El debate sobre el financiamiento de las Obras Sociales

Innovaciones esenciales en infraestructura para el hospital de hoy

Por Oscar Cetrángolo* y Ariela Goldschmit**

En los últimos días se conocieron las demandas de los sindicatos por incrementar las alícuotas de aportes y contribuciones para el financiamiento de las obras sociales. Varios medios se hicieron eco de ese reclamo y de las medidas que se estarían analizando. No es una novedad este tipo de pedido por parte de las obras sociales y los sindicatos. Es una situación bastante repetida que ante crisis macroeconómicas que incluyen tipo de cambio alto y caídas en los ingresos laborales y en el empleo, los sistemas de salud con financiamiento contributivo enfrenten problemas de solvencia. Es claro que esos problemas de solvencia coinciden con el agravamiento de la situación fiscal y la caída de ingresos de los hogares.

La novedad actual reside en que la pandemia ha abierto una discusión más general y coloca en la agenda política temas de salud que no tenían presencia significativa hasta entonces e invita a discutir los cambios que requiere el sistema.

Estas líneas se proponen presentar algunos argumentos acerca del financiamiento disponible en el sector y evaluar si resultan suficientes o no para brindar la cobertura obligatoria exigida por Ley. Asimismo se indagará si es razonable pensar la reforma únicamente en la dirección del incremento de aportes y contribuciones o si se trata de una oportunidad para repensar la fragmentación del sistema y debatir en profundidad el conjunto de prestaciones aseguradas. 

Un sistema con derechos fragmentados

Como parte de un sistema con derechos fragmentados a la cobertura de salud en función de los ingresos de las personas y el lugar de residencia, tema desarrollado en notas previas de Alquimias Económicas[1] y documentos publicados en el IIEP-FCE-UBA[2], principalmente, las instituciones de la seguridad social conforman una porción importante, tanto en términos de recursos involucrados como de población cubierta. Estas instituciones son responsables del 41,5% del gasto corriente que se realiza en el país, equivalente a 3,9% del PIB. De allí se puede colegir que el total de gasto corriente en salud alcanza 9.4% del PIB (Secretaría de Gobierno de Salud, 2019), una magnitud nada despreciable, si se lo compara con el gasto de otros países, no sólo de la región (Cetrángolo y Goldschmit, 2020)[3].

En el gráfico 1 se puede apreciar que el gasto total en salud como proporción al PIB[4] es muy superior al promedio de América Latina y similar al de países europeos. No obstante, en éstos el gasto privado es algo menor y el componente público y de seguridad social no presenta la fragmentación e inequidades propias del caso argentino.

Gráfico 1: Nivel y estructura del gasto en salud en Argentina, América Latina y Europa. 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OMS y Secretaría de Gobierno de Salud (2019).

El gasto en seguridad social en Argentina es llevado a cabo por tres tipos de instituciones. Las Obras Sociales Nacionales son las predominantes, con un gasto equivalente a 2,0% del PIB. El resto está a cargo de las obras sociales provinciales (destinadas a atender a los trabajadores de los sectores públicos de las provincias y CABA), obras sociales no reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud que cubren al Poder Judicial, fuerzas armadas y de seguridad, docentes y personal del Congreso, entre otros, y el PAMI, que cubre a los mayores.

Las Obras Sociales Nacionales  brindan cobertura al personal del sector privado formal y del sector público nacional, así como a sus respectivos grupos familiares, trabajadores independientes (monotributistas) y personal de casas particulares. Ello involucra a 35% de la población total del país (Secretaría de Gobierno de Salud, 2019)[5]. Este segmento se encuentra regulado por las Leyes Nº 23.660 y 23.661 de 1989 y sus modificatorias, bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud.[6]

¿Cómo se financian las obras sociales?

En términos de financiamiento, esas leyes definieron una contribución por parte del empleador de 6% de la remuneración y un aporte a cargo personal del empleado del 3%, fijando que entre un 10% y 20% de los aportes y contribuciones (según se trate de obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios o de obras sociales sindicales) se destine a financiar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), creado unos años antes con el objeto de atender los gastos administrativos y de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud, subsidiar a las Obras Sociales de menores ingresos promedio por beneficiario y otorgar reintegros a las obras sociales por los tratamientos de alto costo a través del Sistema Único de Reintegros (SUR).

El Decreto 486/2002 modificó la Ley 23.660 y estableció que los aportes al FSR varíen tomando como referencia un nivel de remuneraciones brutas mensuales de hasta $ 1.000 y según la naturaleza de las distintas obras sociales, sean de Dirección o Sindicales. De este modo define un aporte de las obras sociales sindicales de 10% o 15% según el ingreso bruto mensual del trabajador se encuentre por debajo de los mil pesos bruto, y cuando se trate de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, de 15% o 20%. No obstante, más allá de lo razonable de esa reforma, la falta de actualización de ese monto por inflación ha significado, en la práctica, la vuelta a un criterio de diferenciación por tipo institucional y no por nivel de ingresos de los trabajadores[7].

Luego de dos décadas donde los trabajadores estaban obligados por ley a dirigir sus aportes a la obra social correspondiente al gremio de su actividad (período conocido como de “población cautiva con solidaridad intra-rama”), en el año 1993 el Decreto 9 habilitó la libre elección de Obras Sociales permitiendo que cada trabajador dirija la totalidad de su aporte menos la porción destinada al FSR a la obra social de su elección, comenzando el período de “descreme” de las instituciones a partir de la competencia por los menores riesgos de afiliados con mayor nivel de ingreso. El proceso sería profundizado cuando se desarrollaron mecanismos para derivar los aportes obligatorios a la seguridad social como parte de pago de cuotas a la medicina privada.

Con el objeto de asegurar un nivel mínimo de prestaciones frente a ese descreme se estableció la obligación por parte de cada entidad de brindar un conjunto de prestaciones básicas denominado Programa Médico Obligatorio (PMO). Más aún, para hacer viable el descreme y selección adversa se había establecido que si el aporte por afiliado fuera menor al costo de ese programa, la diferencia sería compensada con el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO) con fondos del FSR.

Luego de esos inicios como paquete de servicios “mínimos” asegurados, a la creciente desigualdad que involucró su creación se le sumó el problema de sostenibilidad financiera al incorporar, con el correr de los años, patologías específicas a partir de la sanción de diversas leyes. Entre otras leyes podemos mencionar la Ley 26.689 de enfermedades poco frecuentes, Ley 26.743 de Identidad de Género, Ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, Ley 26.872 de patología mamaria y, más recientemente, la Ley 27.552 de fibrosis quística.

En los hechos se termina configurando un listado amplio y extenso de múltiples servicios, prestaciones, prácticas y medicamentos a cubrir y sin criterios claros de priorización en la asignación de los mismos. Abordar un proceso para detectar y tratar una enfermedad dentro del sistema sin una visión holística de los recursos y problemas que se dejan de atender por esa priorización va en contra absoluta de un sistema de salud equilibrado y justo (Gonzalez García, 2020)[8].

En síntesis, la combinación de diferenciación de coberturas por nivel de ingresos (práctica muy discutible y poco habitual en un sistema de seguro social de salud) y el incremento de servicios incluidos en el PMO, sumado a las condiciones especiales del momento, han derivado en el incremento de las dificultades financieras en las obras sociales.

¿Son suficientes los recursos disponibles?

Con el objeto de acercar una idea sobre la brecha entre costos y financiamiento de las Obras Sociales Nacionales, se presenta, en el grafico 2, información proveniente de AFIP para 2019 y datos de la estimación del costo del PMO realizada por Prosanity-Universidad ISalud[9] para julio de ese mismo año. [10]

Gráfico 2: Evolución de los recursos totales mensuales per cápita de las obras sociales nacionales (incluye FSR) y costo estimado del PMO durante 2019. En pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de AFIP y Prosanity-Universidad ISalud

La comparación de ingresos totales de las obras sociales (incluyendo los recursos del FSR) con la estimación del costo del PMO brinda una noción de los desajustes que presenta el sistema de Obras Sociales Nacionales. La estimación del costo del PMO realizada para el mes de julio de 2019 asciende a $1.834. No obstante, esa noción de los desajustes resulta ser muy preliminar e incompleta por una variedad de circunstancias. Entre ellas, se puede mencionar, en primer lugar, que el dato presentado refleja el promedio del sistema, existiendo una gran proporción de Obras Sociales con cápitas promedio inferiores, por debajo del costo del PMO[11]. Ello se muestra en el cuadro que sigue para un grupo de obras sociales. Allí queda en evidencia la disparidad de recursos al interior del sistema de Obras Sociales.

Cuadro 1: Recursos per cápita para un grupo de obras sociales nacionales (incluye FSR)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de AFIP

En segundo lugar, algunas entidades, se destacan por poseer cápitas altas ya que actúan como intermediarias para transferir recursos a las entidades de medicina prepaga. En los casos donde las entidades han sufrido el descreme por la derivación de los aportes de mayor magnitud, el promedio ajustado de los remanentes es aún menor y los consignados en el cuadro pueden dar una imagen aún más optimista que la real. En tercer lugar, esos aportes son, asimismo, promedio de diferentes riesgos. La situación de cada entidad también dependerá de la edad, sexo y características específicas del estado de salud de la población cubierta.

En suma, resulta evidente que los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales si bien en su conjunto alcanzan una gran magnitud, no necesariamente resultan suficientes considerados como contribución de cada individuo. Siendo ésta una consideración de suma obviedad que forma parte de los basamentos de la necesaria mancomunación de riesgos en la cobertura de la salud y habiendo justificado la construcción de seguros de salud, resulta inexplicable que el sistema argentino mantenga su derrotero en sentido contrario.

Adicionalmente, teniendo en cuenta los problemas que enfrenta el país en el funcionamiento de su economía, la desigualdad social, informalidad en el mercado de trabajo y una gran proporción de hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza resulta indispensable definir prioridades en las políticas públicas y su financiamiento. Más aún teniendo en consideración la situación de pandemia por COVID-19 que se está viviendo[12]. En ese contexto, el incremento del financiamiento mediante contribuciones sobre el salario para mejorar la situación de los que tienen seguros de salud puede significar un incremento de la fragmentación de derechos frente a los sectores más necesitados y de menores ingresos.

En cambio, creemos que resultaría más conveniente redistribuir los recursos existentes dentro del sector, eliminando el citado “descreme” y asegurando una cobertura y acceso universales y homogéneos, con diferenciación de cápitas por riesgo y no por ingresos[13]. En cambio, los recursos adicionales, si existieran, debieran concentrarse en el fortalecimiento de la atención primaria y la cobertura de los que no tienen seguros, reduciendo las brechas territoriales en un sistema descentralizado. Debe enfatizarse, tal como se muestra en el gráfico 1, que los recursos totales que Argentina destina al financiamiento de la salud resultan significativos y los avances deben ir en dirección a mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación de los mismos. Para ello será necesario redistribuir el gasto total en salud para reducir la necesidad de los gastos de bolsillo, eliminar la múltiple cobertura y la discriminación por ingresos en la cobertura asegurada por las políticas públicas.

Por último, tal como se ha mencionado, resulta imperativo avanzar en la discusión de un PMO, racional y de amplio acceso, acorde a los recursos disponibles para su financiamiento y conforme a los protocolos médicos reconocidos por la autoridad competente. Ello implicará la búsqueda de importantes consensos con las agrupaciones de pacientes, corporaciones médicas, industria farmaceútica y otros grupos de interés en juego, pero en todo caso debe primar la visión social por sobre la atención individual. Se trata de considerar cada reforma específica como parte de un sendero de reformas que debieran tener como meta de largo plazo el aseguramiento de la totalidad de la población con los mismos derechos garantizados.

* Profesor Titular e Investigador del IIEP (UBA – CONICET).

**Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA;  Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-Baires).


[1] En especial los senderos de reforma sectorialla situación de las obras sociales sindicales, la Cobertura Universal en Salud y las desigualdades de cobertura y acceso.

[2] http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/506; http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/449;

http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/447

[3] Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2020), Federalismo y fragmentación de derechos en el sistema de salud argentino, mimeo.

[4] La comparación del gasto en porcentaje del PIB oculta las diferencias de tamaño de las economías. Ello no sería un problema grave si el gasto fuese predominantemente salarial, ya que reflejaría equivalentes asignaciones de horas de trabajo. En cambio, las brechas aparecen disimuladas en relación con el componente de bienes y servicios con precios internacionales uniformes en dólares.

[5] Secretaría de Gobierno de Salud (2019), ¿Cuánto gasta Argentina en Salud?, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001756cnt-cuanto-gasta-argentina-en-salud.pdf

[6] Una reciente publicación de Rubén Torres, Natalia Jorgensen y Manuela Robba actualiza el diagnóstico sobre este subsector con información muy valiosa: “Mitos y realidades de las Obras Sociales”, Ediciones Universidad ISALUD, Buenos Aires, 2020.

[7] A su vez, la falta de actualización de los valores de las cápitas fue uno de los factores por la que se generaron excedentes que dieron lugar a la creación de diferentes fondos, diferentes al SANO, como se explicó en una nota previa en este mismo blog. Allí se explica la distribución a los fondos SUR, SUMA, SUMA 70 y SUMARTE.

[8] González García, G. (2020), Carta del Ministro de Salud de la Nación al Sr. Fiad, Presidente de la Comisión de Salud HSN.

[9] Prosanity-Universidad Isalud (2019), PMO 2019 · Estimacion del Gasto Necesario para garantizar la cobertura. http://www.prosanity.com.ar/documentos/PMO2019_cerrado.pdf

[10] Prosanity-Universidad ISalud realizan una estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura del PMO considerando las tasas o indicadores de uso y los precios de mercado de las distintas prestaciones que lo componen para una población activa y urbana entre 0 y 65 años de edad. Para ello se releva información sobre las prestaciones incorporadas al PMO en diferentes Obras Sociales Sindicales, prestadores de servicios para esas instituciones, cámaras de diagnóstico y tratamiento, administradoras y  mandatarias, entre otros.

[11] Para los casos de beneficiarios que perciben SANO según los valores de la última matriz de ajuste por riesgo (Resolución 3368/19 de la SSSalud) para la franja de mujeres de 15 a 64 años este subsidio ($834,04) cubre sólo el 45% del costo del PMO.

[12] En notas recientes publicadas en Alquimias Económicas analizamos puntualmente aspectos vinculados a la pandemia por COVID y el sistema de salud: El sistema de salud argentino, antes, durante y después de la pandemia COVID-19 y Pandemia: ¿Oportunidad o resignación?

[13] En varios meses de la pandemia se incorporaron apoyos financieros destinados a paliar la pérdida de recursos de las entidades (en mayo se giraron $1.279 millones; en junio $1.276 millones; en julio $821 millones de pesos; en agosto $125 millones, y en septiembre $502 millones) pero dicha distribución no apuntó a redistribuir recursos dentro del sector sino a sostener los niveles de ingresos de las distintas entidades con relación al mes de Marzo de 2020, manteniendo las brechas de recursos existente al interior del sistema.

Incertidumbre y narrativas en economía

Por Ricardo Carciofi*

Motivado un poco por la curiosidad y otro tanto por una sugerencia, días atrás tropecé con “Radical Uncertainty”, un libro co-autorado por John Kay y Mervyn King. Mi renovado interés por el alcance del concepto de incertidumbre había comenzado en marzo. La instalación firme de la pandemia y de sus tremendas capacidades destructivas sobre la vida humana y el funcionamiento de la sociedad y la economía, me recordó la conveniencia de repasar algunas viejas lecturas e incorporar otras nuevas. Hice un esfuerzo, pero no progresé más allá de intentos fragmentarios y poco sistemáticos. De cualquier forma, eran suficientes para denotar la complejidad de la cuestión y que la tarea requería más tiempo y paciencia. Pero he aquí que me llegó una recomendación de tono ciertamente impersonal. Buscando otro material en la web, por alguna razón el algoritmo de Google me alertó sobre la existencia del libro de Kay y King. Decidí entonces adentrarme en el contenido.

De partida hubo dos datos que me llamaron la atención. El primero se refiere a los autores. El perfil de ambos combina sólida formación y carreras donde se alternan el claustro universitario con la práctica profesional. John Kay es economista, pasó varios años en la docencia universitaria en Oxford, es columnista regular del Financial Times, además de haber publicado varios trabajos académicos. Mervyn King, también con trayectoria en la academia inglesa y estadounidense, ha sido Gobernador del Banco de Inglaterra desde 2003 al 2013. Como tal, supuse entonces que había estado en una silla difícil durante la Gran Recesión de 2008-2009. En particular, imaginé que el texto haría alguna referencia a la visita de la Reina a la LSE y el relato de aquella pregunta matizada con tono de queja acerca de cómo era que académicos de trayectorias brillantes no habían podido anticipar la crisis. Efectivamente este tema se aborda en el libro. El segundo dato que observé fue la fecha de publicación del texto: 2020. Asumí entonces que sería una indagación sistemática respecto de cómo la pandemia ponía de manifiesto grados de extrema incertidumbre. En esto me equivoqué. Los autores entregaron el manuscrito antes que se conocieran los estragos del Covid-19. No obstante, seguí adelante con la lectura.

La insatisfacción con el tratamiento convencional del concepto de incertidumbre.

El libro está organizado en 23 capítulos que se dividen en 5 partes: i) naturaleza de la incertidumbre, ii) el atractivo del concepto de probabilidad, iii) haciendo sentido de la incertidumbre, iv) economía e incertidumbre, v) conviviendo con la incertidumbre. Cada uno de los capítulos aborda la cuestión con una combinación de los aspectos conceptuales e ilustraciones con ejemplos. El libro está dirigido a un público amplio,  más allá del mundo de los economistas.

El foco de la cuestión es la insatisfacción de los autores con el tratamiento convencional que la economía ha dado al concepto de incertidumbre: adjudicar probabilidades subjetivas a todos los posibles eventos futuros. Ésta ha sido la forma bajo la cual en el análisis económico convencional ha logrado encapsular la noción de incertidumbre como una cuestión de manejo del riesgo.

Este planteo, iniciado en la academia estadounidense en los años 80 y posteriormente incorporado al programa de estudios universitarios de economía en todo el mundo, descansa en algunos supuestos cruciales. Primero, es factible conocer todos los posibles eventos y asignarles una probabilidad. En otras palabras, no conocemos el futuro, pero sí podemos discernir todos los posibles cursos futuros y asignarles una probabilidad subjetiva de ocurrencia. Segundo, todas aquellas situaciones que quedan fuera de este mapa son tratadas como shocks exógenos. Tercero, a partir de esta representación del mundo, individuos, hogares y empresas maximizan la utilidad esperada.  Cuarto, otro elemento central del planteo es que, durante el período para el cual los agentes formulan sus expectativas, no se producen cambios en los posibles senderos futuros identificados -hay un supuesto de “estado estacionario” de tales horizontes.

Incertidumbre: más allá del riesgo.

En oposición a esta batería analítica, los autores rescatan el concepto clásico de incertidumbre, que ellos califican como “incertidumbre radical”. Esta incertidumbre profunda, aquella que reviste el significado habitual del término, comprende lo que no conocemos, lo que sólo podemos imaginar de manera muy débil e imprecisa, opciones que ofrecen a su vez infinitas ramificaciones (aun difíciles de modelizar y calcular computacionalmente), y, más aún, que existe también aquello que “no sabemos que no sabemos”.[1]

Los autores argumentan que este tipo de incertidumbre no puede ser reducida a alternativas con distinto grado de probabilidad subjetiva. En realidad, el planteo no es nuevo y los autores lo destacan de manera apropiada. Se remonta a Keynes, Knight, Shackle, entre otros, que sostenían que el cálculo de probabilidades tenía un universo más reducido de aplicación: aquél donde las alternativas están objetivamente y estrictamente definidas -los juegos de azar por ejemplo. Pero que son de escasa utilidad cuando se trata de probabilidades subjetivas, especialmente porque hay alternativas -cursos futuros de acción- que no podemos siquiera vislumbrar hoy.

Una de las secciones del libro está dedicada a analizar cuáles habrían sido las razones para alejarse del planteo clásico que tuvo como consecuencia distorsionar la interpretación más evidente del concepto de incertidumbre. Los autores sostienen que la Escuela de Chicago, a través de las contribuciones de Friedman y Savage, tuvieron una trascendencia decisiva, y en particular de este último. Sin embargo, acotan que mientras Savage prevenía que su formulación aplicaba a “un mundo pequeño”, donde era factible acotar mejor los alcances del planteo, Friedman generalizó la teorización. De esa manera, y para sintetizar, la incertidumbre real desapareció de la escena y todo fue reducido al manejo del riesgo y de expectativas subjetivas sobre el futuro.

¿Cuál es entonces la conclusión a la que llegan Kay y Mervyn King? Primero, la necesidad de reconocer que no conocemos el futuro y que el artefacto de las probabilidades subjetivas es de muy limitada aplicación, pero que pierde potencia si se lo lleva más allá de esos límites. Segundo, lo anterior no invalida hacer escenarios, y valernos de información, de datos y modelos, pero cualquier conclusión debe ser acompañada de una “narrativa”. El propósito es contextualizar el análisis y, sobre todo, examinar los límites dentro de las cuales se arriban a ciertas conclusiones, especialmente si se trata de hacer recomendaciones de política, un plan estratégico de negocios, o el manejo de portafolio de inversiones. Tercero, y más importante quizás, los autores sugieren la conveniencia de revalorizar el viejo concepto de incertidumbre apartándola del tratamiento de probabilidades subjetivas y expectativas racionales. Esto último constituye también un mensaje de los autores que tiende a poner en primer plano la importancia del sentido práctico de la economía. Vale la pena una consideración separada de la cuestión.

La economía y su aplicación práctica.

Hay una larga tradición en la construcción del análisis económico con un propósito aplicado. Es ilustrativa la cita de Marshall al respecto: “economía es el estudio de la naturaleza humana en cómo llevar a cabo los negocios cotidianos”.[2] La teoría es válida en la medida que a partir de allí puedan derivarse principios orientadores para la acción -sea la política pública o las decisiones de inversión. Lo mismo se aplica a los modelos: su validez reposa en la medida que permitan ofrecer perspectivas adecuadas para el problema que se desea resolver. Ocurre sin embargo que la acción propuesta -inspirada en el modelo y en la mejor comprensión de la realidad que sea posible- transcurre en el futuro. Esto es en un futuro incierto, con un grado de incertidumbre tal que desafía la posibilidad real de discernir claramente cada una de las alternativas posibles.

El fenómeno en cuestión no tiene las propiedades de estabilidad y constancia en el tiempo. Lo esperable es el cambio, la mutación en grado elevado y a veces inimaginable. Es en este terreno donde el economista está muy limitado en sus capacidades de practicioner. Seguramente arribará a las conclusiones que le permiten el análisis y el modelo basado en los mejores datos disponibles, lo cual tiene en sí mismo gran utilidad, pero la validez como receta operativa está sujeta a múltiples caveats. De ahí la necesidad de, como dicen los autores, narrativas complementarias que en la práctica supone una mirada multidisciplinaria -sea la historia, la sociología, el derecho, la ciencia política, etc. Paradójicamente, la economía se desplazó más bien en el sentido contrario: ha procurado expandir las premisas de su análisis hacia otros terrenos muchos menos relacionados con “los negocios cotidianos”.[3] Esta suerte de imperialismo disciplinario ha sido ciertamente menos fructífero. En síntesis, no hay obstáculos para la ambición práctica de los economistas, toda vez que haya una conciencia clara de las propias limitaciones. Esto requiere no sólo cierta humildad -como diría Keynes, parecida a la noble tarea del dentista-,[4] sino la conveniencia de sumar otros enfoques (disciplinas) al arsenal del análisis económico.

Un par de reflexiones aplicadas a nuestra realidad.

El lector que haya llegado hasta aquí quizás extraiga la conclusión que toda la discusión, más allá que comparta o no el contenido, es excesivamente abstracta. En parte es correcto, pero me permito hacer dos reflexiones que se aplican a nuestra realidad económica reciente y que aluden a situaciones polares. Entre 2016 y 2018, la política económica se inspiró en el diseño de “inflation targeting” que supone, precisamente, un modelo donde los agentes económicos ajustarán sus conductas a las señales y objetivos del Banco Central en un contexto donde no existe incertidumbre radical sino riesgo calculable en base a probabilidades subjetivas. Todos sabemos los resultados. ¿Por qué el modelo no fue confrontado con otras “narrativas” de modo de verificar su efectividad? Vayamos al presente. Las declaraciones oficiales han señalado de manera reiterada la inconveniencia de presentar un “programa económico”. Una posición que evitar caer en la tiranía del Excel y de las proyecciones cuantitativas. En principio, parecería una interpretación justificada a la luz de la profunda incertidumbre reinante y las amenazas que existen en varios frentes de la marcha económica. De otro lado, se puede hacer el argumento contrario: se necesita en parte una “narrativa” detallando los ejes de la estrategia oficial sobre el rumbo elegido. Esa narrativa deberá tener su expresión numérica de manera de observar cómo encajan las diferentes piezas de política. Pero esto no significa que tales números habrán de cumplirse necesariamente. Como la incertidumbre es elevada, la visibilidad es baja y el horizonte se estrecha. Es comprensible. Pero esto no invalida la tarea.  Precisamente, implica reconocer la necesidad de repetir el ejercicio de manera frecuente y adaptar el rumbo a las nuevas circunstancias. La propuesta de una narrativa brindará un sentido de dirección que ayuda a las decisiones económicas y contribuye a despejar la incertidumbre. En este caso, el Excel ayuda y no perjudica. Quizás el próximo proyecto de presupuesto ayude a despejar incógnitas. No sabemos.    

Cierro aquí el comentario del libro de Kay y King. El texto creo que es de utilidad para una revisión de la noción de incertidumbre, rescata conceptos que vienen de tiempo atrás e incorpora también nuevas dimensiones. Los ejemplos ayudan a ilustrar y a poner de relieve las implicaciones del tema en debate. La sección sobre el aporte práctico de los economistas puede ser leída como un llamado de atención. No obstante, el lector debe advertir que el libro incursiona en territorios muy vastos, sin necesariamente señalar los límites del análisis. En ocasiones la complejidad del concepto es dejada de lado con la intención de progresar en el temario. La amplitud de mirada es una ventaja, pero tiene el costo de dejar aristas que no quedan adecuadamente exploradas.

*  Investigador Invitado, IIEP-UBA


[1] Taleb, N. (2007), Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, Random House Publishing Group.

[2] Marshall, A. (1890). Principles of Economics.

[3] La referencia obligada aquí es la obra de Gary Becker, también un miembro destacado de la Escuela de Chicago.

[4] Keynes, J.M. (1930). Essays in Persuasion.

Acerca del teletrabajo

Man using laptop computer

Por Luis Beccaria*

Las medidas de aislamiento social han llevado a que muchas empresas recurran al teletrabajo (TT) –entendido como aquel trabajo realizado total o parcialmente desde los domicilios de los trabajadores mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (TICs)[1]– como una estrategia adecuada para la continuidad de un conjunto de tareas. Esta forma de organización del proceso de trabajo –que por cierto existe desde hace años, pero a una escala reducida, aunque creciente–[2] pasó a ser un tema frecuente en la discusión pública, especialmente, respecto a su futuro una vez concluida la pandemia. En este sentido, varios estudios plantearon la potencialidad que diferentes ocupaciones tendrían de pasar a ser desarrolladas entera o parcialmente, mediante TT. Sigue leyendo “Acerca del teletrabajo”

Novedades del frente cannábico

cogollo-de-marihuana-en-floracic3b3n

Por Andrés López*

[Para ponerse en ambiente, le recomendamos al lector acompañar la lectura de la nota con esta playlist]

El año pasado publicamos un trabajo en el cual, entre otras cosas, revisábamos un amplio conjunto de estudios sobre experiencias (la mayor parte de ellas en EEUU) de legalización del cannabis recreacional y/o medicinal (el interés por analizar este último caso deriva de que se supone que podría ayudar a relajar la percepción de riesgo y reducir el estigma social del consumo de cannabis, e incluso permitir, por distintas vías, un “desvío” del cannabis destinado al uso medicinal hacia el uso recreacional). En ese trabajo presentábamos un breve resumen respecto de la evidencia que surgía de ese conjunto de estudios, a saber: i) las iniciativas de liberalización/despenalización parecen llevar a aumentos leves/moderados de la prevalencia (porcentaje regular de usuarios sobre total de la población) del consumo de cannabis en la población adulta (en torno al 15/25%) y probablemente a mayores tasas de desórdenes asociados a dicho consumo, pero no se hallaba evidencia respecto de un incremento de la prevalencia en adolescentes; ii) algunos trabajos encuentran que dichas iniciativas ayudan a reducir el uso de sustancias más peligrosas (e.g. cocaína, heroína) y los problemas de salud asociados a dicho uso; iii) hay evidencia respecto de que la liberalización no induce mayores niveles de criminalidad y de hecho varios trabajos hallan que ayuda a reducir ciertos tipos de crímenes[1] (y a achicar el negocio del narcotráfico); y iv) algunos estudios hallan impactos neutros o incluso en algún caso positivo sobre ciertos indicadores de salud (e.g. accidentes viales o laborales, suicidios). Sigue leyendo “Novedades del frente cannábico”

¿Es la pandemia una oportunidad para hacer converger el pacto fiscal y el contrato social?

1556295575_431364_1556297599_noticia_normal

Por Manuel Basombrío*

No es fácil pensar bajo incertidumbre extrema… pero la negligente improvisación podría, por lo menos en la región, abrir las puertas del Hades o, en términos de Hume, sobrepasar las circunstancias de la justicia. Es imperativo pensar, y mucho, sobre este inédito escenario, que en la región reúne pandemia y problemas estructurales preexistentes, para dar la respuesta más eficiente y equitativa posible. Los gobiernos, los organismos internacionales (CEPAL, BID, FMI, etc.), la academia y “pensadores independientes” están en ello. Sin embargo, es difícil discernir entre la creciente oferta de diagnósticos, predicciones y recetas, cuáles son las más acertadas, justamente porque la incertidumbre es extrema. Hay sí, un personaje protagonista que aparece en casi todas las reflexiones: el pacto fiscal; a grandes rasgos, una reformulación del papel a desempeñar por el Estado tanto para dar respuesta a los efectos de la pandemia como para el “día después”. Sigue leyendo “¿Es la pandemia una oportunidad para hacer converger el pacto fiscal y el contrato social?”

Acerca de las pretendidas ventajas del Ingreso Básico Universal en Argentina ¿más espejitos de colores para no discutir lo necesario?

helicopter-money-scaled-1

Por Oscar Cetrángolo* y Javier Curcio**

Es bien sabido que los argentinos somos muy afectos a las modas, a los eslogans disociados de los contenidos, al apoyo o rechazo de conceptos no necesariamente explicados o comprendidos claramente y a las novedades que no siempre son tales. En materia de política social, hoy aparece como una gran novedad la idea del ingreso o renta básica universal. En el debate de políticas públicas no es una idea nueva y el auge que la misma está tomando durante la actual crisis tal vez pueda tener cierto sentido para ser debatida en países desarrollados, pero claramente no es el caso de Argentina. Sigue leyendo “Acerca de las pretendidas ventajas del Ingreso Básico Universal en Argentina ¿más espejitos de colores para no discutir lo necesario?”

Un primer análisis del impacto económico regional de la pandemia de COVID-19 en Argentina

Por Andrés Niembro* y Carla Daniela Calá**

La heterogeneidad en la distribución sectorial de la producción y el empleo a nivel territorial en Argentina, que se manifiesta en distintas especializaciones productivas, permite anticipar un impacto desigual de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) a raíz de la pandemia de COVID-19. En esta nota presentamos un primer análisis exploratorio sobre el impacto económico a nivel regional que la pandemia y el ASPO podrían haber tenido durante las últimas semanas de marzo y el mes de abril, un primer momento en el cual las restricciones y excepciones se plantearon principalmente a nivel sectorial o de actividad. Sigue leyendo “Un primer análisis del impacto económico regional de la pandemia de COVID-19 en Argentina”

Ajustada agenda fiscal para paliar la crisis

Por Julián Folgar*

La actual pandemia es, sin duda, uno de esos eventos inesperados que derivan en reacciones dinámicas por parte de los distintos Estados para suavizar no solo la curva de contagios sino también el impacto que la recesión tenga sobre el bienestar de la población y, en especial, los más vulnerables. Esta nota busca poner en contexto la dimensión actual de los principales programas sociales no contributivos, para discutir su impacto fiscal y sostenibilidad en el tiempo. Sigue leyendo “Ajustada agenda fiscal para paliar la crisis”

La economía azul: ¿una oportunidad para la diversificación hacia actividades intensivas en conocimiento?

barco-pesquero

Por Lilia Stubrin*

La Argentina está entrampada hace décadas en una gran dificultad para diversificar su matriz productiva hacia actividades intensivas en conocimiento.  Las actividades manufactureras han estado al centro de los esfuerzos para promover ese tipo de diversificación. Sin embargo, más recientemente, en asociación con cambios tecnológicos, de mercado, regulatorios y de organización de la producción a nivel mundial los sectores basados en recursos naturales han también comenzado a abrir oportunidades impensadas décadas atrás para innovar y diversificar la matriz productiva hacia nuevos mercados de alto agregado de valor (Andersen et al 2015, Marin et al 2015, Crespi et al 2018, Red Sur 2014). En la Argentina, el debate en torno a la capacidad de los recursos naturales para traccionar actividades innovativas ha comenzado a crecer en el último tiempo, siendo la agricultura y los agroalimentos en general, los hidrocarburos y, en menor medida, la mineria los sectores que concentran la mayor atención.  Menos visible desde el punto de vista de su potencial impacto productivo y de innovación son aquellas actividades vinculadas a los recursos océanicos, las que más recientemente se han comenzado a denominar como economía azul[1]. Sigue leyendo “La economía azul: ¿una oportunidad para la diversificación hacia actividades intensivas en conocimiento?”