Por Luis Beccaria* y Roxana Maurizio**
Los episodios recesivos tienen generalmente un impacto distributivo negativo, que se canaliza a través de la influencia de la dinámica productiva sobre los ingresos y las remuneraciones, y que se refleja en el aumento de la desigualdad relativa de los ingresos y de la pobreza. El fuerte deterioro de la situación económica actual, resultante del inicial shock de oferta asociado al aislamiento social obligatorio –respuesta sanitaria al avance del virus– se ha traducido en un porcentaje elevado de los trabajadores cuyos ingresos se han visto deteriorados marcadamente. Ello como consecuencia de que han perdido sus empleos, o que no pueden desarrollar sus profesiones u oficios, o que sus remuneraciones nominales se han reducido.
Este shock ha implicado, asimismo, la profundización de las ya serias dificultades que atravesaba el contexto económico y el mercado laboral, en particular. En este marco emerge con fuerza la diferenciación entre aquellos individuos y familias que continúan percibiendo ingresos y aquellos que los perdieron.
El frágil contexto laboral previo
Durante el 2019 se acentuó la tendencia declinante de la actividad productiva (el PIB se redujo en 2.2%) ya iniciada un año antes (cuando la disminución del PIB fue de 2.5%), lo cual impactó sobre el empleo y las remuneraciones. El desmejoramiento del frente laboral durante ese año no se reflejó en la tasa de desempleo ya que era, a fines del mismo, similar a la de un año atrás (alrededor del 9%). Incluso, se produjo un aumento importante del empleo total –algo menos del 3%- entre los cuartos trimestres de 2018 y 2019. El rasgo que denota las crecientes dificultades laborales fue el desmejoramiento de la calidad de la estructura ocupacional. A lo largo del 2019 se prolongó y acentuó la caída de la cantidad de puestos asalariados formales, registrados en la seguridad social, mientras que se expandió significativamente la de trabajadores por cuenta propia, incremento que debió concretarse en puestos de baja calificación e ingresos; en menor medida también creció la cantidad de asalariados no registrados. Por lo tanto, la totalidad del mencionado aumento de la ocupación total correspondió a estos dos últimos grupos de trabajadores entre los que es muy elevada la precariedad, la rotación laboral y las bajas remuneraciones. En cambio, la cantidad de puestos de trabajo de asalariados formales se redujo en 1.2% entre fines de 2018 y 2019 (2.5% para el caso de los privados).
Tal deterioro en la calidad del empleo, junto con un nivel de ocupación total creciente, sugiere al menos dos procesos que son frecuentes en economías con elevado grado de informalidad y que ya caracterizaron otros episodios recesivos en el país. Por un lado, algunos de quienes perdieron un empleo formal pasaron a ocuparse informalmente. Por el otro lado, un flujo significativo de personas que no participaban del mercado de trabajo a fines de 2018 habría decidido comenzar una actividad, aun informal, especialmente como cuenta propia, ante la pérdida de empleos, o la disminución de las remuneraciones, que experimentaron otras miembros de su hogar. El mercado laboral de 2019 (y en alguna medida, también de 2018) fue, entonces, un típico caso en el cual la informalidad actuó como alternativa al desempleo.
La cuarentena y otras medidas sanitarias se dan, entonces, en un mercado laboral con más desempleo que hace dos años y, como lo muestran los gráficos a continuación, con una estructura ocupacional en la cual sólo el 47% corresponde a asalariados formales, un 26% a asalariados informales y un 27% a independientes. De este último conjunto, alrededor del 80% son cuenta propia no profesionales, de oficio. A su vez, las remuneraciones reales han venido deteriorándose y, si se toma en cuenta sólo las formales, ellas se contrajeron en 6% en 2019, que se adiciona a la caída del año anterior (5%), lo cual hace que el salario promedio de fines de 2019 sea el más bajo registrado en ese mes en los últimos 10 años. El salario mínimo, por su parte, ha perdido más de un tercio de su valor real desde su registro máximo a fines de 2011.
Los impactos inmediatos del aislamiento social obligatorio
Si analizamos el impacto directo e inmediato del aislamiento obligatorio observamos que las actividades económicas que fueron consideradas esenciales y que, por lo tanto, quedaron exceptuadas, concentran sólo alrededor de un tercio del empleo privado y aproximadamente un cuarto del total. En algunos sectores productivos el impacto ha sido aún mayor: alrededor del 75% del empleo industrial y aproximadamente la mitad del empleo en comercio no han quedado exceptuados.
En este contexto, inicialmente, los menos afectados serían los trabajadores de las actividades consideradas esenciales y los asalariados formales de empresas grandes de las actividades no exceptuadas. Algunos de estos trabajadores, sin embargo, como los trabajadores por cuenta propia de ciertas actividades particulares y/o zonas podrían experimentar una merma en sus remuneraciones en tanto se verifiquen reducciones de las ventas ante las restricciones de movimiento y el comportamiento de los consumidores en un contexto de elevada incertidumbre.
En el otro extremo se encuentran los cuentapropistas no profesionales y asalariados informales de los sectores no exceptuados, quienes no tienen chance de generar ningún tipo de ingresos o difícilmente puedan hacerlo durante la cuarentena.
Una situación intermedia corresponde a los asalariados formales de empresas medianas y pequeñas, cuentapropistas profesionales y aquellos que pueden realizar sus trabajos en sus propios domicilios, todos excluidos de las actividades no exceptuadas; la posibilidad de pérdida de empleo entre ellos es relativamente menor, pero enfrentarán probablemente -en algunos sectores ya está sucediendo- reducciones de sus remuneraciones.
Estimaciones propias preliminares dan cuenta de que alrededor del 40% del total de los ocupados enfrenta algún riesgo de perder sus empleos (si son asalariados) o de no poder trabajar porque son trabajadores independientes de sectores no exceptuados; ese porcentaje se eleva al 50% dentro del empleo privado. También es de 40% la proporción de los hogares con al menos un trabajador con riesgo de verse afectado; entre ellos, dos terceras partes tienen a todos sus miembros ocupados con algún riesgo laboral.
El cuentapropismo: el mecanismo de ajuste desactivado
El empleo independiente es un tipo de inserción laboral y una fuente de ingresos muy relevante en América Latina en general y en Argentina en particular. Como se mencionó anteriormente, alrededor de un cuarto del empleo urbano total se desarrolla económicamente de manera autónoma. Ello resulta significativamente más elevado -especialmente en lo que respecta al cuentapropismo de oficio- que el peso de este tipo de ocupaciones en el mundo desarrollado y parece, por lo tanto, responder más a una insuficiente creación de puestos asalariados -especialmente formales- que a un mayor “espíritu emprendedor” en la región.
Como se señaló más arriba, resulta frecuente que en contextos de caída del empleo asalariado el cuentapropismo tenga un rol contracíclico. De hecho, entre los cuartos trimestre de 2018 y 2019 el empleo autónomo creció 10% compensando la reducción del empleo asalariado formal. Un comportamiento similar se había observado en la recesión del 2009 cuando los no asalariados crecieron 4% entre fines de 2008 y de 2009, ante un estancamiento del empleo asalariado
Sin embargo, este “tradicional mecanismo de ajuste” se debilita o desaparece en esta coyuntura. Una porción significativa de los trabajadores independientes no quedó enmarcada en la excepción del aislamiento y, a su vez, gran parte de ellos son autónomos que no trabajaban desde sus hogares y para los cuales la posibilidad del teletrabajo es reducida.
En este sentido, al menos dos debates presentes con anterioridad al surgimiento de la pandemia hoy se vuelven aún más relevantes. Uno de ellos refiere a las características del autoempleo. Por un lado, se argumenta que este tipo de inserción laboral es mayormente el resultado de decisiones basadas en un análisis de costo-beneficio donde se lo compara con un puesto asalariado. Sin embargo, en varios estudios previos, cuyos resultados han sido volcados parcialmente en una nota previa escrita en este blog “Empleo independiente en América Latina: espíritu emprendedor o insuficientes oportunidades de empleo asalariado” alertábamos sobre la reducida proporción del empleo independiente que podría quedar representado por esta caracterización en Argentina. En particular, los cuentapropistas de oficio se ubican -junto a los asalariados informales- en el extremo inferior de la distribución, experimentan un elevado nivel de rotación ocupacional y de ingresos, y alrededor de la mitad de ellos viven en hogares que ya eran pobres antes de la pandemia. Como se señaló, este grupo constituyen una parte significativa del grupo de ocupados que se han quedado inmediatamente sin la posibilidad de generar algún tipo de ingreso laboral.
Este aspecto se vincula, a su vez, con otro de gran relevancia en este contexto como lo es el trabajo realizado en los hogares, incluyendo el teletrabajo. No sólo resulta importante resaltar su baja incidencia en el empleo total -tanto previa, donde sólo 5% de los ocupados declaraba hacer desde sus hogares, como la resultante inmediatamente después de establecido el confinamiento obligatorio- sino señalar que, a pesar de ser una vía para mantener, al menos parcialmente, ingresos laborales, no debemos soslayar los potenciales riesgos en términos de la propia organización del trabajo, del desdibujamiento de los límites de la jornada laboral, de la falta de adecuación del espacio de trabajo en casas que previamente no estaban preparadas para ello, entre otros.
Exacerbando las desigualdades previas
El panorama descripto hasta aquí resulta aún más complejo si se tiene en cuenta que los trabajadores en actividades no exceptuadas perciben ingresos laborales muy reducidos, por debajo de la media. En el gráfico a continuación se muestran las funciones de distribución acumulada de ingresos laborales de diferentes segmentos de la población ocupada según el riesgo de perder inmediatamente empleo y/o ingresos desde, como se mencionó, los trabajadores de las actividades exceptuadas hasta, en el otro extremo, los asalariados informales en PyMES y los cuentapropistas no profesionales del resto de las actividades. La línea vertical refleja la mediana global de ingresos laborales mensuales. Como allí se observa, alrededor del 80% de los asalariados no registrados de pequeñas y medianas empresas, y 65% de los cuentapropistas de oficio reciben ingresos por debajo de la mediana.
Por otro lado, los impactos también son desigualadores desde una perspectiva de género. Si bien la incidencia de empleo público es superior entre las mujeres, la mayor tasa de informalidad y la menor proporción de empleo femenino entre las actividades exceptuadas en el sector privado hacen que el ya elevado impacto inicial del aislamiento sobre el riesgo de ver afectada su situación ocupacional resulte alrededor de 5 puntos porcentuales (pp) más alto entre ellas en comparación a los hombres.
Cuando se analiza la distribución de los ocupados con algún nivel de riesgo según deciles de ingresos familiar se observa que en alrededor de la mitad de los hogares ubicados en el 10% más pobre tienen al menos un miembro en esa situación, porcentaje que se reduce a un cuarto en el décimo decil.
Por lo tanto, el aislamiento social obligatorio desnuda y, especialmente, exacerba no sólo las significativas dificultades del mercado laboral argentino sino las enormes desigualdades existentes en su interior. Ello se traduce, muchas veces de manera amplificada, en desigualdades sociales dado que los ingresos laborales dan cuenta, en promedio, de alrededor del 80% de los ingresos totales familiares.
A fin de contar con un panorama del impacto “de primera vuelta” de la cuarentena sobre los ingresos de los individuos y de sus hogares planteamos dos escenarios. El primero supone la pérdida total de ingresos laborales en el segmento de trabajadores por cuenta propia no profesionales de los sectores no exceptuados. Ello implica una pérdida de alrededor del 50% de los ingresos totales en las familias afectadas por este shock, dejando a alrededor del 71% de ellas en condición de pobreza (antes del impacto, este porcentaje ya era del 40%). En el segundo escenario suponemos, adicionalmente, una reducción del 30% de las remuneraciones para el resto de los trabajadores en actividades no exceptuadas y que no realizan sus tareas desde el hogar. Alrededor del 50% del total de los hogares estaría afectado elevando en 16 pp la incidencia de la pobreza al interior de este grupo.
El gráfico a continuación permite visualizar el fuerte corrimiento a la izquierda de la distribución de los ingresos familiares de los hogares afectados en cada uno de estos escenarios, en relación a la situación de partida.
Estos ejercicios solo pretenden dar una dimensión de la magnitud del impacto inicial que está provocando la pandemia, y las medidas sanitarias necesarias para su atención, en un mercado de trabajo que ya antes de este shock exhibía niveles de precariedad muy elevados. Vale aclarar que aquí no se están tomando en cuenta los efectos de las medidas adoptadas -algunas muy recientemente- por el gobierno nacional.
Ellas han tendido, por un lado, a proteger a los trabajadores frente a la pérdida de ingresos y, por otro, a sostener a las empresas y a sus trabajadores formales. Dentro del primer grupo de medidas el Ingreso Familiar de Emergencia aparece como el de mayor alcance, tanto por el monto de la transferencia como por la cantidad de perceptores de la misma. Estimaciones preliminares dan cuenta que el monto del beneficio cubriría aproximadamente el 50/60% de la pérdida promedio de ingresos familiares de quienes lo reciban. Dentro del segundo grupo se ha anunciado un subsidio sobre la nómina salarial de los trabajadores. El monto abarcará el 50% del salario por ocupado con un mínimo de 1 salario mínimo y un máximo de dos salarios mínimos. A su vez, los monotributistas y autónomos podrán acceder a un préstamo a tasa cero con un periodo de gracia para su devolución, adicional a medidas previas de acceso al crédito con tasas subsidiadas.
Sin embargo, cabe esperar que estos impactos iniciales se propaguen debido a la contracción del nivel de actividad de algunos de los sectores exceptuados y de la persistencia de las medidas sanitarias adoptadas. Las proyecciones de caída del PIB para este año -alrededor del 6/7%- en un país con más de un tercio de su población que ya se encontraba en situación de pobreza dan una dimensión del impacto social y distributivo esperable. Por lo tanto, la necesidad de continuar con medidas que lleguen a la población más necesitada implicará un esfuerzo fiscal de gran magnitud.
La situación actual ha también mostrado con mayor claridad las restricciones, por cierto conocidas, que enfrentan las políticas laborales y sociales en países con elevada presencia de informalidad. En términos de gestión de estas políticas el desafío más importante es la “visibilización” de los individuos y hogares más vulnerables en contextos donde resulta imperiosa la rápida y efectiva implementación de mecanismos compensadores no sólo para acotar la pérdida inmediata de ingresos y la falta de acceso a bienes y servicios básicos, sino para limitar la amplificación de estos shocks negativos en el mediano plazo. En este sentido, la existencia de un programa como la AUH, con un registro de hogares de bajos recursos con presencia de menores de edad permitió alcanzar una proporción significativa de aquellos negativamente impactados por la cuarentena. La cantidad de individuos inscriptos en el Ingreso Familiar de Emergencia, largamente superior al de los perceptores de la AUH, resulta un paso importante para la construcción de un instrumento que permita una mejor identificación de aquellos hogares que necesitan ser asistidos inmediatamente en episodios de esta naturaleza.
*Universidad Nacional de General Sarmiento
**Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET)
ALQUIMIAS ECONÓMICAS 