 2019 publicamos con Pedro Velasco una nota en este mismo espacio donde cuestionamos el carácter parcial de los cambios introducidos por el gobierno de aquel entonces, a los que caracterizábamos como “pretenciosos remiendos” frente a la postergada (entonces y ahora nuevamente) reforma que redefina integralmente el tributo en sus diferentes aspectos (estructura, alícuotas, tramos, ajustes por inflación, incorporación de nuevas bases, pertinencia de los tratamientos diferenciales, vinculación con monotributo, tributación internacional, entre otros allí señalados). Por supuesto, debe considerarse que se trata de un impuesto que se complementa con el que grava a las sociedades y, siguiendo las mejores prácticas internacionales, debe ganar espacio frente a este último, aunque la transición debe ser llevada a cabo con cuidado y de manera gradual.

Batiendo el parche con nuevos parches

Se trata, como venimos sosteniendo en notas recientes, de una nueva muestra de la decadencia de nuestra sociedad como consecuencia de una manera fragmentada, imperfecta y perjudicial de debatir e introducir reformas en las políticas públicas. Como muestra de ello, basta mencionar nuestras notas referidas a los buñuelos fríos y a las reformas a modo sinécdoque. En este caso particular, y más allá de los argumentos que puedan existir en favor del cambio bajo análisis, la iniciativa no deja de ser algo más que un parche que aleja y posterga la verdadera discusión sobre este sistema tan importante que mantenemos bajo la modalidad “de emergencia”.

A través de los giros de la moda encontramos quienes prefieren tener un jean que muestre los agujeros frente a otros que eligen poner parches en los lugares más sensibles (especialmente en períodos electorales). Llenarlo de remiendos no suele generar un “patchwork” elegante. Ello requiere de un diseño general. Nuestro impuesto a las ganancias presenta todos los parches posibles y hasta dudas sobre los tipos de rentas que deben ser alcanzados (como en muy pocos casos en el mundo, continuamos discutiendo por ejemplo si el tributo debe alcanzar a los salarios y pensiones elevadas). No se trata éste de un elegante “patchwork” sino simplemente un jean gastado, lleno de agujeros y con remiendos mal logrados, que solo tratan de disimular y postergar la confección de uno nuevo y sostenible.

* Profesores FCE-UBA e investigadores del IIEP (UBA-CONICET).

Los autores desean agradecer a Alejandra Beccaria y Julián Folgar por la información que brindaron para la redacción de esta nota.


[1] Los recursos del gobierno nacional en moneda constante cayeron un 14% durante el año 2020.

Reformas en modo sinécdoque

Cangrejos: características y tipos de estos crustáceos

Por Oscar Cetrángolo*

Sinécdoque: Del lat. synecdŏche, y este del gr. συνεκδοχή synekdochḗ, de συνεκδέχεσθαι synekdéchesthai ‘recibir juntamente. Designación de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes, o viceversa, a un género el de una especie, o al contrario, a una cosa el de la materia de que está formada, etc., como en cien cabezas por cien reses, en los mortales por los seres humanos, en el acero por la espada, etc. (Diccionario de la RAE)

Hemos sostenido en varias oportunidades[1] el deterioro que ha significado para la sociedad argentina el diseño de políticas públicas como parches transitorios en lugar de cambios que, anticipándose a los problemas (de eso se trata, entre otras cosas, el “buen gobierno”) logren redefinir la política sectorial para hacerla más efectiva y sostenible.

Hoy se pueden escuchar y leer en medios masivos y redes sociales perentorios llamados a la necesidad de reformas estructurales relacionadas con diversas políticas públicas (previsión social, salud, educación, tributación, federalismo, por citar las más frecuentes). La primera evidencia, bastante lógica para quien siga estos temas, es la coincidencia sobre la necesidad de reformas conviviendo con una enorme disidencia en cuanto a los contenidos de cada propuesta. De hecho, muchas veces, los llamados a definir alguna de ellas como “Política de Estado” denota la imposibilidad del debate o, peor aún, la pretensión de imponer una visión particular como la única posible, evitando deliberadamente el debate necesario.

Plantar árboles para no ver el bosque

La segunda evidencia, tal vez más absurda, refiere a que estamos acostumbrados a evitar ese debate a partir de considerar aspectos muy parciales (y muchas veces accesorios) de la política como la propia reforma estructural que requiere el sector. De esta manera, se confunde a la población, se evita la reforma necesaria y se proponen cambios marginales que no tienen sentido si se plantean de manera aislada a la reformulación sectorial. Solo se trata de escapes cortoplacistas que pretenden definir el todo a partir de una de sus partes. Ejemplos de estas “reformas en modo sinécdoque” pueden ser tomar los cambios en la movilidad de los haberes como si fuera la reforma previsional; el ajuste de cuotas de prepagas o el recupero de costos en los hospitales públicos como una reforma del sistema de salud; considerar que la introducción de un impuesto de emergencia sobre las altas rentas es la reforma tributaria; el aumento de los salarios docentes como la reforma educativa; el congelamiento de algunos precios como la política antiinflacionaria; el cambio de jueces por una reforma judicial; la quita de fondos a una jurisdicción como una reforma del federalismo; un bono excepcional como la política social; un régimen promocional como política industrial…, y podemos seguir agregando ejemplos, que abundan en la Argentina.

Se trata de parches que evitan discutir los cambios profundos, donde necesariamente aparecerán ganadores y perdedores.

De ese listado, tal vez los que más atención han suscitado en los últimos meses han sido la movilidad previsional, el impuesto a las altas rentas y, en estos días, la llamada reforma de salud. En este caso, a falta de un debate serio y amplio, hay definiciones generales típicas de las redes sociales o las plataformas de los partidos que buscan evitar conflictos antes de cada elección (“se busca un sistema universal y equitativo”), temas coyunturales marginales a la reforma sectorial (“control sobre cuotas de las prepagas”) y un mundo en el medio donde predomina más la puja política (entre partidos o, mucho más frecuente, hacia el interior del gobierno de turno). En todo caso, se nota y angustia la falta de debates que integren la meta buscada, el diagnóstico sobre la situación de partida, la definición de ganadores y perdedores y, tal vez lo más importante, el sendero de cambios que contribuyan al objetivo deseado.

Parches que, como la cigarra, evitan el largo plazo

Más allá de esas certezas, se puede percibir en una parte importante de la sociedad una desconfianza de las políticas que priorizan el largo plazo. Entre muchos otros, confluyen en estas posiciones mucho oportunismo y factores culturales.

En este sentido, se percibe cierto rechazo al sacrificio por una parte importante de la sociedad. Existe en muchos sectores cierto menosprecio al lento trabajo que nos mejora día a día para consolidar sociedades más cohesionadas, basadas en políticas de desarrollo sustentables. En su lugar, se espera alguna solución mágica que (como sucedió varias veces en nuestra historia) nos permita evitar esos sacrificios. Se trata, en todo caso, de esperar la llegada de ese maná del cielo (o la mano de Dios) para “pasar el invierno”, nunca de ahorrar en el verano, como le explicaba la hormiga a la cigarra de Esopo.

A ello se debe sumar el comportamiento oportunista de sectores que entienden que los cambios necesarios podrían perjudicarlos al afectar ventajas logradas que consideran irrenunciables derechos adquiridos[2]. También hay que tener en cuenta el oportunismo cortoplacista de sectores de la política obsesionados por ganar elecciones a cualquier costo. Saben que es más fácil conseguir los votos en favor del presente y el pasado (los activos y los adultos) que los del futuro.

En una nota previa, donde señalábamos lo inconveniente que resulta la digestión de buñuelos fríos, mencionamos el fuerte sesgo de la política social hacia la población adulta (tanto en relación a la cobertura, el gasto público y la incidencia sobre la pobreza) que contrasta con la deficiencia en materia de política destinada a la población infantil y adolescente, que se manifiesta en niveles de pobreza e indigencia inaceptables, así como la baja calidad de la educación básica, atentando en contra de las posibilidades de desarrollo futuro y la formación de capital humano.

Tanto o más compleja es la trama de derechos adquiridos a lo largo de la historia como resultado de la sucesión de políticas económicas que han favorecido sectores que no han logrado un desarrollo tal que permita competir en el mercado internacional sin el permanente apoyo de alguno de los diversos mecanismos de protección económica. Con el argumento de la protección a la industria infante seguimos asistiendo a las industrias ancianas que no logran madurar.

Es así que las nuevas inversiones (muy exiguas, por otra parte) están dirigidas a los pocos sectores que quedan al margen de la incertidumbre propia del entorno macroeconómico argentino (recursos naturales), sectores que gozan de algún tipo de protección (directa o indirecta) y, como bien señaló Fernando Navajas en un reciente reportaje en el diario La Nación,  a sectores como la construcción, por ser una actividad que (merced a una particular función de producción) funciona como refugio de la inversión que debiera estar dirigida a otros sectores con mayor potencial de aportar al crecimiento en el largo plazo. Así, resulta muy difícil que el país pueda crecer, reducir la formalidad y seguir financiando el nivel de gasto público actual.

Es claro, entonces, que el rechazo de cada grupo a aceptar algún sacrificio presente para lograr un futuro mejor, bajo la excusa de que su propia mirada parcial es la única relevante hace imposible el debate y la construcción de consensos sobre las prioridades necesarias.

Frente a ese panorama desolador, el predominio de miradas parciales que, por lo general, responden a los sesgos e intereses propios de quienes las brindan, profundizan la decadencia instalada en nuestra sociedad.

Si no modificamos la forma en la que definimos las políticas seremos una sociedad cigarra que, por no aceptar ser hormiga, devino en cangrejo…

* Profesor Titular e Investigador del IIEP (UBA – CONICET).


[1] Por ejemplo, en esta nota de Alquimias Económicas sobre los parches en el sistema previsional y en otra, más reciente y amplia que escribimos junto a Javier Curcio y Andrés López. Para un mayor desarrollo del tema, véase Cetrángolo, O. “Política y Economía de la Política Fiscal” en C. Acuña (compilador) Dilemas del Estado Argentino. Política exterior, económica y de infraestructura en el siglo XXI, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2014.

[2] Siguiendo con los ejemplos vinculados con la posible reforma en el sistema de salud, la apropiación por parte de muchos afiliados a las obras sociales de sus aportes obligatorios a la seguridad social para ser utilizados como parte de pago de planes privados puede ser entendido como un derecho adquirido difícil de revertir.

¿Está maldito el granero?*

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Por Andrés López**

Recientemente el gobierno nacional dispuso el cierre de las exportaciones de maíz hasta el mes de marzo de 2021 con el objetivo supuesto de garantizar el abastecimiento del mercado interno. Ante las protestas del sector agropecuario, primero hubo una revisión parcial de la medida y finalmente se volvieron a liberar totalmente las exportaciones. En este contexto, una diputada nacional expresó en su cuenta de Twitter que “tenemos la maldición de exportar alimentos”, añadiendo que era necesario desacoplar los precios internos de los internacionales para proteger el poder de compra de los salarios domésticos.

No sabemos si voluntaria o involuntariamente, la diputada hizo referencia a un conocido debate en torno a la llamada “maldición de los recursos naturales” (resource curse), expresión que usó por primera vez, aparentemente, Richard Auty en un libro publicado en 1993 (aunque ya antes Alan Gelb había utilizado la expresión “curse” para referirse a los impactos de los shocks de precios que generan windfall profits en la industria petrolera). Mientras que Auty en su libro hablaba de las economías exportadoras de minerales, la tesis de la maldición se expandió hacia el conjunto de los recursos naturales a partir del influyente y discutido trabajo de Jeffrey Sachs y Andrew Warner de 1995, en el cual mostraban que había existido una relación negativa entre recursos naturales y crecimiento para un panel de países entre 1971 y 1989; en realidad, el título del paper era bastante engañoso, ya que hablaba de “natural resource abundance”, mientras que la variable explicativa que empleaban los autores era el ratio de exportaciones de recursos naturales sobre el PBI (que es, strictu sensu, una medida de la dependencia de una economía respecto de la exportación de recursos naturales, y no de la abundancia de estos últimos).

Luego de la publicación del paper Sachs-Warner, floreció una vasta literatura destinada a revisar sus hallazgos, potenciada en particular durante el superciclo de precios altos de los commodities iniciado en los primeros años del siglo. Existen varios surveys que revisan esta literatura[1], incluido uno que elaboramos hace unos años para un libro de la serie Progresos de la AAEP. En breve síntesis, la evidencia generada por numerosos estudios econométricos que analizan las relaciones entre recursos naturales y crecimiento no avalan la existencia de la “maldición”; no parece haber ninguna relación negativa entre la abundancia de recursos de un país y su nivel de ingresos o la tasa de crecimiento de su economía. Sí, en cambio, podría haber alguna evidencia a favor de que la dependencia de un país respecto de sus recursos naturales (que puede involucrar el canal exportador, pero también el fiscal) podría tener un impacto negativo sobre su potencial de desarrollo (en particular cuando hablamos de industrias extractivas).

Los posibles canales de esa relación negativa incluyen, entre otros, la volatilidad de precios de los commodities, los efectos (dañinos) de los recursos naturales sobre las instituciones y el manejo de la política económica, y el conocido fenómeno de la enfermedad holandesa. En cualquier caso, la evidencia tanto cuanti como cualitativa sugiere que buena parte de la diferencias nacionales en cuanto a la relación entre recursos naturales y desarrollo depende del manejo que hagan los países de dichos recursos, lo cual incluye, entre otros factores, la existencia de mecanismos que amortigüen los impactos de los shocks de precios sobre la economía local, así como el uso de los ingresos generados por los recursos naturales para potenciar la inversión en capital físico y humano y diversificar las estructuras productivas y exportadoras de los países respectivos.

Pero más allá de este debate teórico y empírico, tanto la medida adoptada por el gobierno como la expresión de la diputada nacional no resultan hechos aislados en la historia argentina. Por el contrario, la introducción de medidas que buscan restringir las exportaciones de productos agropecuarios o tratan de capturar parte de los ingresos extraordinarios que pueden emerger en momentos de altos precios internacionales o devaluaciones bruscas de la moneda local (las retenciones a la exportación buscan este último objetivo, además de acercar recursos rápidos al fisco en momentos de crisis) tiene una larga historia en nuestro país. La motivación de desacoplar precios internos y precios internacionales (o bien de evitar que los precios internos reflejen totalmente el shock positivo derivado de las devaluaciones o los aumentos de precios internacionales), con el fin de proteger el poder de compra de los consumidores locales siempre ha estado presente, al menos en el discurso, en los momentos en donde se han adoptado restricciones de precios o de cantidades en los mercados agropecuarios.

No vamos a discutir aquí la racionalidad ni los impactos de este tipo de instrumentos, algo que excede las intenciones de esta nota (y sobre lo cual hay muchos colegas que seguramente tienen mucho más que aportar que el autor). Más modestamente, hemos elaborado unos gráficos muy simples, que obviamente no prueban per se ninguna relación causal, buscando ilustrar la relación entre exportaciones de alimentos y niveles de ingreso de los países. Son tres gráficos, que respectivamente muestran la relación entre exportaciones totales de alimentos, exportaciones per cápita y share de exportaciones de alimentos en las exportaciones totales de bienes, contra el PBI per cápita de cada país medido en paridad de poder adquisitivo. Todas las cifras son de 2019. Las de exportaciones de alimentos provienen de UNCTAD (y cubren la categoría “food, basic” que usa dicho organismo, la cual incluye las secciones 0, 22 y 4 de la SITC –Standard International Trade Classification-) y las de PBI per cápita del Banco Mundial. La muestra incluye 145 países con datos para las variables respectivas (hemos excluido a los llamados estados pequeños o micro estados).

Estas relaciones simples parecen avalar (nuevamente, sin pretensión de generar una prueba rigurosa, sino de ilustrar con estadísticas básicas el fenómeno que estamos analizando), la idea de que mientras que la exportación de alimentos per se no parece estar correlacionada negativamente con el nivel de PBI per cápita de los países (si la relación parece ir hacia algún lado, es en sentido positivo, aunque, de nuevo, esta simple correlación no ofrece prueba suficiente), la dependencia de la exportación de dichos productos (esto es, el peso que los alimentos tienen en la canasta exportadora) podría tener una relación negativa con aquel indicador. En otras palabras, estamos en el mismo terreno que el que surge de la evidencia econométrica antes mencionada: no hay una maldición de los recursos naturales, pero las economías que dependen excesivamente de dichos recursos (en este caso alimentos) podrían verse afectadas negativamente por dicha dependencia.

Entonces, ¿prohibir la exportación de alimentos es una medida razonable para una economía como la argentina? En un contexto en el cual hay un amplio consenso respecto de la necesidad de elevar las exportaciones como un instrumento clave para promover el desarrollo del país (sea que usemos el argumento de la restricción externa, o pensemos que exportar puede ayudar al crecimiento vía ganancias de productividad u otros mecanismos), no parece lógico ir en contra de una fuente de exportaciones clave. En todo caso, la razonable preocupación por el ingreso real de los segmentos más vulnerables de la población puede ser atendida con otros instrumentos.

Pero si exportar alimentos no puede ser visto bajo ninguna luz razonable como una maldición per se para la Argentina, resta de todos modos la exigente agenda de avanzar hacia mayores niveles de diferenciación de dichas exportaciones y de diversificar la estructura exportadora local. Hay evidencia que sugiere que la Argentina tiene mucho para progresar en el primer objetivo (comparada con otros países exportadores de productos similares)[2], y también hay evidencia, a nivel internacional, que muestra que la diversificación exportadora puede ayudar al crecimiento (lo mismo vale para las ganancias de “calidad” de la canasta de exportaciones[3]). Pero estos objetivos están lejos de ser alcanzables mediante prohibiciones (las que de hecho conspiran directa o indirectamente contra aquellos), sino que requieren la adopción de políticas de desarrollo productivo y tecnológico que ayuden a remediar las fallas de mercado y de coordinación y otros factores que pueden bloquear la consecución de dichos objetivos. Sobre esto ya se ha hablado mucho en la literatura internacional y doméstica y no tenemos nada para agregar aquí, salvo que el tiempo pasa y la necesidad de abordar estos temas mediante políticas eficaces y sostenidas en el tiempo es cada vez más apremiante. Argentina/os, a las cosas y no a los mitos.

Y acá una playlist para acompañar la lectura

Relación entre PBI per cápita (PPA) y exportaciones de alimentos, 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD y Banco Mundial

Relación entre PBI per cápita (PPA) y exportaciones de alimentos per cápita, 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD y Banco Mundial.

Relación entre PBI per cápita (PPA) y participación de las exportaciones de alimentos en las exportaciones totales de bienes, 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD y Banco Mundial.

* El título se lo debo a la siempre fértil creatividad de mi colega Oscar Cetrángolo.

** IIEP, UBA-CONICET.


[1] Frankel, J. (2010). “The Natural Resource Curse: A Survey”.  Harvard Kennedy School; Van der Ploeg, F. (2010). “Natural Resources: Curse or Blessing?”. CESifo Working Paper No. 3125; 2)           Badeed, R., Lean H. y J. Clark (2017), “The Evolution of the Natural Resource Curse Thesis: A Critical Literature Survey”, Resources Policy, Volume 51, Marzo, pp 123-134

[2] Brambilla, I. y Porto, G. (2018). “Diagnóstico y visión de la inserción comercial argentina en el mundo”. Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, Volumen 58, N° 225, Septiembre-Diciembre.

[3] Henn, C., Papageorgiou, C., & Spatafora, N. (2013). Export Quality in Developing Countries. IMF Working Paper WP/13/108; International Monetary Fund. (2017). Cluster report: Trade integration in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C.: IMF Country Report No. 17/66; Lederman, D., & Maloney, W. F. (2008). In Search of the Missing Resource Curse. Economic Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association, 9(1), 1-57; Aditya, A., & Acharyya, R. (2011). Export diversification, composition, and economic growth: Evidence from cross-country analysis. The Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review, 22(7), 959-992.

¿Por qué envejecen las poblaciones?

Por Pablo Comelatto*

Es bien conocido que las poblaciones nacionales de muchos países (y la población mundial en su conjunto) están atravesando significativos cambios demográficos, con importantes repercusiones económicas. Éstas caen en una de dos categorías: 1) el dividendo o bono demográfico y 2) el envejecimiento. El primero genera expectativas favorables por su potencial para favorecer el desarrollo económico (aunque bastante ansiedad también, derivada de que, siendo un fenómeno pasajero, “¡no estamos haciendo lo suficiente para aprovecharlo antes de que se termine!”). El envejecimiento, en cambio, genera preocupación y hasta temor por las consecuencias de llegar a ser una sociedad y una economía con proporciones hasta ahora nunca vistas de adultos mayores (“¡Un tsunami gris!”). Es también conocido que estos procesos tienen que ver con la evolución de la fecundidad (o la natalidad, o la fertilidad, o bueno, algo de eso) y la mortalidad.

A continuación vamos a describir el pasaje entre dos configuraciones demográficas, una en el pasado (hasta hace algo más de 300 años) y la otra en un futuro al que todavía no llegamos pero ya avizoramos. Este pasaje consiste en la transformación de las poblaciones humanas (nacionales y la mundial en su conjunto), pasando de una configuración etaria joven y con bajo crecimiento, a otra configuración envejecida y también con bajo crecimiento (o incluso negativo). Además del cambio en la estructura etaria, el otro impacto significativo es el cambio en el tamaño de la población mundial, que en el transcurso de este viaje se multiplicará por 10. Conocemos a este proceso como transición demográfica y representa la transformación más extraordinaria de la población humana, transformación que fue posibilitada por, y fue también condición de posibilidad para, las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que definen al mundo contemporáneo.

A continuación vamos a presentar los mecanismos básicos por los que una baja de la fecundidad y la mortalidad dan origen al dividendo demográfico y al envejecimiento y trataremos de poner en una nueva perspectiva el fenómeno del envejecimiento. Sin desconocer los desafíos que el cambio demográfico supone, creo que un mejor entendimiento del origen y la naturaleza del mismo nos permitirá pensar mejor cómo convivir con el envejecimiento, viéndolo como lo que es, una resultante del progreso de la humanidad.

Fecundidad, mortalidad y ritmo de crecimiento

La ecuación básica de la demografía (conocida como ecuación compensadora) rige la evolución en el tiempo de un stock (de población), considerando los flujos (de nacimientos y defunciones) que afectan a ese stock.[a]  El número de nacimientos y de defunciones resultan de lo que podemos llamar “la fuerza” de la natalidad y la mortalidad, en tanto factores biológicos que determinan el comienzo y el final de la vida humana, no sin influencia de las presiones ambientales y las capacidades sociales para transformar el ambiente y adaptar la biología de la especie. La evolución humana es el largo desenvolvimiento de estas dos fuerzas que definen el tamaño y la estructura de la población. Aunque los determinantes inmediatos de la natalidad y la mortalidad son muy diferentes, en última instancia existe una interacción compleja entre la disponibilidad de recursos, la supervivencia individual y el ritmo al que nos reproducimos, individual y colectivamente.

La natalidad, en tanto fuerza que suma al tamaño de la población, resulta de la estructura etaria de la misma (cuántos individuos, especialmente mujeres, se encuentran en edades reproductivas) y del comportamiento reproductivo de los distintos grupos de edad. Éste último se mide mediante tasas específicas de fecundidad (por edad), que resultan en un indicador sintético llamado Tasa Global de Fecundidad (TGF), que estima el número promedio de hijos por mujer.[b]

La mortalidad, por su parte, es el resultado de la estructura etaria y de tasas de mortalidad específicas por edad. La esperanza de vida (al nacer) es un indicador sintético que mide la edad promedio a la que morirían los miembros de un grupo de individuos nacidos contemporáneamente (una cohorte de nacimiento, o generación, hipotética) si estuvieran expuestos a lo largo de toda la vida de la cohorte a las tasas de mortalidad específicas vigentes en un momento dado. El cálculo de la esperanza de vida está asociado al comportamiento de una curva de supervivencia que empieza con el total de miembros de la cohorte a la edad 0 y termina a la edad en la que muere el último miembro. Esta curva de supervivencia es una buena representación del nivel de la mortalidad en la población de que se trate, siendo la esperanza de vida al nacer proporcional al área debajo de esta curva de supervivencia: cuanto más alta la curva, más sobrevivientes de la cohorte llegan a cada edad y, por lo tanto, mayor es la esperanza de vida al nacer. La Figura 1 (modificada a partir de una presentada en Livi Bacci 1999)[c] muestra la curva de supervivencia para tres poblaciones con mortalidad baja, media y alta.

Figura 1-Curvas de supervivencia para 3 poblaciones (femeninas) históricas, con esperanzas de vida al nacer baja, media y alta.

El eje horizontal mide la edad (en años) y el eje vertical el número de sobrevivientes, empezando con mil nacidos (a la edad cero). La esperanza de vida correspondiente a cada curva está representada mediante e0.
Fuente: modificado a partir de Livi Bacci 1999, p. 27.

La Figura muestra, a través del desplazamiento de las sucesivas curvas hacia arriba a medida que pasa el tiempo (aunque se trata de poblaciones muy diferentes, podemos tomarlas como representativas de tres momentos en la historia de la humanidad), el progreso en términos de la baja de la mortalidad o, mejor aún, el aumento de la supervivencia.

Considerando que las tasas de fecundidad y la curva de supervivencia determinan en última instancia el número de nacimientos y defunciones, es fácil aceptar que conjuntamente determinan el ritmo de crecimiento de la población, que medimos mediante una tasa intrínseca de crecimiento natural (r, o también, r de Lotka). Esta tasa es un parámetro poblacional que toma valor r > 0 cuando los nacimientos superan a las defunciones, r < 0 en caso contrario, o r = 0 cuando nacimientos y defunciones están balanceados.

El caso r = 0 es especialmente interesante como umbral. Indica que la fecundidad se encuentra en lo que llamamos el “nivel de reemplazo generacional”. Este nivel de fecundidad de reemplazo debería ser, en principio, TGF = 2, de modo que cada par de progenitores “pague su deuda demográfica” (según la expresión de Livi Bacci), trayendo dos hijos al mundo que sobrevivan hasta completar su propia vida reproductiva. Aquí la mortalidad juega un rol que está limitado a su efecto en los años previos al fin de la etapa reproductiva de las mujeres[d]. En efecto, la mortalidad post-reproductiva, aunque relevante para la esperanza de vida, no juega ningún rol en el crecimiento intrínseco de la población. Si los individuos (especialmente las mujeres) sobreviven hasta completar su fecundidad, su supervivencia posterior no suma al crecimiento intrínseco de la población.[e], [f]

El caso r = 0, entonces, corresponde a una TGF de 2 hijos por mujer, que deber ser incrementado por un factor que tome en cuenta la mortalidad antes del final de la etapa reproductiva. En poblaciones con mortalidad relativamente baja, se toma una TGF = 2,1 como nivel de reemplazo, donde el decimal refleja que para pagar la deuda demográfica de 2 hijos que a su vez lleguen a completar su vida reproductiva, hay que tener en promedio un poco más de 2 hijos. Este factor será tanto más grande cuanto más alta sea la mortalidad antes del fin del período reproductivo.

La estructura etaria

La demografía formal muestra rigurosamente que cuando la TGF y la curva de supervivencia se mantienen constantes en el largo plazo la estructura etaria de la población se vuelve estable. Esto es, el tamaño relativo de los grupos de edad en una población estable permanece invariable.

Esto naturalmente nos conduce a la pregunta: ¿cómo es esa estructura etaria? ¿Qué tan joven, o envejecida, es? Sin entrar aquí en el desarrollo formal[g], podemos decir que una población estable tiene una estructura etaria intrínseca, determinada por el perfil de la curva de supervivencia. Si tomamos las curvas de la Figura 1 y las ponemos de costado, midiendo verticalmente hacia arriba la progresión desde la edad 0 en adelante ¡obtendremos las pirámides que esas poblaciones hubieran tenido en una configuración estable o sea, con tasas de fecundidad y supervivencia constantes! (Figura 2)

Figura 2 – Estructura etaria intrínseca de tres poblaciones a partir de las curvas de supervivencia para la población femenina.

El eje horizontal mide el número de individuos de cada sexo y el eje vertical la edad (en años). Para cada población, una curva es una copia en espejo de la otra (por no disponer de la verdadera curva para las respectivas poblaciones masculinas). La mitad izquierda, si se la gira 90 grados a la derecha, se corresponde exactamente con la Figura 1 más arriba. Fuente: elaboración propia a partir de la Figura 1.

Pero seguramente esas no son las verdaderas pirámides poblacionales de las respectivas poblaciones, porque la estructura etaria real es igual a la estructura intrínseca más el efecto de la tasa de crecimiento  si ésta es distinta de cero. En efecto, cuando una población crece (fruto de una fecundidad mayor a la de reemplazo), este crecimiento tiene un impacto que puede llegar a ser muy grande en la estructura etaria: en cada año se producen más nacimientos que en el anterior, por lo que la pirámide se ensancha por abajo; una r > 0 rejuvenece a la población.

Por el contrario, una r < 0 (fruto de una fecundidad menor a la de reemplazo) angosta la base de la pirámide y hace a la población más vieja. La estructura etaria sólo se corresponderá con el perfil de la curva de supervivencia (lo que llamamos antes la estructura etaria intrínseca) en el caso particular en que r = 0 (fecundidad exactamente en el nivel de reemplazo). Este último caso, un caso particular dentro de todas las posibles configuraciones de población estable, se conoce como población estacionaria.

Esta breve reseña acerca de la naturaleza de las poblaciones estables y estacionarias tiene el objeto de poner en el centro de nuestra atención los elementos centrales que la demografía aporta al economista interesado: el crecimiento de la población, su estructura etaria, y el rol que la fecundidad y la mortalidad juegan en su determinación. Sin embargo, la población mundial hoy y las poblaciones nacionales de cada uno de los países no son ejemplos de poblaciones estables. La población mundial y las nacionales están atravesando un proceso de transición desde una cierta configuración de población estable en el pasado hacia otra configuración estable, en un futuro al que todavía no hemos llegado pero que ya avizoramos. Este proceso de transición demográfica está en el origen de las esperanzas y las preocupaciones que los economistas depositan en la demografía hoy.

La transición demográfica

Por milenios, la población mundial estuvo en un régimen donde los (muchos) nacimientos se compensaban con las (muchas) defunciones, por lo que el ritmo de crecimiento poblacional era muy cercano a cero. La elevada natalidad era fruto de elevadas tasas de fecundidad (fruto a su vez de la falta de prácticas de control) y una estructura de edad con una alta proporción de individuos en edades fértiles. La elevada mortalidad, por su parte, era el resultado de altas tasas de mortalidad en todo el rango etario, pero particularmente elevada mortalidad infantil, debido fundamentalmente a la prevalencia de enfermedades infectocontagiosas y presiones ambientales que pudieran resultar en falta de alimentos o muertes violentas. En poblaciones con elevada mortalidad, la TGF de reemplazo es de más de 6 hijos por mujer. La curva de supervivencia de la Galia Cisalpina en la Figura 1 (correspondiente a una esperanza de vida de 20,7 años y una TGF de reemplazo igual a 6,8 hijos por mujer) es representativa de las condiciones prevalecientes durante milenios.

Durante todo este período, la población mundial tuvo una configuración estable, casi estacionaria. La fecundidad, aunque elevada, estaba en niveles próximos al nivel de reemplazo, pues la elevada mortalidad infantil hacía que el reemplazo generacional mantuviera un tamaño de población en edades reproductivas más o menos constante o apenas creciente. Así le tomó a la población mundial miles de años para llegar a los mil millones de individuos, población estimada en torno al año 1800. Livi Bacci estima la tasa de crecimiento prevaleciente durante milenios en 0,008 por ciento promedio anual[h] y que repuntó a un todavía magro 0,037 por ciento a partir de la difusión de la agricultura.

Hacia el año 1800 empieza la transformación demográfica más extraordinaria y de la que nosotros hoy aún somos parte: el proceso de transición desde esa configuración estable (con muy bajo crecimiento) en el pasado, hacia otra configuración estable, a la que aún no hemos terminado de llegar, caracterizada por bajas tasas de fecundidad y mortalidad. Esta transición demográfica es un fenómeno más o menos universal, aunque con ritmos dispares regionalmente, asociado con el pasaje de sociedades mayormente rurales-agrarias a sociedades predominantemente urbanas-industriales y de servicios. Consiste en el proceso de disminución de las tasas de mortalidad, primero, y de fecundidad, luego. La exposición anterior sobre los determinantes del crecimiento y la estructura poblacional nos sirven ahora para pensar los efectos de esta transición.

El desfasaje en la temporalidad de la disminución de las tasas dio lugar a un aumento explosivo de la tasa de crecimiento poblacional: las respectivas poblaciones nacionales experimentaron números de defunciones (regidos por la nueva, más baja, mortalidad) muy menores a los volúmenes de nacimientos (regidos aún por la elevada fecundidad pre-transicional). Este proceso, que comenzó en Europa occidental hacia fines del siglo XVIII y aún sigue su curso en el resto del mundo, concluirá con aproximadamente una población mundial equivalente a diez veces la población al inicio. En efecto, en algo más de 3 siglos la población mundial habrá pasado de aproximadamente mil millones de individuos hacia 1800 a un poco más de diez mil millones al final del presente siglo (según proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas). A la humanidad le tomó decenas de miles de años llegar a los primeros mil millones, pero sólo 300 años para llegar a los 10 mil millones. En el pico de crecimiento, en 1968, la tasa de crecimiento medio anual fue de 2,1 por ciento, o 260 veces más grande que el crecimiento medio prehistórico.

En la nueva configuración post-transición, la población retomará una configuración casi estacionaria, con niveles de fecundidad y mortalidad bajos. La tasa de crecimiento natural vuelve a su nivel intrínseco, el que no tuvo durante los 300 años que duró la transición. En esta nueva configuración estacionaria la estructura etaria está casi exclusivamente determinada por el perfil de la curva de supervivencia (no muy diferente de la curva para Japón en el año 2000, con una esperanza de vida de 83 años), mientras que el efecto del crecimiento pierde importancia a medida que se aproxima a cero (aunque puede volverse significativa en el sentido inverso si el crecimiento se vuelve negativo).

Para entender el efecto de la transición sobre la estructura etaria es conveniente distinguir:

  1. El mayor crecimiento durante la primera etapa rejuvenece a la población, lo que es contraintuitivo con el hecho de que estamos yendo hacia una distribución en la que los individuos sobreviven hasta edades mayores. En este sentido, la transición encierra una paradoja, en que para movernos a una estructura etaria envejecida tuvimos que pasar décadas (o incluso siglos) de alto crecimiento poblacional, lo que tuvo el efecto de rejuvenecer a la población.
  2. El punto de llegada de la transición es una pirámide envejecida, donde la estructura etaria intrínseca, marcada por una curva de alta supervivencia, aflora cuando el efecto del crecimiento deja de sentirse
  3. El efecto del envejecimiento post-transición puede verse reforzado en el caso en que la fecundidad caiga sostenidamente por debajo del nivel de reemplazo y, por lo tanto, el crecimiento intrínseco se vuelva negativo.

El mayor crecimiento durante la primera etapa rejuvenece a la población, lo que es contraintuitivo con el hecho de que estamos yendo hacia una distribución en la que los individuos sobreviven hasta edades mayores. En este sentido, la transición encierra una paradoja, en que para movernos a una estructura etaria envejecida tuvimos que pasar décadas (o incluso siglos) de alto crecimiento poblacional, lo que tuvo el efecto de rejuvenecer a la población.

Es preciso señalar, sin embargo, que la transición es irregular: la fecundidad ha conocido rebotes (por ejemplo, el baby boom del mundo industrializado en la segunda postguerra) y también ha habido retrocesos en cuanto a la mortalidad (por ejemplo, la epidemia del SIDA, particularmente en el África subsahariana, o el colapso de la Unión Soviética, produjeron caídas apreciables en la esperanza de vida de los países afectados; aún está por medirse el impacto final que la presente pandemia tendrá en la esperanza de vida, aunque es seguro que en los países más afectados quebrará una tendencia de décadas de progreso sostenido). Aunque en general tenemos una buena comprensión de las causas detrás de las caídas de la fecundidad y la mortalidad, el timing de las fluctuaciones ha sido difícil de predecir (y, a veces, incluso de explicar).

El dividendo y el envejecimiento

Es este estado dinámico de tasas cambiantes lo que da lugar al dividendo demográfico y el envejecimiento, que no existirían sin el cambio en la estructura de edad durante la transición y la nueva configuración posterior al fin de la transición.

En efecto, la última cohorte de nacimiento nacida antes de la caída de la fecundidad es la última cohorte grande que hay que alimentar, educar, vestir y cuidarle la salud durante la niñez. Nótese que en la primera etapa de la transición (la del crecimiento) cada nueva cohorte, al nacer, traía consigo el desafío de financiar el consumo y la inversión en el capital humano de un número creciente de niños. En un sentido, el comienzo de la transición demográfica, con sus elevadas tasas de crecimiento, había dado lugar a una especie de anti-dividendo: cohortes de niños cada vez más grandes requerían una permanente expansión de la infraestructura y los gastos asociados al cuidado y la crianza de esos niños. El crecimiento inicial postpuso el envejecimiento, al precio de tener que invertir en el capital humano de cohortes cada vez más grandes. Sólo cuando baja la fecundidad baja la necesidad de hacer esta inversión y se abre lo que algunos llaman una ventana de oportunidad demográfica.

Más precisamente, esta ventana se abre cuando la última cohorte grande llega a la edad de entrar al mercado de trabajo, porque ya no hay que invertir en tantos niños y la cohorte todavía no envejeció. La ventana permanece abierta el tiempo que esta última cohorte demore en retirarse del mercado de trabajo. El dividendo demográfico es la realización de esta oportunidad que la demografía nos brinda, pero requiere que la demografía sea acompañada por un mercado de trabajo robusto y una importante inversión en la formación de capital fijo. Una vez que la cohorte se retira, la ventana de oportunidad demográfica se cierra y empieza oficialmente la etapa del envejecimiento.

Nótese que “entrada” y “salida” del mercado de trabajo, y las edades asociadas con ellas, no son eventos demográficos (tampoco el cuánto se invierte en la crianza de los niños es una constante biológicamente determinada). Hoy usamos umbrales etarios específicos para el pasaje de una etapa a otra: típicamente 15 años para el comienzo de la etapa laboral, y 65 años (o 60) para el retiro, que asociamos con el comienzo de la vejez, y con una percepción de la pérdida de capacidad cognitiva y física para el desarrollo de actividades productivas.

Sin embargo, desde el punto de vista del envejecimiento individual, estas edades exactas no son umbrales biológicos de envejecimiento. No pasa nada especialmente significativo el día puntual en que celebramos nuestro cumpleaños 65 y por lo tanto medir el envejecimiento demográfico como el aumento de la proporción de individuos 65+ no es un indicador exacto. Este número es institucional, en el sentido de que está imbuido típicamente en los esquemas específicos de transferencias hacia los adultos mayores (los sistemas previsionales). Pero el pasaje de una etapa a otra es gradual y no es simultáneo para todos los individuos. La curva de supervivencia no sabe nada de roles socioeconómicos, perfiles de ingresos, o tasas de participación económica.

Una cuestión aún abierta es si los años de vida ganados son años sanos, empujando hacia adelante el inicio del deterioro físico y cognitivo o si, por el contrario, estamos prolongando los años de dependencia económica. En términos de la curva de supervivencia, la cuestión es si ésta está subiendo, “comprimiéndose contra el techo” del gráfico, o si se está estirando hacia la derecha, “alargando” la supervivencia de los que ya eran los más longevos originalmente. Aunque la esperanza de vida sube en ambos casos, la cuestión hace a la dispersión de la edad al fallecimiento de los miembros de la cohorte: una compresión hacia arriba significa que la dispersión se reduce, y todo los individuos mueren a una edad más homogénea (y en promedio más tardía). Una expansión hacia la derecha, en cambio, aumenta la dispersión, con algunos individuos que mueren a edades cada vez más tardías, mientras otros siguen muriendo a edades relativamente tempranas.

El progreso de la medicina y de las condiciones de vida en el siglo XX tuvieron el efecto de mover la curva en el sentido de la compresión, al evitar causas de muerte temprana y agregando años de vida saludables, en plena etapa laboral. La expansión de la curva hacia la derecha, en cambio, evita causas de muerte a edades avanzadas pero esas afecciones (ahora con menor letalidad) pueden dejar secuelas y, en cualquier caso, son años de vida ganados al final del ciclo de vida en edades de baja o nula actividad económica o productividad. Aquí no vamos a desarrollar los cambios en las causas de muerte, ni el origen en las disparidades en la edad de fallecimiento; sin embargo debemos mencionar que avances en la tecnología médica y la desigualdad en el acceso a estas tecnologías de alto costo, pueden tener el efecto de expandir la curva hacia la derecha, profundizando las disparidades y dando sustento a las preocupaciones por un envejecimiento más difícil de sostener.

Cómo no “solucionar” el envejecimiento y cómo convivir con él

¿Corresponde la nueva configuración etaria a la de una población estacionaria (o sea con crecimiento intrínseco nulo) o se mantendrán y profundizarán las tendencias al crecimiento negativo como ya vemos en ciertos países con fecundidad por debajo del nivel de reemplazo (Japón, Italia, España, entre otros)? Todo depende de en qué nivel se estabilice la fecundidad, y la realidad es que no disponemos de antecedentes históricos para saber cómo reaccionan las sociedades después de períodos largos de baja fecundidad. ¿Se estabilizará en los actuales niveles? ¿Habrá un rebote y volverá al nivel de reemplazo, o incluso subirá por encima de éste?

La preocupación que genera el envejecimiento ha llevado a proponer políticas para incentivar una mayor fecundidad en los países en que la TGF cayó debajo del umbral de 2,1 hijos por mujer. Traer a la fecundidad de vuelta al nivel de reemplazo puede moderar el envejecimiento, al detener la caída del tamaño de las nuevas cohortes. Por otra parte, apuntar a llevar a la TGF por encima del nivel de reemplazo (suponiendo que fuera posible cambiar las preferencias individuales en ese sentido) supone apostar al crecimiento poblacional para “resolver” el problema del envejecimiento. [i] Equivale a patear el problema para adelante. La población rejuvenece por el efecto del aumento del tamaño de las cohortes, pero no cambia el hecho de que la estructura etaria intrínseca es la de la curva de supervivencia. Salvo que apostemos al crecimiento perpetuo (que inevitablemente en algún momento va a chocar contra el techo de la capacidad del planeta para sustentarnos, amén de que vamos a tener que volver a invertir en el capital humano de cada vez más niños), tarde o temprano vamos a tener que coexistir con la (auspiciosa) realidad de tener una curva de supervivencia muy elevada.

El proceso de cambio de la estructura etaria es resultado del progreso en la reducción del impacto o la eliminación directa de causas de muerte que mantuvieron por siglos la curva de supervivencia en niveles tan bajos. Es también el resultado del control por parte de las familias, pero más fundamentalmente de las mujeres, de su propia fecundidad. Ambos procesos están inextricablemente unidos, en una relación de ida y vuelta, con el desarrollo económico. Estamos acostumbrados a pensar que la configuración envejecida es problemática porque pensamos en términos de los roles por edad que fueron forjados durante siglos de poblaciones rejuvenecidas a fuerza de alta mortalidad o, más recientemente, a fuerza de elevado crecimiento. Pero aquellos roles pueden cambiar, y están cambiando. El envejecimiento saludable agrega años productivos debajo de la curva de supervivencia y es una contribución directa al sostenimiento de la población, en tanto adecuemos nuestras instituciones (incluido el mercado de trabajo) a esta realidad.

Esta adecuación por supuesto no es sencilla, amén de que está por verse si en el futuro el aumento en la esperanza de vida será motorizado por un movimiento de compresión o de expansión de la curva de supervivencia, es decir, en última instancia, si reflejará un menor o mayor diferencial en el acceso a las mejoras médicas y en las condiciones de vida. Los países en desarrollo tienen todavía camino por recorrer en términos de reducir disparidades, lo que nos permite abrigar esperanzas de que el envejecimiento durante las próximas décadas aún sea saludable.

* Investigador del Centro de Estudios de Población-CENEP. Docente de UNAJ y FCE-UBA.


[a] Para los fines expositivos de esta nota suponemos, como muchas veces lo hace la demografía formal, que la población es cerrada, o sea que no hay flujos migratorios.

[b] Nota curiosa: los términos “fecundidad” y “fertilidad” tienen el significado invertido con respecto a los términos del inglés “fecundity” y “fertility”. Así, la referida Tasa Global de Fecundidad es, en inglés, la Total Fertility Rate. Dado que lo que la TGF (o TFR en inglés) trata de medir es qué tan fecundas (en el sentido de prolíficas) son las mujeres, y no si son biológicamente capaces de concebir (si son fértiles), el uso en español parece más adecuado.

[c] Livi Bacci, Massimo, Historia mínima de la población mundial. Barcelona: Ariel, 1999.

[d] Típicamente el reemplazo generacional se modela para poblaciones de un solo sexo -mujeres- y las proyecciones para la población total se obtienen a partir de multiplicar por un factor que refleja la razón de hombres y mujeres al nacer, más la mortalidad diferencial a medida que mujeres y hombres envejecen. Por esta razón la Figura 1 presenta las curvas de supervivencia sólo para la población femenina.

[e] Para citar una frase favorita de los demógrafos y que refleja que, salvo que alcancemos la inmortalidad, es poco lo que la baja de la mortalidad puede hacer para el crecimiento intrínseco de la población: “Todos nos morimos. Todos nos morimos una sola vez”.

[f] Esta afirmación debe ser moderada: la sobrevivencia posterior puede ser importante para el crecimiento indirectamente, en la medida en que los cuidados parentales contribuyen a la sobrevivencia de los niños. El caso extremo de este razonamiento es la “grandmother hypothesis”, que extiende la importancia de los cuidados a los brindados por las abuelas a los nietos.

[g] Al interesado podemos referirlo a Wachter, K., Essential Demographic Methods, Cambridge: Harvard University Press, 2014.

[h] Esto significa que por cada 100.000 habitantes se agregan en promedio 8 individuos por año. Contrástese con la tasa de crecimiento de la población mundial en 1968, cuando por cada 100.000 habitantes se agregaron en el año 2.070 individuos.

[i] Hasta aquí hemos estado pensando en el crecimiento natural de la población. Hay quienes ven en las migraciones un paliativo, sino directamente un remedio, para el proceso de envejecimiento. Sin embargo, las migraciones también suponen apostar al crecimiento, pues el aporte migratorio se suma al crecimiento natural.

El banquero central que soñó con ser Maradona

Alquimias Económicas se suma modestamente a los homenajes que en todo el mundo se hacen a una figura que, como señala Daniel Heymann en el título de la siguiente nota, despertó los sueños incluso de circunspectos banqueros centrales, como lo muestra el discurso de Mervyn King que se puede leer en este link  (a propósito, para los interesados, Alquimias publicó hace algunos meses un comentario de Ricardo Carciofi sobre un reciente libro de King acerca del tema de la incertidumbre). Entonces, aquí va, de Fiorito a la política monetaria, por nuestro número 10, Daniel Heymann.

Por Daniel Heymann

Se fue Maradona, Diego Armando, D10S. Hay para elegir. El pibe que la rompía en el barrio, el que tomaba el colectivo para jugar con los Cebollitas, con unos 200 partidos invictos; el que hacía jueguitos de lujo en los entretiempos en Paternal, el que lideró la revancha histórica del Mezzogiorno (me quiero olvidar entretanto del que gambeteó a Fillol), el de la mano sobrenatural y el gol de otro planeta, el que salió de la cancha en USA de la mano de la enfermera, el que se cayó y estuvo cerca de irse al otro lado, y resucitó; el que hace unas noches se quedó. Siempre en grande, a lo Diego. El que nos daba carta de presentación en el mundo, con sus más y sus menos: ¡Argentina: Maradona!  

Muchos, aquí y afuera, seguramente han fantaseado con sentirse Maradona en sus momentos cumbre. Aunque sea como pálido reflejo, se entiende que para los comunes mortales pueda ser tentador imaginarse la sensación de levantar la Copa o de haber hecho el gol o el pase decisivo. Cuesta más creerlo tratándose de banqueros centrales ingleses. Pero estamos hablando del 10, nada menos.

Mervyn King, tras su ennoblecimiento, es hoy Lord King of Lothbury. Se lo conoce (Wikipedia dixit) como simpatizante del Aston Villa. Luego de tener actividad académica, entre 2003 y 2013 se desempeñó como Gobernador del Banco de Inglaterra. Un par de años después de asumir ese cargo hizo una exposición, que tuvo difusión en el ambiente macroeconómico y hoy se ha vuelto viral, sobre su experiencia de gestión hacia entonces. El tono general de la charla fue prudente y equilibrado, con una clara señalización de las profundas incertidumbres que rodean a las decisiones económicas y específicamente a la práctica de la política económica (cuestión que trató extensamente en un interesante libro publicado hace unos meses).

En todo caso, eran épocas de “Gran Moderación”, donde las economías centrales crecían sostenidamente en un contexto de baja inflación y fuertes subas en los precios de activos. Imperaba entonces la “doctrina Greenspan”, que desalentaba la intromisión de la política monetaria para frenar posibles sobre- expansiones financieras. No por primera vez, economistas prominentes anunciaban la conquista del ciclo económico.

El tema que ocupaba a King era la regulación de la tasa de interés para implementar un esquema de metas de inflación. King negaba la presunción, común en esos tiempos, de que el análisis macroeconómico convencional había madurado al punto de permitir la aplicación de una “ciencia de la política monetaria” (por contraste con el viejo “Arte del Banco Central”). Su presentación enfatizaba el carácter no estacionario de los procesos macroeconómicos, y la variabilidad de las teorías y modelos influyentes en la materia.  Pero ciertamente se sentía cómodo con la forma en que venía operando la política a su cargo, uno de cuyos pilares era el reconocimiento del gran peso de las expectativas en la determinación de las conductas sobre las que se trataba de influir. Por ahí asomaba El Diego.

King no se privó de una queja por el primer gol del histórico partido. Era natural. Pero su referencia vívida, y admirativa, estaba en la magia del segundo, del que tenía una visión particular: la de una larga carrera en línea recta, donde el delantero no gambeteaba a los contrarios, sino que los llevaba a apartarse, como si le estuvieran abriendo el paso. Sea como eso haya sido en la cancha, el corolario de política económica era la “teoría maradoniana” de la tasa de interés, tal que el banco central operaría, no a través del efecto directo de cambios en sus instrumentos, sino vía inducción de expectativas. Maravilloso nuevo mundo, donde el público cumple los deseos de la autoridad sin que ésta actúe.

Pero pronto sobrevino la crisis, con su abrupto final de aquellas esperanzas. De cualquier modo, vale la pena leer el documento maradoniano aquí adjunto, especialmente por la prevención acerca de las pretensiones de certeza, aunque fuera probabilística, en el campo macroeconómico. En cuanto a la relevancia del 10 para la política económica, especialmente aquí cerca de casa, puede ser pertinente la respuesta de Maradona a la pregunta de Charly García sobre el título que le pondría al gol famoso: “¡Miré al arco y esquivé patadas!”