Informalidad laboral en Argentina: avances y desafíos pendientes

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Por Roxana Maurizio*

La informalidad laboral continúa siendo una característica sobresaliente de los mercados de trabajo latinoamericanos, incluyendo el argentino. Nos referimos aquí al enfoque “legal” el cual asocia la informalidad con la evasión, el no cumplimiento, de la normativa laboral. A partir de esta definición es posible diferenciar a los trabajadores asalariados formales de los informales. En particular, son contabilizados como formales aquellos asalariados que en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) responden afirmativamente a la pregunta acerca de si su empleador le efectúa los descuentos de su salario para realizar los aportes al sistema de seguridad social.

El objetivo de esta nota es describir la tendencia descendente de la informalidad definida de esta manera verificada en el país durante los 2000, analizar las características y algunos determinantes de tal evolución y señalar los factores coyunturales y estructurales para dificultan que este proceso continúe de manera sostenida.

La reducción de la informalidad durante el nuevo milenio

Al igual que un conjunto importante de países de la región, Argentina experimentó durante el nuevo milenio un fuerte proceso de reducción de la informalidad laboral, luego de la tendencia creciente exhibida durante la década de los noventa (de 42% en 1995 a 47% en 2002). Entre 2003 y 2017 la incidencia de la no registración entre los asalariados se redujo en 14 puntos porcentuales (p.p) pasando del 48% al 34% en el total de aglomerados urbanos relevados por la EPH (Gráfico 1).

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Esta tendencia decreciente debe evaluarse aún más positivamente si se tiene en cuenta que se verificó en el marco de un elevado crecimiento del empleo total lo que da como resultado un significativo volumen de nuevos puestos asalariados formales. En efecto, a lo largo de este período éstos aumentaron casi 60% mientras el empleo total lo hizo en alrededor del 20%.

Sin embargo, en los últimos 14 años este proceso ha exhibido tres etapas bien diferenciadas. La primera, entre 2003 y 2008, donde la informalidad se contrajo en 12 p.p. (la mayor parte de la formalización se verificó en este quinquenio); la segunda, entre 2008 y 2015, donde tal proceso se ralentizó significativamente ya que la informalidad registró una caída adicional de 4 p.p, y la tercera, desde ese año en adelante donde se observa cierta reversión de esta tendencia descendente con un crecimiento de alrededor de 2 p.p.

En el presente, los asalariados no registrados representan el 34% del total de los trabajadores en relación de dependencia. Asimismo, ellos dan cuenta del 25% de la masa total de ocupados. Otro cuarto es explicado por los trabajadores independientes, mayoritariamente cuenta propia no profesionales. Por lo tanto, sólo la mitad de los ocupados son asalariados formales. Ello muestra que el mercado de trabajo argentino continúa exhibiendo un elevado grado de precariedad. Conjuntamente con el empleo independiente, la no registración de los asalariados reduce el alcance de las instituciones laborales y de las políticas activas del mercado de trabajo las cuales se dirigen, mayormente, a los asalariados formales (más allá de que algunas políticas activas se dirigen a los no asalariados). Adicionalmente, la falta de un empleo registrado genera la imposibilidad de acceder a un conjunto importante de beneficios sociales en un contexto de insuficientes instrumentos de protección de naturaleza no contributiva.

Las características del proceso de formalización

El proceso de formalización –especialmente en el primer quinquenio posconvertibilidad- se ha nutrido de tres canales: la formalización en el mismo puesto de trabajo, los tránsitos desde una ocupación informal o independiente a un empleo formal y las entradas a una ocupación registrada desde el desempleo o la inactividad. Alrededor del 60% de los asalariados que comenzaron a ser formales en esos años lo hicieron en el mismo puesto, 9% corresponden al segundo canal mientras que el 31% restante se divide en partes casi iguales entre las entradas desde el desempleo y la inactividad.

Resulta, por lo tanto, llamativa la elevada proporción de eventos de formalización in situ, esto es, trabajadores informales que fueron formalizados en la misma ocupación.

Cuando se analiza en mayor detalle esta primera vía de formalización se observa que tal proceso no ha sido aleatorio entre los trabajadores sino que ha beneficiado con mayor intensidad a aquellos asalariados informales que inicialmente presentaban un “mejor” vector de características: individuos con mayor nivel educativo, varones, en edades centrales, ocupados en medianas y grandes empresas y con mayor antigüedad en el puesto de trabajo. O sea, fueron los grupos de asalariados que inicialmente ya exhibían una mayor tasa de formalidad los que se beneficiaron mayormente de este proceso. Ello implicó, por lo tanto, que las brechas de formalidad entre los diferentes grupos de asalariados se amplificaron durante este proceso a la vez que la informalidad se ha ido concentrando progresivamente entre los ocupados de menores calificaciones, jóvenes y trabajando en pequeños establecimientos (Maurizio, 2015).

Ello, a su vez, resulta consistente con el hecho de que fueron los informales de mayores salarios (considerando la distribución salarial de los trabajadores no registrados) los que fueron formalizados con mayor probabilidad, tal como se muestra en el Gráfico 2.

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Si se considera que la registración laboral entre los asalariados depende, en gran medida, de la decisión de los empleadores[1] y teniendo en cuenta que el proceso de formalización se verificó mayormente a través del pasaje a la formalidad de empleados que originalmente eran informales en la misma ocupación, resulta interesante identificar algunos de los factores que podrían haber inducido a aquellos a favorecer a los trabajadores que poseían características más valoradas en el mercado de trabajo.

Por un lado, desde la teoría de salarios de eficiencia es posible argumentar que el crecimiento de la demanda laboral puede incrementar la rotación voluntaria de trabajadores en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, lo que puede derivar en un mayor número de renuncias con los consiguientes costos directos e indirectos que ello implica para los empleadores. Estos costos resultan ser generalmente mayores cuanto mayor es la intensidad del entrenamiento específico otorgado a los trabajadores. A su vez, éste suele correlacionarse positivamente con la antigüedad en el puesto. Al mismo tiempo, dada la estrecha vinculación entre el capital humano general y el específico, son los trabajadores de mayor educación los que reciben con más intensidad este tipo de calificaciones y entrenamientos. Por lo tanto, los empleadores intentarán retenerlos y cada vez más en la medida en que cuenten con mayor experiencia en el puesto. Una forma en que pueden hacerlo es mejorando las condiciones laborales a través de la formalización. Este argumento podría contribuir, por lo tanto, a explicar, al menos en parte, por qué los asalariados con mayor nivel educativo y mayor duración en el puesto (que, a su vez, son generalmente trabajadores hombres en edades centrales) han sido priorizados en este proceso de formalización.

Por otro lado, el fortalecimiento de la inspección laboral verificado en aquellos años podría haber incrementado los costos potenciales asociados al incumplimiento de la normativa laboral en un contexto de crecimiento económico y de la capacidad por parte de las empresas de enfrentar los costos salariales y no salariales asociados a una ocupación formal. En la medida en que los controles son más intensos en las grandes empresas, ello podría ser otro factor asociado a la mayor tasa de regularización de los trabajadores en los establecimientos de mayor tamaño.

La dinámica futura de la informalidad laboral

A la luz de la experiencia reciente al menos dos aspectos resultan relevantes cuando se evalúa la trayectoria probable de la informalidad en el futuro cercano. El primero de ellos es el crecimiento económico y el régimen macroeconómico; el segundo refiere a la composición actual de la informalidad.

Respecto de lo primero, existen argumentos teóricos tanto desde el lado de la demanda como de la oferta del mercado de trabajo que dan cuenta del rol del ciclo económico y, en particular, del comportamiento contracíclico de la informalidad.

En primer lugar, un proceso de crecimiento sostenido con generación de empleo hace más previsible el funcionamiento del mercado de trabajo en el futuro, lo que tiende a favorecer la celebración de contratos de largo plazo. En este contexto, la formalización se vuelve más factible per se. Asimismo, una expansión de la producción puede reducir la probabilidad esperada de despidos y, por ende, las chances de que los empresarios tengan que afrontar efectivamente los costos asociados a este proceso cuando deciden desvincular a un trabajador formal. A través de esta vía, por lo tanto, se reducen los costos (esperados) asociados a la formalidad lo que hace que los empresarios estén más predispuestos a contratar trabajadores legalmente o a formalizar a aquellos que ya tenían contratados de manera informal. En este contexto se ponderan los beneficios que para los propios empleadores generan las relaciones laborales largas debido al aumento de la productividad asociado a la intensificación de las tareas de entrenamiento y al mayor involucramiento de los trabajadores (Beccaria, 2013). 

Por el contrario, la inestabilidad macroeconómica genera incertidumbre sobre el contexto económico y laboral futuros lo que puede incentivar la evasión de las normas laborales y, con ello, incrementar la contratación de trabajadores de manera irregular.

Adicionalmente a la menor volatilidad, el tipo de crecimiento asociado a un determinado régimen macroeconómico resulta de suma importancia para favorecer tanto la generación neta de empleo formal como la formalización del mismo. En particular, los resultados dependerán de si el entorno económico propicia incrementos de productividad y rentabilidad de las empresas pequeñas generando las condiciones para que éstas se formalicen y comiencen a tributar impuestos debido a las mayores posibilidades de enfrentar estos costos en el futuro. Ello, en sí mismo, es una condición necesaria para la registración de sus empleados. Al mismo tiempo, la expansión del nivel de actividad puede generar una demanda laboral creciente por parte de empresas de mayor tamaño que son, en general, las que registran menores niveles de informalidad entre sus trabajadores.

Por último, el aumento del empleo y la reducción consecuente del desempleo otorgan a los individuos una mayor capacidad de negociación frente a sus empleadores lo que puede contribuir a un mejoramiento de las condiciones laborales con impactos positivos sobre la registración.

En Argentina, al igual que un conjunto importante de países de la región, el proceso de formalización se verificó en un período de crecimiento elevado y estable (especialmente entre los años 2003 y 2008) con fuerte reducción del desempleo. Ello claramente contrasta con las tendencias observadas en la década de los noventa, donde la tasa de desempleo se duplicó, la tasa de empleo se expandió sólo levemente y la formalidad cayó, aún en períodos de crecimiento del PIB (Gráfico 3). En particular, el porcentaje de asalariados formales en el total de los trabajadores en relación de dependencia se redujo del 58% en 1995 al 52% en 2003 y se incrementó desde allí hasta alcanzar el 66% en 2017.

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Sin embargo, luego del crecimiento experimentado por el PIB en 2010 y en 2011 (posterior a la caída de casi 6% registrada en 2009) desde 2012 en adelante el comportamiento macroeconómico ha sido claramente menos favorable –con tasas positivas del orden del 2/3% alternando con tasas negativas- que el observado entre 2003 y 2008. Asimismo, luego de la corrida cambiaria, del shock devaluatorio de fines de abril y del acuerdo con el FMI el crecimiento proyectado para 2018 resulta ser aún más bajo que n 2017, del orden del 1.5% o aún menor, lo que marca una primera restricción importante para el que proceso de formalización se verifique en un marco de creciente demanda global de empleo.

Ello resulta aún más complejo cuando se considera el segundo de los aspectos señalados más arriba como relevantes para la trayectoria futura de la formalidad: la composición actual de la informalidad. Como se mencionó, el proceso de reducción de la informalidad estuvo sesgado hacia aquellos trabajadores con un vector de características más favorable. Ello indica que la composición actual de la informalidad requiere esfuerzos mayores que en el pasado para su reducción.

En este sentido, dos características resultan particularmente relevantes: el tamaño del establecimiento y la rama de actividad. Como se observa en el Gráfico 4, el 64% de la informalidad se concentra en establecimientos de hasta 5 ocupados, o sea, micro y pequeñas firmas que operan, a su vez, en el sector informal de la economía. En términos generales, estos establecimientos se caracterizan por muy bajos niveles de productividad, de inversión física y de estabilidad, tanto de la propia firma como de sus trabajadores. En ellos la proporción de asalariados no registrados continúa siendo muy elevada, del orden del 70%.

El panorama se agudiza aún más cuando se analiza la composición del empleo informal según rama de actividad. Como se observa en el mismo gráfico, alrededor de un cuarto de la no registración se concentra en el servicio doméstico, donde la informalidad alcanza a casi el 80% del empleo asalariado. Una dificultad particular de este sector es que los mecanismos de inspección laboral que son aplicables al resto de la economía no lo son en esta rama de actividad.

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Ello sugiere, por lo tanto, que adicionalmente al comportamiento macroeconómico menos favorable esperable para los próximos años que el observado en el período de fuerte reducción de la no registración, la estructura productiva continúa generando restricciones importantes para la reducción sostenida de la informalidad.

Es en este contexto en el cual, creemos, deberían discutirse y evaluarse la pertinencia y eficacia tanto de la rebaja de contribuciones patronales incluida en la reforma tributaria sancionada en diciembre de 2017 (a través del establecimiento de un Mínimo No Imponible para el cómputo de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Único de Seguridad Social) como la regularización del empleo no registrado y la registración laboral incluida en el proyecto de Ley de Reforma Laboral elevado recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso. En particular, el proyecto propone la condonación total o parcial de la deuda generada por la falta de aportes y contribuciones a la seguridad social por parte del empleador, excluidos los correspondientes a obras sociales.

En una nota anterior de Alquimias “Contribuciones patronales y formalidad laboral. Algunas reflexiones sobre la reforma tributaria”, junto a Luis Beccaria señalábamos la incertidumbre respecto de los potenciales efectos positivos de la rebaja de las contribuciones patronales sobre el empleo total y, en particular, sobre el formal vis a vis la reducción inmediata de la recaudación tributaria que esta medida implica.[2] Estas dudas se basan tanto en la propia experiencia argentina en el uso de este tipo de estrategia para fomentar la formalidad como en los resultados más frecuentes encontrados en la implementación de programas similares en otros países de la región.

En particular, durante la década de los noventa, luego de la disminución de las contribuciones patronales y en un contexto de elevado crecimiento, el incremento del empleo total, como ya se mencionó, fue poco intenso con un incremento sostenido de la no registración. Por el contrario, el fuerte proceso de reducción de la informalidad laboral desde 2003 se verificó con alícuotas de contribuciones patronales que no eran muy diferentes de las vigentes entre 1995 y el 2000. Asimismo, en la comparación entre los países de América Latina tampoco aparece una elevada correlación positiva entre el nivel de estas alícuotas y la incidencia de la informalidad laboral.

Respecto de la condonación de deuda por aportes patronales incluida en el proyecto de reforma laboral, aspecto analizado en profundidad en una nota anterior de Alquimias “Acerca de las propuestas de reformas laborales” por Luis Beccaria, también surgen interrogantes sobre sus impactos en la demanda de empleo formal. Si bien la medida propuesta levanta una restricción importante a la hora de declarar trabajadores que previamente estaban contratados de manera ilegal, el incremento de los costos salariales y no salariales que el paso a la formalidad implica puede hacer que la misma no sea suficiente para incentivar la registración, especialmente en empresas pequeñas.

En conclusión, tanto los argumentos teóricos así como la evidencia empírica argentina y de la región sugieren que existe gran incertidumbre acerca de la influencia de la reducción de los costos laborales sobre la generación de empleo formal, más aun en un contexto de bajo crecimiento, elevada inestabilidad macroeconómica y de fuertes restricciones para la creación de empleo de calidad provenientes de la estructura productiva caracterizada por una reducida eficiencia y productividad sistémicas.

La reducción de la informalidad requiere, además de un contexto macroeconómico estable, de un conjunto amplio y coherente de políticas que apuntalen tanto la creación de nuevo empleo formal como la registración de los asalariados operando en la ilegalidad. Por un lado, el logro de la misma demanda de medidas más integrales que incluyan políticas productivas, de acceso al crédito, a la tecnología y a los mercados, entre otras, destinadas a aumentar la productividad, la eficiencia y la formalización de las pequeñas empresas las que también podrían contribuir a la registración del personal. Ello puede suceder, bien porque el incremento en la productividad genera una mayor capacidad contributiva por parte de los empleadores o bien porque la registración es una condición explícita para acceder a las ventajas que ofrecen algunos de estos programas. En este sentido, vale mencionar que la ilegalidad laboral suele ser parte de la cadena de evasión impositiva por parte de los empleadores. Por otro, el fortalecimiento de la inspección laboral como estrategia relevante para el combate de la informalidad en empresas medianas y grandes considerando que alrededor de un cuarto de la misma aún se concentra en establecimientos de entre 6 y 40 ocupados y el 10% en firmas que superan ese umbral.

* Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET)


Referencias

Beccaria, L. (2013) “Perspectiva de políticas de formalización de la economía informal en Argentina”, Documento presentado en la Primera Reunión de Estudios de Instituciones y Políticas Laborales en América Latina (REIPAL), Santiago de Chile.

Deviciente, F., F. Groisman y A. Poggi (2009) “Informality and poverty: Are these processes dynamically interrelated? Evidence from Argentina”, ECINEQ Working Paper No. 146.

Jütting, J. y J. de Laiglesia (eds.) (2009) “Is informal normal?. Towards more and better jobs in developing countries”, Development Centre Studies, OECD.

Kucera, D. y L. Roncolato, (2008) “Informal employment: two contested policy issues”, International Labour Review, Vol. 147 (2008), No. 4. ILO, Geneva.

Maurizio, R. (2015) “Transitions to formality and declining inequality: Argentina and Brazil in the 2000s”, Journal of Development and Change, vol. 46, issue 5.

[1] Para una discusión sobre este aspecto, véase, por ejemplo, Deviciente et al. (2009), Jütting y de Laiglesia (2009), Kucera y Roncolato (2008).

[2] Esto último también fue señalado en otra nota de Alquimias escrita por Oscar Cetrángolo “Reducción de contribuciones patronales: obstáculos para una necesaria reforma previsional y el renacimiento gradual del conflicto con las provincias”.

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