En días recientes se publicó un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que indicaba que Argentina había quedado última en el ranking de inversión extranjera directa (IED) entre las grandes economías de la región en 2025. La publicación despertó diversos comentarios, tanto en los medios como en las redes sociales, que comparaban esos datos con las cifras de IED recibidas por el país en gestiones previas de gobierno. Muchos de esos comentarios apuntaban a evidenciar la supuesta paradoja que emerge de contrastar el flaco desempeño de la IED en el actual gobierno, favorable a la inversión privada de cualquier origen, con el aparente mayor éxito en materia de atracción de IED de gobiernos previos con un discurso, y unas prácticas, menos amigables con la iniciativa privada y con las empresas multinacionales.

Desde hace tiempo venimos comentando en este blog acerca de los resultados de las experiencias de legalización del cannabis en distintas partes del mundo (entre las más recientes, una nota de 2020 sobre la evidencia a nivel global, otra de 2024 sobre Canadá y otra sobre Uruguay también de ese año). Hasta el momento, la producción, venta y consumo de dicha sustancia para uso “recreativo” es legal, con distintos modelos regulatorios en cada caso, en Canadá, Uruguay y en 24 estados de los EEUU más el Distrito de Columbia (aunque en este último caso no hay ventas comerciales, solo está permitido el autocultivo) y tres territorios de dicho país (Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes). Adicionalmente, hay experiencias piloto de legalización en Suiza y Países Bajos (donde, como el lector seguramente sabe, funcionan desde hace décadas los llamados coffee shops, en los cuales se puede comprar legalmente cannabis para uso en el local pero la producción de dicha sustancia sigue siendo ilegal, por lo cual hay una política de tolerancia -o “vista gorda”- sobre la proveniencia del cannabis que se vende en dichos negocios). También hay casos de legalización del autocultivo, o del funcionamiento de clubes cannábicos en España, Alemania, Luxemburgo, Malta, la República Checa y Sudáfrica, así como en el Territorio de la Capital Australiana (Canberra).