El nivel de actividad económica se encuentra actualmente en una meseta que resume un paisaje heterogéneo. La industria, la construcción y varias actividades de servicios exhiben diversos grados de contracción o muy escaso crecimiento. La agroindustria, la minería y el petróleo se expanden a buen ritmo. En este contexto, el gobierno ha hecho trascender que mantendrá los objetivos del programa y que no hará modificaciones en el diseño de política económica. Por otro lado, las encuestas de opinión señalan que el bajo nivel de ingresos es una preocupación central. Dado este escenario parece pertinente preguntarse si es factible reactivar la actividad mediante un aumento del salario real a través de una mayor flexibilidad de la negociación paritaria. Este es un recurso al que apeló el gobierno en el primer semestre de 2024 y es una de las razones que podría esgrimirse para habilitar la pregunta anterior. Obviamente, una medida de ese corte debería evitar presiones inflacionarias porque ello perjudicaría un objetivo de primer orden para el oficialismo y que complicaría al extremo el resto del programa económico.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), instituido por la Ley 27.742 en julio de 2024, fue concebido como un instrumento excepcional destinado a atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. En su formulación inicial, el régimen se presentaba como un esquema cerrado, con una delimitación sectorial relativamente precisa y con exigencias de inversión elevadas. La trayectoria normativa posterior ha preservado las definiciones iniciales y las ha acompañado de una expansión progresiva de su cobertura.