Por Oscar Cetrángolo*
Hace tiempo sabemos que los sistemas de pensiones que brindan beneficios a quienes alcancen la edad de retiro y hayan aportado durante 30 años difícilmente logren brindar cobertura previsional a la mayoría de los pasivos de una sociedad como la nuestra. La magnitud del desempleo y, en mayor medida, del empleo informal ha obligado a discutir e instrumentar reformas destinadas a ampliar la cobertura previsional al menos a los adultos mayores sin ingresos suficientes. Ello ha sucedido en países desarrollados y hace algunos años está sucediendo en muchos países de América Latina[1].
También sabemos que los que sí logran aportar pueden aspirar a recibir en el futuro pensiones que no pueden alejarse mucho del monto que surge de multiplicar el porcentaje del salario aportado por la cantidad de aportantes por cada jubilado, lo que suele resultar bastante menor a lo usualmente prometido.
Sabemos que la población se siente defraudada cuando los sistemas no cumplen sus expectativas, y tiende a evitar contribuir de manera permanente, agravando los problemas de solvencia de los sistemas.
Si, adicionalmente, existen mecanismos por los que se puede acceder a beneficios previsionales sin haber cumplido con los requisitos legales para ello, los incentivos que tienen los no asalariados a aportar serán aún menores. En un régimen de reparto, como resulta obvio, la mayor flexibilidad en el otorgamiento de beneficios determina el menor valor de los haberes. No se quiere sugerir aquí que la solución sea la vuelta a la capitalización individual, con problemas mucho más graves y difíciles de resolver, que no son objeto de esta nota.[2]
Para enfrentar los problemas de cobertura e informalidad laboral, se están desarrollando en varios países sistemas donde los jubilados reciben una prestación que corresponde a lo que se puede financiar de manera sostenible con las contribuciones de los activos, y quienes no cumplen los requisitos para jubilarse y no tienen otros medios de subsistencia suficientes, reciben prestaciones financiadas por impuestos generales.[3]
En Argentina, desde la generosa moratoria de Manrique durante el gobierno de Onganía se han sucedido medidas de emergencia para mejorar la cobertura allegando al fisco un poco de dinero fresco en corto plazo y enormes demandas futuras difíciles de cumplir. Cada medida es anunciada como la última y definitiva, como prólogo a una solución definitiva, equitativa y sostenible. Ya nadie cree en ello.[4]
Luego de la moratoria final de hace nueve años, hoy se discute una nueva moratoria definitiva. En este caso, el proyecto contiene la explicación de por qué es la última. Resulta que permite “regularizar aportes como autónomos o monotributistas hasta diciembre del año 2003. La elección de dicha fecha tiene que ver con que es ’bisagra’ para la economía de la REPUBLICA ARGENTINA, siendo el primero en que la economía volvió a crecer luego de la aplicación de políticas neoliberales desde el año 1976 que ensombrecieron el crecimiento y empobrecieron a los argentinos, además de ser un período de altas tasas de desempleo.”[5]
¿Será que en todos los países donde hay empleo informal están vigentes los perniciosos modelos neoliberales? ¿Será cierto que en Argentina no hay mas recetas neoliberales y, por lo tanto, el empleo informal está en vías de extinción desde el 2004?
De acuerdo con información oficial, solo el 53% de la Población Económica Activa aporta al Sistema de Seguridad Social[6]. En el futuro, un elevado porcentaje de la población adulta mayor no gozará de los beneficios de una jubilación o dependerá de nuevas medidas de emergencia.
Es hora de encarar una reforma de fondo, que haga del sistema de reparto un modelo eficiente, equitativo y sostenible, y asegure ingresos para toda la población que no logra cumplir los requisitos. Para que ello ocurra hay varios caminos posibles, pero la orientación general debiera llevar a diferenciar las fuentes de financiamiento. Los recursos no contributivos que asigne el Presupuesto Público debieran estar destinados a financiar un piso de protección social creciente a los que no logran cumplir con los requisitos del sistema, contemplado diferentes niveles según sea la historia contributiva de cada trabajador. Los recursos contributivos, en cambio, debieran destinarse exclusivamente a financiar los haberes previsionales de los que, cumpliendo con los requisitos establecidos por el régimen, se hagan acreedores a haberes que efectivamente puedan ser financiados con sus aportes.
Obviamente, hay que discutir con cuidado la transición y consensuar la orientación de la reforma, pero algúndía debiéramos dejar de mentirnos…
*Profesor titular regular de Finanzas Públicas en la FCE, UBA; Director y docente de la Maestría en Economía de la misma facultad.
[1]http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/24079/lcg2294e_Capitulo_IV.pdf; http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_154235.pdf
[2] El tema es tratado en www.cepal.org/publicaciones/xml/1/21281/lcl2219e.pdf
[3] Véase, por ejemplo, Uthoff, A. “Brechas del Estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América Latina” en Revista de la CEPAL 89, Santiago de Chile, 2006. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/26363/LCG2312e.pdf
[4] No es intención de estas notas discutir las características de esa reforma previsional necesaria, sino sólo su necesidad. Para una evaluación del funcionamiento del sistema de pensiones véase http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/encrucijadas.pdf
[5] Poder Ejecutivo Nacional, Proyecto de Ley de Moratoria Previsional, 12 de junio de 2014. file:///C:/Documents%20and%20Settings/gpeirano/Mis%20documentos/Downloads/PE148-14PL.pdf
[6]http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/Enapross/Libro%20ENAPROS%20interior.pdf, p. 53.
ALQUIMIAS ECONÓMICAS 
Muy buen analisis.
La solucion tiene que estar en una Jubilacion Universal + un plus vinculado con aportes hechos al sistema de reparto (como minimo) o algun tipo de capitalizacion individual tambien vinculado a los aportes obviamente (no necesariamente AFJP,s, puede ser sistema de capitalizacion pero publico)
Asi nos salvamos de tener nuevos heroes inclusivos y/o dilapidadores seriales.
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Muy Buena la nota Oscar. Que cantidad de trabajadores activos se requieren hoy para mantener a un jubilado promedio? Que porcentaje del sistema provisional es financiado con aportes y que porcentaje con ingresos corrientes?
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las jubilaciones entregadas sin los aportes respectivos, se financiaron con la no actualización, y el no cumplimiento del 82% movil. si agregamos el efecto inflacionario, y el no pago de juicios ganados de actualización, asistimos a un robo sistemático del haber jubilatorio al trabajador con aportes. esto ocurrió en Argentina en los últimos 10 años
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Gracias por los comentarios. En relación con el de Agustín, hoy tenemos alrededor de 9,4 millones de aportantes al Sistema Integrado Nacional y algo más de 4 millones y medio de beneficiarios. Entre los aportantes hay 2 millones de autónomos, monotributistas y trabajadores del servicio doméstico, y entre los beneficios, hay 2 millones y medio que lo alcanzaron a través de moratoria. Adicionalmente, en las cajas provinciales no transferidas hay cerca de medio millón de pasividades. La tasa de sostenimiento requerida dependerá de una variedad de aspectos que hacen a la organización futura del sistema, incluyendo, por ejemplo, la continuidad de las moratorias y monotributo. En la actualidad, las cargas sobre el salario financian alrededor del 70 % de las prestaciones.
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