Seguimos (re)cayendo ¿nos levantaremos? (acerca de cómo evitar los buñuelos fríos)

EL CASTILLO DE NAIPES – mi pedazo de realidad

Por Oscar Cetrángolo*, Javier Curcio* y Andrés López*

El cambio de rutinas y otras mutaciones que, de manera abrupta, han afectado las relaciones humanas como consecuencia de la pandemia que estamos transitando, nos ha llevado a reflexionar una vez más sobre la profundidad de la crisis argentina y la superficialidad de muchos debates.

Hace más de medio siglo Julio Cortázar publicó, en su libro “La vuelta al día en ochenta mundos”, un breve texto muy sugerente que nos sirve de referencia para lo que queremos transmitir en esta nota. Allí, el personaje central se muestra angustiado por la certeza de la decadencia (“Nadie puede dudar de que las cosas recaen…”, comienza Cortázar) y da varios ejemplos de aquello que nos hace recaer, entre los cuales los peores parecen ser “los buñuelos fríos, que son la recaída clavada”.

Sin la intención de atribuirle a Cortázar una visión anticipatoria y ampliada a los problemas políticos de nuestro tiempo, es imposible dejar de mencionar el hallazgo de haber pensado las dificultades en reconocer el transito decadente en los excepcionales momentos de euforia (“¿cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche?”), la propia dificultad en reconocer si seguimos recayendo (“probablemente Icaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar”) y, tal vez lo más importante, cómo rehabilitarse. Para eso, el personaje del relato le sugiere a su tía esforzarse de manera permanente en eliminar todo aquello que signifique una recaída.

La metáfora del relato de Cortázar (titulado “Me caigo y me levanto”[1]) es apta, creemos, para reflejar la evolución de la economía argentina en las últimas décadas. Nuestros debates sobre el tema se han concentrado en buscar los factores que están detrás de los auges y las recaídas, y, en particular, en buscar el “culpable” de las mismas (sea una clase social, un partido político, una orientación de política económica, una variable analítica …), cual novela de Agatha Christie. Estos ejercicios son sin dudas interesantes e iluminadores desde el punto de vista académico y de la discusión histórica, pero, mucho tememos, no han sido particularmente útiles para revertir las tendencias de largo plazo de nuestra economía. Tal vez porque la “culpa” la tiene Fuenteovejuna, ya que parece difícil identificar un solo factor, grupo de interés, ideología, etc. que sea la llave mágica que abra el pasaje al entendimiento de un proceso que, por su carácter involutivo desde el punto de vista económico y social, ha llamado la atención de intelectuales y expertos no solo argentinos sino de diversas partes del mundo.[2]

Lo que nos preocupa, en todo caso, no es tanto el pasado como el futuro. No porque no podamos aprender del pasado, sino porque ese aprendizaje remite a políticas concretas (e.g. cómo nos fue con la reforma previsional implementada en 1994), pero no para hallar “soluciones” generales a los problemas del desarrollo argentino. El futuro, por otro lado, no es el pasado proyectado de manera infinitamente idéntica como en “La invención de Morel”[3]. Por ejemplo, nos puede haber ido o mal con la sustitución de importaciones según el punto de mira del analista, pero lo que es seguro es que hoy, como estrategia de desarrollo, es irrepetible. Todo esto para decir que más que quejarnos contra lo que hizo que tuviéramos que comer buñuelos fríos, sería más eficiente aplicar nuestras energías a evitar recaer en ellos.

Por supuesto que aquí no pretendemos ni de lejos dar respuestas al “problema argentino” ni de sugerir estrategias de salida concretas, algo que sobrepasa nuestras capacidades y que, en general, resulta en buenos deseos o expresiones tan amplias que resulta difícil estar en desacuerdo con ellas. Serían el equivalente moderno y argentino de las propuestas de los socialistas que Marx y Engels llamaron “utópicos”; pueden ser buenas o malas, el problema es que no sabemos por qué ni quienes van a impulsarlas. Nuestra intención, más modesta,  es dar continuidad a discusiones que se vienen desarrollando en diferentes ámbitos, con mayor o menor nivel de visibilidad según los casos, y que apuntan a identificar algunas características particularmente negativas que definen la forma en que se viene desarrollando el debate y el proceso de toma de decisiones en materia de políticas públicas en la Argentina, las que, a nuestro juicio, en lugar de favorecer el buen diagnóstico de los problemas específicos y sus eventuales soluciones, generan parches adicionales y salidas transitorias, que perpetúan y en ocasiones incluso agravan los problemas preexistentes.

Cuesta abajo

Hace poco tiempo se planteó un debate en torno a si la Argentina era “un país de mierda”. Los firmantes de esta nota no creemos, por cierto, que ese sea el caso (ni de la Argentina ni de ningún país), ni pensamos que los problemas argentinos carezcan de solución posible. En cambio, compartimos una visión optimista respecto de las capacidades que todavía anidan en nuestra sociedad. La cuestión es que, a pesar de la existencia de esas capacidades, la evolución de nuestra economía se parece más a una montaña rusa que a una escalera al cielo, ya que la combinación de una elevada volatilidad macroeconómica con bajo crecimiento, han dado lugar a un fuerte deterioro de los principales indicadores sociales.

Si bien se trata de datos conocidos, resulta conveniente poner en blanco sobre negro, una vez más, algunos indicadores que muestran la magnitud de este deterioro. La pobreza llega a niveles inadmisibles, tanto en términos de ingresos monetarios como en relación con características estructurales de vivienda, agua, saneamiento, y acceso a otros servicios básicos, lo que profundiza la complejidad del problema y hace mucho más difícil pensar en estrategias de salida basadas solamente en elevar los ingresos de los grupos más vulnerables. De acuerdo con los últimos datos elaborados por el INDEC la pobreza monetaria correspondiente al primer semestre de 2020 alcanzó al 40,9% de la población y más de la mitad de los niños y niñas de hasta 14 años (56,3%) viven en esa situación. A su vez, la pobreza extrema, que implica la imposibilidad de adquirir la canasta básica alimentaria, llegó al 10,5% de la población total y el 15,6% de los niños y niñas del rango mencionado. Diferentes estimaciones muestran que dichos porcentajes podrían incrementarse significativamente en los próximos meses como consecuencia de la persistencia de la pandemia y las dificultades asociadas.

En cuanto a la distribución del ingreso, luego de un marcado deterioro durante la década de los años noventa y la crisis de comienzos de siglo, el coeficiente de Gini se situó en un máximo histórico en 0,55 a mediados de 2002. Luego mejoró paulatinamente con el retorno del crecimiento desde el 2003 en adelante, hasta llegar a niveles cercanos a 0,44 en 2011, aunque lejos de volver a los valores de 0,35 que se observaban a comienzos de los años setenta. Los últimos datos relevados por el INDEC (correspondientes al primer semestre de 2020) muestran un deterioro (parcialmente asignable a la pandemia y sus efectos) que lo sitúan en un registro actual de 0,45. En cualquier caso, la movilidad social ascendente, un componente esencial de los procesos de desarrollo, y que en algún momento fue parte del paisaje argentino, forma parte del pasado y parece cada vez más difícil de recuperar.

El empleo y la informalidad también muestran dificultades persistentes y agravadas como consecuencia de la pandemia. Las últimas estimaciones oficiales muestran que la tasa de actividad tuvo una caída equivalente al 9% de la población total y que el desempleo trepó al 13,1% de la población económicamente activa (PEA). Si suponemos que los que perdieron el empleo (mayormente informales y cuentapropistas) durante estos últimos meses se hubiesen mantenido buscando activamente trabajo y no hubieran salido de la PEA desalentados por la crisis económica y por las restricciones de la cuarentena, la tasa de desempleo rondaría el 30%. A su vez, la informalidad laboral se mantuvo resistente a la baja durante la última década en torno al 35% del total de asalariados, lo cual hace que dichos trabajadores tengan acceso limitado o nulo a los sistemas de protección social. A la vez, la propia situación de informalidad en la que se desempeñan ha dificultado en muchos casos la llegada efectiva de la ayuda estatal en el contexto de la actual crisis.

En relación con el sistema educativo (motor central del crecimiento y de la movilidad social), si bien la Argentina ostenta niveles de cobertura históricos muy elevados que tendieron a ampliar y universalizar la educación obligatoria desde los 4 años de edad y hasta completar la escuela secundaria, los problemas asociados al tránsito por el sistema (que afectan particularmente a las poblaciones con menos niveles de ingresos y/o en situaciones de vulnerabilidad) hacen que la repitencia en el nivel medio alcance al 11% de los estudiantes, que el 9% de los alumnos y alumnas de escuelas primarias y el 31% de los estudiantes secundarios transiten sus cursadas con sobreedad y que sólo el 40% de los y las adolescentes completan sus estudios secundarios en el plazo establecido. Todos los indicadores mencionados muestran importantes diferencias regionales, acentuando las dificultades de manera significativa en las provincias más rezagadas del país y condicionando las posibilidades de desarrollo en función del lugar en el que nos haya tocado nacer. Más aún, si consideramos el rendimiento de la educación, nuestro país viene mostrando debilidades persistentes en las distintas pruebas de calidad educativa a las que se somete. Independientemente de las críticas que podemos realizar a dichos procesos, casi el 70% de los estudiantes de nivel medio que participaron en el último operativo PISA durante el año 2018 obtuvieron rendimiento insuficiente en matemática. En ciencias la proporción de bajos rendimientos alcanzó al 53% y en lectura representó el 52% de los estudiantes evaluados. Dichos rendimientos sitúan al país por debajo del promedio latinoamericano en matemática y lectura, y levemente por encima en ciencias y dan cuenta de un profundo deterioro de nuestra educación muy difícil de revertir, al menos en el corto plazo.

En materia del sistema de salud, la organización profundamente segmentada vigente en el país deriva en una fragmentación injusta e injustificada de la cobertura y del acceso a los servicios definidos por las políticas públicas. La provisión pública descentralizada deriva en una oferta muy diversa a lo largo del territorio[4] y la seguridad social, al presentar segmentos sin coordinar (no existe una política del gobierno nacional que compense diferencias entre territorios y la regulación de los seguros es débil y ni siquiera incorpora todos sus componentes) y con una importante diferenciación de cobertura en función del nivel de ingresos de los hogares, tiene poco de seguro social. El resultado es un sistema de salud ineficiente e inequitativo que recibe cerca del 10% del PIB.

Pero, seguramente, la política social que ha sido objeto de diferentes tipos de reformas sin lograr construir un sistema previsible es la relacionada con el sistema previsional y la protección social a la población adulta. El resultado de múltiples reformas impulsadas casi siempre como parches de corto plazo es un sistema fragmentado, de cobertura amplia pero muy costoso y difícilmente sustentable, en especial si se considera el cambio demográfico. Hoy Argentina destina cerca de 12% del PIB a la protección social de la población adulta, lo cual representa cerca de la cuarta parte del gasto público consolidado y más de la tercera parte del gasto público de la Administración Nacional.

Más en general, a pesar de tener un Estado de un tamaño relativamente muy amplio (el gasto público total se acerca a 40% del PIB), las políticas públicas han sido incapaces de fomentar el desarrollo de largo plazo y de reducir significativamente la desigualdad entre hogares y territorios. Más aún, algunas iniciativas de intervención pública durante las últimas décadas han profundizado las inequidades (la descentralización de la provisión pública de salud, de la educación básica y superior no universitaria y de los servicios de saneamiento y agua potable, así como la libre elección de obras sociales y la expansión de regímenes especiales de previsión social, son solo algunos ejemplos en ese sentido). Adicionalmente, el financiamiento del sector público es insuficiente para sostener las iniciativas de intervención estatal que fuimos generando, presenta aspectos fuertemente regresivos (la imposición sobre las rentas y los patrimonios exige reformas profundas hace más de una década), está basado en medidas de emergencia (impuesto a los débitos y créditos y moratorias, como ejemplos obvios), incorpora incentivos de difícil justificación (Fondo Especial del Tabaco) y favorece la inestabilidad macroeconómica con sesgos anti exportadores (fuerte aumento de los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos), todo lo cual lleva a concluir que el sistema tributario tal como existe en la Argentina termina perjudicando las posibilidades para el desarrollo sostenido.

Los indicadores relevados, que son las muestras más salientes de un universo mucho más amplio, hubieran resultado impensados hace medio siglo, y pueden reconocer su génesis en una economía que se encuentra estructuralmente estancada. Aún durante el último pico de crecimiento, en 2011, el PIB per cápita del país apenas superaba, en valores constantes, en un 40% al de 1974; en 2019 era 25% mayor y en 2020 probablemente quede solo 10% arriba de aquel dato, ¡46 años después! Desde 2011 en adelante, solo en cuatro de los diez años transcurridos la economía registró tasas positivas en materia de nivel de actividad. Esto es producto de la debilidad de los “motores” del crecimiento (e.g. la formación bruta de capital entre 2011 y 2018 apenas promedió un 16% del PIB medida a precios corrientes y la última vez que superó el 20% del ingreso fue en 1983; la brecha de productividad con la frontera internacional ha crecido en las últimas dos décadas).

De hecho, tras el agotamiento de la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, la economía argentina no ha encontrado un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo que permita adaptarse a las nuevas dinámicas de la economía global. El tipo de estructura productiva sigue generando demandas contrastantes para la política pública y no se logra articular una estrategia de desarrollo que permita reconciliar los objetivos de generar empleo, aumentar las exportaciones y elevar la productividad de la economía. La falta de diversificación y competitividad de la estructura productiva hace que recurrentemente dependamos de (o nos ilusionamos con) “milagros” como Vaca Muerta o la suba de precios de la soja (o, si nos remontamos al pasado, una eventual Tercera Guerra Mundial en los años cincuenta del siglo XX). Sucesivos slogans, desde la Argentina Potencia, hasta la Lluvia de Inversiones, pasando por la Revolución Productiva o Condenados al Éxito, han creado ilusiones efímeras, al igual que episodios de crecimiento cíclico o transitorio que confundimos con tendencias de largo plazo, cuya frustración no ha hecho más que alimentar una desconfianza cada vez más extendida sobre las posibilidades de revertir las tendencias descriptas.

¿Sin salida?

No puede sorprender, en este escenario, que la sociedad argentina hoy parezca estar quebrada, sin rumbo (y a la espera de un nuevo “milagro”). En esas condiciones puede parecer una misión imposible que se encuentre y ponga en práctica un conjunto de iniciativas que logren revertir la larga decadencia con trabajo. Una sociedad que discute a partir de prejuicios y se enamora de los atajos fáciles difícilmente pueda identificar estrategias sostenibles en el largo plazo, y mucho menos buscar consensuarlas.

El nivel de conflicto parece no tener límite y el oportunismo de políticas (y políticos y dirigentes en general) que maximizan los beneficios de corto plazo ha consolidado la vigencia de políticas y regímenes que difícilmente puedan ser mantenidos en el tiempo. Si bien la Argentina es un país que no puede ser definido como estructuralmente subdesarrollado, el camino hacia el subdesarrollo involucra el fracaso en encontrar las soluciones a problemas que fueron emergiendo (y se han profundizado) durante más de medio siglo. En cambio, la historia de nuestro país reconoce una sucesión de salidas ficticias o parciales orientadas al corto plazo que no funcionaron como tales y terminaron generando nuevos problemas o agravando los conflictos previos, en tanto muchas veces quedan consolidadas como derechos adquiridos que, en la práctica, no son sostenibles en el largo plazo (los ejemplos incluyen al 82% móvil, las sucesivas moratorias, el monotributo, los diversos pactos federales, los impuestos de emergencia que jamás se remueven, etc.).

A la vez, la volatilidad de la economía ha venido de la mano de la volatilidad de las políticas económicas. En este contexto ocurren, al menos, tres cosas: a) los agentes económicos adoptan conductas defensivas, en tanto saben que las reglas del juego van a cambiar y prefieren evitar hundir capital en actividades con retornos (particularmente inciertos en nuestro caso) en el largo plazo; b) cualquier idea de pacto o acuerdo en donde se sacrifican posiciones o ingresos para acceder a un supuesto mejor equilibrio social de largo plazo pierde credibilidad; c) el propio proceso de aprendizaje de las políticas se ve interrumpido, ya que a poco de andar, o bien son modificadas, o bien deben operar en un escenario distinto al imaginado originalmente.

Una nueva crisis, ¿una nueva oportunidad?

Si cada crisis es una oportunidad, hasta ahora Argentina ha sido campeona en desaprovechar oportunidades. ¿Será esta vez diferente?

En efecto, la Argentina tiene una larga experiencia de crisis. Hoy, como tantas veces frente a crisis de gravedad, se suele mencionar la necesidad de un “pacto social” que, si se presenta como una solución simple y salvadora, puede ser una manera de evitar el debate sobre la estrategia de salida. Cuando se trata de enunciados genéricos, es fácil lograr coincidencias sobre esos enunciados ocultando las fuertes discrepancias en cuando a sus contenidos concretos. Si de eso se trata, el anuncio de pactos sociales, como de las políticas de Estado, la reforma de la coparticipación, el crecimiento con equidad, el desarrollo productivo y tecnológico, la priorización del sistema educativo y tantas otras buenas intenciones devienen en slogans que, si se toman como propuestas en sí mismas, terminan por ser impedimentos a la búsqueda de políticas sostenibles en el largo plazo. Es como plantear que de los laberintos se sale por arriba. No hay arriba, se trata de trabajar duro todos los días. Esos laberintos solo se encuentran en la maravillosa ficción marechaliana[5].

En todo caso, si se requiere algo parecido a un pacto social, este debiera consistir en la revisión de derechos adquiridos para establecer un nuevo orden de prioridades en la asignación de recursos escasos. Debiéramos comenzar por decir que ese tipo de pactos no está al alcance de la mano. No es fácil lograr consensos ni convencer a las partes de una eventual cesión de derechos adquiridos en el contexto de volatilidad macroeconómica y de políticas antes descripto. Pero si la alternativa es avanzar a partir de conflictos que se justifican por el propio conflicto, el fracaso y la decadencia seguirán estando asegurados. Cada sector (y acá incluimos no solo a los actores sociales, sino también, para poner apenas dos ejemplos, a un Poder Judicial que no tributa ganancias o a provincias que aun cuando beneficiadas relativamente por políticas claramente inconvenientes -como el Fondo Especial del Tabaco y otros regímenes especiales- no están dispuestas a ceder un milímetro de esa posición) asume que el sentido del pacto es la oportunidad para ejercer una defensa salvaje de sus posiciones de privilegio (cuando las han adquirido) en pos de lograr excepciones que los resguarden de los costos del ajuste inevitable, lo que termina por hacer que este último sea más costoso e inequitativo. En cambio, pacto significa que muchos (de los que hoy son relativamente privilegiados en el contexto general) tienen que ceder algo para construir una sociedad que recobre la cohesión y haga viable el sendero de reformas que nos hagan crecer y mejorar la calidad de vida en el largo plazo.

En este punto, no se trata ya de hacer gatopardismo y cambiar algo para que todo siga igual. Se trata de cambiar mucho para que esto no siga como hasta ahora. Los parches solo sirven para aparentar que se hacen reformas. La movilidad previsional no tiene sentido si no se reforma el sistema de pensiones; la asistencia de emergencia a las obras sociales no alcanza (ni mucho menos) para reformar un sistema de salud con derechos totalmente fragmentados y alta inequidad; discutir el impuesto a las altas rentas simula ser una reforma tributaria progresista pero solo sirve para demorar una verdadera reformulación permanente sobre las rentas y los patrimonios; la permanencia y sucesivos salvatajes al régimen especial de promoción a Tierra del Fuego postergan la definición de un esquema de largo plazo que mejore significativamente el balance costo-beneficio de la promoción que favorece a ese territorio tan especial; los cambios en las retenciones no son una política de largo plazo para el agro.

Podríamos llenar páginas con ejemplos similares. No es esa nuestra intención. En todo caso son ejemplos para ilustrar la necesidad de que la política incorpore el debate racional e informado de políticas, en lugar de “atar con alambre” para seguir postergando la solución duradera. En cambio, perdemos tiempo en debates donde predominan los prejuicios y la agresión en lugar del intercambio de posibles soluciones para los problemas que hay que atender. Para ello se debe valorar la experiencia acumulada aquí y en otras partes del mundo, sin pretender descubrir soluciones revolucionarias o enunciar slogans vacíos ocultos en ingeniosas metáforas.

Basta de buñuelos fríos

La lista de desafíos que enfrenta la economía argentina son los mismos que antes de la pandemia, ahora agravados por el propio shock que sufrió nuestro país y la economía global. Una estrategia de desarrollo de largo plazo debe considerar objetivos diversos, incluyendo el crecimiento económico (sin el cual nada será posible), la creación de empleos formales, la mejora en la distribución del ingreso, la eliminación rápida de la indigencia, la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial, por citar un listado obvio. Y esto sin olvidar otras agendas (hasta ahora muy poco priorizadas o apenas incipientes en la Argentina) que se van abriendo paso en el mundo, en especial pero no únicamente el más desarrollado, vinculadas al cambio climático, la sustentabilidad ambiental y la reducción de las brechas de género, para mencionar solo algunos desafíos persistentes e imprescindibles para asegurar el desarrollo futuro de la sociedad global.

Las áreas de política involucradas en la atención de estos desafíos son, naturalmente, diversas. En un contexto de recursos escasos (hoy más que antes), es clave asignar prioridades de modo de que las decisiones de gasto atiendan a esas prioridades, y resulten financiables en un contexto en el que no es viable pensar en elevar la presión tributaria, más allá de que se pueda y deba pensar en modificaciones al esquema impositivo vigente. No creemos que un gran “pacto social” sea la forma de encarar esta tarea (además de su baja viabilidad), sino es como paraguas para el comienzo de una agenda de reformas consensuada con el máximo número de actores posible que tenga como meta salir de los parches y las soluciones transitorias, y que se concentre inicialmente en las cuestiones que resultan más urgentes y/o relevantes para alcanzar los objetivos de desarrollo arriba mencionados.

Atendiendo a las restricciones fiscales y las necesidades más urgentes, los autores de esta nota creemos que esas cuestiones involucran las siguientes dimensiones: la competitividad y diversificación de la estructura productiva y exportadora; el combate efectivo de la pobreza (en especial de la niñez); la reforma tributaria; el sistema previsional; la educación, y el desarrollo de las regiones más postergadas. Este enunciado es apenas un intento de priorizar entre la infinidad de reformas necesarias. Los lectores, por supuesto, pueden resaltar otras miradas. En todo caso, ya que difícilmente se puedan encarar muchas iniciativas de forma simultánea, es preciso focalizar esfuerzos y energías en un listado acotado y priorizado en función no solo de su relevancia, sino también de la viabilidad política de encarar los cambios que se identifiquen como deseables.

En lo inmediato, y hasta tanto se pueda construir una visión consensuada de cada política, debiéramos esforzarnos, como el personaje del cuento de Cortázar le explica a su tía, en avanzar todos los días evitando las recaídas. Propuestas tales como una nueva moratoria previsional o la eliminación del impuesto a las ganancias para los asalariados que superen cierto nivel de ingresos, para mencionar un par de ejemplos extremos, pueden sonar muy atractivas para muchos, pero, al mismo tiempo, constituyen buenas maneras de asegurar nuevas recaídas. Cuando nos convenzamos de que es inútil esperar una mano de Maradona o, para los más veteranos, un “aguilucho”[6] que la pueda atar con alambre para seguir la carrera, tal vez nos pongamos a trabajar en el día a día combinando las restricciones y necesidades del corto plazo, con una mirada de las consecuencias de largo plazo de las decisiones que iremos adoptando.

* Profesores FCE-UBA e investigadores del IIEP (UBA-CONICET)


[1] Existe una grabación del cuento por su propio autor disponible en https://www.youtube.com/watch?v=o-gk68voVAY

[2] Siguiendo con la referencia a Agatha Christie, podríamos mencionar su novela “Asesinato en el Orient Express”, en la que todos son culpables.

[3] Novela escrita por Adolfo Bioy Casares en 1940.

[4] Diferencias que se replican y hasta pueden amplificarse en la provisión de otros servicios descentralizados. Otro claro y dramático ejemplo se encuentra en la provisión de agua potable y desagües.

[5] En referencia a un poema de Leopoldo Marechal incluido en “Laberintos de Amor” (1936)

[6] Para los que no conocen la historia, hablamos del piloto argentino de TC Oscar Gálvez, quien tenía la fama de ser capaz de reparar su auto con alambre en plena carrera.

¿Development Now? Algunos comentarios sobre la economía de Vietnam

Por Andrés López*

Hace ya casi 35 años, si la memoria no me traiciona, asistí a una charla que daba Guido di Tella sobre modelos de crecimiento. En un momento sugirió que Argentina podía tener algo que aprender sobre el caso de Corea del Sur, en el contexto, me parece recordar, de una discusión sobre estrategias export-led growth. Creo que si hubiera propuesto que nos lanzáramos a la colectivización forzada estilo Khmer Rouge en Camboya la indignación del auditorio no hubiera sido mayor. En aquel momento Corea era sinónimo, al menos entre los ignorantes como yo que éramos parte de ese auditorio, de salarios bajos, malas condiciones laborales, represión política e industrialización “barata”, ayudada por el contexto geopolítico de la Guerra Fría (casi todos esos elementos habían estado presentes, claro está, pero lo nos faltaba era percibir la dinámica del proceso). Era casi insultante que alguien viniera a decirnos que allí había algo interesante para analizar (como nota al pie digamos que justo por esa época, si seguimos las series de PBI per cápita en dólares corrientes que recopila el Banco Mundial, se cruzan los destinos de ambos países; a comienzos de 1960 el PBI per cápita de Argentina era 10 veces mayor que el coreano, en 2019 este último es tres veces superior al de nuestro país, fue precisamente hacia el final de los ’80 cuando se produjo el sorpasso).

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, tanto para los propios procesos de desarrollo de ambos países (y de Asia Oriental y América Latina en general), como para la literatura sobre estrategias de desarrollo económico. Esta última, durante largos años, se aplicó, desde diversas perspectivas teóricas y analíticas, al estudio comparado de ambas regiones, en búsqueda de entender por qué aquellos países (los llamados “tigres”, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) que habían partido tan atrás de América Latina en los años ’50 y ’60 (y no disponían de capital natural), nos habían “pasado el trapo” varias décadas después, no solo en materia de riqueza relativa, sino también de desarrollo tecnológico y empresarial, y niveles de bienestar social. Las explicaciones propuestas han sido variadas (desde los “fundamentals” macro e institucionales, hasta las políticas industriales y tecnológicas, pasando por aspectos geopolíticos, entre otras), pero si algo, creo, aprendimos de toda esta literatura fue que, sean cuales sean las explicaciones del “milagro asiático”, dadas las enormes diferencias en materia de dotación de factores, estructuras sociales, procesos históricos, organización del Estado y localización geográfica entre ambas regiones, no había muchas lecciones obvias para el aprendizaje en América Latina (algo que ya había anticipado muy tempranamente Fernando Fajnzylber en este artículo de 1981). No digo que no se pudieran copiar, si se las identifica, “buenas prácticas” en política macro, tecnológica, educativa, etc., sino que las divergencias entre ambas regiones tenían orígenes más profundos y la aplicación más o menos mecánica de “lecciones” probablemente hubiera sido imposible, dadas las mencionadas enormes diferencias existentes entre Asia Oriental y nuestro continente.

Siguen apareciendo felinos

Hay una segunda generación de “tigres”, compuesta por Malasia, Tailandia, Indonesia y, con algo más de rezago, Filipinas. En 1990 el PBI per cápita promedio simple de esas cuatro naciones, medido en paridad de poder adquisitivo (PPA) según las estimaciones del Banco Mundial, era 17% menor al promedio, también simple, de América del Sur. En 2019 estaba 6% por arriba de dicho nivel (contra América Latina la variación fue de menos 9 a más 11%) –ver Cuadro 1. En 1990 Malasia tenía el mayor nivel de PBI per cápita dentro de ese grupo de tigres y estaba detrás de 3 países de América Latina (Venezuela, México y Argentina) en ese indicador; Tailandia, en tanto, estaba detrás de todas las naciones de América del Sur (salvo Perú y Bolivia). En 2019 Malasia solo aparece debajo de Panamá, mientras que Tailandia sobrepasó a Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Paraguay en América del Sur y ya estaba muy cerca del PBI per cápita de Costa Rica y México.

Cuadro 1. Comparaciones inter-regionales de niveles de PBI per cápita en PPA –promedios simples, 1990-2019 (USD a precios internacionales actuales y %)

199019932019
América del Sur5085600716554
América Latina4642541315770
Argentina719622947
Filipinas-Indonesia-Malasia-Tailandia421917583
Camboya-Laos-Vietnams.d.11627032
Vietnam9188374
    
FIMP/AMSUR83%106%
FIMP/AMLAT91%111%
CLV/AMSUR19%42%
CLV/AMLAT21%45%
Vietnam/AMSUR18%51%
Vietnam/AMLAT20%53%
Vietnam/Argentina13%36%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Estos nuevos “tigres”, aunque también muy diferentes a nuestra región en casi todos los aspectos arriba mencionados, tienen, en particular en el caso de Malasia y en menor medida en Indonesia y Tailandia, niveles de capital natural per cápita mayores a la primera generación.  De todos modos, salvo en Malasia, esos niveles están por debajo de los observados aun en los países menos abundantes en capital natural de América del Sur. Por otro lado, y siguiendo las trayectorias de la primera generación, a lo largo de las décadas este segundo grupo  fue transformando su estructura exportadora hacia bienes industriales cada vez más complejos; así, en 2018 Malasia y Tailandia estaban solo detrás de México, entre los países de América Latina, en el ranking de “complejidad” (que intenta medir el nivel de sofisticación de las canastas exportadoras de cada país) elaborado por The Atlas of Economic Complexity. Pero mientras que el gasto en I+D de aquellas naciones supera, según los últimos datos proporcionados por UNESCO, el 1% del PBI –casi 1.5% en Malasia-, el de México apenas rondaba el 0,3% (para referencia, en Argentina los últimos datos indican niveles en torno al 0,5% y solo Brasil está por arriba del 1% en América Latina). Esta comparación sugiere que el proceso de industrialización en aquellos países probablemente es más intensivo (o al menos los gobiernos intentan que lo sea) en innovación local que los esquemas de maquila y similares en México, en donde casi no hay desarrollo tecnológico doméstico.

Pero hay un conjunto de naciones (que todavía nadie llama tigres, si seguimos con las metáforas zoológicas digamos que serían gatos grandes) que viene aún más atrás que el segundo grupo antes mencionado. Se trata de tres países ubicados en el Sudeste Asiático (en lo que antiguamente se conocía como Indochina) que hace algunas décadas fueron centro de largos y severos conflictos bélicos en el contexto de la Guerra Fría: Camboya, Laos y Vietnam. En la comparación de niveles de PBI per cápita medido en PPA -promedios simples para cada región-, en 1993 (primer año con datos para Camboya) América Latina y América del Sur aventajaban a dichos países en proporción de 5 a 1 aproximadamente. En 2019 el PBI per cápita promedio de esas tres naciones representaba 42 y 45% respectivamente del promedio para América del Sur y América Central respectivamente (Cuadro 1); Vietnam y Laos ya estaban bien por encima de Honduras y Nicaragua y se acercaban a Bolivia, El Salvador y Guatemala.

Téngase en cuenta que los niveles de capital natural per cápita de Camboya y Vietnam están por debajo de los de cualquier país de América del Sur, y que solo Laos, dentro de ese grupo, se acerca al promedio para esa región. Mientras que las exportaciones de Laos se concentran en energía eléctrica (basada en fuentes hídricas), minerales y otros recursos naturales y sus derivados, y las de Camboya en textiles y vestimenta, Vietnam, como veremos enseguida, ha transformado radicalmente su estructura productiva y exportadora en las últimas décadas y ha conseguido mayores progresos en materia de indicadores tales como pobreza o esperanza de vida. Es sobre este país, entonces, donde queremos concentrar algunos muy breves comentarios.

El proceso de crecimiento en Vietnam: algunos datos ilustrativos

Cuando terminó la llamada guerra de Vietnam en 1975, el país contaba con menos de 49 millones de personas, las cuales casi se habían duplicado para 2019 (más de 96 millones). En ese lapso la esperanza de vida al nacer pasó de 61 a más de 75 años. Los primeros datos sobre PBI per cápita que presenta el Banco Mundial son de 1985: en aquel año, a valores constantes de 2019, el indicador se situaba en 231 USD anuales. En 2019 llegaba a 2715 USD (casi 12 veces más que en 1985) –Gráfico 1. En la última década Vietnam fue una de las naciones con mayor ritmo de crecimiento en todo el mundo; en efecto, ocupó el puesto 13 en el ranking según crecimiento anual promedio del PBI per cápita en moneda local entre 2010 y 2019 según datos del Banco Mundial; entre las restantes 12 naciones, figuran otras 7 asiáticas -China, Mongolia, Myanmar, Laos, India, Bangladesh y Camboya[1]-, volviendo a destacar el notable dinamismo de esa región).

Gráfico 1. Evolución del PBI per cápita, Vietnam, 1985-2019 (USD constantes 2019)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

En 1990 el país ocupaba el puesto 144 sobre 164 incluidas en las estimaciones de PBI per cápita en paridad de poder adquisitivo elaboradas por el Banco Mundial; en 2019 había subido al lugar 117 sobre 188 países. A lo largo de este proceso se fue reduciendo la brecha de ingresos con América Latina. El PBI per cápita de Vietnam, siempre en PPA, pasó de menos de 20% del nivel de América Latina y América del Sur en 1990 a más del 50% en 2019 (cuadro 1). En la comparación específica con Argentina, el aumento fue de menos de 13 a más de 36% entre ambos años.

En 1992 el nivel de pobreza en Vietnam como lo estima el Banco Mundial (porcentaje de la población viviendo con menos de USD 3,2 en PPA por día) alcanzaba al 80%; en 2018 llegaba a apenas al 7%. En cuanto a la distribución del ingreso, de nuevo en base a los datos que recopila el Banco Mundial, se observa una relativa estabilidad entre mediados de los 90 y el presente, con un Gini en torno a valores del 0,35, menores a los de cualquier país de América Latina.

Como ha sido usual en otras experiencias de alto crecimiento en Asia, el aumento de la tasa de inversión jugó un rol significativo. Entre 1986 y 1990, la misma promedió menos de 15% del PBI. Entre 1996 y 2000 llegaba a 28,5%. Para 2006-2010 el promedio se acercaba al 37%. En el último quinquenio (2015-2019) se observa un descenso (27%), pero todavía en valores muy superiores a los observados en América Latina (inferiores al 20%).

También en línea con las experiencias de los anteriores “tigres”, una característica clave del proceso de crecimiento fue la rápida internacionalización de la economía. En 1986 las exportaciones de bienes y servicios representaban menos de 7% del PBI. En 2019 superaban el 100%. Las exportaciones vietnamitas de bienes apenas sobrepasaban los USD 2000 millones anuales hacia comienzos de los 90 (Gráfico 2). Para el año 2000 se acercaban a los USD 15 mil millones, superaban los 72 mil millones en 2010 y llegaron a casi USD 265 mil millones en 2019 (en términos per cápita, 90% mayores a las de Argentina en ese mismo año). Más del 50% de las exportaciones se dirige a Asia (casi 20% a China), y cerca de otro 20% a EEUU.

Gráfico 2. Exportaciones e inversión extranjera directa en Vietnam. 1976-2019 (USD millones corrientes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD.

A lo largo del proceso de crecimiento, se transformó radicalmente, de nuevo siguiendo las huellas de otros países de la región, la estructura productiva. La agricultura (siempre según los datos del Banco Mundial) pasó de representar 40% del PBI en 1985 a menos de 14% en 2019. Paralelamente subieron su contribución tanto la industria (del 27 al 34%) como los servicios (del 33 al 42%), mientras que el resto lo aporta el sector minero/petrolífero.

A su vez, la estructura exportadora también sufrió cambios profundos. El peso de las manufacturas pasó de un 44% en 1997 a más de 84% en 2018. Dentro de ellas, las de alta tecnología pasaron de representar menos de 9% en 2008 a más de 40% en 2018 (datos del Banco Mundial). Una manera de ilustrar estas transformaciones es recurriendo a las gráficas que elabora el mencionado Atlas of Economic Complexity. En 1995 dominaban el petróleo, el café, arroz y productos de la pesca. En 2009 los textiles y la vestimenta habían desplazado a los recursos naturales. En 2018 el liderazgo había pasado a la electrónica, y los aparatos para telefonía y televisión (en 2019 Vietnam fue el segundo exportador de teléfonos celulares en todo el mundo). En esta transición, pasó del puesto 107 al 52 en el ranking país del índice de complejidad entre 1995 y 2018.

Estructura de exportaciones de Vietnam, 1995, 2009 y 2018

En lo esencial, el crecimiento de las exportaciones, y la transformación en la canasta exportadora, vinieron asociadas a la incorporación del país a la dinámica de las cadenas globales de valor. En ese juego, Vietnam se integra fundamentalmente “hacia atrás”, procesando insumos y componentes que luego son reexportados. El valor agregado extranjero en las exportaciones brutas totales llegaba al 44% en 2015, contra 20% promedio tanto para el grupo de países desarrollados como en desarrollo según los datos de la base TIVA elaborada por la OECD. En este sentido, su modo de inserción es similar al de México y algunos países de América Central (e.g. Costa Rica, Honduras, El Salvador). Vale agregar que, según el último World Development Report del Banco Mundial, la reducción de la pobreza fue más amplia en las áreas del país con mayor presencia de empresas integradas en cadenas de valor.

Por cierto, la inversión extranjera directa (IED) jugó un rol central también en este proceso (del mismo modo que en los recién mencionados casos de América Latina). El ingreso de IED fue prácticamente nulo hasta la década de 1990. Para finales de la misma sobrepasaba los USD 1000 millones anuales. En 2010 llegó a USD 8000 millones y en 2019 a USD 16 mil millones (Gráfico 2). La inversión proviene de Corea, Japón, Singapur, Taiwán y Japón, en ese orden. Malasia, China y Tailandia también son inversores relevantes[2]. Esto, por supuesto, nos recuerda el llamado paradigma de los “flying geese”, que explica la cambiante dinámica de la división del trabajo en Asia Oriental en función de las transformaciones en las ventajas comparativas de los distintos países de la región.

Pari passu estas transformaciones, parece emerger una incipiente dinámica innovativa a nivel doméstico. El número de investigadores dedicados a actividades de I+D por millón de habitantes subió de 114 en 2002 a más de 700 en 2017 –solo Argentina y Brasil están por arriba de esa cifra en América Latina- y el gasto total en la materia como % del PBI pasó de menos de 0,2 a más de 0,5% entre ambos años (datos de UNESCO); esta última cifra es similar a la registrada en Argentina y solo inferior a la de Brasil en la comparación con los países de América Latina.

En cuanto a la estructura empresarial, mientras que las firmas de capital estatal dominan las industrias extractivas, algunas industrias pesadas, el comercio exterior agrícola, el sector bancario y los servicios públicos, las extranjeras juegan en ese rol en el caso de la manufactura para exportación y las privadas locales en otros sectores de servicios y las manufacturas livianas para el consumo interno. La evidencia sugiere que aún son débiles los vínculos entre las filiales de multinacionales instaladas en el país y los proveedores locales.

Una breve descripción del marco de políticas y los desafíos adelante (con una pequeña coda sobre América Latina)

En esta breve nota no tenemos la pretensión de intentar “explicar” los factores que han estado detrás de estos procesos (a ese respecto invitamos al lector a revisar algunos trabajos que pueden arrojar luz sobre este tema)[3]. Pero podemos dejar anotadas algunas cuestiones básicas. En primer lugar, se suele identificar el origen del proceso de cambio estructural de la economía vietnamita con las llamadas reformas Doi Moi (renovación) adoptadas por el 6to Congreso del Partido Comunista, en 1986, aunque ya habían comenzado a introducirse ciertas medidas en la misma dirección desde algunos años atrás. Estas reformas –y otras que se introducirían en años sucesivos-, dieron origen a la llamada “economía de mercado orientada al socialismo”, e incluyeron el abandono de las estrategias de colectivización para otorgar mayor autonomía, incentivos y seguridad en los derechos de propiedad a los agricultores (como resultado, la producción agrícola más que se triplicó entre 1990 y 2013), una progresiva liberalización del comercio exterior y de las inversiones, una también progresiva apertura a la acción del sector privado, mayor autonomía y reducción de subsidios a las empresas de propiedad estatal y reformas en los sistemas de fijación de precios (por cierto, se trata de acciones que en buena medida recuerdan al estilo de reformas que habían comenzado a ponerse en marcha algunos años atrás).

Dos elementos del marco de políticas que han estado presentes en casi todas las experiencias asiáticas de alto crecimiento también han caracterizado el caso de Vietnam: a) gobiernos autoritarios (el Partido Comunista es el único autorizado legalmente); b) subvaluación cambiaria (el conocido índice Big Mac, elaborado por The Economist, que incluye Vietnam desde 2014, indica que el tipo de cambio ha estado subvaluado en torno al 40-50% respecto de la paridad Big Mac) –el gobierno estadounidense ha acusado a Vietnam de manipular deliberadamente la moneda local, el dong, para mantener el tipo de cambio subvaluado como forma de subsidiar las exportaciones-.

En los 2000 Vietnam se embarcó en un proceso de apertura comercial, que incluyó el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (concretado en 2007) y la firma de tratados bilaterales de comercio con EEUU, Japón, Corea, Chile y, en 2020, con la Unión Europea. En tanto, Vietnam es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) –a través de la cual ingresó en acuerdos de libre comercio con India, Australia, Nueva Zelanda y China- y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés).

Para la atracción de IED se adoptó, siguiendo nuevamente experiencias previas en numerosos países emergentes, el modelo de zonas económicas especiales (entre 60 y 70% de la IED se aloja en dichas zonas, según datos de UNCTAD). Las empresas que allí desarrollan actividades de ensamblaje aprovechan no solo los bajos costos laborales, sino también de ventajas fiscales y exención de derechos aduaneros, entre otros beneficios. En tanto, para estimular el desarrollo de actividades de I+D se establecieron, entre otras medidas, beneficios fiscales especiales para las empresas que inviertan en centros dedicados a dichas tareas.

Pese a los avances mencionados, y como bien lo indica el título de un reporte del Banco Mundial elaborado unos años atrás, Vietnam se encuentran en una suerte de “encrucijada”, en la cual corre el riesgo de quedar atrapado en el mismo tipo de situación que se observa, por ejemplo, en los casos ya mencionados de México o algunos países de América Central que hace décadas se han venido integrando exitosamente en las cadenas de valor a través de similares esquemas de atracción de IED para operaciones de ensamblaje basadas en bajos costos laborales, sin poder concretar avances significativos en materia de derrames o encadenamientos locales. El citado reporte del Banco Mundial identifica desafíos en materia de capital humano, productividad, desarrollo de proveedores e infraestructura, entre otras áreas.

De todos modos, aun si eso ocurriera, el progreso registrado en las últimas décadas seguiría siendo de todos modos notable. En todo caso, el futuro desenvolvimiento del proceso de desarrollo en Vietnam no dependerá solo de decisiones y acciones internas, sino también de la evolución del contexto internacional (e.g. posibles restructuraciones en la organización de las cadenas de valor, avance de los procesos de automatización de tareas, etc.). Lo que, a mi juicio, evidencia el análisis de este caso, uno más de la larga lista de experiencias exitosas en el continente asiático (y aquí no hemos hablado de China e India), es que aún las naciones más rezagadas de aquella región han sabido sacar un provecho mucho más amplio de la globalización que sus pares de América Latina. En la medida en que creamos que, aunque transformada, tanto por tendencias pre-existentes (e.g. tensiones comerciales entre las grandes potencias, automatización de tareas, amenazas del cambio climático), como nuevas (e.g. lecciones del COVID-19), la globalización seguirá con nosotros, el desafío para la Argentina (y para el resto de América Latina) es el de identificar cuáles son las estrategias que permitan una inserción en la economía internacional que conduzca a trayectorias de desarrollo más exitosas y sustentables que las observadas en décadas recientes.

Y si llegaron al final, y tienen ganas de música, pinchen acá para escuchar algunas canciones que nos hablan de, o nos recuerdan a, la guerra de Vietnam (el crecimiento económico claramente no inspira a nadie a componer música)

* IIEP, UBA-CONICET.


[1] También aparece Turkmenistán, no mencionado ya que pertenece a Asia Central, una región muy diferente en términos económicos, productivos y sociales a la de Asia Oriental y del Sur.

[2] http://en.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2609:vietnams-nine-month-fdi-hits-record-of-nearly-us255-billion-&catid=270:vietnam-industry-news&Itemid=363

[3] Ver, por ejemplo, “Vietnam at crossroads. Engaging in the next generation of global value chains”, C. Hollweg, T. Smith y D. Taglioni (eds.), World Bank, 2017; “The Evolution of Vietnamese Industry”. Anh, N.Thi Tue, Duc, L.Minh y Chieu, T.Duc, WIDER Working Paper 2014/076. Helsinki: UNU-WIDER; “Vietnam’s Industrial Policy Designing Policies for Sustainable Development”, D. Perkins y Vu Thanh Tu Anh, “Series on Vietnam’s WTO Accession and International Competitiveness Research”, UNDP-Harvard Policy Dialogue Paper Number 1, 2013; “Doi Moi Policy and Socio-Economic Development in Vietnam, 1986–2005”, Kien TN, Heo Y. International Area Review. 2008;11(1):205-232.

Novedades del frente cannábico

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Por Andrés López*

[Para ponerse en ambiente, le recomendamos al lector acompañar la lectura de la nota con esta playlist]

El año pasado publicamos un trabajo en el cual, entre otras cosas, revisábamos un amplio conjunto de estudios sobre experiencias (la mayor parte de ellas en EEUU) de legalización del cannabis recreacional y/o medicinal (el interés por analizar este último caso deriva de que se supone que podría ayudar a relajar la percepción de riesgo y reducir el estigma social del consumo de cannabis, e incluso permitir, por distintas vías, un “desvío” del cannabis destinado al uso medicinal hacia el uso recreacional). En ese trabajo presentábamos un breve resumen respecto de la evidencia que surgía de ese conjunto de estudios, a saber: i) las iniciativas de liberalización/despenalización parecen llevar a aumentos leves/moderados de la prevalencia (porcentaje regular de usuarios sobre total de la población) del consumo de cannabis en la población adulta (en torno al 15/25%) y probablemente a mayores tasas de desórdenes asociados a dicho consumo, pero no se hallaba evidencia respecto de un incremento de la prevalencia en adolescentes; ii) algunos trabajos encuentran que dichas iniciativas ayudan a reducir el uso de sustancias más peligrosas (e.g. cocaína, heroína) y los problemas de salud asociados a dicho uso; iii) hay evidencia respecto de que la liberalización no induce mayores niveles de criminalidad y de hecho varios trabajos hallan que ayuda a reducir ciertos tipos de crímenes[1] (y a achicar el negocio del narcotráfico); y iv) algunos estudios hallan impactos neutros o incluso en algún caso positivo sobre ciertos indicadores de salud (e.g. accidentes viales o laborales, suicidios). Sigue leyendo “Novedades del frente cannábico”

¿Sueñan los turistas con catedrales virtuales?

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Por Andrés López*

En la notable Total Recall (aquí llamada El Vengador del Futuro), dirigida por Paul Verhoeven y basada en un cuento de Philip Dick (We Can Remember It for You Wholesale), vemos a Arnold Schwarzenegger como un simple empleado que sobre el comienzo de la película va a una empresa llamada Rekall, la cual promete implantar “recuerdos” de vacaciones en diversos lugares, incluyendo Marte (que ha sido colonizado por los humanos para ese momento). Los anuncios de la compañía prometen que “you can buy the memory of your ideal vacation cheaper safer and better than the real thing”. Sigue leyendo “¿Sueñan los turistas con catedrales virtuales?”

Cannabis, ¿una industria naciente?

Por Andrés López*

En algunas entradas anteriores de este blog y en un trabajo recientemente publicado aquí, hemos abordado algunas temáticas vinculadas al fenómeno de las drogas ilícitas en el mundo y en la Argentina. Allí mostramos evidencia respecto de los pobres resultados y altos costos (económicos, sociales y sanitarios) del enfoque prohibicionista hasta ahora predominante a nivel global, y también sobre los primeros impactos (relativamente satisfactorios a nuestro juicio, según el relevamiento de estudios sobre el tema que elaboramos para el mencionado trabajo) de las experiencias de legalización/descriminalización en otros países (en particular sobre cannabis medicinal y recreacional en los EEUU). Sigue leyendo “Cannabis, ¿una industria naciente?”

El largo y sinuoso camino hacia la “Economía del Conocimiento” (y algunas opiniones impopulares sobre la Ley de Software)

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Por Andrés López*

En 2019 se aprobó la llamada Ley de Economía del Conocimiento (N° 27506). Esta ley viene a reemplazar a la Ley de Software (N° 25922), sancionada en 2004, y luego prorrogada en 2014 (Ley 26692) hasta fines de 2019[1]. La nueva ley aprobada este año reformula parcialmente el esquema de beneficios impositivos de la Ley de Software[2] y los extiende a un amplio conjunto de actividades de alta tecnología y/o creativas (incluyendo audiovisuales, biotecnología, bioeconomía, nanotecnología, aeroespacial, nuclear, I+D, ingeniería, automatización y servicios profesionales para exportación, entre otros). Medios periodísticos informan que “fuentes oficiales” estimaron el costo fiscal de la nueva ley[3] en $ 10500 millones anuales (se supone que a precios de 2019)[4]. Para ser beneficiario de aquella se solicita el cumplimiento de dos de los tres siguientes requisitos: a) realización de inversiones en I+D por más del 3% de la facturación o bien en capacitación de los empleados por más del 8% de la masa salarial; b) acreditación de normas de calidad reconocidas; c) exportaciones por arriba del 13% de la facturación correspondiente a las actividades promovidas (en el caso de servicios profesionales ese mínimo sube a 70% -para las micro y pequeñas empresas el mínimo es de 45%)[5]. Las empresas solo podrán acceder a los beneficios fiscales si el 70% de su facturación, como mínimo, corresponde a las actividades promovidas. En el caso de las micro empresas, si tienen menos de 3 años de vida, se las exime de cumplir los requisitos de la ley (hasta que lleguen a esa antigüedad). Sigue leyendo “El largo y sinuoso camino hacia la “Economía del Conocimiento” (y algunas opiniones impopulares sobre la Ley de Software)”

Las oportunidades del litio: más allá de la batería

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Por Andrés López*, Martín Obaya** y Paulo Pascuini***

Durante los últimos años, se han generado fuertes expectativas sobre las oportunidades que ofrecería el litio para la Argentina. La “fiebre” del litio, el “oro” o “petróleo” blanco y la “Arabia Saudita del litio” son algunas de las expresiones utilizadas por la prensa para referirse a ellas. El presidente Macri lo ha señalado en más de una ocasión como uno de los sectores estratégicos para el país. Sigue leyendo “Las oportunidades del litio: más allá de la batería”

Las empresas de agricultura de precisión en la Argentina: características, desempeño y dinámica innovativa

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Por Jeremías Lachman* y Andrés López**

Desde hace varios años el sector agropecuario está atravesando un intenso proceso de transformaciones en sus prácticas tecno-productivas. Este proceso busca implementar esquemas productivos “sitio-específicos” con el fin de mejorar  los rendimientos a campo y a la vez reducir la necesidad de insumos productivos –ahorrando costos y generando menores impactos ambientales-. Sigue leyendo “Las empresas de agricultura de precisión en la Argentina: características, desempeño y dinámica innovativa”

Argentina: buscando su lugar en el mundo

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Por Andrés López*

Uno de los principales ejes de política del actual gobierno es reforzar la integración de la Argentina en la economía mundial. Con ese propósito ha encarado diversas iniciativas, incluyendo la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales, el reposicionamiento en organismos y foros internacionales (OECD, G20, OMC, etc.), la progresiva remoción de barreras contra las importaciones y la simplificación de las operaciones de comercio exterior, entre otras. Sigue leyendo “Argentina: buscando su lugar en el mundo”

¿Son los servicios el futuro del desarrollo productivo en la Argentina?

arquitectura

Por Andrés López*

Como es conocido, los servicios, y en particular los llamados “servicios basados en conocimiento” (SBC)[1], son cada vez más relevantes en la economía global. Esto se refleja en la tendencia al aumento de su peso en el empleo y el PBI, así como también en las exportaciones, tanto en el mundo desarrollado como en la mayor parte de los países en desarrollo. Así, no sorprende que estas actividades hayan concitado la atención de académicos y policy makers en años recientes. Sigue leyendo “¿Son los servicios el futuro del desarrollo productivo en la Argentina?”