El banquero central que soñó con ser Maradona

Alquimias Económicas se suma modestamente a los homenajes que en todo el mundo se hacen a una figura que, como señala Daniel Heymann en el título de la siguiente nota, despertó los sueños incluso de circunspectos banqueros centrales, como lo muestra el discurso de Mervyn King que se puede leer en este link  (a propósito, para los interesados, Alquimias publicó hace algunos meses un comentario de Ricardo Carciofi sobre un reciente libro de King acerca del tema de la incertidumbre). Entonces, aquí va, de Fiorito a la política monetaria, por nuestro número 10, Daniel Heymann.

Por Daniel Heymann

Se fue Maradona, Diego Armando, D10S. Hay para elegir. El pibe que la rompía en el barrio, el que tomaba el colectivo para jugar con los Cebollitas, con unos 200 partidos invictos; el que hacía jueguitos de lujo en los entretiempos en Paternal, el que lideró la revancha histórica del Mezzogiorno (me quiero olvidar entretanto del que gambeteó a Fillol), el de la mano sobrenatural y el gol de otro planeta, el que salió de la cancha en USA de la mano de la enfermera, el que se cayó y estuvo cerca de irse al otro lado, y resucitó; el que hace unas noches se quedó. Siempre en grande, a lo Diego. El que nos daba carta de presentación en el mundo, con sus más y sus menos: ¡Argentina: Maradona!  

Muchos, aquí y afuera, seguramente han fantaseado con sentirse Maradona en sus momentos cumbre. Aunque sea como pálido reflejo, se entiende que para los comunes mortales pueda ser tentador imaginarse la sensación de levantar la Copa o de haber hecho el gol o el pase decisivo. Cuesta más creerlo tratándose de banqueros centrales ingleses. Pero estamos hablando del 10, nada menos.

Mervyn King, tras su ennoblecimiento, es hoy Lord King of Lothbury. Se lo conoce (Wikipedia dixit) como simpatizante del Aston Villa. Luego de tener actividad académica, entre 2003 y 2013 se desempeñó como Gobernador del Banco de Inglaterra. Un par de años después de asumir ese cargo hizo una exposición, que tuvo difusión en el ambiente macroeconómico y hoy se ha vuelto viral, sobre su experiencia de gestión hacia entonces. El tono general de la charla fue prudente y equilibrado, con una clara señalización de las profundas incertidumbres que rodean a las decisiones económicas y específicamente a la práctica de la política económica (cuestión que trató extensamente en un interesante libro publicado hace unos meses).

En todo caso, eran épocas de “Gran Moderación”, donde las economías centrales crecían sostenidamente en un contexto de baja inflación y fuertes subas en los precios de activos. Imperaba entonces la “doctrina Greenspan”, que desalentaba la intromisión de la política monetaria para frenar posibles sobre- expansiones financieras. No por primera vez, economistas prominentes anunciaban la conquista del ciclo económico.

El tema que ocupaba a King era la regulación de la tasa de interés para implementar un esquema de metas de inflación. King negaba la presunción, común en esos tiempos, de que el análisis macroeconómico convencional había madurado al punto de permitir la aplicación de una “ciencia de la política monetaria” (por contraste con el viejo “Arte del Banco Central”). Su presentación enfatizaba el carácter no estacionario de los procesos macroeconómicos, y la variabilidad de las teorías y modelos influyentes en la materia.  Pero ciertamente se sentía cómodo con la forma en que venía operando la política a su cargo, uno de cuyos pilares era el reconocimiento del gran peso de las expectativas en la determinación de las conductas sobre las que se trataba de influir. Por ahí asomaba El Diego.

King no se privó de una queja por el primer gol del histórico partido. Era natural. Pero su referencia vívida, y admirativa, estaba en la magia del segundo, del que tenía una visión particular: la de una larga carrera en línea recta, donde el delantero no gambeteaba a los contrarios, sino que los llevaba a apartarse, como si le estuvieran abriendo el paso. Sea como eso haya sido en la cancha, el corolario de política económica era la “teoría maradoniana” de la tasa de interés, tal que el banco central operaría, no a través del efecto directo de cambios en sus instrumentos, sino vía inducción de expectativas. Maravilloso nuevo mundo, donde el público cumple los deseos de la autoridad sin que ésta actúe.

Pero pronto sobrevino la crisis, con su abrupto final de aquellas esperanzas. De cualquier modo, vale la pena leer el documento maradoniano aquí adjunto, especialmente por la prevención acerca de las pretensiones de certeza, aunque fuera probabilística, en el campo macroeconómico. En cuanto a la relevancia del 10 para la política económica, especialmente aquí cerca de casa, puede ser pertinente la respuesta de Maradona a la pregunta de Charly García sobre el título que le pondría al gol famoso: “¡Miré al arco y esquivé patadas!”

Seguimos (re)cayendo ¿nos levantaremos? (acerca de cómo evitar los buñuelos fríos)

EL CASTILLO DE NAIPES – mi pedazo de realidad

Por Oscar Cetrángolo*, Javier Curcio* y Andrés López*

El cambio de rutinas y otras mutaciones que, de manera abrupta, han afectado las relaciones humanas como consecuencia de la pandemia que estamos transitando, nos ha llevado a reflexionar una vez más sobre la profundidad de la crisis argentina y la superficialidad de muchos debates.

Hace más de medio siglo Julio Cortázar publicó, en su libro “La vuelta al día en ochenta mundos”, un breve texto muy sugerente que nos sirve de referencia para lo que queremos transmitir en esta nota. Allí, el personaje central se muestra angustiado por la certeza de la decadencia (“Nadie puede dudar de que las cosas recaen…”, comienza Cortázar) y da varios ejemplos de aquello que nos hace recaer, entre los cuales los peores parecen ser “los buñuelos fríos, que son la recaída clavada”.

Sin la intención de atribuirle a Cortázar una visión anticipatoria y ampliada a los problemas políticos de nuestro tiempo, es imposible dejar de mencionar el hallazgo de haber pensado las dificultades en reconocer el transito decadente en los excepcionales momentos de euforia (“¿cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche?”), la propia dificultad en reconocer si seguimos recayendo (“probablemente Icaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar”) y, tal vez lo más importante, cómo rehabilitarse. Para eso, el personaje del relato le sugiere a su tía esforzarse de manera permanente en eliminar todo aquello que signifique una recaída.

La metáfora del relato de Cortázar (titulado “Me caigo y me levanto”[1]) es apta, creemos, para reflejar la evolución de la economía argentina en las últimas décadas. Nuestros debates sobre el tema se han concentrado en buscar los factores que están detrás de los auges y las recaídas, y, en particular, en buscar el “culpable” de las mismas (sea una clase social, un partido político, una orientación de política económica, una variable analítica …), cual novela de Agatha Christie. Estos ejercicios son sin dudas interesantes e iluminadores desde el punto de vista académico y de la discusión histórica, pero, mucho tememos, no han sido particularmente útiles para revertir las tendencias de largo plazo de nuestra economía. Tal vez porque la “culpa” la tiene Fuenteovejuna, ya que parece difícil identificar un solo factor, grupo de interés, ideología, etc. que sea la llave mágica que abra el pasaje al entendimiento de un proceso que, por su carácter involutivo desde el punto de vista económico y social, ha llamado la atención de intelectuales y expertos no solo argentinos sino de diversas partes del mundo.[2]

Lo que nos preocupa, en todo caso, no es tanto el pasado como el futuro. No porque no podamos aprender del pasado, sino porque ese aprendizaje remite a políticas concretas (e.g. cómo nos fue con la reforma previsional implementada en 1994), pero no para hallar “soluciones” generales a los problemas del desarrollo argentino. El futuro, por otro lado, no es el pasado proyectado de manera infinitamente idéntica como en “La invención de Morel”[3]. Por ejemplo, nos puede haber ido o mal con la sustitución de importaciones según el punto de mira del analista, pero lo que es seguro es que hoy, como estrategia de desarrollo, es irrepetible. Todo esto para decir que más que quejarnos contra lo que hizo que tuviéramos que comer buñuelos fríos, sería más eficiente aplicar nuestras energías a evitar recaer en ellos.

Por supuesto que aquí no pretendemos ni de lejos dar respuestas al “problema argentino” ni de sugerir estrategias de salida concretas, algo que sobrepasa nuestras capacidades y que, en general, resulta en buenos deseos o expresiones tan amplias que resulta difícil estar en desacuerdo con ellas. Serían el equivalente moderno y argentino de las propuestas de los socialistas que Marx y Engels llamaron “utópicos”; pueden ser buenas o malas, el problema es que no sabemos por qué ni quienes van a impulsarlas. Nuestra intención, más modesta,  es dar continuidad a discusiones que se vienen desarrollando en diferentes ámbitos, con mayor o menor nivel de visibilidad según los casos, y que apuntan a identificar algunas características particularmente negativas que definen la forma en que se viene desarrollando el debate y el proceso de toma de decisiones en materia de políticas públicas en la Argentina, las que, a nuestro juicio, en lugar de favorecer el buen diagnóstico de los problemas específicos y sus eventuales soluciones, generan parches adicionales y salidas transitorias, que perpetúan y en ocasiones incluso agravan los problemas preexistentes.

Cuesta abajo

Hace poco tiempo se planteó un debate en torno a si la Argentina era “un país de mierda”. Los firmantes de esta nota no creemos, por cierto, que ese sea el caso (ni de la Argentina ni de ningún país), ni pensamos que los problemas argentinos carezcan de solución posible. En cambio, compartimos una visión optimista respecto de las capacidades que todavía anidan en nuestra sociedad. La cuestión es que, a pesar de la existencia de esas capacidades, la evolución de nuestra economía se parece más a una montaña rusa que a una escalera al cielo, ya que la combinación de una elevada volatilidad macroeconómica con bajo crecimiento, han dado lugar a un fuerte deterioro de los principales indicadores sociales.

Si bien se trata de datos conocidos, resulta conveniente poner en blanco sobre negro, una vez más, algunos indicadores que muestran la magnitud de este deterioro. La pobreza llega a niveles inadmisibles, tanto en términos de ingresos monetarios como en relación con características estructurales de vivienda, agua, saneamiento, y acceso a otros servicios básicos, lo que profundiza la complejidad del problema y hace mucho más difícil pensar en estrategias de salida basadas solamente en elevar los ingresos de los grupos más vulnerables. De acuerdo con los últimos datos elaborados por el INDEC la pobreza monetaria correspondiente al primer semestre de 2020 alcanzó al 40,9% de la población y más de la mitad de los niños y niñas de hasta 14 años (56,3%) viven en esa situación. A su vez, la pobreza extrema, que implica la imposibilidad de adquirir la canasta básica alimentaria, llegó al 10,5% de la población total y el 15,6% de los niños y niñas del rango mencionado. Diferentes estimaciones muestran que dichos porcentajes podrían incrementarse significativamente en los próximos meses como consecuencia de la persistencia de la pandemia y las dificultades asociadas.

En cuanto a la distribución del ingreso, luego de un marcado deterioro durante la década de los años noventa y la crisis de comienzos de siglo, el coeficiente de Gini se situó en un máximo histórico en 0,55 a mediados de 2002. Luego mejoró paulatinamente con el retorno del crecimiento desde el 2003 en adelante, hasta llegar a niveles cercanos a 0,44 en 2011, aunque lejos de volver a los valores de 0,35 que se observaban a comienzos de los años setenta. Los últimos datos relevados por el INDEC (correspondientes al primer semestre de 2020) muestran un deterioro (parcialmente asignable a la pandemia y sus efectos) que lo sitúan en un registro actual de 0,45. En cualquier caso, la movilidad social ascendente, un componente esencial de los procesos de desarrollo, y que en algún momento fue parte del paisaje argentino, forma parte del pasado y parece cada vez más difícil de recuperar.

El empleo y la informalidad también muestran dificultades persistentes y agravadas como consecuencia de la pandemia. Las últimas estimaciones oficiales muestran que la tasa de actividad tuvo una caída equivalente al 9% de la población total y que el desempleo trepó al 13,1% de la población económicamente activa (PEA). Si suponemos que los que perdieron el empleo (mayormente informales y cuentapropistas) durante estos últimos meses se hubiesen mantenido buscando activamente trabajo y no hubieran salido de la PEA desalentados por la crisis económica y por las restricciones de la cuarentena, la tasa de desempleo rondaría el 30%. A su vez, la informalidad laboral se mantuvo resistente a la baja durante la última década en torno al 35% del total de asalariados, lo cual hace que dichos trabajadores tengan acceso limitado o nulo a los sistemas de protección social. A la vez, la propia situación de informalidad en la que se desempeñan ha dificultado en muchos casos la llegada efectiva de la ayuda estatal en el contexto de la actual crisis.

En relación con el sistema educativo (motor central del crecimiento y de la movilidad social), si bien la Argentina ostenta niveles de cobertura históricos muy elevados que tendieron a ampliar y universalizar la educación obligatoria desde los 4 años de edad y hasta completar la escuela secundaria, los problemas asociados al tránsito por el sistema (que afectan particularmente a las poblaciones con menos niveles de ingresos y/o en situaciones de vulnerabilidad) hacen que la repitencia en el nivel medio alcance al 11% de los estudiantes, que el 9% de los alumnos y alumnas de escuelas primarias y el 31% de los estudiantes secundarios transiten sus cursadas con sobreedad y que sólo el 40% de los y las adolescentes completan sus estudios secundarios en el plazo establecido. Todos los indicadores mencionados muestran importantes diferencias regionales, acentuando las dificultades de manera significativa en las provincias más rezagadas del país y condicionando las posibilidades de desarrollo en función del lugar en el que nos haya tocado nacer. Más aún, si consideramos el rendimiento de la educación, nuestro país viene mostrando debilidades persistentes en las distintas pruebas de calidad educativa a las que se somete. Independientemente de las críticas que podemos realizar a dichos procesos, casi el 70% de los estudiantes de nivel medio que participaron en el último operativo PISA durante el año 2018 obtuvieron rendimiento insuficiente en matemática. En ciencias la proporción de bajos rendimientos alcanzó al 53% y en lectura representó el 52% de los estudiantes evaluados. Dichos rendimientos sitúan al país por debajo del promedio latinoamericano en matemática y lectura, y levemente por encima en ciencias y dan cuenta de un profundo deterioro de nuestra educación muy difícil de revertir, al menos en el corto plazo.

En materia del sistema de salud, la organización profundamente segmentada vigente en el país deriva en una fragmentación injusta e injustificada de la cobertura y del acceso a los servicios definidos por las políticas públicas. La provisión pública descentralizada deriva en una oferta muy diversa a lo largo del territorio[4] y la seguridad social, al presentar segmentos sin coordinar (no existe una política del gobierno nacional que compense diferencias entre territorios y la regulación de los seguros es débil y ni siquiera incorpora todos sus componentes) y con una importante diferenciación de cobertura en función del nivel de ingresos de los hogares, tiene poco de seguro social. El resultado es un sistema de salud ineficiente e inequitativo que recibe cerca del 10% del PIB.

Pero, seguramente, la política social que ha sido objeto de diferentes tipos de reformas sin lograr construir un sistema previsible es la relacionada con el sistema previsional y la protección social a la población adulta. El resultado de múltiples reformas impulsadas casi siempre como parches de corto plazo es un sistema fragmentado, de cobertura amplia pero muy costoso y difícilmente sustentable, en especial si se considera el cambio demográfico. Hoy Argentina destina cerca de 12% del PIB a la protección social de la población adulta, lo cual representa cerca de la cuarta parte del gasto público consolidado y más de la tercera parte del gasto público de la Administración Nacional.

Más en general, a pesar de tener un Estado de un tamaño relativamente muy amplio (el gasto público total se acerca a 40% del PIB), las políticas públicas han sido incapaces de fomentar el desarrollo de largo plazo y de reducir significativamente la desigualdad entre hogares y territorios. Más aún, algunas iniciativas de intervención pública durante las últimas décadas han profundizado las inequidades (la descentralización de la provisión pública de salud, de la educación básica y superior no universitaria y de los servicios de saneamiento y agua potable, así como la libre elección de obras sociales y la expansión de regímenes especiales de previsión social, son solo algunos ejemplos en ese sentido). Adicionalmente, el financiamiento del sector público es insuficiente para sostener las iniciativas de intervención estatal que fuimos generando, presenta aspectos fuertemente regresivos (la imposición sobre las rentas y los patrimonios exige reformas profundas hace más de una década), está basado en medidas de emergencia (impuesto a los débitos y créditos y moratorias, como ejemplos obvios), incorpora incentivos de difícil justificación (Fondo Especial del Tabaco) y favorece la inestabilidad macroeconómica con sesgos anti exportadores (fuerte aumento de los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos), todo lo cual lleva a concluir que el sistema tributario tal como existe en la Argentina termina perjudicando las posibilidades para el desarrollo sostenido.

Los indicadores relevados, que son las muestras más salientes de un universo mucho más amplio, hubieran resultado impensados hace medio siglo, y pueden reconocer su génesis en una economía que se encuentra estructuralmente estancada. Aún durante el último pico de crecimiento, en 2011, el PIB per cápita del país apenas superaba, en valores constantes, en un 40% al de 1974; en 2019 era 25% mayor y en 2020 probablemente quede solo 10% arriba de aquel dato, ¡46 años después! Desde 2011 en adelante, solo en cuatro de los diez años transcurridos la economía registró tasas positivas en materia de nivel de actividad. Esto es producto de la debilidad de los “motores” del crecimiento (e.g. la formación bruta de capital entre 2011 y 2018 apenas promedió un 16% del PIB medida a precios corrientes y la última vez que superó el 20% del ingreso fue en 1983; la brecha de productividad con la frontera internacional ha crecido en las últimas dos décadas).

De hecho, tras el agotamiento de la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, la economía argentina no ha encontrado un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo que permita adaptarse a las nuevas dinámicas de la economía global. El tipo de estructura productiva sigue generando demandas contrastantes para la política pública y no se logra articular una estrategia de desarrollo que permita reconciliar los objetivos de generar empleo, aumentar las exportaciones y elevar la productividad de la economía. La falta de diversificación y competitividad de la estructura productiva hace que recurrentemente dependamos de (o nos ilusionamos con) “milagros” como Vaca Muerta o la suba de precios de la soja (o, si nos remontamos al pasado, una eventual Tercera Guerra Mundial en los años cincuenta del siglo XX). Sucesivos slogans, desde la Argentina Potencia, hasta la Lluvia de Inversiones, pasando por la Revolución Productiva o Condenados al Éxito, han creado ilusiones efímeras, al igual que episodios de crecimiento cíclico o transitorio que confundimos con tendencias de largo plazo, cuya frustración no ha hecho más que alimentar una desconfianza cada vez más extendida sobre las posibilidades de revertir las tendencias descriptas.

¿Sin salida?

No puede sorprender, en este escenario, que la sociedad argentina hoy parezca estar quebrada, sin rumbo (y a la espera de un nuevo “milagro”). En esas condiciones puede parecer una misión imposible que se encuentre y ponga en práctica un conjunto de iniciativas que logren revertir la larga decadencia con trabajo. Una sociedad que discute a partir de prejuicios y se enamora de los atajos fáciles difícilmente pueda identificar estrategias sostenibles en el largo plazo, y mucho menos buscar consensuarlas.

El nivel de conflicto parece no tener límite y el oportunismo de políticas (y políticos y dirigentes en general) que maximizan los beneficios de corto plazo ha consolidado la vigencia de políticas y regímenes que difícilmente puedan ser mantenidos en el tiempo. Si bien la Argentina es un país que no puede ser definido como estructuralmente subdesarrollado, el camino hacia el subdesarrollo involucra el fracaso en encontrar las soluciones a problemas que fueron emergiendo (y se han profundizado) durante más de medio siglo. En cambio, la historia de nuestro país reconoce una sucesión de salidas ficticias o parciales orientadas al corto plazo que no funcionaron como tales y terminaron generando nuevos problemas o agravando los conflictos previos, en tanto muchas veces quedan consolidadas como derechos adquiridos que, en la práctica, no son sostenibles en el largo plazo (los ejemplos incluyen al 82% móvil, las sucesivas moratorias, el monotributo, los diversos pactos federales, los impuestos de emergencia que jamás se remueven, etc.).

A la vez, la volatilidad de la economía ha venido de la mano de la volatilidad de las políticas económicas. En este contexto ocurren, al menos, tres cosas: a) los agentes económicos adoptan conductas defensivas, en tanto saben que las reglas del juego van a cambiar y prefieren evitar hundir capital en actividades con retornos (particularmente inciertos en nuestro caso) en el largo plazo; b) cualquier idea de pacto o acuerdo en donde se sacrifican posiciones o ingresos para acceder a un supuesto mejor equilibrio social de largo plazo pierde credibilidad; c) el propio proceso de aprendizaje de las políticas se ve interrumpido, ya que a poco de andar, o bien son modificadas, o bien deben operar en un escenario distinto al imaginado originalmente.

Una nueva crisis, ¿una nueva oportunidad?

Si cada crisis es una oportunidad, hasta ahora Argentina ha sido campeona en desaprovechar oportunidades. ¿Será esta vez diferente?

En efecto, la Argentina tiene una larga experiencia de crisis. Hoy, como tantas veces frente a crisis de gravedad, se suele mencionar la necesidad de un “pacto social” que, si se presenta como una solución simple y salvadora, puede ser una manera de evitar el debate sobre la estrategia de salida. Cuando se trata de enunciados genéricos, es fácil lograr coincidencias sobre esos enunciados ocultando las fuertes discrepancias en cuando a sus contenidos concretos. Si de eso se trata, el anuncio de pactos sociales, como de las políticas de Estado, la reforma de la coparticipación, el crecimiento con equidad, el desarrollo productivo y tecnológico, la priorización del sistema educativo y tantas otras buenas intenciones devienen en slogans que, si se toman como propuestas en sí mismas, terminan por ser impedimentos a la búsqueda de políticas sostenibles en el largo plazo. Es como plantear que de los laberintos se sale por arriba. No hay arriba, se trata de trabajar duro todos los días. Esos laberintos solo se encuentran en la maravillosa ficción marechaliana[5].

En todo caso, si se requiere algo parecido a un pacto social, este debiera consistir en la revisión de derechos adquiridos para establecer un nuevo orden de prioridades en la asignación de recursos escasos. Debiéramos comenzar por decir que ese tipo de pactos no está al alcance de la mano. No es fácil lograr consensos ni convencer a las partes de una eventual cesión de derechos adquiridos en el contexto de volatilidad macroeconómica y de políticas antes descripto. Pero si la alternativa es avanzar a partir de conflictos que se justifican por el propio conflicto, el fracaso y la decadencia seguirán estando asegurados. Cada sector (y acá incluimos no solo a los actores sociales, sino también, para poner apenas dos ejemplos, a un Poder Judicial que no tributa ganancias o a provincias que aun cuando beneficiadas relativamente por políticas claramente inconvenientes -como el Fondo Especial del Tabaco y otros regímenes especiales- no están dispuestas a ceder un milímetro de esa posición) asume que el sentido del pacto es la oportunidad para ejercer una defensa salvaje de sus posiciones de privilegio (cuando las han adquirido) en pos de lograr excepciones que los resguarden de los costos del ajuste inevitable, lo que termina por hacer que este último sea más costoso e inequitativo. En cambio, pacto significa que muchos (de los que hoy son relativamente privilegiados en el contexto general) tienen que ceder algo para construir una sociedad que recobre la cohesión y haga viable el sendero de reformas que nos hagan crecer y mejorar la calidad de vida en el largo plazo.

En este punto, no se trata ya de hacer gatopardismo y cambiar algo para que todo siga igual. Se trata de cambiar mucho para que esto no siga como hasta ahora. Los parches solo sirven para aparentar que se hacen reformas. La movilidad previsional no tiene sentido si no se reforma el sistema de pensiones; la asistencia de emergencia a las obras sociales no alcanza (ni mucho menos) para reformar un sistema de salud con derechos totalmente fragmentados y alta inequidad; discutir el impuesto a las altas rentas simula ser una reforma tributaria progresista pero solo sirve para demorar una verdadera reformulación permanente sobre las rentas y los patrimonios; la permanencia y sucesivos salvatajes al régimen especial de promoción a Tierra del Fuego postergan la definición de un esquema de largo plazo que mejore significativamente el balance costo-beneficio de la promoción que favorece a ese territorio tan especial; los cambios en las retenciones no son una política de largo plazo para el agro.

Podríamos llenar páginas con ejemplos similares. No es esa nuestra intención. En todo caso son ejemplos para ilustrar la necesidad de que la política incorpore el debate racional e informado de políticas, en lugar de “atar con alambre” para seguir postergando la solución duradera. En cambio, perdemos tiempo en debates donde predominan los prejuicios y la agresión en lugar del intercambio de posibles soluciones para los problemas que hay que atender. Para ello se debe valorar la experiencia acumulada aquí y en otras partes del mundo, sin pretender descubrir soluciones revolucionarias o enunciar slogans vacíos ocultos en ingeniosas metáforas.

Basta de buñuelos fríos

La lista de desafíos que enfrenta la economía argentina son los mismos que antes de la pandemia, ahora agravados por el propio shock que sufrió nuestro país y la economía global. Una estrategia de desarrollo de largo plazo debe considerar objetivos diversos, incluyendo el crecimiento económico (sin el cual nada será posible), la creación de empleos formales, la mejora en la distribución del ingreso, la eliminación rápida de la indigencia, la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial, por citar un listado obvio. Y esto sin olvidar otras agendas (hasta ahora muy poco priorizadas o apenas incipientes en la Argentina) que se van abriendo paso en el mundo, en especial pero no únicamente el más desarrollado, vinculadas al cambio climático, la sustentabilidad ambiental y la reducción de las brechas de género, para mencionar solo algunos desafíos persistentes e imprescindibles para asegurar el desarrollo futuro de la sociedad global.

Las áreas de política involucradas en la atención de estos desafíos son, naturalmente, diversas. En un contexto de recursos escasos (hoy más que antes), es clave asignar prioridades de modo de que las decisiones de gasto atiendan a esas prioridades, y resulten financiables en un contexto en el que no es viable pensar en elevar la presión tributaria, más allá de que se pueda y deba pensar en modificaciones al esquema impositivo vigente. No creemos que un gran “pacto social” sea la forma de encarar esta tarea (además de su baja viabilidad), sino es como paraguas para el comienzo de una agenda de reformas consensuada con el máximo número de actores posible que tenga como meta salir de los parches y las soluciones transitorias, y que se concentre inicialmente en las cuestiones que resultan más urgentes y/o relevantes para alcanzar los objetivos de desarrollo arriba mencionados.

Atendiendo a las restricciones fiscales y las necesidades más urgentes, los autores de esta nota creemos que esas cuestiones involucran las siguientes dimensiones: la competitividad y diversificación de la estructura productiva y exportadora; el combate efectivo de la pobreza (en especial de la niñez); la reforma tributaria; el sistema previsional; la educación, y el desarrollo de las regiones más postergadas. Este enunciado es apenas un intento de priorizar entre la infinidad de reformas necesarias. Los lectores, por supuesto, pueden resaltar otras miradas. En todo caso, ya que difícilmente se puedan encarar muchas iniciativas de forma simultánea, es preciso focalizar esfuerzos y energías en un listado acotado y priorizado en función no solo de su relevancia, sino también de la viabilidad política de encarar los cambios que se identifiquen como deseables.

En lo inmediato, y hasta tanto se pueda construir una visión consensuada de cada política, debiéramos esforzarnos, como el personaje del cuento de Cortázar le explica a su tía, en avanzar todos los días evitando las recaídas. Propuestas tales como una nueva moratoria previsional o la eliminación del impuesto a las ganancias para los asalariados que superen cierto nivel de ingresos, para mencionar un par de ejemplos extremos, pueden sonar muy atractivas para muchos, pero, al mismo tiempo, constituyen buenas maneras de asegurar nuevas recaídas. Cuando nos convenzamos de que es inútil esperar una mano de Maradona o, para los más veteranos, un “aguilucho”[6] que la pueda atar con alambre para seguir la carrera, tal vez nos pongamos a trabajar en el día a día combinando las restricciones y necesidades del corto plazo, con una mirada de las consecuencias de largo plazo de las decisiones que iremos adoptando.

* Profesores FCE-UBA e investigadores del IIEP (UBA-CONICET)


[1] Existe una grabación del cuento por su propio autor disponible en https://www.youtube.com/watch?v=o-gk68voVAY

[2] Siguiendo con la referencia a Agatha Christie, podríamos mencionar su novela “Asesinato en el Orient Express”, en la que todos son culpables.

[3] Novela escrita por Adolfo Bioy Casares en 1940.

[4] Diferencias que se replican y hasta pueden amplificarse en la provisión de otros servicios descentralizados. Otro claro y dramático ejemplo se encuentra en la provisión de agua potable y desagües.

[5] En referencia a un poema de Leopoldo Marechal incluido en “Laberintos de Amor” (1936)

[6] Para los que no conocen la historia, hablamos del piloto argentino de TC Oscar Gálvez, quien tenía la fama de ser capaz de reparar su auto con alambre en plena carrera.

Impuestos al tabaco: la película

Sobre cómo dejé de fumar cigarrillo y fracasé dejando de tomar gaseosa |  Dejusticia

Nota publicada originalmente el 1 de octubre en el Blog de Economía del Sector Público

Por Pedro Velasco * y Luciana Tobes **

Sinopsis

El siguiente documento/al, muestra las intenciones de una estudiante de maestría (Luciana Tobes) en aportar una propuesta de solución al conflicto existente en argentina respecto de la tributación al tabaco. Innumerables caminos se abren en este laberinto de intereses, y habrá que explorarlos en la búsqueda de encontrar la luz al final del túnel…(la superposición de “lugares comunes” completamente trillados, en esta sinopsis es absolutamente intencional).

La historia detrás de esta historia

Desde que la tributación sobre los cigarrillos comenzó a entenderse como una cuestión de salud pública, el caso particular de la estructura impositiva sobre el tabaco en Argentina resultó inentendible para quienes empiezan a sumergirse en el tema. No obstante, a medida que se bucea hacia las profundidades del análisis de estas misteriosas aguas, aparecen justificaciones históricas del entramado actual que abarcan desde discusiones de federalismo fiscal, promoción regional, situaciones de emergencia en la necesidad de recursos fiscales, acuerdos de recaudación y luchas para paliar el contrabando, hasta propuestas de estructuras combinadas de impuestos mínimos y ad valorem con fines de reducción pigouviana [1] del consumo evitando la elusión de la carga impositiva del traspaso de consumos hacia cigarrillos más baratos. Sin duda que todos esos objetivos (muchas veces incompatibles entre sí) no pueden ser atendidos con la misma estructura impositiva sobre los productos del tabaco y, si bien explican la escena actual de esta película, hacen que resulte completamente absurda para quienes no la vieron desde el comienzo [2],[3],[4].

Hoy el estudio de la relación entre “economía” y “salud” está en el centro de las discusiones (las de café y las de los expertos), pues todos nos encontramos abocados a encontrar formas de contrarrestar una pandemia contractiva, que parece contraponer ambos conceptos en una dicotomía difícil de comprobar. Sin embargo, en el caso particular de los impuestos al tabaco, éste no parece ser el caso, pues la mayoría de los estudios realizados en el mundo y que pueden resumirse en el Art 6 del Convenio Marco de Control del Tabaco (CMCT) [5] sugieren el doble beneficio de la reducción en el consumo, y la posibilidad de afectar los fondos a programas específicos en el área de salud relacionados de manera estrecha al tabaquismo [3], [6] .

El tabaco mata a más de 8 millones de personas por año en el mundo de los cuales 7 millones corresponden a usuarios directos de esta sustancia, mientras que alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo del cigarrillo [7]. La situación extraordinaria que estamos viviendo nos hace reflexionar en la importancia de la salud, en la forma en que nos relacionamos, y en la necesidad de cuidar del otro, es decir, incorporar la externalidad negativa potencial.

¿Las señales impositivas marcan el rumbo?

El sistema impositivo sobre los cigarrillos en la Argentina, es extremadamente complejo, persigue múltiples objetivos y el destino de su recaudación es diversa, pero ninguna de sus asignaciones específicas está orientada  a tratamientos y prevención del tabaquismo o enfermedades respiratorias que, en medio del debate parlamentario para lograr asignar el 20% de lo que se recaude del “Aporte Solidario y Extraordinario” para costear gastos ocasionados en esta situación particular, plantea la reflexión respecto de las asignaciones de los impuestos al tabaco.

Pero, como señalamos anteriormente, la escena actual de la película histórica de esta tributación, es extremadamente compleja y, en lo que refiere a la imposición indirecta sobre su consumo, consta de cinco impuestos cuyas bases imponibles se encuentran entrelazadas de forma singular:

  • El impuesto adicional de emergencia (IAE) establecido por la Ley N°24.625 y modificatorias, establece una alícuota del 7% sobre el precio de venta de cada paquete de cigarrillos vendidos en el territorio nacional.
  • El impuesto al valor agregado (IVA) aplica la alícuota general del 21%.
  • El Fondo Especial al Tabaco (FET) está normado por la ley N°19.800 (de 1972), que determina que este fondo se nutrirá por un monto semi fijo y un porcentaje del precio de venta al consumidor (PVC) neto de IVA e IAE.
  • Por último, se encuentra alcanzado por Impuestos Internos (I.I), que combinan una alícuota “por dentro” del 70%, que a su vez representa el 70% del total recaudado por cigarrillos, más
  • un impuesto específico mínimo actualizable por inflación [8].

Sin embargo, este mínimo fue recurrido a la justicia aduciendo que la medida vulnera principios constitucionales, que posee un tratamiento diferencial entre contribuyentes y que la misma es confiscatoria. Aunque aún no existe sentencia de fondo, no está siendo recaudado en la actualidad.  A continuación, se muestra la composición impositiva del precio promedio ponderado de la caja de 20 cigarrillos para diciembre 2019, a través de la participación que los impuestos tienen en el PVC. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y legislación vigente

Este complejo entramado de bases imponibles genera que modificaciones impositivas en algunos impuestos afecten montos de recaudación de los demás impuestos en cuestión: por ejemplo, la recaudación del IVA depende del IAE, el FET e II; los recursos del FET se ven modificados cuando varían el IAE e IVA; mientras que la recaudación ad valorem de II se modifica cuando cambia IAE, IVA y FET. De esta manera, dado que existen distintas asignaciones específicas sobre algunos de estos impuestos [3], [9], [10], [11], las discusiones tributarias sobre esta materia no pueden separarse de las de promoción regional y federalismo fiscal. Un claro ejemplo de cómo funciona esta interrelación es el FET, el monto recaudado se distribuye un 20% a fin de compensar déficits provinciales, dar atención a las problemáticas de las áreas tabacaleras (régimen jurídico de tenencia de la tierra, minifundio y minifundio combinado con sistema de aparcería) y a mejorar la calidad de la producción tabacalera. El 80% restante, se reparte entre las provincias productoras de tabaco conforme al valor de la producción, que depende del tipo de cultivo de tabaco y del tipo de cigarrillos (rubios, oscuros, mixtos) del cual provenga la recaudación. Este fondo se verá reducido ante incrementos en el IVA y el IAE, sin embargo, un aumento en el Impuesto Interno hará incrementar sus ingresos al incrementar el precio y reducir la participación del IVA pagado.

La propuesta de desenlace

Todo este entramado tributario-político/regional-sanitario, no sólo merece la atención que ya fue señalada en notas al pie de este artículo, sino también el ensayo de propuestas de solución a este desopilante drama de enredos que, si no tratara temas tan pesados (en sus consecuencias sociales) y técnicos (en su intricado desarrollo histórico-tributario-judicial), podría constituir el guión de alguna obra cinematográfica. 

Es por ello que, dado el tiempo y estudio que un trabajo de tesis requiere [12], se sugiere una reforma del sistema impositivo del sector tabacalero de implementación gradual en el transcurso de ocho años, buscando que las industrias productoras de cigarrillos y los productores tabacaleros cuenten con un tiempo suficiente de adaptación. Esta propuesta de reforma persigue una serie de objetivos: reconversión de las áreas tabacalera, diminución del consumo de cigarrillos en general con reducción de la brecha de precios entre marcas más caras y baratas, simplificación de la estructura impositiva y asignación “muy” específica de parte de su recaudación.

La reforma impositiva debiera contar con una serie de medidas que perseguirán distintos objetivos y se fundamentará en garantizar la salud poblacional [13]:

  • Con el fin de simplificar la estructura impositiva se propone, por un lado, reemplazar el impuesto adicional de emergencia [14] por una asignación específica equivalente al 9% del total de recaudación de los impuestos al tabaco, manteniendo así el financiamiento de la ANSES. Por el otro, reemplazar el componente impositivo del Fondo Especial del Tabaco por una asignación específica dentro del Impuesto Interno (equivalente al 12% del total recaudado).
  • El Fondo Especial del Tabaco, cumple un rol importante en el destino de reconversión del área tabacalera, sin embargo, como se señaló anteriormente, dada la estructura generadora de sus ingresos, y las modificaciones en otros impuestos que recaen sobre los cigarrillos, pueden generar fluctuaciones en su recaudación, complicando las negociaciones sobre el tratamiento de los demás tributos excepto Impuestos Internos. Con el fin de evitar estas variaciones en sus ingresos se propone realizar una asignación específica del 12% del total recaudado (que se corresponde con el porcentaje que representa en la actualidad) en combinación de medidas de blockchain y smart contract [15] para brindar mayor transparencia en la asignación y distribución de este fondo, siguiendo las recomendaciones de la Auditoría General de la Nación en 2018 [16], [17].
  • Con el fin de explicitar los objetivos saludables de la recaudación de Impuestos Internos, se propone aumentar la alícuota del impuesto interno del 70% al 75% y eliminar el mínimo introducido por la Ley N° 27.430, para crear un impuesto interno específico equivalente al momento de implementación en su lugar, ajustable trimestralmente, en base a IPC. Además, sobre este último componente, se plantea aplicar a partir del tercer año de implementación una actualización anual incrementada en un 20%, hasta alcanzar una participación de los impuestos específicos del 85% promedio del precio de venta al consumidor (este porcentaje se alcanzaría en el octavo año).

La creación de este impuesto interno específico representa una clara señal de la externalidad y de los costos de salud que representa cada cigarrillo, lo que se espera que permita una clara interpretación de la justicia para la resolución de la cuestión de fondo en los litigios actuales. El objetivo es reducir, en forma gradual, la posibilidad de elusión, por parte de los consumidores, del costo de la externalidad generada a través del consumo de estos bienes (males), pues los perjuicios de la externalidad al fumar no tienen relación con el precio antes de impuesto.

La legislación permitirá la modalidad de pago a cuenta: pudiéndose tomar del impuesto interno ad-valorem el impuesto interno específico hasta el límite de la obligación tributaria.

  • Una vez tomado como pago a cuenta del impuesto interno ad-valorem, lo recaudado por impuesto interno específico y realizada la detracción automática del 1,9% para financiamiento de AFIP, sus recursos serán destinados a salud, con asignación específica de prevención y atención de problemas respiratorios.

En tanto no se sancione una nueva ley de coparticipación, una vez deducidas las asignaciones específicas y el 1,9% con destino AFIP, lo recaudado por impuesto interno ad-valorem será distribuido entre las provincias según coparticipación entre Nación y las Provincias.

Del otro lado del laberinto

El resultado de la reforma propuesta puede observarse sobre la estructura impositiva del precio promedio ponderado de la caja de 20 cigarrillos para diciembre del primer año de implementación de la reforma (manteniendo el status quo y aplicando la propuesta) y el octavo año de implementada la misma, a través de la participación que los impuestos tienen en el PVC. Si bien el FET surge de una asignación específica está reflejado para observar su participación en un paquete de 20 cigarrillos. El caso del impuesto específico es excedente una vez tomado a cuenta el impuesto ad-valorem.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y legislación vigente

Si bien los montos estimados de la asignación específica para la atención de políticas de prevención de problemas respiratorios son mucho menores que la contribución que haría al sistema de salud de aprobarse el Aporte Solidario y Extraordinario a la atención del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (COVID-19) [18], la recaudación propuesta en este artículo daría una fuente periódica de recursos a la otra pandemia (la crónica) que representa el tabaquismo.

La distribución de los montos recaudados se puede resumir de la siguiente manera

El final abierto de la propuesta de desenlace

Una reforma integral al sistema impositivo tabacalero es necesaria, factible y beneficiosa, en el largo plazo, para todos los sectores intervinientes tanto directos [19]  como indirectos, permitiendo alcanzar los estándares determinados por la OMS: los impuestos especiales deben representar al menos 75% del precio minorista de un paquete de cigarrillos, simplificar la estructura impositiva, reducir en gran medida las cantidades consumidas de cigarrillos y por sobre todo mejorar la salud y el bienestar de la población.

Claramente, el cambio de paradigma sobre el consumo de cigarrillos representa un avance hacia el bienestar del conjunto de la sociedad en el largo plazo, pero estos cambios culturales se procesan gradualmente. Esta graduación no sólo refiere a la aceptación por parte de la sociedad de los perjuicios internos y externos generados por el consumo de cigarrillos, sino también a la previsión que requieren los productores de tabaco para la reconversión de una actividad lícita hacia alguna otra. Como se menciona al inicio del artículo, esta película se viene rodando con la dirección de distintos paradigmas, bajo la producción de distintas señales de precios, en gran parte incididas por los impuestos. La gradualidad de esta reforma parece indispensable para poder logar el consenso necesario. La historia de la economía política detrás de la política tributaria sobre el tabaco viene mostrando la dificultad de destrabar este nudo,

Esperamos que, esta propuesta de desenlace resulte un aporte aceptable desde la Academia (el lector podrá discernir a esta altura si se trata de la que entrega los Oscar, o la de economía) para revertir esta persistencia de capítulos inconclusos del Culebrón actual de los impuestos al tabaco en argentina.

*Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial – UNLP  y IIEP – UBA

** Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial – UNLP

Referencias:

[1] La idea de reducción pigouviana del consumo, se refiere a disminución buscada en la cantidad de cigarrillos consumida, gracias a la aplicación de un impuesto equivalente al valor social de la externalidad negativa provocada al resto de la sociedad. El vocablo de impuesto pigouviano se aplica en honor a los trabajos realizados por Arthur Cecile Pigou (1877-1959) y sus invaluables aportes en materia de “economía del bienestar”.

[2] Rosales – Hábitos poco saludables: más vale prevenir que curar – Blog de Economía del Sector Público UNLP

[3] Cetrángolo y Velasco – El destino de la plata que se hace humo – ALQUIMIAS ECONÓMICAS

[4] Velasco – Tabaco: la otra pandemia. Impuestos, salud pública, y regulación de las libertades individuales – ALQUIMIAS ECONÓMICAS

[5] “Reconoce que las medidas de precios e impuestos son eficaces para reducir el consumo, principalmente entre jóvenes” – Addis Ababa Action Agenda. 2017. “The final text of the outcome document adopted” Third International Conference Financing for Development.

[6] Informe regional del proyecto “Impuestos al tabaco en América Latina”. Tributación efectiva al tabaco en américa latina dificultades y recomendaciones a partir de experiencias nacionales. Red Sur – Tobacconomics

[7] Datos disponibles en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

[8] 28 pesos por cada envase actualizable trimestralmente en función de las variaciones del índice de precios del consumidor, suministrado por el INDEC y acumuladas a partir del primero de enero de 2018 inclusive, con el objetivo de disminuir la brecha de asequibilidad entre las marcas más baratas y las más caras. Esta modificación fue implementada a través de la Ley N°27.430, en combinación de la reducción de alícuota ad valorem del 75% hasta entonces vigente, debilitando los argumentos con motivos de salud de la reforma en conjunto.

[9] Serie Documentos de Base del proyecto “Impuestos al Tabaco en América Latina” ESTUDIO PAÍS N° 2/2019. Acelerando la fiscalidad efectiva al tabaco en Argentina: Aspectos fiscales y productivos – Red Sur – UNSAM – Tobacconomics

[10] Ríos, B. 2014. “Contradicciones del Estado Nacional argentino en la regulación del tabaco”. En Letra.

[11] Lo recaudado por IAE se destina al Sistema de Seguridad Social (ANSES), el FET tiene una afectación del tipo parcial que funciona de subsidio a la producción y expansión del sector tabacalero, mientras que la recaudación proveniente de impuestos internos e IVA forma parte de la masa coparticipable que se distribuye entre Nación y Provincias.)

[12] Tobes, L. “Políticas fiscales efectivas al tabaco en la Argentina. Soluciones integrales.” (En proceso de revisión)

[13] Lo recaudado por IAE se destina al Sistema de Seguridad Social (ANSES), el FET tiene una afectación del tipo parcial que funciona de subsidio a la producción y expansión del sector tabacalero, mientras que la recaudación proveniente de impuestos internos e IVA forma parte de la masa coparticipable que se distribuye entre Nación y Provincias.)

[14] Este fue creado como un impuesto de emergencia en el año 1995, y podría dársele por cumplido su rol dentro del incremento del Impuesto Interno propuesto.

[15] Allende López, M. 2018. “Blockchain. Cómo desarrollar confianza en entornos complejos para generar valor de impacto social”. BID.

[16] Auditoría Nacional General (AGN). 2018. “Auditoría de Gestión. Coordinación de Área de Tabaco. Fondo Especial del Tabaco”. Proyecto Nº 121631.

[17] En el 2018 la Auditoría General de la Nación efectuó un examen en el ámbito de la Coordinación del Fondo Especial del Tabaco del Ministerio de Agroindustria, algunas de sus conclusiones fueron que de los recursos a distribuir entre las Provincias tabacaleras, no poseen mecanismos de control sobre los recursos declarados por las empresas tabacaleras en las declaraciones juradas y también son débiles los controles y seguimiento de las obligaciones de pago por parte de las empresas tabacaleras de los importes correspondientes al FET. Por otra parte, no se cumple con lo establecido en la Ley N° 25.465 que señala que la totalidad de la recaudación correspondiente al FET deberá ser depositada en una cuenta recaudadora especial a nombre del Órgano de Aplicación (Ministerio de Agroindustria) y que los recursos serán distribuidos por el Banco de la Nación Argentina entre las Provincias productoras de tabaco.

[18] Estiman que la recaudación producto de este aporte será alrededor de 300.000 millones de pesos, lo que resultaría en 60.000 millones de pesos destinados al sistema de salud. Lo que resalta que desde la política pública se debe garantizar la salud y evaluar y aplicar las políticas más efectivas para cumplir con ello.

[19] Aún para los productores tabacaleros que, a consecuencia de la tendencia a la reducción de la demanda mundial por tabaco, habrán de emprender el camino de la reconversión en algún plazo, y los fondos a tal efecto podrán acelerar el proceso.


¿Development Now? Algunos comentarios sobre la economía de Vietnam

Por Andrés López*

Hace ya casi 35 años, si la memoria no me traiciona, asistí a una charla que daba Guido di Tella sobre modelos de crecimiento. En un momento sugirió que Argentina podía tener algo que aprender sobre el caso de Corea del Sur, en el contexto, me parece recordar, de una discusión sobre estrategias export-led growth. Creo que si hubiera propuesto que nos lanzáramos a la colectivización forzada estilo Khmer Rouge en Camboya la indignación del auditorio no hubiera sido mayor. En aquel momento Corea era sinónimo, al menos entre los ignorantes como yo que éramos parte de ese auditorio, de salarios bajos, malas condiciones laborales, represión política e industrialización “barata”, ayudada por el contexto geopolítico de la Guerra Fría (casi todos esos elementos habían estado presentes, claro está, pero lo nos faltaba era percibir la dinámica del proceso). Era casi insultante que alguien viniera a decirnos que allí había algo interesante para analizar (como nota al pie digamos que justo por esa época, si seguimos las series de PBI per cápita en dólares corrientes que recopila el Banco Mundial, se cruzan los destinos de ambos países; a comienzos de 1960 el PBI per cápita de Argentina era 10 veces mayor que el coreano, en 2019 este último es tres veces superior al de nuestro país, fue precisamente hacia el final de los ’80 cuando se produjo el sorpasso).

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, tanto para los propios procesos de desarrollo de ambos países (y de Asia Oriental y América Latina en general), como para la literatura sobre estrategias de desarrollo económico. Esta última, durante largos años, se aplicó, desde diversas perspectivas teóricas y analíticas, al estudio comparado de ambas regiones, en búsqueda de entender por qué aquellos países (los llamados “tigres”, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) que habían partido tan atrás de América Latina en los años ’50 y ’60 (y no disponían de capital natural), nos habían “pasado el trapo” varias décadas después, no solo en materia de riqueza relativa, sino también de desarrollo tecnológico y empresarial, y niveles de bienestar social. Las explicaciones propuestas han sido variadas (desde los “fundamentals” macro e institucionales, hasta las políticas industriales y tecnológicas, pasando por aspectos geopolíticos, entre otras), pero si algo, creo, aprendimos de toda esta literatura fue que, sean cuales sean las explicaciones del “milagro asiático”, dadas las enormes diferencias en materia de dotación de factores, estructuras sociales, procesos históricos, organización del Estado y localización geográfica entre ambas regiones, no había muchas lecciones obvias para el aprendizaje en América Latina (algo que ya había anticipado muy tempranamente Fernando Fajnzylber en este artículo de 1981). No digo que no se pudieran copiar, si se las identifica, “buenas prácticas” en política macro, tecnológica, educativa, etc., sino que las divergencias entre ambas regiones tenían orígenes más profundos y la aplicación más o menos mecánica de “lecciones” probablemente hubiera sido imposible, dadas las mencionadas enormes diferencias existentes entre Asia Oriental y nuestro continente.

Siguen apareciendo felinos

Hay una segunda generación de “tigres”, compuesta por Malasia, Tailandia, Indonesia y, con algo más de rezago, Filipinas. En 1990 el PBI per cápita promedio simple de esas cuatro naciones, medido en paridad de poder adquisitivo (PPA) según las estimaciones del Banco Mundial, era 17% menor al promedio, también simple, de América del Sur. En 2019 estaba 6% por arriba de dicho nivel (contra América Latina la variación fue de menos 9 a más 11%) –ver Cuadro 1. En 1990 Malasia tenía el mayor nivel de PBI per cápita dentro de ese grupo de tigres y estaba detrás de 3 países de América Latina (Venezuela, México y Argentina) en ese indicador; Tailandia, en tanto, estaba detrás de todas las naciones de América del Sur (salvo Perú y Bolivia). En 2019 Malasia solo aparece debajo de Panamá, mientras que Tailandia sobrepasó a Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Paraguay en América del Sur y ya estaba muy cerca del PBI per cápita de Costa Rica y México.

Cuadro 1. Comparaciones inter-regionales de niveles de PBI per cápita en PPA –promedios simples, 1990-2019 (USD a precios internacionales actuales y %)

199019932019
América del Sur5085600716554
América Latina4642541315770
Argentina719622947
Filipinas-Indonesia-Malasia-Tailandia421917583
Camboya-Laos-Vietnams.d.11627032
Vietnam9188374
    
FIMP/AMSUR83%106%
FIMP/AMLAT91%111%
CLV/AMSUR19%42%
CLV/AMLAT21%45%
Vietnam/AMSUR18%51%
Vietnam/AMLAT20%53%
Vietnam/Argentina13%36%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Estos nuevos “tigres”, aunque también muy diferentes a nuestra región en casi todos los aspectos arriba mencionados, tienen, en particular en el caso de Malasia y en menor medida en Indonesia y Tailandia, niveles de capital natural per cápita mayores a la primera generación.  De todos modos, salvo en Malasia, esos niveles están por debajo de los observados aun en los países menos abundantes en capital natural de América del Sur. Por otro lado, y siguiendo las trayectorias de la primera generación, a lo largo de las décadas este segundo grupo  fue transformando su estructura exportadora hacia bienes industriales cada vez más complejos; así, en 2018 Malasia y Tailandia estaban solo detrás de México, entre los países de América Latina, en el ranking de “complejidad” (que intenta medir el nivel de sofisticación de las canastas exportadoras de cada país) elaborado por The Atlas of Economic Complexity. Pero mientras que el gasto en I+D de aquellas naciones supera, según los últimos datos proporcionados por UNESCO, el 1% del PBI –casi 1.5% en Malasia-, el de México apenas rondaba el 0,3% (para referencia, en Argentina los últimos datos indican niveles en torno al 0,5% y solo Brasil está por arriba del 1% en América Latina). Esta comparación sugiere que el proceso de industrialización en aquellos países probablemente es más intensivo (o al menos los gobiernos intentan que lo sea) en innovación local que los esquemas de maquila y similares en México, en donde casi no hay desarrollo tecnológico doméstico.

Pero hay un conjunto de naciones (que todavía nadie llama tigres, si seguimos con las metáforas zoológicas digamos que serían gatos grandes) que viene aún más atrás que el segundo grupo antes mencionado. Se trata de tres países ubicados en el Sudeste Asiático (en lo que antiguamente se conocía como Indochina) que hace algunas décadas fueron centro de largos y severos conflictos bélicos en el contexto de la Guerra Fría: Camboya, Laos y Vietnam. En la comparación de niveles de PBI per cápita medido en PPA -promedios simples para cada región-, en 1993 (primer año con datos para Camboya) América Latina y América del Sur aventajaban a dichos países en proporción de 5 a 1 aproximadamente. En 2019 el PBI per cápita promedio de esas tres naciones representaba 42 y 45% respectivamente del promedio para América del Sur y América Central respectivamente (Cuadro 1); Vietnam y Laos ya estaban bien por encima de Honduras y Nicaragua y se acercaban a Bolivia, El Salvador y Guatemala.

Téngase en cuenta que los niveles de capital natural per cápita de Camboya y Vietnam están por debajo de los de cualquier país de América del Sur, y que solo Laos, dentro de ese grupo, se acerca al promedio para esa región. Mientras que las exportaciones de Laos se concentran en energía eléctrica (basada en fuentes hídricas), minerales y otros recursos naturales y sus derivados, y las de Camboya en textiles y vestimenta, Vietnam, como veremos enseguida, ha transformado radicalmente su estructura productiva y exportadora en las últimas décadas y ha conseguido mayores progresos en materia de indicadores tales como pobreza o esperanza de vida. Es sobre este país, entonces, donde queremos concentrar algunos muy breves comentarios.

El proceso de crecimiento en Vietnam: algunos datos ilustrativos

Cuando terminó la llamada guerra de Vietnam en 1975, el país contaba con menos de 49 millones de personas, las cuales casi se habían duplicado para 2019 (más de 96 millones). En ese lapso la esperanza de vida al nacer pasó de 61 a más de 75 años. Los primeros datos sobre PBI per cápita que presenta el Banco Mundial son de 1985: en aquel año, a valores constantes de 2019, el indicador se situaba en 231 USD anuales. En 2019 llegaba a 2715 USD (casi 12 veces más que en 1985) –Gráfico 1. En la última década Vietnam fue una de las naciones con mayor ritmo de crecimiento en todo el mundo; en efecto, ocupó el puesto 13 en el ranking según crecimiento anual promedio del PBI per cápita en moneda local entre 2010 y 2019 según datos del Banco Mundial; entre las restantes 12 naciones, figuran otras 7 asiáticas -China, Mongolia, Myanmar, Laos, India, Bangladesh y Camboya[1]-, volviendo a destacar el notable dinamismo de esa región).

Gráfico 1. Evolución del PBI per cápita, Vietnam, 1985-2019 (USD constantes 2019)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

En 1990 el país ocupaba el puesto 144 sobre 164 incluidas en las estimaciones de PBI per cápita en paridad de poder adquisitivo elaboradas por el Banco Mundial; en 2019 había subido al lugar 117 sobre 188 países. A lo largo de este proceso se fue reduciendo la brecha de ingresos con América Latina. El PBI per cápita de Vietnam, siempre en PPA, pasó de menos de 20% del nivel de América Latina y América del Sur en 1990 a más del 50% en 2019 (cuadro 1). En la comparación específica con Argentina, el aumento fue de menos de 13 a más de 36% entre ambos años.

En 1992 el nivel de pobreza en Vietnam como lo estima el Banco Mundial (porcentaje de la población viviendo con menos de USD 3,2 en PPA por día) alcanzaba al 80%; en 2018 llegaba a apenas al 7%. En cuanto a la distribución del ingreso, de nuevo en base a los datos que recopila el Banco Mundial, se observa una relativa estabilidad entre mediados de los 90 y el presente, con un Gini en torno a valores del 0,35, menores a los de cualquier país de América Latina.

Como ha sido usual en otras experiencias de alto crecimiento en Asia, el aumento de la tasa de inversión jugó un rol significativo. Entre 1986 y 1990, la misma promedió menos de 15% del PBI. Entre 1996 y 2000 llegaba a 28,5%. Para 2006-2010 el promedio se acercaba al 37%. En el último quinquenio (2015-2019) se observa un descenso (27%), pero todavía en valores muy superiores a los observados en América Latina (inferiores al 20%).

También en línea con las experiencias de los anteriores “tigres”, una característica clave del proceso de crecimiento fue la rápida internacionalización de la economía. En 1986 las exportaciones de bienes y servicios representaban menos de 7% del PBI. En 2019 superaban el 100%. Las exportaciones vietnamitas de bienes apenas sobrepasaban los USD 2000 millones anuales hacia comienzos de los 90 (Gráfico 2). Para el año 2000 se acercaban a los USD 15 mil millones, superaban los 72 mil millones en 2010 y llegaron a casi USD 265 mil millones en 2019 (en términos per cápita, 90% mayores a las de Argentina en ese mismo año). Más del 50% de las exportaciones se dirige a Asia (casi 20% a China), y cerca de otro 20% a EEUU.

Gráfico 2. Exportaciones e inversión extranjera directa en Vietnam. 1976-2019 (USD millones corrientes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD.

A lo largo del proceso de crecimiento, se transformó radicalmente, de nuevo siguiendo las huellas de otros países de la región, la estructura productiva. La agricultura (siempre según los datos del Banco Mundial) pasó de representar 40% del PBI en 1985 a menos de 14% en 2019. Paralelamente subieron su contribución tanto la industria (del 27 al 34%) como los servicios (del 33 al 42%), mientras que el resto lo aporta el sector minero/petrolífero.

A su vez, la estructura exportadora también sufrió cambios profundos. El peso de las manufacturas pasó de un 44% en 1997 a más de 84% en 2018. Dentro de ellas, las de alta tecnología pasaron de representar menos de 9% en 2008 a más de 40% en 2018 (datos del Banco Mundial). Una manera de ilustrar estas transformaciones es recurriendo a las gráficas que elabora el mencionado Atlas of Economic Complexity. En 1995 dominaban el petróleo, el café, arroz y productos de la pesca. En 2009 los textiles y la vestimenta habían desplazado a los recursos naturales. En 2018 el liderazgo había pasado a la electrónica, y los aparatos para telefonía y televisión (en 2019 Vietnam fue el segundo exportador de teléfonos celulares en todo el mundo). En esta transición, pasó del puesto 107 al 52 en el ranking país del índice de complejidad entre 1995 y 2018.

Estructura de exportaciones de Vietnam, 1995, 2009 y 2018

En lo esencial, el crecimiento de las exportaciones, y la transformación en la canasta exportadora, vinieron asociadas a la incorporación del país a la dinámica de las cadenas globales de valor. En ese juego, Vietnam se integra fundamentalmente “hacia atrás”, procesando insumos y componentes que luego son reexportados. El valor agregado extranjero en las exportaciones brutas totales llegaba al 44% en 2015, contra 20% promedio tanto para el grupo de países desarrollados como en desarrollo según los datos de la base TIVA elaborada por la OECD. En este sentido, su modo de inserción es similar al de México y algunos países de América Central (e.g. Costa Rica, Honduras, El Salvador). Vale agregar que, según el último World Development Report del Banco Mundial, la reducción de la pobreza fue más amplia en las áreas del país con mayor presencia de empresas integradas en cadenas de valor.

Por cierto, la inversión extranjera directa (IED) jugó un rol central también en este proceso (del mismo modo que en los recién mencionados casos de América Latina). El ingreso de IED fue prácticamente nulo hasta la década de 1990. Para finales de la misma sobrepasaba los USD 1000 millones anuales. En 2010 llegó a USD 8000 millones y en 2019 a USD 16 mil millones (Gráfico 2). La inversión proviene de Corea, Japón, Singapur, Taiwán y Japón, en ese orden. Malasia, China y Tailandia también son inversores relevantes[2]. Esto, por supuesto, nos recuerda el llamado paradigma de los “flying geese”, que explica la cambiante dinámica de la división del trabajo en Asia Oriental en función de las transformaciones en las ventajas comparativas de los distintos países de la región.

Pari passu estas transformaciones, parece emerger una incipiente dinámica innovativa a nivel doméstico. El número de investigadores dedicados a actividades de I+D por millón de habitantes subió de 114 en 2002 a más de 700 en 2017 –solo Argentina y Brasil están por arriba de esa cifra en América Latina- y el gasto total en la materia como % del PBI pasó de menos de 0,2 a más de 0,5% entre ambos años (datos de UNESCO); esta última cifra es similar a la registrada en Argentina y solo inferior a la de Brasil en la comparación con los países de América Latina.

En cuanto a la estructura empresarial, mientras que las firmas de capital estatal dominan las industrias extractivas, algunas industrias pesadas, el comercio exterior agrícola, el sector bancario y los servicios públicos, las extranjeras juegan en ese rol en el caso de la manufactura para exportación y las privadas locales en otros sectores de servicios y las manufacturas livianas para el consumo interno. La evidencia sugiere que aún son débiles los vínculos entre las filiales de multinacionales instaladas en el país y los proveedores locales.

Una breve descripción del marco de políticas y los desafíos adelante (con una pequeña coda sobre América Latina)

En esta breve nota no tenemos la pretensión de intentar “explicar” los factores que han estado detrás de estos procesos (a ese respecto invitamos al lector a revisar algunos trabajos que pueden arrojar luz sobre este tema)[3]. Pero podemos dejar anotadas algunas cuestiones básicas. En primer lugar, se suele identificar el origen del proceso de cambio estructural de la economía vietnamita con las llamadas reformas Doi Moi (renovación) adoptadas por el 6to Congreso del Partido Comunista, en 1986, aunque ya habían comenzado a introducirse ciertas medidas en la misma dirección desde algunos años atrás. Estas reformas –y otras que se introducirían en años sucesivos-, dieron origen a la llamada “economía de mercado orientada al socialismo”, e incluyeron el abandono de las estrategias de colectivización para otorgar mayor autonomía, incentivos y seguridad en los derechos de propiedad a los agricultores (como resultado, la producción agrícola más que se triplicó entre 1990 y 2013), una progresiva liberalización del comercio exterior y de las inversiones, una también progresiva apertura a la acción del sector privado, mayor autonomía y reducción de subsidios a las empresas de propiedad estatal y reformas en los sistemas de fijación de precios (por cierto, se trata de acciones que en buena medida recuerdan al estilo de reformas que habían comenzado a ponerse en marcha algunos años atrás).

Dos elementos del marco de políticas que han estado presentes en casi todas las experiencias asiáticas de alto crecimiento también han caracterizado el caso de Vietnam: a) gobiernos autoritarios (el Partido Comunista es el único autorizado legalmente); b) subvaluación cambiaria (el conocido índice Big Mac, elaborado por The Economist, que incluye Vietnam desde 2014, indica que el tipo de cambio ha estado subvaluado en torno al 40-50% respecto de la paridad Big Mac) –el gobierno estadounidense ha acusado a Vietnam de manipular deliberadamente la moneda local, el dong, para mantener el tipo de cambio subvaluado como forma de subsidiar las exportaciones-.

En los 2000 Vietnam se embarcó en un proceso de apertura comercial, que incluyó el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (concretado en 2007) y la firma de tratados bilaterales de comercio con EEUU, Japón, Corea, Chile y, en 2020, con la Unión Europea. En tanto, Vietnam es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) –a través de la cual ingresó en acuerdos de libre comercio con India, Australia, Nueva Zelanda y China- y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés).

Para la atracción de IED se adoptó, siguiendo nuevamente experiencias previas en numerosos países emergentes, el modelo de zonas económicas especiales (entre 60 y 70% de la IED se aloja en dichas zonas, según datos de UNCTAD). Las empresas que allí desarrollan actividades de ensamblaje aprovechan no solo los bajos costos laborales, sino también de ventajas fiscales y exención de derechos aduaneros, entre otros beneficios. En tanto, para estimular el desarrollo de actividades de I+D se establecieron, entre otras medidas, beneficios fiscales especiales para las empresas que inviertan en centros dedicados a dichas tareas.

Pese a los avances mencionados, y como bien lo indica el título de un reporte del Banco Mundial elaborado unos años atrás, Vietnam se encuentran en una suerte de “encrucijada”, en la cual corre el riesgo de quedar atrapado en el mismo tipo de situación que se observa, por ejemplo, en los casos ya mencionados de México o algunos países de América Central que hace décadas se han venido integrando exitosamente en las cadenas de valor a través de similares esquemas de atracción de IED para operaciones de ensamblaje basadas en bajos costos laborales, sin poder concretar avances significativos en materia de derrames o encadenamientos locales. El citado reporte del Banco Mundial identifica desafíos en materia de capital humano, productividad, desarrollo de proveedores e infraestructura, entre otras áreas.

De todos modos, aun si eso ocurriera, el progreso registrado en las últimas décadas seguiría siendo de todos modos notable. En todo caso, el futuro desenvolvimiento del proceso de desarrollo en Vietnam no dependerá solo de decisiones y acciones internas, sino también de la evolución del contexto internacional (e.g. posibles restructuraciones en la organización de las cadenas de valor, avance de los procesos de automatización de tareas, etc.). Lo que, a mi juicio, evidencia el análisis de este caso, uno más de la larga lista de experiencias exitosas en el continente asiático (y aquí no hemos hablado de China e India), es que aún las naciones más rezagadas de aquella región han sabido sacar un provecho mucho más amplio de la globalización que sus pares de América Latina. En la medida en que creamos que, aunque transformada, tanto por tendencias pre-existentes (e.g. tensiones comerciales entre las grandes potencias, automatización de tareas, amenazas del cambio climático), como nuevas (e.g. lecciones del COVID-19), la globalización seguirá con nosotros, el desafío para la Argentina (y para el resto de América Latina) es el de identificar cuáles son las estrategias que permitan una inserción en la economía internacional que conduzca a trayectorias de desarrollo más exitosas y sustentables que las observadas en décadas recientes.

Y si llegaron al final, y tienen ganas de música, pinchen acá para escuchar algunas canciones que nos hablan de, o nos recuerdan a, la guerra de Vietnam (el crecimiento económico claramente no inspira a nadie a componer música)

* IIEP, UBA-CONICET.


[1] También aparece Turkmenistán, no mencionado ya que pertenece a Asia Central, una región muy diferente en términos económicos, productivos y sociales a la de Asia Oriental y del Sur.

[2] http://en.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2609:vietnams-nine-month-fdi-hits-record-of-nearly-us255-billion-&catid=270:vietnam-industry-news&Itemid=363

[3] Ver, por ejemplo, “Vietnam at crossroads. Engaging in the next generation of global value chains”, C. Hollweg, T. Smith y D. Taglioni (eds.), World Bank, 2017; “The Evolution of Vietnamese Industry”. Anh, N.Thi Tue, Duc, L.Minh y Chieu, T.Duc, WIDER Working Paper 2014/076. Helsinki: UNU-WIDER; “Vietnam’s Industrial Policy Designing Policies for Sustainable Development”, D. Perkins y Vu Thanh Tu Anh, “Series on Vietnam’s WTO Accession and International Competitiveness Research”, UNDP-Harvard Policy Dialogue Paper Number 1, 2013; “Doi Moi Policy and Socio-Economic Development in Vietnam, 1986–2005”, Kien TN, Heo Y. International Area Review. 2008;11(1):205-232.

El debate sobre el financiamiento de las Obras Sociales

Por Oscar Cetrángolo* y Ariela Goldschmit**

En los últimos días se conocieron las demandas de los sindicatos por incrementar las alícuotas de aportes y contribuciones para el financiamiento de las obras sociales. Varios medios se hicieron eco de ese reclamo y de las medidas que se estarían analizando. No es una novedad este tipo de pedido por parte de las obras sociales y los sindicatos. Es una situación bastante repetida que ante crisis macroeconómicas que incluyen tipo de cambio alto y caídas en los ingresos laborales y en el empleo, los sistemas de salud con financiamiento contributivo enfrenten problemas de solvencia. Es claro que esos problemas de solvencia coinciden con el agravamiento de la situación fiscal y la caída de ingresos de los hogares.

La novedad actual reside en que la pandemia ha abierto una discusión más general y coloca en la agenda política temas de salud que no tenían presencia significativa hasta entonces e invita a discutir los cambios que requiere el sistema.

Estas líneas se proponen presentar algunos argumentos acerca del financiamiento disponible en el sector y evaluar si resultan suficientes o no para brindar la cobertura obligatoria exigida por Ley. Asimismo se indagará si es razonable pensar la reforma únicamente en la dirección del incremento de aportes y contribuciones o si se trata de una oportunidad para repensar la fragmentación del sistema y debatir en profundidad el conjunto de prestaciones aseguradas. 

Un sistema con derechos fragmentados

Como parte de un sistema con derechos fragmentados a la cobertura de salud en función de los ingresos de las personas y el lugar de residencia, tema desarrollado en notas previas de Alquimias Económicas[1] y documentos publicados en el IIEP-FCE-UBA[2], principalmente, las instituciones de la seguridad social conforman una porción importante, tanto en términos de recursos involucrados como de población cubierta. Estas instituciones son responsables del 41,5% del gasto corriente que se realiza en el país, equivalente a 3,9% del PIB. De allí se puede colegir que el total de gasto corriente en salud alcanza 9.4% del PIB (Secretaría de Gobierno de Salud, 2019), una magnitud nada despreciable, si se lo compara con el gasto de otros países, no sólo de la región (Cetrángolo y Goldschmit, 2020)[3].

En el gráfico 1 se puede apreciar que el gasto total en salud como proporción al PIB[4] es muy superior al promedio de América Latina y similar al de países europeos. No obstante, en éstos el gasto privado es algo menor y el componente público y de seguridad social no presenta la fragmentación e inequidades propias del caso argentino.

Gráfico 1: Nivel y estructura del gasto en salud en Argentina, América Latina y Europa. 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OMS y Secretaría de Gobierno de Salud (2019).

El gasto en seguridad social en Argentina es llevado a cabo por tres tipos de instituciones. Las Obras Sociales Nacionales son las predominantes, con un gasto equivalente a 2,0% del PIB. El resto está a cargo de las obras sociales provinciales (destinadas a atender a los trabajadores de los sectores públicos de las provincias y CABA), obras sociales no reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud que cubren al Poder Judicial, fuerzas armadas y de seguridad, docentes y personal del Congreso, entre otros, y el PAMI, que cubre a los mayores.

Las Obras Sociales Nacionales  brindan cobertura al personal del sector privado formal y del sector público nacional, así como a sus respectivos grupos familiares, trabajadores independientes (monotributistas) y personal de casas particulares. Ello involucra a 35% de la población total del país (Secretaría de Gobierno de Salud, 2019)[5]. Este segmento se encuentra regulado por las Leyes Nº 23.660 y 23.661 de 1989 y sus modificatorias, bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud.[6]

¿Cómo se financian las obras sociales?

En términos de financiamiento, esas leyes definieron una contribución por parte del empleador de 6% de la remuneración y un aporte a cargo personal del empleado del 3%, fijando que entre un 10% y 20% de los aportes y contribuciones (según se trate de obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios o de obras sociales sindicales) se destine a financiar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), creado unos años antes con el objeto de atender los gastos administrativos y de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud, subsidiar a las Obras Sociales de menores ingresos promedio por beneficiario y otorgar reintegros a las obras sociales por los tratamientos de alto costo a través del Sistema Único de Reintegros (SUR).

El Decreto 486/2002 modificó la Ley 23.660 y estableció que los aportes al FSR varíen tomando como referencia un nivel de remuneraciones brutas mensuales de hasta $ 1.000 y según la naturaleza de las distintas obras sociales, sean de Dirección o Sindicales. De este modo define un aporte de las obras sociales sindicales de 10% o 15% según el ingreso bruto mensual del trabajador se encuentre por debajo de los mil pesos bruto, y cuando se trate de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, de 15% o 20%. No obstante, más allá de lo razonable de esa reforma, la falta de actualización de ese monto por inflación ha significado, en la práctica, la vuelta a un criterio de diferenciación por tipo institucional y no por nivel de ingresos de los trabajadores[7].

Luego de dos décadas donde los trabajadores estaban obligados por ley a dirigir sus aportes a la obra social correspondiente al gremio de su actividad (período conocido como de “población cautiva con solidaridad intra-rama”), en el año 1993 el Decreto 9 habilitó la libre elección de Obras Sociales permitiendo que cada trabajador dirija la totalidad de su aporte menos la porción destinada al FSR a la obra social de su elección, comenzando el período de “descreme” de las instituciones a partir de la competencia por los menores riesgos de afiliados con mayor nivel de ingreso. El proceso sería profundizado cuando se desarrollaron mecanismos para derivar los aportes obligatorios a la seguridad social como parte de pago de cuotas a la medicina privada.

Con el objeto de asegurar un nivel mínimo de prestaciones frente a ese descreme se estableció la obligación por parte de cada entidad de brindar un conjunto de prestaciones básicas denominado Programa Médico Obligatorio (PMO). Más aún, para hacer viable el descreme y selección adversa se había establecido que si el aporte por afiliado fuera menor al costo de ese programa, la diferencia sería compensada con el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO) con fondos del FSR.

Luego de esos inicios como paquete de servicios “mínimos” asegurados, a la creciente desigualdad que involucró su creación se le sumó el problema de sostenibilidad financiera al incorporar, con el correr de los años, patologías específicas a partir de la sanción de diversas leyes. Entre otras leyes podemos mencionar la Ley 26.689 de enfermedades poco frecuentes, Ley 26.743 de Identidad de Género, Ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, Ley 26.872 de patología mamaria y, más recientemente, la Ley 27.552 de fibrosis quística.

En los hechos se termina configurando un listado amplio y extenso de múltiples servicios, prestaciones, prácticas y medicamentos a cubrir y sin criterios claros de priorización en la asignación de los mismos. Abordar un proceso para detectar y tratar una enfermedad dentro del sistema sin una visión holística de los recursos y problemas que se dejan de atender por esa priorización va en contra absoluta de un sistema de salud equilibrado y justo (Gonzalez García, 2020)[8].

En síntesis, la combinación de diferenciación de coberturas por nivel de ingresos (práctica muy discutible y poco habitual en un sistema de seguro social de salud) y el incremento de servicios incluidos en el PMO, sumado a las condiciones especiales del momento, han derivado en el incremento de las dificultades financieras en las obras sociales.

¿Son suficientes los recursos disponibles?

Con el objeto de acercar una idea sobre la brecha entre costos y financiamiento de las Obras Sociales Nacionales, se presenta, en el grafico 2, información proveniente de AFIP para 2019 y datos de la estimación del costo del PMO realizada por Prosanity-Universidad ISalud[9] para julio de ese mismo año. [10]

Gráfico 2: Evolución de los recursos totales mensuales per cápita de las obras sociales nacionales (incluye FSR) y costo estimado del PMO durante 2019. En pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de AFIP y Prosanity-Universidad ISalud

La comparación de ingresos totales de las obras sociales (incluyendo los recursos del FSR) con la estimación del costo del PMO brinda una noción de los desajustes que presenta el sistema de Obras Sociales Nacionales. La estimación del costo del PMO realizada para el mes de julio de 2019 asciende a $1.834. No obstante, esa noción de los desajustes resulta ser muy preliminar e incompleta por una variedad de circunstancias. Entre ellas, se puede mencionar, en primer lugar, que el dato presentado refleja el promedio del sistema, existiendo una gran proporción de Obras Sociales con cápitas promedio inferiores, por debajo del costo del PMO[11]. Ello se muestra en el cuadro que sigue para un grupo de obras sociales. Allí queda en evidencia la disparidad de recursos al interior del sistema de Obras Sociales.

Cuadro 1: Recursos per cápita para un grupo de obras sociales nacionales (incluye FSR)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de AFIP

En segundo lugar, algunas entidades, se destacan por poseer cápitas altas ya que actúan como intermediarias para transferir recursos a las entidades de medicina prepaga. En los casos donde las entidades han sufrido el descreme por la derivación de los aportes de mayor magnitud, el promedio ajustado de los remanentes es aún menor y los consignados en el cuadro pueden dar una imagen aún más optimista que la real. En tercer lugar, esos aportes son, asimismo, promedio de diferentes riesgos. La situación de cada entidad también dependerá de la edad, sexo y características específicas del estado de salud de la población cubierta.

En suma, resulta evidente que los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales si bien en su conjunto alcanzan una gran magnitud, no necesariamente resultan suficientes considerados como contribución de cada individuo. Siendo ésta una consideración de suma obviedad que forma parte de los basamentos de la necesaria mancomunación de riesgos en la cobertura de la salud y habiendo justificado la construcción de seguros de salud, resulta inexplicable que el sistema argentino mantenga su derrotero en sentido contrario.

Adicionalmente, teniendo en cuenta los problemas que enfrenta el país en el funcionamiento de su economía, la desigualdad social, informalidad en el mercado de trabajo y una gran proporción de hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza resulta indispensable definir prioridades en las políticas públicas y su financiamiento. Más aún teniendo en consideración la situación de pandemia por COVID-19 que se está viviendo[12]. En ese contexto, el incremento del financiamiento mediante contribuciones sobre el salario para mejorar la situación de los que tienen seguros de salud puede significar un incremento de la fragmentación de derechos frente a los sectores más necesitados y de menores ingresos.

En cambio, creemos que resultaría más conveniente redistribuir los recursos existentes dentro del sector, eliminando el citado “descreme” y asegurando una cobertura y acceso universales y homogéneos, con diferenciación de cápitas por riesgo y no por ingresos[13]. En cambio, los recursos adicionales, si existieran, debieran concentrarse en el fortalecimiento de la atención primaria y la cobertura de los que no tienen seguros, reduciendo las brechas territoriales en un sistema descentralizado. Debe enfatizarse, tal como se muestra en el gráfico 1, que los recursos totales que Argentina destina al financiamiento de la salud resultan significativos y los avances deben ir en dirección a mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación de los mismos. Para ello será necesario redistribuir el gasto total en salud para reducir la necesidad de los gastos de bolsillo, eliminar la múltiple cobertura y la discriminación por ingresos en la cobertura asegurada por las políticas públicas.

Por último, tal como se ha mencionado, resulta imperativo avanzar en la discusión de un PMO, racional y de amplio acceso, acorde a los recursos disponibles para su financiamiento y conforme a los protocolos médicos reconocidos por la autoridad competente. Ello implicará la búsqueda de importantes consensos con las agrupaciones de pacientes, corporaciones médicas, industria farmaceútica y otros grupos de interés en juego, pero en todo caso debe primar la visión social por sobre la atención individual. Se trata de considerar cada reforma específica como parte de un sendero de reformas que debieran tener como meta de largo plazo el aseguramiento de la totalidad de la población con los mismos derechos garantizados.

* Profesor Titular e Investigador del IIEP (UBA – CONICET).

**Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA;  Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-Baires).


[1] En especial los senderos de reforma sectorialla situación de las obras sociales sindicales, la Cobertura Universal en Salud y las desigualdades de cobertura y acceso.

[2] http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/506; http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/449;

http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/447

[3] Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2020), Federalismo y fragmentación de derechos en el sistema de salud argentino, mimeo.

[4] La comparación del gasto en porcentaje del PIB oculta las diferencias de tamaño de las economías. Ello no sería un problema grave si el gasto fuese predominantemente salarial, ya que reflejaría equivalentes asignaciones de horas de trabajo. En cambio, las brechas aparecen disimuladas en relación con el componente de bienes y servicios con precios internacionales uniformes en dólares.

[5] Secretaría de Gobierno de Salud (2019), ¿Cuánto gasta Argentina en Salud?, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001756cnt-cuanto-gasta-argentina-en-salud.pdf

[6] Una reciente publicación de Rubén Torres, Natalia Jorgensen y Manuela Robba actualiza el diagnóstico sobre este subsector con información muy valiosa: “Mitos y realidades de las Obras Sociales”, Ediciones Universidad ISALUD, Buenos Aires, 2020.

[7] A su vez, la falta de actualización de los valores de las cápitas fue uno de los factores por la que se generaron excedentes que dieron lugar a la creación de diferentes fondos, diferentes al SANO, como se explicó en una nota previa en este mismo blog. Allí se explica la distribución a los fondos SUR, SUMA, SUMA 70 y SUMARTE.

[8] González García, G. (2020), Carta del Ministro de Salud de la Nación al Sr. Fiad, Presidente de la Comisión de Salud HSN.

[9] Prosanity-Universidad Isalud (2019), PMO 2019 · Estimacion del Gasto Necesario para garantizar la cobertura. http://www.prosanity.com.ar/documentos/PMO2019_cerrado.pdf

[10] Prosanity-Universidad ISalud realizan una estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura del PMO considerando las tasas o indicadores de uso y los precios de mercado de las distintas prestaciones que lo componen para una población activa y urbana entre 0 y 65 años de edad. Para ello se releva información sobre las prestaciones incorporadas al PMO en diferentes Obras Sociales Sindicales, prestadores de servicios para esas instituciones, cámaras de diagnóstico y tratamiento, administradoras y  mandatarias, entre otros.

[11] Para los casos de beneficiarios que perciben SANO según los valores de la última matriz de ajuste por riesgo (Resolución 3368/19 de la SSSalud) para la franja de mujeres de 15 a 64 años este subsidio ($834,04) cubre sólo el 45% del costo del PMO.

[12] En notas recientes publicadas en Alquimias Económicas analizamos puntualmente aspectos vinculados a la pandemia por COVID y el sistema de salud: El sistema de salud argentino, antes, durante y después de la pandemia COVID-19 y Pandemia: ¿Oportunidad o resignación?

[13] En varios meses de la pandemia se incorporaron apoyos financieros destinados a paliar la pérdida de recursos de las entidades (en mayo se giraron $1.279 millones; en junio $1.276 millones; en julio $821 millones de pesos; en agosto $125 millones, y en septiembre $502 millones) pero dicha distribución no apuntó a redistribuir recursos dentro del sector sino a sostener los niveles de ingresos de las distintas entidades con relación al mes de Marzo de 2020, manteniendo las brechas de recursos existente al interior del sistema.

Incertidumbre y narrativas en economía

Por Ricardo Carciofi*

Motivado un poco por la curiosidad y otro tanto por una sugerencia, días atrás tropecé con “Radical Uncertainty”, un libro co-autorado por John Kay y Mervyn King. Mi renovado interés por el alcance del concepto de incertidumbre había comenzado en marzo. La instalación firme de la pandemia y de sus tremendas capacidades destructivas sobre la vida humana y el funcionamiento de la sociedad y la economía, me recordó la conveniencia de repasar algunas viejas lecturas e incorporar otras nuevas. Hice un esfuerzo, pero no progresé más allá de intentos fragmentarios y poco sistemáticos. De cualquier forma, eran suficientes para denotar la complejidad de la cuestión y que la tarea requería más tiempo y paciencia. Pero he aquí que me llegó una recomendación de tono ciertamente impersonal. Buscando otro material en la web, por alguna razón el algoritmo de Google me alertó sobre la existencia del libro de Kay y King. Decidí entonces adentrarme en el contenido.

De partida hubo dos datos que me llamaron la atención. El primero se refiere a los autores. El perfil de ambos combina sólida formación y carreras donde se alternan el claustro universitario con la práctica profesional. John Kay es economista, pasó varios años en la docencia universitaria en Oxford, es columnista regular del Financial Times, además de haber publicado varios trabajos académicos. Mervyn King, también con trayectoria en la academia inglesa y estadounidense, ha sido Gobernador del Banco de Inglaterra desde 2003 al 2013. Como tal, supuse entonces que había estado en una silla difícil durante la Gran Recesión de 2008-2009. En particular, imaginé que el texto haría alguna referencia a la visita de la Reina a la LSE y el relato de aquella pregunta matizada con tono de queja acerca de cómo era que académicos de trayectorias brillantes no habían podido anticipar la crisis. Efectivamente este tema se aborda en el libro. El segundo dato que observé fue la fecha de publicación del texto: 2020. Asumí entonces que sería una indagación sistemática respecto de cómo la pandemia ponía de manifiesto grados de extrema incertidumbre. En esto me equivoqué. Los autores entregaron el manuscrito antes que se conocieran los estragos del Covid-19. No obstante, seguí adelante con la lectura.

La insatisfacción con el tratamiento convencional del concepto de incertidumbre.

El libro está organizado en 23 capítulos que se dividen en 5 partes: i) naturaleza de la incertidumbre, ii) el atractivo del concepto de probabilidad, iii) haciendo sentido de la incertidumbre, iv) economía e incertidumbre, v) conviviendo con la incertidumbre. Cada uno de los capítulos aborda la cuestión con una combinación de los aspectos conceptuales e ilustraciones con ejemplos. El libro está dirigido a un público amplio,  más allá del mundo de los economistas.

El foco de la cuestión es la insatisfacción de los autores con el tratamiento convencional que la economía ha dado al concepto de incertidumbre: adjudicar probabilidades subjetivas a todos los posibles eventos futuros. Ésta ha sido la forma bajo la cual en el análisis económico convencional ha logrado encapsular la noción de incertidumbre como una cuestión de manejo del riesgo.

Este planteo, iniciado en la academia estadounidense en los años 80 y posteriormente incorporado al programa de estudios universitarios de economía en todo el mundo, descansa en algunos supuestos cruciales. Primero, es factible conocer todos los posibles eventos y asignarles una probabilidad. En otras palabras, no conocemos el futuro, pero sí podemos discernir todos los posibles cursos futuros y asignarles una probabilidad subjetiva de ocurrencia. Segundo, todas aquellas situaciones que quedan fuera de este mapa son tratadas como shocks exógenos. Tercero, a partir de esta representación del mundo, individuos, hogares y empresas maximizan la utilidad esperada.  Cuarto, otro elemento central del planteo es que, durante el período para el cual los agentes formulan sus expectativas, no se producen cambios en los posibles senderos futuros identificados -hay un supuesto de “estado estacionario” de tales horizontes.

Incertidumbre: más allá del riesgo.

En oposición a esta batería analítica, los autores rescatan el concepto clásico de incertidumbre, que ellos califican como “incertidumbre radical”. Esta incertidumbre profunda, aquella que reviste el significado habitual del término, comprende lo que no conocemos, lo que sólo podemos imaginar de manera muy débil e imprecisa, opciones que ofrecen a su vez infinitas ramificaciones (aun difíciles de modelizar y calcular computacionalmente), y, más aún, que existe también aquello que “no sabemos que no sabemos”.[1]

Los autores argumentan que este tipo de incertidumbre no puede ser reducida a alternativas con distinto grado de probabilidad subjetiva. En realidad, el planteo no es nuevo y los autores lo destacan de manera apropiada. Se remonta a Keynes, Knight, Shackle, entre otros, que sostenían que el cálculo de probabilidades tenía un universo más reducido de aplicación: aquél donde las alternativas están objetivamente y estrictamente definidas -los juegos de azar por ejemplo. Pero que son de escasa utilidad cuando se trata de probabilidades subjetivas, especialmente porque hay alternativas -cursos futuros de acción- que no podemos siquiera vislumbrar hoy.

Una de las secciones del libro está dedicada a analizar cuáles habrían sido las razones para alejarse del planteo clásico que tuvo como consecuencia distorsionar la interpretación más evidente del concepto de incertidumbre. Los autores sostienen que la Escuela de Chicago, a través de las contribuciones de Friedman y Savage, tuvieron una trascendencia decisiva, y en particular de este último. Sin embargo, acotan que mientras Savage prevenía que su formulación aplicaba a “un mundo pequeño”, donde era factible acotar mejor los alcances del planteo, Friedman generalizó la teorización. De esa manera, y para sintetizar, la incertidumbre real desapareció de la escena y todo fue reducido al manejo del riesgo y de expectativas subjetivas sobre el futuro.

¿Cuál es entonces la conclusión a la que llegan Kay y Mervyn King? Primero, la necesidad de reconocer que no conocemos el futuro y que el artefacto de las probabilidades subjetivas es de muy limitada aplicación, pero que pierde potencia si se lo lleva más allá de esos límites. Segundo, lo anterior no invalida hacer escenarios, y valernos de información, de datos y modelos, pero cualquier conclusión debe ser acompañada de una “narrativa”. El propósito es contextualizar el análisis y, sobre todo, examinar los límites dentro de las cuales se arriban a ciertas conclusiones, especialmente si se trata de hacer recomendaciones de política, un plan estratégico de negocios, o el manejo de portafolio de inversiones. Tercero, y más importante quizás, los autores sugieren la conveniencia de revalorizar el viejo concepto de incertidumbre apartándola del tratamiento de probabilidades subjetivas y expectativas racionales. Esto último constituye también un mensaje de los autores que tiende a poner en primer plano la importancia del sentido práctico de la economía. Vale la pena una consideración separada de la cuestión.

La economía y su aplicación práctica.

Hay una larga tradición en la construcción del análisis económico con un propósito aplicado. Es ilustrativa la cita de Marshall al respecto: “economía es el estudio de la naturaleza humana en cómo llevar a cabo los negocios cotidianos”.[2] La teoría es válida en la medida que a partir de allí puedan derivarse principios orientadores para la acción -sea la política pública o las decisiones de inversión. Lo mismo se aplica a los modelos: su validez reposa en la medida que permitan ofrecer perspectivas adecuadas para el problema que se desea resolver. Ocurre sin embargo que la acción propuesta -inspirada en el modelo y en la mejor comprensión de la realidad que sea posible- transcurre en el futuro. Esto es en un futuro incierto, con un grado de incertidumbre tal que desafía la posibilidad real de discernir claramente cada una de las alternativas posibles.

El fenómeno en cuestión no tiene las propiedades de estabilidad y constancia en el tiempo. Lo esperable es el cambio, la mutación en grado elevado y a veces inimaginable. Es en este terreno donde el economista está muy limitado en sus capacidades de practicioner. Seguramente arribará a las conclusiones que le permiten el análisis y el modelo basado en los mejores datos disponibles, lo cual tiene en sí mismo gran utilidad, pero la validez como receta operativa está sujeta a múltiples caveats. De ahí la necesidad de, como dicen los autores, narrativas complementarias que en la práctica supone una mirada multidisciplinaria -sea la historia, la sociología, el derecho, la ciencia política, etc. Paradójicamente, la economía se desplazó más bien en el sentido contrario: ha procurado expandir las premisas de su análisis hacia otros terrenos muchos menos relacionados con “los negocios cotidianos”.[3] Esta suerte de imperialismo disciplinario ha sido ciertamente menos fructífero. En síntesis, no hay obstáculos para la ambición práctica de los economistas, toda vez que haya una conciencia clara de las propias limitaciones. Esto requiere no sólo cierta humildad -como diría Keynes, parecida a la noble tarea del dentista-,[4] sino la conveniencia de sumar otros enfoques (disciplinas) al arsenal del análisis económico.

Un par de reflexiones aplicadas a nuestra realidad.

El lector que haya llegado hasta aquí quizás extraiga la conclusión que toda la discusión, más allá que comparta o no el contenido, es excesivamente abstracta. En parte es correcto, pero me permito hacer dos reflexiones que se aplican a nuestra realidad económica reciente y que aluden a situaciones polares. Entre 2016 y 2018, la política económica se inspiró en el diseño de “inflation targeting” que supone, precisamente, un modelo donde los agentes económicos ajustarán sus conductas a las señales y objetivos del Banco Central en un contexto donde no existe incertidumbre radical sino riesgo calculable en base a probabilidades subjetivas. Todos sabemos los resultados. ¿Por qué el modelo no fue confrontado con otras “narrativas” de modo de verificar su efectividad? Vayamos al presente. Las declaraciones oficiales han señalado de manera reiterada la inconveniencia de presentar un “programa económico”. Una posición que evitar caer en la tiranía del Excel y de las proyecciones cuantitativas. En principio, parecería una interpretación justificada a la luz de la profunda incertidumbre reinante y las amenazas que existen en varios frentes de la marcha económica. De otro lado, se puede hacer el argumento contrario: se necesita en parte una “narrativa” detallando los ejes de la estrategia oficial sobre el rumbo elegido. Esa narrativa deberá tener su expresión numérica de manera de observar cómo encajan las diferentes piezas de política. Pero esto no significa que tales números habrán de cumplirse necesariamente. Como la incertidumbre es elevada, la visibilidad es baja y el horizonte se estrecha. Es comprensible. Pero esto no invalida la tarea.  Precisamente, implica reconocer la necesidad de repetir el ejercicio de manera frecuente y adaptar el rumbo a las nuevas circunstancias. La propuesta de una narrativa brindará un sentido de dirección que ayuda a las decisiones económicas y contribuye a despejar la incertidumbre. En este caso, el Excel ayuda y no perjudica. Quizás el próximo proyecto de presupuesto ayude a despejar incógnitas. No sabemos.    

Cierro aquí el comentario del libro de Kay y King. El texto creo que es de utilidad para una revisión de la noción de incertidumbre, rescata conceptos que vienen de tiempo atrás e incorpora también nuevas dimensiones. Los ejemplos ayudan a ilustrar y a poner de relieve las implicaciones del tema en debate. La sección sobre el aporte práctico de los economistas puede ser leída como un llamado de atención. No obstante, el lector debe advertir que el libro incursiona en territorios muy vastos, sin necesariamente señalar los límites del análisis. En ocasiones la complejidad del concepto es dejada de lado con la intención de progresar en el temario. La amplitud de mirada es una ventaja, pero tiene el costo de dejar aristas que no quedan adecuadamente exploradas.

*  Investigador Invitado, IIEP-UBA


[1] Taleb, N. (2007), Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, Random House Publishing Group.

[2] Marshall, A. (1890). Principles of Economics.

[3] La referencia obligada aquí es la obra de Gary Becker, también un miembro destacado de la Escuela de Chicago.

[4] Keynes, J.M. (1930). Essays in Persuasion.

Acerca del teletrabajo

Man using laptop computer

Por Luis Beccaria*

Las medidas de aislamiento social han llevado a que muchas empresas recurran al teletrabajo (TT) –entendido como aquel trabajo realizado total o parcialmente desde los domicilios de los trabajadores mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (TICs)[1]– como una estrategia adecuada para la continuidad de un conjunto de tareas. Esta forma de organización del proceso de trabajo –que por cierto existe desde hace años, pero a una escala reducida, aunque creciente–[2] pasó a ser un tema frecuente en la discusión pública, especialmente, respecto a su futuro una vez concluida la pandemia. En este sentido, varios estudios plantearon la potencialidad que diferentes ocupaciones tendrían de pasar a ser desarrolladas entera o parcialmente, mediante TT. Sigue leyendo “Acerca del teletrabajo”

Novedades del frente cannábico

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Por Andrés López*

[Para ponerse en ambiente, le recomendamos al lector acompañar la lectura de la nota con esta playlist]

El año pasado publicamos un trabajo en el cual, entre otras cosas, revisábamos un amplio conjunto de estudios sobre experiencias (la mayor parte de ellas en EEUU) de legalización del cannabis recreacional y/o medicinal (el interés por analizar este último caso deriva de que se supone que podría ayudar a relajar la percepción de riesgo y reducir el estigma social del consumo de cannabis, e incluso permitir, por distintas vías, un “desvío” del cannabis destinado al uso medicinal hacia el uso recreacional). En ese trabajo presentábamos un breve resumen respecto de la evidencia que surgía de ese conjunto de estudios, a saber: i) las iniciativas de liberalización/despenalización parecen llevar a aumentos leves/moderados de la prevalencia (porcentaje regular de usuarios sobre total de la población) del consumo de cannabis en la población adulta (en torno al 15/25%) y probablemente a mayores tasas de desórdenes asociados a dicho consumo, pero no se hallaba evidencia respecto de un incremento de la prevalencia en adolescentes; ii) algunos trabajos encuentran que dichas iniciativas ayudan a reducir el uso de sustancias más peligrosas (e.g. cocaína, heroína) y los problemas de salud asociados a dicho uso; iii) hay evidencia respecto de que la liberalización no induce mayores niveles de criminalidad y de hecho varios trabajos hallan que ayuda a reducir ciertos tipos de crímenes[1] (y a achicar el negocio del narcotráfico); y iv) algunos estudios hallan impactos neutros o incluso en algún caso positivo sobre ciertos indicadores de salud (e.g. accidentes viales o laborales, suicidios). Sigue leyendo “Novedades del frente cannábico”

¿Es la pandemia una oportunidad para hacer converger el pacto fiscal y el contrato social?

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Por Manuel Basombrío*

No es fácil pensar bajo incertidumbre extrema… pero la negligente improvisación podría, por lo menos en la región, abrir las puertas del Hades o, en términos de Hume, sobrepasar las circunstancias de la justicia. Es imperativo pensar, y mucho, sobre este inédito escenario, que en la región reúne pandemia y problemas estructurales preexistentes, para dar la respuesta más eficiente y equitativa posible. Los gobiernos, los organismos internacionales (CEPAL, BID, FMI, etc.), la academia y “pensadores independientes” están en ello. Sin embargo, es difícil discernir entre la creciente oferta de diagnósticos, predicciones y recetas, cuáles son las más acertadas, justamente porque la incertidumbre es extrema. Hay sí, un personaje protagonista que aparece en casi todas las reflexiones: el pacto fiscal; a grandes rasgos, una reformulación del papel a desempeñar por el Estado tanto para dar respuesta a los efectos de la pandemia como para el “día después”. Sigue leyendo “¿Es la pandemia una oportunidad para hacer converger el pacto fiscal y el contrato social?”