El sector Agtech en Argentina: desarrollo reciente, situación actual y perspectivas

Por Jeremias Lachman, Andrés López, Gabriel Tinghitella y Sebastián Gómez-Roca

Las tecnologías digitales están transformando masivamente las relaciones económicas y sociales a nivel global (Baldwin, 2016). Desde el punto de vista de las empresas, estas tecnologías permiten ganar competitividad –vía disminución de costos, mejoras de eficiencia, reducción de tiempos de coordinación, etc.– y capturar nuevas oportunidades de mercado. Pero sus impactos no solo se registran dentro de las empresas, sino que también afectan el relacionamiento con agentes externos (e. g., clientes, proveedores, instituciones públicas, sociedad civil, etc.). A modo de ejemplo: cuando estas tecnologías se aplican a servicios, usualmente modifican las formas en las que estos se desarrollan y entregan; asimismo, facilitan un mayor nivel de involucramiento de los clientes y la incorporación del feedback que brindan a partir de sus experiencias. Adicionalmente, la pandemia generada por la aparición del Covid-19 no hizo más que reforzar los procesos de difusión de servicios basados en tecnologías digitales y todo indica que su uso se seguirá incrementando en el futuro.

Estos procesos, que han sido categorizados a través de conceptos específicos en distintos sectores (e. g., Industria 4.0, Fintech, E-commerce), también se observan en el caso de la producción de bienes derivados de origen biológico destinados a la elaboración de alimentos, bioenergías y biomateriales. En este caso, el proceso se encuadra bajo el concepto “Agtech” (Lachman y López, 2018; Trigo et al., 2018; Vitón et al., 2019).

Hasta el momento no existe una definición precisa del concepto de Agtech[1]. En nuestro caso, consideramos como empresas Agtech a aquellas que proveen servicios intensivos en conocimiento basados en tecnologías digitales para las diversas etapas de las cadenas agroalimentarias, desde la producción a campo hasta las fases de industrialización, logística y comercialización.

Las firmas Agtech, en general, son de reciente creación y, principalmente, se caracterizan por usar tecnologías digitales disruptivas para desarrollar los servicios que ofrecen. En términos generales, los servicios Agtech pueden enfocarse tanto en tareas que se ejecutan a campo –e. g., siembra, fertilización, protección de cultivos, detección temprana de enfermedades en cultivos o en el ganado, riego, etc.-, como en actividades que se realizan a través de toda la cadena –e. g. financiación, logística, comercialización, trazabilidad, etc. –.

Los servicios enfocados en las tareas agropecuarias suelen estar orientados a la mejora de procesos para obtener mayores niveles de eficiencia o productividad, lograr incrementos de calidad y/o generar reducciones en el uso de insumos –e. g., agua para riego, herbicidas o plaguicidas para la protección de los cultivos, etc. –. Estas mejoras usualmente traen aparejados incrementos de ingresos, reducciones de costos, mayor flexibilidad operativa y menores niveles de impacto ambiental.

Si bien se trata de un sector emergente a escala internacional, durante el año 2018 se estima que la inversión de capital de riesgo en empresas Agtech alcanzó cerca de USD 17 mil millones (AgFunder, 2019). Estados Unidos fue el país líder, seguido por Asia (principalmente China) y la Unión Europea. En América Latina la información es escasa, pero ubica a Brasil y Argentina como países líderes en este segmento, especialmente en algunos tipos de aplicaciones específicas (BID, 2018). Estas cifras sugieren que el mercado identifica que este tipo de servicios aportan valor a los clientes y que tienen, en principio, perspectivas favorables de crecimiento en distintos segmentos de la cadena de valor agropecuaria.

Hace tan solo unas semanas presentamos como documento de trabajo del IIEP los resultados de una encuesta nacional a empresas Agtech, con el objetivo del relevar algunas de las características básicas del sector. Para esto, se analizaron diversas variables, incluyendo datos estructurales (e. g. antigüedad, localización, ingresos, cantidades de empleados, volúmenes de exportaciones, gastos en actividades de I+D, etc.), orígenes, formas de financiamiento, relaciones con el ecosistema de innovación, propuestas de valor, modelos de negocios, procesos de internacionalización y actividades de innovación. Asimismo, se evaluaron las estrategias de expansión de estas firmas y los obstáculos que enfrentan para su crecimiento.

El trabajo fue un esfuerzo conjunto entre investigadores del IIEP y de CREA. La encuesta fue contestada por 63 empresas (lo que representa el 47% del padrón inicial) entre fines del año 2019 (noviembre a diciembre) y parte del 2020 (entre febrero y julio) a través de llamados telefónicos.  A continuación, se listan algunos de los resultados más destacados del estudio.

  • En relación con los rasgos generales de las empresas de Agtech, si bien más de la mitad inició sus actividades hace menos de 5 años, casi el 90% de las firmas encuestadas mencionó tener ingresos generados a partir de ventas. Este porcentaje contrasta fuertemente con el (casi) 70% de las firmas que dijo haber tenido ingresos en el año 2018, denotando un crecimiento claro en el último lustro. Si bien el promedio de ingresos anual fue de alrededor de US$ 375 mil[2], las diez mayores firmas concentraron el 81% de las ventas.
  • Cerca del 85% de estas empresas fue creada a partir de iniciativas propias, mientras que el 10% surgió como spin-off de otra firma y solo un 7% a partir de un centro de CyT. En promedio, el equipo fundador estuvo integrado por tres emprendedores, en general con un alto nivel de calificación; las carreras predominantes fueron aquellas de base agropecuaria (56%) y las asociadas a informática y sistemas de información (47%).
  • En 2019 las firmas encuestadas tenían, en promedio, 10 trabajadores –contando a los miembros del equipo fundador-. El aumento del empleo entre 2018 y 2019 fue de 46% (la cantidad de trabajadores creció de 374 a 547 en el grupo de empresas encuestadas). El 80% de quienes trabajan en estas empresas son profesionales, destacándose además que el 17% tiene algún título de posgrado (especializaciones, maestrías e inclusive doctorados).
  • La participación en programas de incubación y aceleración fue frecuente, especialmente en empresas nuevas. En efecto, el 35% de las empresas encuestadas fue incubado, el 27% acelerado, y el 16% atravesó ambos procesos. Las principales contribuciones destacadas por las empresas encuestadas como resultado del pasaje por estos espacios fueron los aportes directos de financiamiento (y el contacto con otros inversores privados), la facilitación de contactos con potenciales clientes y mejoras en aspectos de la gestión y organización del emprendimiento.
  • Un rasgo que predominó fue la rápida inserción en los mercados internacionales. De hecho, el 46% de las firmas exportó en los últimos tres años. Dentro de estas, el 80% lo hizo de forma ininterrumpida, y además el 50% conformó algún tipo de oficina comercial/administrativa en el extranjero. En cuanto a los beneficios generados por los procesos de internacionalización, opciones tales como la posibilidad de establecer vinculaciones con otros actores, acceder a nuevos conocimientos tecnológicos, o inclusive mejorar su imagen ante clientes locales, fueron más destacadas que la posibilidad de obtención de los ingresos generados por las exportaciones. Tanto el inicio de las actividades en mercados extranjeros cómo la búsqueda de nuevos clientes ocurrió, principalmente, a partir de usuarios locales con operaciones en otros países y contactos preexistentes de miembros del equipo fundador. En relación con los destinos, los países de la región fueron los más frecuentes, aunque algunas firmas también pudieron llegar a zonas más lejanas, como Norteamérica, UE, e inclusive Asia.     
  • Si bien el financiamiento propio fue muy frecuente como fuente para sustentar el surgimiento y desarrollo de estas empresas (75% recurrió a esta alternativa), los fondos públicos nacionales o provinciales (41%) –e.g. FONTAR, FONDCE-, la reinversión de ganancias (37%), los inversores externos (37%) y los clientes (24%) también tuvieron un rol preponderante. La primera inversión proveniente de fondos de riesgo se registró en 2013/14, y si bien el porcentaje de las firmas que pudo acceder a este tipo de financiamiento sigue siendo relativamente pequeño (29%), esta forma de inversión se encuentra en franco ascenso. Esta tendencia se evidencia en el número de firmas que participan en rondas de inversión y en los montos recaudados que, en algunos casos, supera al millón de dólares. Por último, el 15% de las firmas encuestadas recibió financiamiento de fondos extranjeros.
  • Tal como resulta esperable, las tareas ligadas a procesos de innovación resultan clave para el conjunto de las empresas Agtech encuestadas. Tal es así que, en promedio, las firmas gastan el 46% de sus ingresos en actividades de I+D. Las tareas de I+D en áreas ligadas a tecnologías digitales –programación, desarrollo de algoritmos de Big Data, inteligencia artificial, etc.- fueron destacadas como las más importantes. A su vez, el desarrollo de actividades de innovación con otros actores del ecosistema también fue un fenómeno frecuente. El 78% de las firmas informó al menos una vinculación con usuarios/clientes, el 66% con organizaciones privadas del sector –e.g. CREA, AAPRESID, etc.-, y también el 66% con instituciones de CyT –e.g. INTA, universidades, etc.
  • En relación con los obstáculos enfrentados para crecer, se destacan aquellos asociados con la coyuntura macroeconómica y otros aspectos regulatorios que afectan negativamente el doing business. Los otros dos grupos de factores mencionados con frecuencia como obstáculos al crecimiento fueron la desconfianza de los potenciales usuarios en las nuevas tecnologías y el elevado costo del financiamiento para su adquisición.   

Estos resultados evidencian que el sector Agtech ha alcanzado un importante nivel de consolidación en la Argentina. De hecho, las empresas Agtech pudieron crecer e internacionalizarse a pesar de un contexto económico adverso a nivel local, lo que refleja sus capacidades de adaptación.

Sin embargo, la difusión de los servicios Agtech aún es limitada en Argentina, debido a los factores antes mencionados y a otros que pueden estar operando también como obstáculos para la adopción. En este sentido, es necesario diseñar e implementar políticas públicas que permitan complementar el accionar de los actores privados que ya trabajan en este espacio, como CREA o la Bolsa de Comercio de Rosario. La realización de programas de innovación abierta (donde los futuros usuarios de tecnologías Agtech listan ex ante problemas para que las empresas propongan soluciones tecnológicas) y el desarrollo de programas específicos para la validación a campo y la adopción de tecnologías por parte de productores (e.g.: jornadas a campo, programas de certificación de buenas prácticas agrícolas que incluyan tecnologías Agtech) son solo algunas de las acciones que se podrían impulsar en ese sentido.

Desde la oferta, otro espacio viable de intervención pública podría ser el apoyo a los emprendedores para facilitar su participación en programas de incubación y/o aceleración. Tal como se mencionó previamente, estos programas contribuyen en diversos ámbitos del negocio –e. g. aspectos de gestión, contacto con potenciales usuarios y facilitación del acceso a fondos de inversión, entre otros– potenciando las posibilidades de crecimiento y consolidación de las empresas Agtech.

El ecosistema Agtech en su conjunto es relativamente pequeño considerando el tamaño de la economía nacional; sin embargo, tiene el potencial de realizar una contribución crucial a la mejora de la productividad (y la reducción del impacto ambiental) de la cadena agropecuaria. A la vez, está claro que no tiene sentido esperar que emerja un sector que opere como “bala de plata” para la transformación productiva del país; este último objetivo requiere crear las condiciones para que se consoliden y expandan diversos sectores productivos que pueden realizar distintos aportes a aquella transformación (generación de empleo, exportaciones, contribución al aumento de la productividad, etc.).

La industria Agtech se suma a otros sectores de la actividad económica que se vinculan al mundo biológico y que también exhiben un rápido crecimiento sobre la base del talento y las capacidades de su capital humano, y los esfuerzos de innovación que llevan a cabo. Los casos más resonantes en esta materia se dan en el mundo asociado a la biotecnología (ya sea de aplicación vegetal, animal o para la salud humana), en el sector de maquinaria agrícola e implementos (e. g., aquellos ligados a la agricultura de precisión), así como también en otra larga lista de emprendimientos enmarcados dentro de la bioeconomía (desde la producción de biocombustibles, hasta la elaboración de alimentos nutracéuticos o funcionales). Indudablemente, esta serie de actividades altamente innovadoras ofrece al país una oportunidad para el desarrollo económico de forma articulada a uno de sectores con mayor historia y tradición, como lo es la producción y exportación de alimentos. 

Referencias

AgFunder. (2019). AgriFood Tech Investing Report: 18’ year in review. Disponible en https://agfunder.com/research/agrifood-tech-investing-report-2018/. Consultado el 20 de febrero de 2018.

Baldwin, R. (2016) The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization.   Harvard University Press.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2018. AGTECH: Mapa de la innovación AgTech en América Latina y el Caribe. Autores: Vitón, Roberto; Castillo, Ana; Lopes Teixeira, Tomas.

Lachman, J. y López, A. (2018). Nuevas oportunidades y desafíos productivos en la Argentina: resultados de la Primera Encuesta Nacional a Empresas de Agricultura y Ganadería de Precisión. Serie Documentos de Trabajo del IIEP, 38, 1-49. http://iiep-baires.econ.uba.ar/ documentos_de_trabajo. 

Trigo, E., Fernández Díez, M. C., Méndez, J. C., y Demichelis, F., Tinghitella, G. y Bert, F. (2018). La revolución Agrotech en Argentina: Financiamiento, oportunidades y desafíos. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C. 1-100. http://dx.doi.org/10.18235/0001154

Vitón, R., Castillo, A., y Lopes Teixeira, T. (2019). AGTECHAGTECH: Mapa de la innovación AgTechAgtech en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C. 1-66. http://dx.doi.org/10.18235/0001788


[1] El sitio especializado en Agtech de AAPRESID menciona que “El término Agtech surge de la combinación de las palabras “agricultural” y “technology”, agricultura y tecnología en inglés. De relativamente reciente uso, abarca una amplia gama de nuevas tecnologías aplicadas a sistemas agropecuarios. Semejante es el caso del término “fintech”, surgido de finanzas y tecnología.”

[2] Se tomó como referencia el tipo de cambio minorista vendedor promedio del 2018 informado por el Banco Nación.

Cuesta abajo: la evolución de largo plazo de las exportaciones argentinas

Por Andrés López*

La preocupación por el pobre desempeño exportador de la Argentina en el período reciente es difundida. Las exportaciones de bienes en 2019 estaban más de 20% por debajo de las observadas en el pico de 2011. Si bien el grueso de la caída se origina en el fin del super ciclo de commodities, la comparación también evidencia una reducción de las cantidades exportadas; resulta significativo que mientras que fueron los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario las que sufrieron las bajas de precios más marcadas, las cantidades exportadas de ambos rubros subieron en la comparación entre ambos años, mientras que en el caso de las manufacturas de origen industrial las cantidades exportadas cayeron 27% (basado en datos del INDEC).

En tanto, el patrón exportador argentino ha venido concentrándose cada vez más en un grupo de complejos con fuerte peso en la evolución del agregado de las ventas externas del país. En el cuatrienio 1997-2000 los cinco principales complejos aportaban el 64% del total de las exportaciones argentinas (oleaginoso, petrolero-petroquímico, cerealero, automotriz y bovino, en ese orden); el oleaginoso contribuía con el 20% de aquel total. En 2017-2020, los primeros cinco complejos (oleaginoso, cerealero, automotriz, minero-metalífero y bovino, en ese orden) aportaban el 70% de las exportaciones argentinas, y el oleaginoso representaba 30% de dicho total (cálculos basados en datos del INDEC). Más del 75% de las ventas externas en este último cuatrienio estuvo asociado a complejos basados en recursos naturales.

Como ya discutimos en otra nota de este blog, exportar alimentos (y lo mismo vale en general para los recursos naturales) no puede ser visto como un problema per se; depender excesivamente de la exportación de esos recursos, en cambio, sí puede serlo[1]. En este sentido, más allá de los números citados más arriba, todos los lectores saben que buena parte del destino de la economía argentina en 2021 se juega en dos variables que las autoridades de política no controlan: los precios internacionales de los productos agropecuarios y los vaivenes del clima. Esto muestra, sin necesidad de análisis muy sofisticados, la fragilidad de la inserción externa de nuestra economía.

Sobre cantidades y calidades

No es necesario “comprar” el concepto de restricción externa (i.e. la falta de divisas pone un cuello de botella al crecimiento, que demanda importaciones de bienes intermedios y de capital) tal como viene expresado por las corrientes estructuralistas para acordar con la idea de que la falta de dinamismo exportador plantea restricciones al crecimiento (e.g. hay evidencia proveniente de diversos estudios empíricos que sugiere que la actividad exportadora genera ganancias de productividad a nivel firma; esto puede ocurrir, por ejemplo, por ganancias de escala o aprendizaje tecnológico, entre otras causas). Del otro lado, el pobre desempeño exportador a la vez refleja la débil competitividad de una parte relevante del aparato productivo doméstico.

La relevancia del vínculo entre comercio y crecimiento podría ser incluso mayor en el escenario de fragmentación productiva asociado a las cadenas de valor internacionales. La inserción en cadenas globales o regionales de valor –vía incorporación de valor agregado extranjero en las exportaciones y/o vía provisión de valor agregado local incorporado en productos intermedios que luego son exportados a terceros países- también contribuye al aumento de la productividad, tanto a nivel de países como de firmas[2]. Además de las ganancias de especialización, la integración en esas cadenas permite a las empresas acceder a conocimientos y tecnologías que ayudan a reducciones de costos, mejoras de eficiencia y calidad y a la diversificación de la canasta de productos ofrecidos.

En este sentido, varios trabajos han hecho hincapié en la relevancia de analizar la canasta exportadora de los países, considerando que el proceso de desarrollo económico involucra, entre otras dimensiones, la transformación y diversificación de sus estructuras productivas. Algunos estudios sugieren que la concentración de las exportaciones (medida a nivel productos) tiene un impacto negativo sobre el crecimiento. Otros estudios, en tanto, encuentran que un aumento más rápido en el nivel de calidad[3] de la canasta exportadora está asociado a mayores tasas de crecimiento del producto a nivel país[4]. En conjunto, estos hallazgos ponen de relieve la importancia de que los países en desarrollo incorporen nuevas actividades exportadoras y avancen a lo largo de las “cadenas de calidad” en los sectores en los cuales ya son exportadores.

Otra manera de abordar este tema es a través del índice “de complejidad económica”[5], el cual depende de la sofisticación[6] y diversidad de los productos exportados por un país. Si los bienes que exporta un país son vendidos por pocos países se asume que son más complejos. Pero podría ocurrir que esa baja ubicuidad refleje la disponibilidad de recursos naturales escasos. Por ello se complementa el índice de ubicuidad con el de diversidad (si los países que producen bienes poco ubicuos exportan muchos productos, es probable que ello refleje la existencia de capacidades específicas y no de materias primas “raras”). Este indicador se vincula con la noción de “espacio de productos”[7], el cual es una especie de red que conecta bienes que tienden a ser producidos y exportados por los mismos países y predice los productos que, con mayor probabilidad, cada país exportará en el futuro en función de su mayor o menor cercanía con la actual estructura exportadora. En otras palabras, la posibilidad que tiene un país de exportar un nuevo producto depende de su capacidad previa para exportar productos similares (o que requieren de capacidades similares). Esto es debido a la existencia de activos específicos (conocimiento, capital humano, insumos intermedios, infraestructura, etc.) que pueden ser poco transables. El asunto es entonces, identificar cuáles son los productos core, los cuales tienen muchas “conexiones” (y por ende ayudarían a generar capacidades y conocimientos útiles para exportar otros bienes). Este grupo incluye sectores tales como maquinaria, químicos, electrónica, etc., mientras que actividades como petróleo y otras industrias primarias tienen relativamente pocas conexiones. Los países especializados en este tipo de productos “periféricos” tendrían, en consecuencia, menos posibilidades de cambiar su canasta exportadora hacia bienes más complejos (tomar nota, sin embargo, de que el espacio de productos no incluye servicios; el ejemplo de naciones como Australia sugiere que existen oportunidades para exportar servicios complejos asociados a sectores primarios como la minería). En el mismo sentido, las cadenas de calidad en sectores basados en recursos naturales tienden a ser más cortas que las manufactureras, lo cual implica menos oportunidades para mejorar la calidad promedio de la canasta exportadora en los países especializados en dichos bienes[8].

Algunos datos comparativos

Examinemos ahora algunos datos que reflejan la situación y tendencias de la estructura exportadora argentina, en la comparación internacional, en las diversas dimensiones arriba mencionadas.

  • Aunque es un fenómeno conocido, vale la pena recordar que el porcentaje de exportaciones sobre PBI (tanto de bienes como de bienes y servicios en conjunto) es bajo, incluso comparando contra economías de similar tamaño (gráficos 1 y 2). En el promedio 2017-2019 Argentina se ubicaba en el puesto 171 (sobre 185 naciones con datos disponible) en el ranking de exportaciones de bienes y servicios sobre PBI, y en el 146 (sobre 197 naciones con datos) en el ranking considerando el ratio exportaciones de bienes sobre PBI (cuadro 1). La comparación con las cifras de 1990-92 muestra que se trata de una característica estructural de la economía; solo entre 2002 y 2008 la relación exportaciones de bienes y servicios contra PBI superó el 20%, primero en el contexto de la brutal caída del PBI en dólares tras el fin de la convertibilidad y luego empujada por el super ciclo de commodities.
  • El desempeño exportador argentino se ha venido deteriorando a lo largo del tiempo. En los ’90 la tasa de crecimiento de las exportaciones argentinas (tanto de bienes como de bienes y servicios) superó claramente al promedio mundial. En los 2000 ocurrió lo mismo, pero la diferencia fue menor, y el país perdió puestos en el ranking según tasas de crecimiento de las exportaciones, incluso en el contexto del boom de commodities. En la década pasada la tasa de crecimiento de las exportaciones fue negativa (cuadro 2).
  • Como resultado de este desempeño errático, la participación de la Argentina en las exportaciones mundiales de bienes en las últimas tres décadas estuvo esencialmente estancada en torno al 0,4% o incluso levemente por debajo de esa cifra (gráfico 3). En los años ’60 esa participación era de 0,75% y en los ’70 de 0,47% (promedios por década). El promedio trienal 2017-2019 (0,33%) fue el más bajo registrado desde el observado en 1989-1991.
  • La composición de las exportaciones argentinas también muestra fragilidades. Por un lado, como se mencionó, sigue teniendo un fuerte componente de productos basados en recursos naturales, exportados en general con bajo grado de procesamiento, lo cual los expone a oscilaciones de precios en los mercados internacionales y también a shocks de cantidades originados en factores climáticos en algunos casos. Ya vimos, además, que algunos complejos exportadores de ese tipo (e.g. oleaginoso) han elevado su peso en la estructura exportadora argentina en las dos últimas décadas. En este mismo sentido, el peso de la categoría “food, basic” en el total de exportaciones argentinas creció de 48,5% a 56% entre 1995 y 2019, según datos de la UNCTAD. Entre ambos años la contribución de esos productos a las exportaciones globales bajó de 8 a 7%. En 1995 Argentina era el país 49 sobre 214 en el ranking de dependencia de exportaciones basadas en recursos agropecuarios; en 2019 ocupaba el puesto 23 sobre 219 naciones (cuadro 3).
  • Por otro lado, la Argentina ha venido perdiendo puestos en el mencionado ranking de la complejidad económica, del lugar 56 en 1999 al 73 en 2018 (siempre contra un total de 133 naciones) –gráfico 4. La misma evolución se observa en otros indicadores de composición de la canasta exportadora, como los de calidad y diversificación (medida a nivel sectorial, tanto para el margen intensivo como extensivo) elaborados por el FMI (que se encuentran disponibles hasta 2014). En el primer caso, la caída fue del puesto 91 a 120 entre 1990 y 2014 (había 138 y 165 países respectivamente en el ranking en cada año), mientras que en el segundo fue del puesto 18 al 52 (sobre 166 y 197 naciones respectivamente) –gráficos 5 y 6-. En ambos casos los valores absolutos del índice cayeron punta a punta, levemente en el de calidad y fuertemente en el de diversificación (por su forma de medición, a menores valores mayor diversificación). Algunos trabajos muestran que Argentina incluso está rezagada en cuanto a exportación de productos diferenciados en cadenas basadas en recursos naturales vis a vis competidores como Chile o Nueva Zelanda[9].
  • Solo para ejemplificar alguno de estos temas, veamos el peso de los 10 productos más exportados por Argentina (a cuatro dígitos de la clasificación del Sistema Armonizado de comercio exterior) en 2019. Esos 10 productos absorbían más del 52% del total de las exportaciones argentinas (e incluían oleaginosas y derivados –en tres distintas variantes-, maíz, trigo, carne bovina, oro, petróleo crudo, crustáceos y vehículos automotores para transporte de cargas). Tomemos como comparación el caso de Corea del Sur; allí el peso de los primeros 10 productos exportables no era sensiblemente menor (46%); lo diferente, como el lector intuirá, es la composición, ya que allí se incluyen circuitos integrados, vehículos de pasajeros, gasolina, autopartes, teléfonos celulares, barcos, partes de computadoras, equipos de transmisión, hidrocarburos cíclicos y equipo para la producción de semiconductores (todos productos de origen industrial).
  • Saliendo del mundo de los bienes, es conocido que la Argentina logró una inserción exitosa en el dinámico segmento del comercio de los llamados servicios basados en conocimiento a partir de la primera década del nuevo siglo (tema sobre el cual ya hemos publicado algunas notas en este blog). El caso del software es uno de los más conocidos en este sentido. Ahora bien, luego de un fuerte ascenso de la participación argentina en las exportaciones mundiales de software (de 0,5% en 2005 a 1,3% en 2011), se inició un descenso más o menos sostenido hasta llegar a un 0,7% en 2019 (datos estimados para un conjunto más amplio de países, pero que solo cubren de 2014 a 2019, indican que en ese período la participación de Argentina estuvo en torno al 0,4-05% del total mundial, con un piso de 0,36% en 2019) –gráfico 7-.
  • Finalmente, los datos de comercio en valor agregado de la base TIVA (OECD), indican que la participación argentina en las CGV en 2015 alcanzaba al 23,5% (contra el total de exportaciones), contr
  • a más de 40% tanto para el conjunto de países en desarrollo como para los desarrollados. Particularmente baja era la participación vía incorporación de valor agregado extranjero en las exportaciones (6,9% contra más de 20% en los grupos antes mencionados; en 2011 el porcentaje para Argentina era más de 11%).

No hay recetas simples

Aunque se puede cuestionar la interpretación y/o solidez de cada uno de estos indicadores tomados por separado, cuando se los lee en conjunto es difícil evitar la siguiente conclusión: en las últimas décadas la canasta exportadora argentina no solo ha venido perdiendo dinamismo, sino que también se ha deteriorado, en términos relativos e incluso absolutos en algunos casos, en cuanto a sus niveles de calidad, complejidad y diversificación. Es factible, asimismo, proponer la hipótesis de que ambos fenómenos no están desvinculados.

Esta nota no pretende discutir los factores que están detrás de estas tendencias, tema que ha sido ya examinado en algunos trabajos[10], pero que amerita seguramente nuevas investigaciones, dada la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno bajo análisis. En todo caso digamos que dichos factores incluyen cuestiones macroeconómicas, institucionales, regulatorias y microeconómicas, cuyo abordaje requiere obviamente de diferentes estrategias y políticas, cuyos resultados pueden verse en plazos más o menos largos, y cuyo diseño e implementación es también de diverso grado de dificultad, tanto técnica como política.

Nuestro objetivo básico era poner, nuevamente, en foco la magnitud del desafío que enfrenta Argentina en lo que hace a la intensidad y formas de su integración en la economía mundial. Este desafío está estrechamente relacionado con los que el país también enfrenta en materia de los determinantes inmediatos del crecimiento (inversión en capital físico y humano y productividad), dadas las diversas interacciones entre integración internacional y desarrollo productivo y también se asocia con el objetivo de reducir los niveles de volatilidad macroeconómica, en buena parte derivados de un patrón de especialización con fuerte peso de bienes sujetos a shocks de precios y cantidades.

No solo se necesita exportar más, sino también diversificar la canasta de bienes y servicios exportados, y progresar en las cadenas de calidad de los sectores que ya exportan. No se trata por supuesto de ir en contra de la exportación de productos basados en recursos naturales, sino de promover mayores encadenamientos aguas arriba (bienes y servicios intensivos en conocimiento) y vender bienes con mayores niveles de diferenciación. Claro está que el desafío de avanzar en las cadenas de calidad se extiende al resto de la estructura exportadora, a la vez que se requiere también promover la emergencia de nuevos “descubrimientos” que ayuden a diversificar dicha estructura.

Como se dijo antes, para alcanzar estos objetivos no basta, aunque es condición necesaria, un tipo de cambio “competitivo”, sino que se requiere de un mix de políticas que aborden los obstáculos para el desarrollo exportador argentino, desde los regulatorios hasta los derivados de fallas de mercado, pasando por cuestiones de infraestructura, acceso a mercados, etc. Si la discusión sobre este tema amerita, como dijimos, nuevas exploraciones y debates, aquí queremos solamente hacer énfasis en un aspecto de esta desafiante agenda.

Parece difícil que una estrategia fuertemente focalizada en el mercado interno sea la forma más eficaz de alcanzar aquellos objetivos, y tampoco en general de ayudar a consolidar un proceso de crecimiento sostenido en la Argentina, considerando las limitaciones de escala y el bajo nivel de competencia que resultaría de dicha estrategia. A su vez, como ya ha sido mostrado abundantemente, para elevar las exportaciones es necesario también aumentar las importaciones[11] y la introducción de restricciones a estas últimas afecta el desempeño exportador[12]. Esto deviene tanto de la necesidad de mejorar los procesos productivos mediante la incorporación de insumos importados, como de la propia dinámica de la fragmentación productiva en el marco de las cadenas globales o regionales de valor. A su vez, exportaciones e importaciones también están atadas por la lógica de las negociaciones comerciales internacionales, donde resulta difícil ganar acceso a nuevos mercados sin el quid pro quo de la concesión de aperturas en el mercado doméstico, o introducir restricciones no arancelarias de forma duradera sin recibir reclamos o retaliaciones de los socios comerciales.

Pero cuando nos damos vuelta para mirar la dimensión del empleo, entendemos que el camino de la intensificación y diversificación de la actividad exportadora, que requiere, entre otras condiciones, de una política comercial relativamente aperturista, choca contra la debilidad competitiva de muchos sectores industriales que hacen una contribución sustantiva a la generación de puestos de trabajo. Más allá de que pensemos que el proteccionismo es una consecuencia del lobby corporativo y la búsqueda de rentas de sectores empresarios o sindicales, o de políticos en procura de votos, la evidencia internacional es bastante clara y muestra que los efectos de los shocks comerciales sobre los trabajadores desplazados por el cierre o achicamiento de industrias expuestas a la competencia internacional (y sobre las regiones donde se concentran las industrias afectadas) son sustantivos y persistentes[13].

El sendero que se abre para la política económica a partir de estos dilemas es, entonces, bastante estrecho. Nada diferente, en realidad, de lo que ocurre si examinamos los dilemas o trade-offs en la macro, lo fiscal, etc. Administrar de modo razonable las múltiples tensiones que emergen a lo largo de estos senderos exige no solo pericia técnica (para diseñar, implementar y monitorear políticas apropiadas), sino fundamentalmente capacidad de negociación política y de una compleja red de acuerdos y compromisos con credibilidad a largo plazo. ¿Estará la sociedad argentina en condiciones de emprender este rumbo?

* IIEP, UBA-CONICET.

Referencias

Albornoz, F, E. Garcia Lembergman y L. Juarez (2017), “Dimensiones microeconómicas del crecimiento exportador: Argentina 2003-2011”, Agosto, UDESA, Buenos Aires.

Badeed, R., Lean H. y J. Clark (2017), “The Evolution of the Natural Resource Curse Thesis: A Critical Literature Survey”, Resources Policy, Volume 51, Marzo, pp 123-134.

Banco Mundial. (2020). “World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains”. Washington D.C.: Banco Mundial.

Bernini, F. y E Garcia Lembergman (2020), “The impact of import barriers on firm performance: Evidence from Import Licenses in Argentina”, AAEP, LV Reunión Anual, Noviembre.

Brambilla, I. y Porto, G. (2018). “Diagnóstico y visión de la inserción comercial argentina en el mundo”. Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, Volumen 58, N° 225, Septiembre-Diciembre.

Carciofi, R. (2019). “Inserción internacional de Argentina: el desempeño exportador como límite al crecimiento económico”. Documento de Trabajo N°180. Buenos Aires: CIPPEC.

Constantinescu, C., Mattoo, A., & Ruta, M. (2019). “Does Vertical Specialization Increase Productivity?”. The World Economy. 42, 2385-2402. https://doi.org/10.1111/twec.12801.

Frankel, J. (2010). “The Natural Resource Curse: A Survey”.  Harvard Kennedy School.

Hallak, J. C. (2006). Product quality and the direction of trade. Journal of International Economics, 68(1), 238-265.

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., y otros. (2011). The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity. Center for International Development at Harvard University and Macro Connections IT Media Lab.

Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. Journal of Economic Growth, 12(1), 1-25.

Henn, C., Papageorgiou, C., & Spatafora, N. (2013). Export Quality in Developing Countries. IMF Working Paper WP/13/108.

Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The Product Space Conditions the Development of Nations. Science, 317(5837), 482-487.

López, A y P Pascuini (2018), “Objetivos y políticas para la inserción internacional de la Argentina”, Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, Volumen 58, N° 225, Septiembre-Diciembre.

Palazzo, G. y Rapetti, M. (2017). “Real Exchange rate and export performance in Argentina, 2002-2008”, Journal of Post-Keynesian Economics.

UIA-OIT (2019), “Una nueva inserción comercial argentina. El papel de la diversifcación y la complejización”, Buenos Aires

para crear más y mejor empleo.

Van der Ploeg, F. (2010). “Natural Resources: Curse or Blessing?”. CESifo Working Paper No. 3125.


[1] Frankel (2010); Van der Ploeg (2010); Badeed, Lean y Clark (2017).

[2] Constantinescu et al (2019), Banco Mundial (2020).

[3] En general la calidad de la canasta exportadora se mide por índices de precios unitarios, corregidos por algunos factores que pueden distorsionar la relación entre ambas variables (ver Hallak (2006)).

[4] Ver López y Pascuini (2018) para una discusión de esta evidencia.

[5] Hausmann et al (2011).

[6] Siguiendo a Hausmann, Hwang y Rodrik (2007) el grado de sofisticación de un bien depende del nivel promedio del PBI per cápita de los países que exportan dicho bien.

[7] Hidalgo et al (2007).

[8] Henn et al (2013).

[9] Brambilla y Porto (2018).

[10] Ver por ejemplo los trabajos reunidos en UIA-OIT (2019), Carciofi (2019), Palazzo y Rapetti (2017) y Albornoz et al (2017), solo para citar algunos ejemplos.

[11] Albornoz et al (2017).

[12]  Bernini y García Lembergman (2020).

[13]  Ver López y Pascuini (2018) para una revisión.

¿Está maldito el granero?*

maiz campo materia prima biocombustibles - Blogthinkbig.com

Por Andrés López**

Recientemente el gobierno nacional dispuso el cierre de las exportaciones de maíz hasta el mes de marzo de 2021 con el objetivo supuesto de garantizar el abastecimiento del mercado interno. Ante las protestas del sector agropecuario, primero hubo una revisión parcial de la medida y finalmente se volvieron a liberar totalmente las exportaciones. En este contexto, una diputada nacional expresó en su cuenta de Twitter que “tenemos la maldición de exportar alimentos”, añadiendo que era necesario desacoplar los precios internos de los internacionales para proteger el poder de compra de los salarios domésticos.

No sabemos si voluntaria o involuntariamente, la diputada hizo referencia a un conocido debate en torno a la llamada “maldición de los recursos naturales” (resource curse), expresión que usó por primera vez, aparentemente, Richard Auty en un libro publicado en 1993 (aunque ya antes Alan Gelb había utilizado la expresión “curse” para referirse a los impactos de los shocks de precios que generan windfall profits en la industria petrolera). Mientras que Auty en su libro hablaba de las economías exportadoras de minerales, la tesis de la maldición se expandió hacia el conjunto de los recursos naturales a partir del influyente y discutido trabajo de Jeffrey Sachs y Andrew Warner de 1995, en el cual mostraban que había existido una relación negativa entre recursos naturales y crecimiento para un panel de países entre 1971 y 1989; en realidad, el título del paper era bastante engañoso, ya que hablaba de “natural resource abundance”, mientras que la variable explicativa que empleaban los autores era el ratio de exportaciones de recursos naturales sobre el PBI (que es, strictu sensu, una medida de la dependencia de una economía respecto de la exportación de recursos naturales, y no de la abundancia de estos últimos).

Luego de la publicación del paper Sachs-Warner, floreció una vasta literatura destinada a revisar sus hallazgos, potenciada en particular durante el superciclo de precios altos de los commodities iniciado en los primeros años del siglo. Existen varios surveys que revisan esta literatura[1], incluido uno que elaboramos hace unos años para un libro de la serie Progresos de la AAEP. En breve síntesis, la evidencia generada por numerosos estudios econométricos que analizan las relaciones entre recursos naturales y crecimiento no avalan la existencia de la “maldición”; no parece haber ninguna relación negativa entre la abundancia de recursos de un país y su nivel de ingresos o la tasa de crecimiento de su economía. Sí, en cambio, podría haber alguna evidencia a favor de que la dependencia de un país respecto de sus recursos naturales (que puede involucrar el canal exportador, pero también el fiscal) podría tener un impacto negativo sobre su potencial de desarrollo (en particular cuando hablamos de industrias extractivas).

Los posibles canales de esa relación negativa incluyen, entre otros, la volatilidad de precios de los commodities, los efectos (dañinos) de los recursos naturales sobre las instituciones y el manejo de la política económica, y el conocido fenómeno de la enfermedad holandesa. En cualquier caso, la evidencia tanto cuanti como cualitativa sugiere que buena parte de la diferencias nacionales en cuanto a la relación entre recursos naturales y desarrollo depende del manejo que hagan los países de dichos recursos, lo cual incluye, entre otros factores, la existencia de mecanismos que amortigüen los impactos de los shocks de precios sobre la economía local, así como el uso de los ingresos generados por los recursos naturales para potenciar la inversión en capital físico y humano y diversificar las estructuras productivas y exportadoras de los países respectivos.

Pero más allá de este debate teórico y empírico, tanto la medida adoptada por el gobierno como la expresión de la diputada nacional no resultan hechos aislados en la historia argentina. Por el contrario, la introducción de medidas que buscan restringir las exportaciones de productos agropecuarios o tratan de capturar parte de los ingresos extraordinarios que pueden emerger en momentos de altos precios internacionales o devaluaciones bruscas de la moneda local (las retenciones a la exportación buscan este último objetivo, además de acercar recursos rápidos al fisco en momentos de crisis) tiene una larga historia en nuestro país. La motivación de desacoplar precios internos y precios internacionales (o bien de evitar que los precios internos reflejen totalmente el shock positivo derivado de las devaluaciones o los aumentos de precios internacionales), con el fin de proteger el poder de compra de los consumidores locales siempre ha estado presente, al menos en el discurso, en los momentos en donde se han adoptado restricciones de precios o de cantidades en los mercados agropecuarios.

No vamos a discutir aquí la racionalidad ni los impactos de este tipo de instrumentos, algo que excede las intenciones de esta nota (y sobre lo cual hay muchos colegas que seguramente tienen mucho más que aportar que el autor). Más modestamente, hemos elaborado unos gráficos muy simples, que obviamente no prueban per se ninguna relación causal, buscando ilustrar la relación entre exportaciones de alimentos y niveles de ingreso de los países. Son tres gráficos, que respectivamente muestran la relación entre exportaciones totales de alimentos, exportaciones per cápita y share de exportaciones de alimentos en las exportaciones totales de bienes, contra el PBI per cápita de cada país medido en paridad de poder adquisitivo. Todas las cifras son de 2019. Las de exportaciones de alimentos provienen de UNCTAD (y cubren la categoría “food, basic” que usa dicho organismo, la cual incluye las secciones 0, 22 y 4 de la SITC –Standard International Trade Classification-) y las de PBI per cápita del Banco Mundial. La muestra incluye 145 países con datos para las variables respectivas (hemos excluido a los llamados estados pequeños o micro estados).

Estas relaciones simples parecen avalar (nuevamente, sin pretensión de generar una prueba rigurosa, sino de ilustrar con estadísticas básicas el fenómeno que estamos analizando), la idea de que mientras que la exportación de alimentos per se no parece estar correlacionada negativamente con el nivel de PBI per cápita de los países (si la relación parece ir hacia algún lado, es en sentido positivo, aunque, de nuevo, esta simple correlación no ofrece prueba suficiente), la dependencia de la exportación de dichos productos (esto es, el peso que los alimentos tienen en la canasta exportadora) podría tener una relación negativa con aquel indicador. En otras palabras, estamos en el mismo terreno que el que surge de la evidencia econométrica antes mencionada: no hay una maldición de los recursos naturales, pero las economías que dependen excesivamente de dichos recursos (en este caso alimentos) podrían verse afectadas negativamente por dicha dependencia.

Entonces, ¿prohibir la exportación de alimentos es una medida razonable para una economía como la argentina? En un contexto en el cual hay un amplio consenso respecto de la necesidad de elevar las exportaciones como un instrumento clave para promover el desarrollo del país (sea que usemos el argumento de la restricción externa, o pensemos que exportar puede ayudar al crecimiento vía ganancias de productividad u otros mecanismos), no parece lógico ir en contra de una fuente de exportaciones clave. En todo caso, la razonable preocupación por el ingreso real de los segmentos más vulnerables de la población puede ser atendida con otros instrumentos.

Pero si exportar alimentos no puede ser visto bajo ninguna luz razonable como una maldición per se para la Argentina, resta de todos modos la exigente agenda de avanzar hacia mayores niveles de diferenciación de dichas exportaciones y de diversificar la estructura exportadora local. Hay evidencia que sugiere que la Argentina tiene mucho para progresar en el primer objetivo (comparada con otros países exportadores de productos similares)[2], y también hay evidencia, a nivel internacional, que muestra que la diversificación exportadora puede ayudar al crecimiento (lo mismo vale para las ganancias de “calidad” de la canasta de exportaciones[3]). Pero estos objetivos están lejos de ser alcanzables mediante prohibiciones (las que de hecho conspiran directa o indirectamente contra aquellos), sino que requieren la adopción de políticas de desarrollo productivo y tecnológico que ayuden a remediar las fallas de mercado y de coordinación y otros factores que pueden bloquear la consecución de dichos objetivos. Sobre esto ya se ha hablado mucho en la literatura internacional y doméstica y no tenemos nada para agregar aquí, salvo que el tiempo pasa y la necesidad de abordar estos temas mediante políticas eficaces y sostenidas en el tiempo es cada vez más apremiante. Argentina/os, a las cosas y no a los mitos.

Y acá una playlist para acompañar la lectura

Relación entre PBI per cápita (PPA) y exportaciones de alimentos, 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD y Banco Mundial

Relación entre PBI per cápita (PPA) y exportaciones de alimentos per cápita, 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD y Banco Mundial.

Relación entre PBI per cápita (PPA) y participación de las exportaciones de alimentos en las exportaciones totales de bienes, 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD y Banco Mundial.

* El título se lo debo a la siempre fértil creatividad de mi colega Oscar Cetrángolo.

** IIEP, UBA-CONICET.


[1] Frankel, J. (2010). “The Natural Resource Curse: A Survey”.  Harvard Kennedy School; Van der Ploeg, F. (2010). “Natural Resources: Curse or Blessing?”. CESifo Working Paper No. 3125; 2)           Badeed, R., Lean H. y J. Clark (2017), “The Evolution of the Natural Resource Curse Thesis: A Critical Literature Survey”, Resources Policy, Volume 51, Marzo, pp 123-134

[2] Brambilla, I. y Porto, G. (2018). “Diagnóstico y visión de la inserción comercial argentina en el mundo”. Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, Volumen 58, N° 225, Septiembre-Diciembre.

[3] Henn, C., Papageorgiou, C., & Spatafora, N. (2013). Export Quality in Developing Countries. IMF Working Paper WP/13/108; International Monetary Fund. (2017). Cluster report: Trade integration in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C.: IMF Country Report No. 17/66; Lederman, D., & Maloney, W. F. (2008). In Search of the Missing Resource Curse. Economic Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association, 9(1), 1-57; Aditya, A., & Acharyya, R. (2011). Export diversification, composition, and economic growth: Evidence from cross-country analysis. The Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review, 22(7), 959-992.

Seguimos (re)cayendo ¿nos levantaremos? (acerca de cómo evitar los buñuelos fríos)

EL CASTILLO DE NAIPES – mi pedazo de realidad

Por Oscar Cetrángolo*, Javier Curcio* y Andrés López*

El cambio de rutinas y otras mutaciones que, de manera abrupta, han afectado las relaciones humanas como consecuencia de la pandemia que estamos transitando, nos ha llevado a reflexionar una vez más sobre la profundidad de la crisis argentina y la superficialidad de muchos debates.

Hace más de medio siglo Julio Cortázar publicó, en su libro “La vuelta al día en ochenta mundos”, un breve texto muy sugerente que nos sirve de referencia para lo que queremos transmitir en esta nota. Allí, el personaje central se muestra angustiado por la certeza de la decadencia (“Nadie puede dudar de que las cosas recaen…”, comienza Cortázar) y da varios ejemplos de aquello que nos hace recaer, entre los cuales los peores parecen ser “los buñuelos fríos, que son la recaída clavada”.

Sin la intención de atribuirle a Cortázar una visión anticipatoria y ampliada a los problemas políticos de nuestro tiempo, es imposible dejar de mencionar el hallazgo de haber pensado las dificultades en reconocer el transito decadente en los excepcionales momentos de euforia (“¿cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche?”), la propia dificultad en reconocer si seguimos recayendo (“probablemente Icaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar”) y, tal vez lo más importante, cómo rehabilitarse. Para eso, el personaje del relato le sugiere a su tía esforzarse de manera permanente en eliminar todo aquello que signifique una recaída.

La metáfora del relato de Cortázar (titulado “Me caigo y me levanto”[1]) es apta, creemos, para reflejar la evolución de la economía argentina en las últimas décadas. Nuestros debates sobre el tema se han concentrado en buscar los factores que están detrás de los auges y las recaídas, y, en particular, en buscar el “culpable” de las mismas (sea una clase social, un partido político, una orientación de política económica, una variable analítica …), cual novela de Agatha Christie. Estos ejercicios son sin dudas interesantes e iluminadores desde el punto de vista académico y de la discusión histórica, pero, mucho tememos, no han sido particularmente útiles para revertir las tendencias de largo plazo de nuestra economía. Tal vez porque la “culpa” la tiene Fuenteovejuna, ya que parece difícil identificar un solo factor, grupo de interés, ideología, etc. que sea la llave mágica que abra el pasaje al entendimiento de un proceso que, por su carácter involutivo desde el punto de vista económico y social, ha llamado la atención de intelectuales y expertos no solo argentinos sino de diversas partes del mundo.[2]

Lo que nos preocupa, en todo caso, no es tanto el pasado como el futuro. No porque no podamos aprender del pasado, sino porque ese aprendizaje remite a políticas concretas (e.g. cómo nos fue con la reforma previsional implementada en 1994), pero no para hallar “soluciones” generales a los problemas del desarrollo argentino. El futuro, por otro lado, no es el pasado proyectado de manera infinitamente idéntica como en “La invención de Morel”[3]. Por ejemplo, nos puede haber ido o mal con la sustitución de importaciones según el punto de mira del analista, pero lo que es seguro es que hoy, como estrategia de desarrollo, es irrepetible. Todo esto para decir que más que quejarnos contra lo que hizo que tuviéramos que comer buñuelos fríos, sería más eficiente aplicar nuestras energías a evitar recaer en ellos.

Por supuesto que aquí no pretendemos ni de lejos dar respuestas al “problema argentino” ni de sugerir estrategias de salida concretas, algo que sobrepasa nuestras capacidades y que, en general, resulta en buenos deseos o expresiones tan amplias que resulta difícil estar en desacuerdo con ellas. Serían el equivalente moderno y argentino de las propuestas de los socialistas que Marx y Engels llamaron “utópicos”; pueden ser buenas o malas, el problema es que no sabemos por qué ni quienes van a impulsarlas. Nuestra intención, más modesta,  es dar continuidad a discusiones que se vienen desarrollando en diferentes ámbitos, con mayor o menor nivel de visibilidad según los casos, y que apuntan a identificar algunas características particularmente negativas que definen la forma en que se viene desarrollando el debate y el proceso de toma de decisiones en materia de políticas públicas en la Argentina, las que, a nuestro juicio, en lugar de favorecer el buen diagnóstico de los problemas específicos y sus eventuales soluciones, generan parches adicionales y salidas transitorias, que perpetúan y en ocasiones incluso agravan los problemas preexistentes.

Cuesta abajo

Hace poco tiempo se planteó un debate en torno a si la Argentina era “un país de mierda”. Los firmantes de esta nota no creemos, por cierto, que ese sea el caso (ni de la Argentina ni de ningún país), ni pensamos que los problemas argentinos carezcan de solución posible. En cambio, compartimos una visión optimista respecto de las capacidades que todavía anidan en nuestra sociedad. La cuestión es que, a pesar de la existencia de esas capacidades, la evolución de nuestra economía se parece más a una montaña rusa que a una escalera al cielo, ya que la combinación de una elevada volatilidad macroeconómica con bajo crecimiento, han dado lugar a un fuerte deterioro de los principales indicadores sociales.

Si bien se trata de datos conocidos, resulta conveniente poner en blanco sobre negro, una vez más, algunos indicadores que muestran la magnitud de este deterioro. La pobreza llega a niveles inadmisibles, tanto en términos de ingresos monetarios como en relación con características estructurales de vivienda, agua, saneamiento, y acceso a otros servicios básicos, lo que profundiza la complejidad del problema y hace mucho más difícil pensar en estrategias de salida basadas solamente en elevar los ingresos de los grupos más vulnerables. De acuerdo con los últimos datos elaborados por el INDEC la pobreza monetaria correspondiente al primer semestre de 2020 alcanzó al 40,9% de la población y más de la mitad de los niños y niñas de hasta 14 años (56,3%) viven en esa situación. A su vez, la pobreza extrema, que implica la imposibilidad de adquirir la canasta básica alimentaria, llegó al 10,5% de la población total y el 15,6% de los niños y niñas del rango mencionado. Diferentes estimaciones muestran que dichos porcentajes podrían incrementarse significativamente en los próximos meses como consecuencia de la persistencia de la pandemia y las dificultades asociadas.

En cuanto a la distribución del ingreso, luego de un marcado deterioro durante la década de los años noventa y la crisis de comienzos de siglo, el coeficiente de Gini se situó en un máximo histórico en 0,55 a mediados de 2002. Luego mejoró paulatinamente con el retorno del crecimiento desde el 2003 en adelante, hasta llegar a niveles cercanos a 0,44 en 2011, aunque lejos de volver a los valores de 0,35 que se observaban a comienzos de los años setenta. Los últimos datos relevados por el INDEC (correspondientes al primer semestre de 2020) muestran un deterioro (parcialmente asignable a la pandemia y sus efectos) que lo sitúan en un registro actual de 0,45. En cualquier caso, la movilidad social ascendente, un componente esencial de los procesos de desarrollo, y que en algún momento fue parte del paisaje argentino, forma parte del pasado y parece cada vez más difícil de recuperar.

El empleo y la informalidad también muestran dificultades persistentes y agravadas como consecuencia de la pandemia. Las últimas estimaciones oficiales muestran que la tasa de actividad tuvo una caída equivalente al 9% de la población total y que el desempleo trepó al 13,1% de la población económicamente activa (PEA). Si suponemos que los que perdieron el empleo (mayormente informales y cuentapropistas) durante estos últimos meses se hubiesen mantenido buscando activamente trabajo y no hubieran salido de la PEA desalentados por la crisis económica y por las restricciones de la cuarentena, la tasa de desempleo rondaría el 30%. A su vez, la informalidad laboral se mantuvo resistente a la baja durante la última década en torno al 35% del total de asalariados, lo cual hace que dichos trabajadores tengan acceso limitado o nulo a los sistemas de protección social. A la vez, la propia situación de informalidad en la que se desempeñan ha dificultado en muchos casos la llegada efectiva de la ayuda estatal en el contexto de la actual crisis.

En relación con el sistema educativo (motor central del crecimiento y de la movilidad social), si bien la Argentina ostenta niveles de cobertura históricos muy elevados que tendieron a ampliar y universalizar la educación obligatoria desde los 4 años de edad y hasta completar la escuela secundaria, los problemas asociados al tránsito por el sistema (que afectan particularmente a las poblaciones con menos niveles de ingresos y/o en situaciones de vulnerabilidad) hacen que la repitencia en el nivel medio alcance al 11% de los estudiantes, que el 9% de los alumnos y alumnas de escuelas primarias y el 31% de los estudiantes secundarios transiten sus cursadas con sobreedad y que sólo el 40% de los y las adolescentes completan sus estudios secundarios en el plazo establecido. Todos los indicadores mencionados muestran importantes diferencias regionales, acentuando las dificultades de manera significativa en las provincias más rezagadas del país y condicionando las posibilidades de desarrollo en función del lugar en el que nos haya tocado nacer. Más aún, si consideramos el rendimiento de la educación, nuestro país viene mostrando debilidades persistentes en las distintas pruebas de calidad educativa a las que se somete. Independientemente de las críticas que podemos realizar a dichos procesos, casi el 70% de los estudiantes de nivel medio que participaron en el último operativo PISA durante el año 2018 obtuvieron rendimiento insuficiente en matemática. En ciencias la proporción de bajos rendimientos alcanzó al 53% y en lectura representó el 52% de los estudiantes evaluados. Dichos rendimientos sitúan al país por debajo del promedio latinoamericano en matemática y lectura, y levemente por encima en ciencias y dan cuenta de un profundo deterioro de nuestra educación muy difícil de revertir, al menos en el corto plazo.

En materia del sistema de salud, la organización profundamente segmentada vigente en el país deriva en una fragmentación injusta e injustificada de la cobertura y del acceso a los servicios definidos por las políticas públicas. La provisión pública descentralizada deriva en una oferta muy diversa a lo largo del territorio[4] y la seguridad social, al presentar segmentos sin coordinar (no existe una política del gobierno nacional que compense diferencias entre territorios y la regulación de los seguros es débil y ni siquiera incorpora todos sus componentes) y con una importante diferenciación de cobertura en función del nivel de ingresos de los hogares, tiene poco de seguro social. El resultado es un sistema de salud ineficiente e inequitativo que recibe cerca del 10% del PIB.

Pero, seguramente, la política social que ha sido objeto de diferentes tipos de reformas sin lograr construir un sistema previsible es la relacionada con el sistema previsional y la protección social a la población adulta. El resultado de múltiples reformas impulsadas casi siempre como parches de corto plazo es un sistema fragmentado, de cobertura amplia pero muy costoso y difícilmente sustentable, en especial si se considera el cambio demográfico. Hoy Argentina destina cerca de 12% del PIB a la protección social de la población adulta, lo cual representa cerca de la cuarta parte del gasto público consolidado y más de la tercera parte del gasto público de la Administración Nacional.

Más en general, a pesar de tener un Estado de un tamaño relativamente muy amplio (el gasto público total se acerca a 40% del PIB), las políticas públicas han sido incapaces de fomentar el desarrollo de largo plazo y de reducir significativamente la desigualdad entre hogares y territorios. Más aún, algunas iniciativas de intervención pública durante las últimas décadas han profundizado las inequidades (la descentralización de la provisión pública de salud, de la educación básica y superior no universitaria y de los servicios de saneamiento y agua potable, así como la libre elección de obras sociales y la expansión de regímenes especiales de previsión social, son solo algunos ejemplos en ese sentido). Adicionalmente, el financiamiento del sector público es insuficiente para sostener las iniciativas de intervención estatal que fuimos generando, presenta aspectos fuertemente regresivos (la imposición sobre las rentas y los patrimonios exige reformas profundas hace más de una década), está basado en medidas de emergencia (impuesto a los débitos y créditos y moratorias, como ejemplos obvios), incorpora incentivos de difícil justificación (Fondo Especial del Tabaco) y favorece la inestabilidad macroeconómica con sesgos anti exportadores (fuerte aumento de los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos), todo lo cual lleva a concluir que el sistema tributario tal como existe en la Argentina termina perjudicando las posibilidades para el desarrollo sostenido.

Los indicadores relevados, que son las muestras más salientes de un universo mucho más amplio, hubieran resultado impensados hace medio siglo, y pueden reconocer su génesis en una economía que se encuentra estructuralmente estancada. Aún durante el último pico de crecimiento, en 2011, el PIB per cápita del país apenas superaba, en valores constantes, en un 40% al de 1974; en 2019 era 25% mayor y en 2020 probablemente quede solo 10% arriba de aquel dato, ¡46 años después! Desde 2011 en adelante, solo en cuatro de los diez años transcurridos la economía registró tasas positivas en materia de nivel de actividad. Esto es producto de la debilidad de los “motores” del crecimiento (e.g. la formación bruta de capital entre 2011 y 2018 apenas promedió un 16% del PIB medida a precios corrientes y la última vez que superó el 20% del ingreso fue en 1983; la brecha de productividad con la frontera internacional ha crecido en las últimas dos décadas).

De hecho, tras el agotamiento de la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, la economía argentina no ha encontrado un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo que permita adaptarse a las nuevas dinámicas de la economía global. El tipo de estructura productiva sigue generando demandas contrastantes para la política pública y no se logra articular una estrategia de desarrollo que permita reconciliar los objetivos de generar empleo, aumentar las exportaciones y elevar la productividad de la economía. La falta de diversificación y competitividad de la estructura productiva hace que recurrentemente dependamos de (o nos ilusionamos con) “milagros” como Vaca Muerta o la suba de precios de la soja (o, si nos remontamos al pasado, una eventual Tercera Guerra Mundial en los años cincuenta del siglo XX). Sucesivos slogans, desde la Argentina Potencia, hasta la Lluvia de Inversiones, pasando por la Revolución Productiva o Condenados al Éxito, han creado ilusiones efímeras, al igual que episodios de crecimiento cíclico o transitorio que confundimos con tendencias de largo plazo, cuya frustración no ha hecho más que alimentar una desconfianza cada vez más extendida sobre las posibilidades de revertir las tendencias descriptas.

¿Sin salida?

No puede sorprender, en este escenario, que la sociedad argentina hoy parezca estar quebrada, sin rumbo (y a la espera de un nuevo “milagro”). En esas condiciones puede parecer una misión imposible que se encuentre y ponga en práctica un conjunto de iniciativas que logren revertir la larga decadencia con trabajo. Una sociedad que discute a partir de prejuicios y se enamora de los atajos fáciles difícilmente pueda identificar estrategias sostenibles en el largo plazo, y mucho menos buscar consensuarlas.

El nivel de conflicto parece no tener límite y el oportunismo de políticas (y políticos y dirigentes en general) que maximizan los beneficios de corto plazo ha consolidado la vigencia de políticas y regímenes que difícilmente puedan ser mantenidos en el tiempo. Si bien la Argentina es un país que no puede ser definido como estructuralmente subdesarrollado, el camino hacia el subdesarrollo involucra el fracaso en encontrar las soluciones a problemas que fueron emergiendo (y se han profundizado) durante más de medio siglo. En cambio, la historia de nuestro país reconoce una sucesión de salidas ficticias o parciales orientadas al corto plazo que no funcionaron como tales y terminaron generando nuevos problemas o agravando los conflictos previos, en tanto muchas veces quedan consolidadas como derechos adquiridos que, en la práctica, no son sostenibles en el largo plazo (los ejemplos incluyen al 82% móvil, las sucesivas moratorias, el monotributo, los diversos pactos federales, los impuestos de emergencia que jamás se remueven, etc.).

A la vez, la volatilidad de la economía ha venido de la mano de la volatilidad de las políticas económicas. En este contexto ocurren, al menos, tres cosas: a) los agentes económicos adoptan conductas defensivas, en tanto saben que las reglas del juego van a cambiar y prefieren evitar hundir capital en actividades con retornos (particularmente inciertos en nuestro caso) en el largo plazo; b) cualquier idea de pacto o acuerdo en donde se sacrifican posiciones o ingresos para acceder a un supuesto mejor equilibrio social de largo plazo pierde credibilidad; c) el propio proceso de aprendizaje de las políticas se ve interrumpido, ya que a poco de andar, o bien son modificadas, o bien deben operar en un escenario distinto al imaginado originalmente.

Una nueva crisis, ¿una nueva oportunidad?

Si cada crisis es una oportunidad, hasta ahora Argentina ha sido campeona en desaprovechar oportunidades. ¿Será esta vez diferente?

En efecto, la Argentina tiene una larga experiencia de crisis. Hoy, como tantas veces frente a crisis de gravedad, se suele mencionar la necesidad de un “pacto social” que, si se presenta como una solución simple y salvadora, puede ser una manera de evitar el debate sobre la estrategia de salida. Cuando se trata de enunciados genéricos, es fácil lograr coincidencias sobre esos enunciados ocultando las fuertes discrepancias en cuando a sus contenidos concretos. Si de eso se trata, el anuncio de pactos sociales, como de las políticas de Estado, la reforma de la coparticipación, el crecimiento con equidad, el desarrollo productivo y tecnológico, la priorización del sistema educativo y tantas otras buenas intenciones devienen en slogans que, si se toman como propuestas en sí mismas, terminan por ser impedimentos a la búsqueda de políticas sostenibles en el largo plazo. Es como plantear que de los laberintos se sale por arriba. No hay arriba, se trata de trabajar duro todos los días. Esos laberintos solo se encuentran en la maravillosa ficción marechaliana[5].

En todo caso, si se requiere algo parecido a un pacto social, este debiera consistir en la revisión de derechos adquiridos para establecer un nuevo orden de prioridades en la asignación de recursos escasos. Debiéramos comenzar por decir que ese tipo de pactos no está al alcance de la mano. No es fácil lograr consensos ni convencer a las partes de una eventual cesión de derechos adquiridos en el contexto de volatilidad macroeconómica y de políticas antes descripto. Pero si la alternativa es avanzar a partir de conflictos que se justifican por el propio conflicto, el fracaso y la decadencia seguirán estando asegurados. Cada sector (y acá incluimos no solo a los actores sociales, sino también, para poner apenas dos ejemplos, a un Poder Judicial que no tributa ganancias o a provincias que aun cuando beneficiadas relativamente por políticas claramente inconvenientes -como el Fondo Especial del Tabaco y otros regímenes especiales- no están dispuestas a ceder un milímetro de esa posición) asume que el sentido del pacto es la oportunidad para ejercer una defensa salvaje de sus posiciones de privilegio (cuando las han adquirido) en pos de lograr excepciones que los resguarden de los costos del ajuste inevitable, lo que termina por hacer que este último sea más costoso e inequitativo. En cambio, pacto significa que muchos (de los que hoy son relativamente privilegiados en el contexto general) tienen que ceder algo para construir una sociedad que recobre la cohesión y haga viable el sendero de reformas que nos hagan crecer y mejorar la calidad de vida en el largo plazo.

En este punto, no se trata ya de hacer gatopardismo y cambiar algo para que todo siga igual. Se trata de cambiar mucho para que esto no siga como hasta ahora. Los parches solo sirven para aparentar que se hacen reformas. La movilidad previsional no tiene sentido si no se reforma el sistema de pensiones; la asistencia de emergencia a las obras sociales no alcanza (ni mucho menos) para reformar un sistema de salud con derechos totalmente fragmentados y alta inequidad; discutir el impuesto a las altas rentas simula ser una reforma tributaria progresista pero solo sirve para demorar una verdadera reformulación permanente sobre las rentas y los patrimonios; la permanencia y sucesivos salvatajes al régimen especial de promoción a Tierra del Fuego postergan la definición de un esquema de largo plazo que mejore significativamente el balance costo-beneficio de la promoción que favorece a ese territorio tan especial; los cambios en las retenciones no son una política de largo plazo para el agro.

Podríamos llenar páginas con ejemplos similares. No es esa nuestra intención. En todo caso son ejemplos para ilustrar la necesidad de que la política incorpore el debate racional e informado de políticas, en lugar de “atar con alambre” para seguir postergando la solución duradera. En cambio, perdemos tiempo en debates donde predominan los prejuicios y la agresión en lugar del intercambio de posibles soluciones para los problemas que hay que atender. Para ello se debe valorar la experiencia acumulada aquí y en otras partes del mundo, sin pretender descubrir soluciones revolucionarias o enunciar slogans vacíos ocultos en ingeniosas metáforas.

Basta de buñuelos fríos

La lista de desafíos que enfrenta la economía argentina son los mismos que antes de la pandemia, ahora agravados por el propio shock que sufrió nuestro país y la economía global. Una estrategia de desarrollo de largo plazo debe considerar objetivos diversos, incluyendo el crecimiento económico (sin el cual nada será posible), la creación de empleos formales, la mejora en la distribución del ingreso, la eliminación rápida de la indigencia, la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial, por citar un listado obvio. Y esto sin olvidar otras agendas (hasta ahora muy poco priorizadas o apenas incipientes en la Argentina) que se van abriendo paso en el mundo, en especial pero no únicamente el más desarrollado, vinculadas al cambio climático, la sustentabilidad ambiental y la reducción de las brechas de género, para mencionar solo algunos desafíos persistentes e imprescindibles para asegurar el desarrollo futuro de la sociedad global.

Las áreas de política involucradas en la atención de estos desafíos son, naturalmente, diversas. En un contexto de recursos escasos (hoy más que antes), es clave asignar prioridades de modo de que las decisiones de gasto atiendan a esas prioridades, y resulten financiables en un contexto en el que no es viable pensar en elevar la presión tributaria, más allá de que se pueda y deba pensar en modificaciones al esquema impositivo vigente. No creemos que un gran “pacto social” sea la forma de encarar esta tarea (además de su baja viabilidad), sino es como paraguas para el comienzo de una agenda de reformas consensuada con el máximo número de actores posible que tenga como meta salir de los parches y las soluciones transitorias, y que se concentre inicialmente en las cuestiones que resultan más urgentes y/o relevantes para alcanzar los objetivos de desarrollo arriba mencionados.

Atendiendo a las restricciones fiscales y las necesidades más urgentes, los autores de esta nota creemos que esas cuestiones involucran las siguientes dimensiones: la competitividad y diversificación de la estructura productiva y exportadora; el combate efectivo de la pobreza (en especial de la niñez); la reforma tributaria; el sistema previsional; la educación, y el desarrollo de las regiones más postergadas. Este enunciado es apenas un intento de priorizar entre la infinidad de reformas necesarias. Los lectores, por supuesto, pueden resaltar otras miradas. En todo caso, ya que difícilmente se puedan encarar muchas iniciativas de forma simultánea, es preciso focalizar esfuerzos y energías en un listado acotado y priorizado en función no solo de su relevancia, sino también de la viabilidad política de encarar los cambios que se identifiquen como deseables.

En lo inmediato, y hasta tanto se pueda construir una visión consensuada de cada política, debiéramos esforzarnos, como el personaje del cuento de Cortázar le explica a su tía, en avanzar todos los días evitando las recaídas. Propuestas tales como una nueva moratoria previsional o la eliminación del impuesto a las ganancias para los asalariados que superen cierto nivel de ingresos, para mencionar un par de ejemplos extremos, pueden sonar muy atractivas para muchos, pero, al mismo tiempo, constituyen buenas maneras de asegurar nuevas recaídas. Cuando nos convenzamos de que es inútil esperar una mano de Maradona o, para los más veteranos, un “aguilucho”[6] que la pueda atar con alambre para seguir la carrera, tal vez nos pongamos a trabajar en el día a día combinando las restricciones y necesidades del corto plazo, con una mirada de las consecuencias de largo plazo de las decisiones que iremos adoptando.

* Profesores FCE-UBA e investigadores del IIEP (UBA-CONICET)


[1] Existe una grabación del cuento por su propio autor disponible en https://www.youtube.com/watch?v=o-gk68voVAY

[2] Siguiendo con la referencia a Agatha Christie, podríamos mencionar su novela “Asesinato en el Orient Express”, en la que todos son culpables.

[3] Novela escrita por Adolfo Bioy Casares en 1940.

[4] Diferencias que se replican y hasta pueden amplificarse en la provisión de otros servicios descentralizados. Otro claro y dramático ejemplo se encuentra en la provisión de agua potable y desagües.

[5] En referencia a un poema de Leopoldo Marechal incluido en “Laberintos de Amor” (1936)

[6] Para los que no conocen la historia, hablamos del piloto argentino de TC Oscar Gálvez, quien tenía la fama de ser capaz de reparar su auto con alambre en plena carrera.

¿Development Now? Algunos comentarios sobre la economía de Vietnam

Por Andrés López*

Hace ya casi 35 años, si la memoria no me traiciona, asistí a una charla que daba Guido di Tella sobre modelos de crecimiento. En un momento sugirió que Argentina podía tener algo que aprender sobre el caso de Corea del Sur, en el contexto, me parece recordar, de una discusión sobre estrategias export-led growth. Creo que si hubiera propuesto que nos lanzáramos a la colectivización forzada estilo Khmer Rouge en Camboya la indignación del auditorio no hubiera sido mayor. En aquel momento Corea era sinónimo, al menos entre los ignorantes como yo que éramos parte de ese auditorio, de salarios bajos, malas condiciones laborales, represión política e industrialización “barata”, ayudada por el contexto geopolítico de la Guerra Fría (casi todos esos elementos habían estado presentes, claro está, pero lo nos faltaba era percibir la dinámica del proceso). Era casi insultante que alguien viniera a decirnos que allí había algo interesante para analizar (como nota al pie digamos que justo por esa época, si seguimos las series de PBI per cápita en dólares corrientes que recopila el Banco Mundial, se cruzan los destinos de ambos países; a comienzos de 1960 el PBI per cápita de Argentina era 10 veces mayor que el coreano, en 2019 este último es tres veces superior al de nuestro país, fue precisamente hacia el final de los ’80 cuando se produjo el sorpasso).

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, tanto para los propios procesos de desarrollo de ambos países (y de Asia Oriental y América Latina en general), como para la literatura sobre estrategias de desarrollo económico. Esta última, durante largos años, se aplicó, desde diversas perspectivas teóricas y analíticas, al estudio comparado de ambas regiones, en búsqueda de entender por qué aquellos países (los llamados “tigres”, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) que habían partido tan atrás de América Latina en los años ’50 y ’60 (y no disponían de capital natural), nos habían “pasado el trapo” varias décadas después, no solo en materia de riqueza relativa, sino también de desarrollo tecnológico y empresarial, y niveles de bienestar social. Las explicaciones propuestas han sido variadas (desde los “fundamentals” macro e institucionales, hasta las políticas industriales y tecnológicas, pasando por aspectos geopolíticos, entre otras), pero si algo, creo, aprendimos de toda esta literatura fue que, sean cuales sean las explicaciones del “milagro asiático”, dadas las enormes diferencias en materia de dotación de factores, estructuras sociales, procesos históricos, organización del Estado y localización geográfica entre ambas regiones, no había muchas lecciones obvias para el aprendizaje en América Latina (algo que ya había anticipado muy tempranamente Fernando Fajnzylber en este artículo de 1981). No digo que no se pudieran copiar, si se las identifica, “buenas prácticas” en política macro, tecnológica, educativa, etc., sino que las divergencias entre ambas regiones tenían orígenes más profundos y la aplicación más o menos mecánica de “lecciones” probablemente hubiera sido imposible, dadas las mencionadas enormes diferencias existentes entre Asia Oriental y nuestro continente.

Siguen apareciendo felinos

Hay una segunda generación de “tigres”, compuesta por Malasia, Tailandia, Indonesia y, con algo más de rezago, Filipinas. En 1990 el PBI per cápita promedio simple de esas cuatro naciones, medido en paridad de poder adquisitivo (PPA) según las estimaciones del Banco Mundial, era 17% menor al promedio, también simple, de América del Sur. En 2019 estaba 6% por arriba de dicho nivel (contra América Latina la variación fue de menos 9 a más 11%) –ver Cuadro 1. En 1990 Malasia tenía el mayor nivel de PBI per cápita dentro de ese grupo de tigres y estaba detrás de 3 países de América Latina (Venezuela, México y Argentina) en ese indicador; Tailandia, en tanto, estaba detrás de todas las naciones de América del Sur (salvo Perú y Bolivia). En 2019 Malasia solo aparece debajo de Panamá, mientras que Tailandia sobrepasó a Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Paraguay en América del Sur y ya estaba muy cerca del PBI per cápita de Costa Rica y México.

Cuadro 1. Comparaciones inter-regionales de niveles de PBI per cápita en PPA –promedios simples, 1990-2019 (USD a precios internacionales actuales y %)

199019932019
América del Sur5085600716554
América Latina4642541315770
Argentina719622947
Filipinas-Indonesia-Malasia-Tailandia421917583
Camboya-Laos-Vietnams.d.11627032
Vietnam9188374
    
FIMP/AMSUR83%106%
FIMP/AMLAT91%111%
CLV/AMSUR19%42%
CLV/AMLAT21%45%
Vietnam/AMSUR18%51%
Vietnam/AMLAT20%53%
Vietnam/Argentina13%36%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

Estos nuevos “tigres”, aunque también muy diferentes a nuestra región en casi todos los aspectos arriba mencionados, tienen, en particular en el caso de Malasia y en menor medida en Indonesia y Tailandia, niveles de capital natural per cápita mayores a la primera generación.  De todos modos, salvo en Malasia, esos niveles están por debajo de los observados aun en los países menos abundantes en capital natural de América del Sur. Por otro lado, y siguiendo las trayectorias de la primera generación, a lo largo de las décadas este segundo grupo  fue transformando su estructura exportadora hacia bienes industriales cada vez más complejos; así, en 2018 Malasia y Tailandia estaban solo detrás de México, entre los países de América Latina, en el ranking de “complejidad” (que intenta medir el nivel de sofisticación de las canastas exportadoras de cada país) elaborado por The Atlas of Economic Complexity. Pero mientras que el gasto en I+D de aquellas naciones supera, según los últimos datos proporcionados por UNESCO, el 1% del PBI –casi 1.5% en Malasia-, el de México apenas rondaba el 0,3% (para referencia, en Argentina los últimos datos indican niveles en torno al 0,5% y solo Brasil está por arriba del 1% en América Latina). Esta comparación sugiere que el proceso de industrialización en aquellos países probablemente es más intensivo (o al menos los gobiernos intentan que lo sea) en innovación local que los esquemas de maquila y similares en México, en donde casi no hay desarrollo tecnológico doméstico.

Pero hay un conjunto de naciones (que todavía nadie llama tigres, si seguimos con las metáforas zoológicas digamos que serían gatos grandes) que viene aún más atrás que el segundo grupo antes mencionado. Se trata de tres países ubicados en el Sudeste Asiático (en lo que antiguamente se conocía como Indochina) que hace algunas décadas fueron centro de largos y severos conflictos bélicos en el contexto de la Guerra Fría: Camboya, Laos y Vietnam. En la comparación de niveles de PBI per cápita medido en PPA -promedios simples para cada región-, en 1993 (primer año con datos para Camboya) América Latina y América del Sur aventajaban a dichos países en proporción de 5 a 1 aproximadamente. En 2019 el PBI per cápita promedio de esas tres naciones representaba 42 y 45% respectivamente del promedio para América del Sur y América Central respectivamente (Cuadro 1); Vietnam y Laos ya estaban bien por encima de Honduras y Nicaragua y se acercaban a Bolivia, El Salvador y Guatemala.

Téngase en cuenta que los niveles de capital natural per cápita de Camboya y Vietnam están por debajo de los de cualquier país de América del Sur, y que solo Laos, dentro de ese grupo, se acerca al promedio para esa región. Mientras que las exportaciones de Laos se concentran en energía eléctrica (basada en fuentes hídricas), minerales y otros recursos naturales y sus derivados, y las de Camboya en textiles y vestimenta, Vietnam, como veremos enseguida, ha transformado radicalmente su estructura productiva y exportadora en las últimas décadas y ha conseguido mayores progresos en materia de indicadores tales como pobreza o esperanza de vida. Es sobre este país, entonces, donde queremos concentrar algunos muy breves comentarios.

El proceso de crecimiento en Vietnam: algunos datos ilustrativos

Cuando terminó la llamada guerra de Vietnam en 1975, el país contaba con menos de 49 millones de personas, las cuales casi se habían duplicado para 2019 (más de 96 millones). En ese lapso la esperanza de vida al nacer pasó de 61 a más de 75 años. Los primeros datos sobre PBI per cápita que presenta el Banco Mundial son de 1985: en aquel año, a valores constantes de 2019, el indicador se situaba en 231 USD anuales. En 2019 llegaba a 2715 USD (casi 12 veces más que en 1985) –Gráfico 1. En la última década Vietnam fue una de las naciones con mayor ritmo de crecimiento en todo el mundo; en efecto, ocupó el puesto 13 en el ranking según crecimiento anual promedio del PBI per cápita en moneda local entre 2010 y 2019 según datos del Banco Mundial; entre las restantes 12 naciones, figuran otras 7 asiáticas -China, Mongolia, Myanmar, Laos, India, Bangladesh y Camboya[1]-, volviendo a destacar el notable dinamismo de esa región).

Gráfico 1. Evolución del PBI per cápita, Vietnam, 1985-2019 (USD constantes 2019)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

En 1990 el país ocupaba el puesto 144 sobre 164 incluidas en las estimaciones de PBI per cápita en paridad de poder adquisitivo elaboradas por el Banco Mundial; en 2019 había subido al lugar 117 sobre 188 países. A lo largo de este proceso se fue reduciendo la brecha de ingresos con América Latina. El PBI per cápita de Vietnam, siempre en PPA, pasó de menos de 20% del nivel de América Latina y América del Sur en 1990 a más del 50% en 2019 (cuadro 1). En la comparación específica con Argentina, el aumento fue de menos de 13 a más de 36% entre ambos años.

En 1992 el nivel de pobreza en Vietnam como lo estima el Banco Mundial (porcentaje de la población viviendo con menos de USD 3,2 en PPA por día) alcanzaba al 80%; en 2018 llegaba a apenas al 7%. En cuanto a la distribución del ingreso, de nuevo en base a los datos que recopila el Banco Mundial, se observa una relativa estabilidad entre mediados de los 90 y el presente, con un Gini en torno a valores del 0,35, menores a los de cualquier país de América Latina.

Como ha sido usual en otras experiencias de alto crecimiento en Asia, el aumento de la tasa de inversión jugó un rol significativo. Entre 1986 y 1990, la misma promedió menos de 15% del PBI. Entre 1996 y 2000 llegaba a 28,5%. Para 2006-2010 el promedio se acercaba al 37%. En el último quinquenio (2015-2019) se observa un descenso (27%), pero todavía en valores muy superiores a los observados en América Latina (inferiores al 20%).

También en línea con las experiencias de los anteriores “tigres”, una característica clave del proceso de crecimiento fue la rápida internacionalización de la economía. En 1986 las exportaciones de bienes y servicios representaban menos de 7% del PBI. En 2019 superaban el 100%. Las exportaciones vietnamitas de bienes apenas sobrepasaban los USD 2000 millones anuales hacia comienzos de los 90 (Gráfico 2). Para el año 2000 se acercaban a los USD 15 mil millones, superaban los 72 mil millones en 2010 y llegaron a casi USD 265 mil millones en 2019 (en términos per cápita, 90% mayores a las de Argentina en ese mismo año). Más del 50% de las exportaciones se dirige a Asia (casi 20% a China), y cerca de otro 20% a EEUU.

Gráfico 2. Exportaciones e inversión extranjera directa en Vietnam. 1976-2019 (USD millones corrientes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD.

A lo largo del proceso de crecimiento, se transformó radicalmente, de nuevo siguiendo las huellas de otros países de la región, la estructura productiva. La agricultura (siempre según los datos del Banco Mundial) pasó de representar 40% del PBI en 1985 a menos de 14% en 2019. Paralelamente subieron su contribución tanto la industria (del 27 al 34%) como los servicios (del 33 al 42%), mientras que el resto lo aporta el sector minero/petrolífero.

A su vez, la estructura exportadora también sufrió cambios profundos. El peso de las manufacturas pasó de un 44% en 1997 a más de 84% en 2018. Dentro de ellas, las de alta tecnología pasaron de representar menos de 9% en 2008 a más de 40% en 2018 (datos del Banco Mundial). Una manera de ilustrar estas transformaciones es recurriendo a las gráficas que elabora el mencionado Atlas of Economic Complexity. En 1995 dominaban el petróleo, el café, arroz y productos de la pesca. En 2009 los textiles y la vestimenta habían desplazado a los recursos naturales. En 2018 el liderazgo había pasado a la electrónica, y los aparatos para telefonía y televisión (en 2019 Vietnam fue el segundo exportador de teléfonos celulares en todo el mundo). En esta transición, pasó del puesto 107 al 52 en el ranking país del índice de complejidad entre 1995 y 2018.

Estructura de exportaciones de Vietnam, 1995, 2009 y 2018

En lo esencial, el crecimiento de las exportaciones, y la transformación en la canasta exportadora, vinieron asociadas a la incorporación del país a la dinámica de las cadenas globales de valor. En ese juego, Vietnam se integra fundamentalmente “hacia atrás”, procesando insumos y componentes que luego son reexportados. El valor agregado extranjero en las exportaciones brutas totales llegaba al 44% en 2015, contra 20% promedio tanto para el grupo de países desarrollados como en desarrollo según los datos de la base TIVA elaborada por la OECD. En este sentido, su modo de inserción es similar al de México y algunos países de América Central (e.g. Costa Rica, Honduras, El Salvador). Vale agregar que, según el último World Development Report del Banco Mundial, la reducción de la pobreza fue más amplia en las áreas del país con mayor presencia de empresas integradas en cadenas de valor.

Por cierto, la inversión extranjera directa (IED) jugó un rol central también en este proceso (del mismo modo que en los recién mencionados casos de América Latina). El ingreso de IED fue prácticamente nulo hasta la década de 1990. Para finales de la misma sobrepasaba los USD 1000 millones anuales. En 2010 llegó a USD 8000 millones y en 2019 a USD 16 mil millones (Gráfico 2). La inversión proviene de Corea, Japón, Singapur, Taiwán y Japón, en ese orden. Malasia, China y Tailandia también son inversores relevantes[2]. Esto, por supuesto, nos recuerda el llamado paradigma de los “flying geese”, que explica la cambiante dinámica de la división del trabajo en Asia Oriental en función de las transformaciones en las ventajas comparativas de los distintos países de la región.

Pari passu estas transformaciones, parece emerger una incipiente dinámica innovativa a nivel doméstico. El número de investigadores dedicados a actividades de I+D por millón de habitantes subió de 114 en 2002 a más de 700 en 2017 –solo Argentina y Brasil están por arriba de esa cifra en América Latina- y el gasto total en la materia como % del PBI pasó de menos de 0,2 a más de 0,5% entre ambos años (datos de UNESCO); esta última cifra es similar a la registrada en Argentina y solo inferior a la de Brasil en la comparación con los países de América Latina.

En cuanto a la estructura empresarial, mientras que las firmas de capital estatal dominan las industrias extractivas, algunas industrias pesadas, el comercio exterior agrícola, el sector bancario y los servicios públicos, las extranjeras juegan en ese rol en el caso de la manufactura para exportación y las privadas locales en otros sectores de servicios y las manufacturas livianas para el consumo interno. La evidencia sugiere que aún son débiles los vínculos entre las filiales de multinacionales instaladas en el país y los proveedores locales.

Una breve descripción del marco de políticas y los desafíos adelante (con una pequeña coda sobre América Latina)

En esta breve nota no tenemos la pretensión de intentar “explicar” los factores que han estado detrás de estos procesos (a ese respecto invitamos al lector a revisar algunos trabajos que pueden arrojar luz sobre este tema)[3]. Pero podemos dejar anotadas algunas cuestiones básicas. En primer lugar, se suele identificar el origen del proceso de cambio estructural de la economía vietnamita con las llamadas reformas Doi Moi (renovación) adoptadas por el 6to Congreso del Partido Comunista, en 1986, aunque ya habían comenzado a introducirse ciertas medidas en la misma dirección desde algunos años atrás. Estas reformas –y otras que se introducirían en años sucesivos-, dieron origen a la llamada “economía de mercado orientada al socialismo”, e incluyeron el abandono de las estrategias de colectivización para otorgar mayor autonomía, incentivos y seguridad en los derechos de propiedad a los agricultores (como resultado, la producción agrícola más que se triplicó entre 1990 y 2013), una progresiva liberalización del comercio exterior y de las inversiones, una también progresiva apertura a la acción del sector privado, mayor autonomía y reducción de subsidios a las empresas de propiedad estatal y reformas en los sistemas de fijación de precios (por cierto, se trata de acciones que en buena medida recuerdan al estilo de reformas que habían comenzado a ponerse en marcha algunos años atrás).

Dos elementos del marco de políticas que han estado presentes en casi todas las experiencias asiáticas de alto crecimiento también han caracterizado el caso de Vietnam: a) gobiernos autoritarios (el Partido Comunista es el único autorizado legalmente); b) subvaluación cambiaria (el conocido índice Big Mac, elaborado por The Economist, que incluye Vietnam desde 2014, indica que el tipo de cambio ha estado subvaluado en torno al 40-50% respecto de la paridad Big Mac) –el gobierno estadounidense ha acusado a Vietnam de manipular deliberadamente la moneda local, el dong, para mantener el tipo de cambio subvaluado como forma de subsidiar las exportaciones-.

En los 2000 Vietnam se embarcó en un proceso de apertura comercial, que incluyó el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (concretado en 2007) y la firma de tratados bilaterales de comercio con EEUU, Japón, Corea, Chile y, en 2020, con la Unión Europea. En tanto, Vietnam es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) –a través de la cual ingresó en acuerdos de libre comercio con India, Australia, Nueva Zelanda y China- y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés).

Para la atracción de IED se adoptó, siguiendo nuevamente experiencias previas en numerosos países emergentes, el modelo de zonas económicas especiales (entre 60 y 70% de la IED se aloja en dichas zonas, según datos de UNCTAD). Las empresas que allí desarrollan actividades de ensamblaje aprovechan no solo los bajos costos laborales, sino también de ventajas fiscales y exención de derechos aduaneros, entre otros beneficios. En tanto, para estimular el desarrollo de actividades de I+D se establecieron, entre otras medidas, beneficios fiscales especiales para las empresas que inviertan en centros dedicados a dichas tareas.

Pese a los avances mencionados, y como bien lo indica el título de un reporte del Banco Mundial elaborado unos años atrás, Vietnam se encuentran en una suerte de “encrucijada”, en la cual corre el riesgo de quedar atrapado en el mismo tipo de situación que se observa, por ejemplo, en los casos ya mencionados de México o algunos países de América Central que hace décadas se han venido integrando exitosamente en las cadenas de valor a través de similares esquemas de atracción de IED para operaciones de ensamblaje basadas en bajos costos laborales, sin poder concretar avances significativos en materia de derrames o encadenamientos locales. El citado reporte del Banco Mundial identifica desafíos en materia de capital humano, productividad, desarrollo de proveedores e infraestructura, entre otras áreas.

De todos modos, aun si eso ocurriera, el progreso registrado en las últimas décadas seguiría siendo de todos modos notable. En todo caso, el futuro desenvolvimiento del proceso de desarrollo en Vietnam no dependerá solo de decisiones y acciones internas, sino también de la evolución del contexto internacional (e.g. posibles restructuraciones en la organización de las cadenas de valor, avance de los procesos de automatización de tareas, etc.). Lo que, a mi juicio, evidencia el análisis de este caso, uno más de la larga lista de experiencias exitosas en el continente asiático (y aquí no hemos hablado de China e India), es que aún las naciones más rezagadas de aquella región han sabido sacar un provecho mucho más amplio de la globalización que sus pares de América Latina. En la medida en que creamos que, aunque transformada, tanto por tendencias pre-existentes (e.g. tensiones comerciales entre las grandes potencias, automatización de tareas, amenazas del cambio climático), como nuevas (e.g. lecciones del COVID-19), la globalización seguirá con nosotros, el desafío para la Argentina (y para el resto de América Latina) es el de identificar cuáles son las estrategias que permitan una inserción en la economía internacional que conduzca a trayectorias de desarrollo más exitosas y sustentables que las observadas en décadas recientes.

Y si llegaron al final, y tienen ganas de música, pinchen acá para escuchar algunas canciones que nos hablan de, o nos recuerdan a, la guerra de Vietnam (el crecimiento económico claramente no inspira a nadie a componer música)

* IIEP, UBA-CONICET.


[1] También aparece Turkmenistán, no mencionado ya que pertenece a Asia Central, una región muy diferente en términos económicos, productivos y sociales a la de Asia Oriental y del Sur.

[2] http://en.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2609:vietnams-nine-month-fdi-hits-record-of-nearly-us255-billion-&catid=270:vietnam-industry-news&Itemid=363

[3] Ver, por ejemplo, “Vietnam at crossroads. Engaging in the next generation of global value chains”, C. Hollweg, T. Smith y D. Taglioni (eds.), World Bank, 2017; “The Evolution of Vietnamese Industry”. Anh, N.Thi Tue, Duc, L.Minh y Chieu, T.Duc, WIDER Working Paper 2014/076. Helsinki: UNU-WIDER; “Vietnam’s Industrial Policy Designing Policies for Sustainable Development”, D. Perkins y Vu Thanh Tu Anh, “Series on Vietnam’s WTO Accession and International Competitiveness Research”, UNDP-Harvard Policy Dialogue Paper Number 1, 2013; “Doi Moi Policy and Socio-Economic Development in Vietnam, 1986–2005”, Kien TN, Heo Y. International Area Review. 2008;11(1):205-232.

Novedades del frente cannábico

cogollo-de-marihuana-en-floracic3b3n

Por Andrés López*

[Para ponerse en ambiente, le recomendamos al lector acompañar la lectura de la nota con esta playlist]

El año pasado publicamos un trabajo en el cual, entre otras cosas, revisábamos un amplio conjunto de estudios sobre experiencias (la mayor parte de ellas en EEUU) de legalización del cannabis recreacional y/o medicinal (el interés por analizar este último caso deriva de que se supone que podría ayudar a relajar la percepción de riesgo y reducir el estigma social del consumo de cannabis, e incluso permitir, por distintas vías, un “desvío” del cannabis destinado al uso medicinal hacia el uso recreacional). En ese trabajo presentábamos un breve resumen respecto de la evidencia que surgía de ese conjunto de estudios, a saber: i) las iniciativas de liberalización/despenalización parecen llevar a aumentos leves/moderados de la prevalencia (porcentaje regular de usuarios sobre total de la población) del consumo de cannabis en la población adulta (en torno al 15/25%) y probablemente a mayores tasas de desórdenes asociados a dicho consumo, pero no se hallaba evidencia respecto de un incremento de la prevalencia en adolescentes; ii) algunos trabajos encuentran que dichas iniciativas ayudan a reducir el uso de sustancias más peligrosas (e.g. cocaína, heroína) y los problemas de salud asociados a dicho uso; iii) hay evidencia respecto de que la liberalización no induce mayores niveles de criminalidad y de hecho varios trabajos hallan que ayuda a reducir ciertos tipos de crímenes[1] (y a achicar el negocio del narcotráfico); y iv) algunos estudios hallan impactos neutros o incluso en algún caso positivo sobre ciertos indicadores de salud (e.g. accidentes viales o laborales, suicidios). Sigue leyendo “Novedades del frente cannábico”

¿Sueñan los turistas con catedrales virtuales?

Sin título6

Por Andrés López*

En la notable Total Recall (aquí llamada El Vengador del Futuro), dirigida por Paul Verhoeven y basada en un cuento de Philip Dick (We Can Remember It for You Wholesale), vemos a Arnold Schwarzenegger como un simple empleado que sobre el comienzo de la película va a una empresa llamada Rekall, la cual promete implantar “recuerdos” de vacaciones en diversos lugares, incluyendo Marte (que ha sido colonizado por los humanos para ese momento). Los anuncios de la compañía prometen que “you can buy the memory of your ideal vacation cheaper safer and better than the real thing”. Sigue leyendo “¿Sueñan los turistas con catedrales virtuales?”

Cannabis, ¿una industria naciente?

Por Andrés López*

En algunas entradas anteriores de este blog y en un trabajo recientemente publicado aquí, hemos abordado algunas temáticas vinculadas al fenómeno de las drogas ilícitas en el mundo y en la Argentina. Allí mostramos evidencia respecto de los pobres resultados y altos costos (económicos, sociales y sanitarios) del enfoque prohibicionista hasta ahora predominante a nivel global, y también sobre los primeros impactos (relativamente satisfactorios a nuestro juicio, según el relevamiento de estudios sobre el tema que elaboramos para el mencionado trabajo) de las experiencias de legalización/descriminalización en otros países (en particular sobre cannabis medicinal y recreacional en los EEUU). Sigue leyendo “Cannabis, ¿una industria naciente?”

El largo y sinuoso camino hacia la “Economía del Conocimiento” (y algunas opiniones impopulares sobre la Ley de Software)

shutterstock_720388555

Por Andrés López*

En 2019 se aprobó la llamada Ley de Economía del Conocimiento (N° 27506). Esta ley viene a reemplazar a la Ley de Software (N° 25922), sancionada en 2004, y luego prorrogada en 2014 (Ley 26692) hasta fines de 2019[1]. La nueva ley aprobada este año reformula parcialmente el esquema de beneficios impositivos de la Ley de Software[2] y los extiende a un amplio conjunto de actividades de alta tecnología y/o creativas (incluyendo audiovisuales, biotecnología, bioeconomía, nanotecnología, aeroespacial, nuclear, I+D, ingeniería, automatización y servicios profesionales para exportación, entre otros). Medios periodísticos informan que “fuentes oficiales” estimaron el costo fiscal de la nueva ley[3] en $ 10500 millones anuales (se supone que a precios de 2019)[4]. Para ser beneficiario de aquella se solicita el cumplimiento de dos de los tres siguientes requisitos: a) realización de inversiones en I+D por más del 3% de la facturación o bien en capacitación de los empleados por más del 8% de la masa salarial; b) acreditación de normas de calidad reconocidas; c) exportaciones por arriba del 13% de la facturación correspondiente a las actividades promovidas (en el caso de servicios profesionales ese mínimo sube a 70% -para las micro y pequeñas empresas el mínimo es de 45%)[5]. Las empresas solo podrán acceder a los beneficios fiscales si el 70% de su facturación, como mínimo, corresponde a las actividades promovidas. En el caso de las micro empresas, si tienen menos de 3 años de vida, se las exime de cumplir los requisitos de la ley (hasta que lleguen a esa antigüedad). Sigue leyendo “El largo y sinuoso camino hacia la “Economía del Conocimiento” (y algunas opiniones impopulares sobre la Ley de Software)”

Las oportunidades del litio: más allá de la batería

not_918524_17_213050_m

Por Andrés López*, Martín Obaya** y Paulo Pascuini***

Durante los últimos años, se han generado fuertes expectativas sobre las oportunidades que ofrecería el litio para la Argentina. La “fiebre” del litio, el “oro” o “petróleo” blanco y la “Arabia Saudita del litio” son algunas de las expresiones utilizadas por la prensa para referirse a ellas. El presidente Macri lo ha señalado en más de una ocasión como uno de los sectores estratégicos para el país. Sigue leyendo “Las oportunidades del litio: más allá de la batería”