Algunas notas sobre ciencia, tecnología e innovación en Argentina (o Money Can’t Buy me Love, but That’s What I Want)[*]

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Por Andrés López (IIEP, UBA-CONICET)[1]

Una nueva ley, ¿un nuevo amanecer?

En febrero de 2021 el Congreso sancionó por unanimidad (apenas hubo dos abstenciones en Diputados, mientras que en Senado solo hubo votos afirmativos) la Ley 27614 de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El objeto de dicha ley es “establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental”. La ley lista 12 objetivos económicos, sociales, territoriales (los únicos para los cuales se mencionan criterios cuantitativos de participación), científicos y tecnológicos a los cuales deberían aplicarse los montos incrementales de presupuesto por ella establecidos. Finalmente, se fija una meta cuantitativa de alta carga simbólica: el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica (CyT) se incrementará progresivamente (se detallan metas anuales) hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI.

Desde hace varias semanas se está discutiendo en el Senado el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”. Dicho Plan, que se asienta sobre el supuesto del cumplimiento de las metas de la Ley 27614, establece una serie de 10 Desafíos Nacionales, más una lista de Agendas Transversales, Territoriales y de Cambio Institucional; en todos los casos se enumeran objetivos, misiones y estrategias de alto nivel de ambición y generalidad, además de diversos buenos propósitos, sin mucha mención de hojas de ruta que den indicaciones acerca de cómo alcanzarlos. Por último, se establecen objetivos y proyecciones, también ambiciosos, para la evolución del Sistema Nacional de CTI en los años próximos.

Para quienes desde hace mucho tiempo atrás venimos trabajando en temas de CTI, y formamos parte del sistema, estas normas son una especie de trampa. Si uno pone objeciones o muestra dudas, muchos colegas te miran con cara de “¿te opones a que el Estado ponga más dinero en ciencia y tecnología?” –como si estuvieras en contra de la vida humana-, del mismo modo en que tu compañero de tribuna del club de futbol del que sos hincha te miraría si no cantas y saltas cuando la hinchada arranca con sus cánticos.

Acerca de por qué hay que tener políticas de CTI, incluso en Argentina 2024 Todo aquel que discute las normas en cuestión parece estar del lado de quienes minimizan o niegan la necesidad de contar con políticas y recursos públicos para actividades de CTI. No es este el caso del autor de esta nota. El principal argumento que avala, desde la teoría económica convencional, la adopción de políticas de CTI es la presencia de fallas de mercado, aunque fuera de ese marco teórico pueden existir otras motivaciones, como las planteadas por la influyente Mariana Mazzucato (ver más abajo). Estas fallas de mercado incluyen[2]: i) apropiabilidad incompleta de los resultados de las inversiones en CTI, que genera una brecha entre el retorno privado y social de las mismas a través de la emergencia de externalidades cuando el conocimiento resultante de aquellas inversiones puede ser copiado o imitado por terceros (este problema es más relevante cuanto menor es la posibilidad del innovador de proteger sus resultados vía derechos de propiedad intelectual u otras barreras a la entrada); ii) dificultad para acceso al financiamiento: esto resulta de tres factores, a saber: a) presencia de información asimétrica (el innovador puede ser reticente a revelar información detallada de sus proyectos para evitar la diseminación de datos clave); b) la inversión en innovación tiene un fuerte peso de activos intangibles que no funcionan como garantías; y c) la actividad de innovación está sujeta a incertidumbre, tanto respecto de la probabilidad de obtener resultados comercialmente valiosos, como de los tiempos requeridos para alcanzarlos; iii) fallas de coordinación que surgen cuando los procesos de innovación involucran complementariedades entre diversos agentes, algo usual ya que aquellos raramente innovan en aislamiento, sino interactuando con otras empresas, universidades, laboratorios, etc.

Podría pensarse que estos argumentos sólo aplican a quienes tienen como objetivo desarrollar conocimiento novedoso a nivel global. Sin embargo, también valen para los agentes que desean adoptar tecnologías existentes, ya que aquellos pueden no conocer su existencia o sus características específicas, o tener dudas sobre sus potenciales beneficios (información asimétrica). Más aún, el proceso de adopción de tecnologías requiere casi siempre de adaptaciones al contexto particular de aplicación (por diferencias en la disponibilidad de capital humano, contexto institucional, características del mercado y la demanda, recursos naturales, redes de proveedores, etc.). Estas adaptaciones requieren de inversiones locales en aprendizaje e innovación que se ven afectadas por las fallas de mercado antes citadas. En el mismo sentido juega el hecho de que el conocimiento tiene componentes tácitos (no codificables) que sólo se dominan a través de procesos de aprendizaje activos. Finalmente, las actividades de innovación incremental, que tienen como objetivo generar nuevo conocimiento a partir de tecnologías existentes (mejorándolas, encontrándoles nuevos usos, desarrollando innovaciones inspiradas en aquellas, etc.) también son ubicuas y, de nuevo, están afectadas por esas mismas fallas de mercado.

Algunos lectores podrían sugerir que, en el caso argentino, dada la masiva presencia de distorsiones de precios relativos, la inestabilidad macroeconómica, el bajo crecimiento, el reducido grado de apertura de la economía y la persistencia de regulaciones que dificultan la movilidad de los factores productivos, la adopción de un plan de estabilización en conjunto con algunas reformas estructurales bastarían para darle un impulso significativo y duradero a las actividades de modernización tecnológica e innovación al potenciar “el espíritu schumpeteriano” del empresariado local. Es evidente que en el actual contexto cualquier política de CTI, por mejor diseñada que esté, está destinada a tener efectos nulos o marginales. Sin embargo, las fallas de mercado antes mencionadas seguirán estando allí aun en un escenario macroeconómico y regulatorio más sensato que el actual.

La mayor parte de los países del mundo, aun aquellos que tienen economías sólidas y abiertas, adoptan políticas de CTI (de variadas características, objetivos y diseños, aunque existe un menú de herramientas más o menos consolidado en esta área). Estas políticas se justifican por la presencia de las citadas fallas de mercado, pero también muchas veces por otras razones, como, por ejemplo, abordar ciertos desafíos sociales, económicos, científicos, militares o políticos (las citadas “misiones” de Mazzucato). Adicionalmente, existen numerosos estudios de impacto que muestran que, condicional a su buen diseño e implementación, esas políticas pueden generar resultados económicos y sociales positivos.

Como siempre, el diablo (rojo) está en los detalles

Pero el menú de políticas de CTI es variado y se requiere un diagnóstico claro de los problemas que se pretende abordar, las herramientas disponibles, sus costos y beneficios potenciales, los requerimientos (de recursos y capacidades) necesarios para implementarlas y los riesgos que implica su adopción. En otras palabras, no necesariamente poniendo más dinero en el área CTI, creando nuevas instituciones o políticas o imitando lo que hacen otras naciones, los países van a lograr que esos recursos y herramientas generen resultados positivos desde el punto de vista de su balance costo-beneficio social.

Sin embargo, hasta donde llega mi conocimiento, cuando se adoptó la Ley 27614 no se partió de un diagnóstico de cómo funciona actualmente el sistema de CTI en la Argentina y cuáles son sus fortalezas y debilidades (o, si ese diagnóstico existió, no se hizo público), sino de la idea de que aumentando el gasto público en el área los impactos positivos iban a fluir más o menos naturalmente. En otras palabras, la motivación parece haber sido reducir la brecha de inversión en I+D con el mundo avanzado, asumiendo que de ese modo se reducirían consecuentemente las brechas de bienestar y productividad[3].

Lo que aparentemente estuvo ausente del debate (o al menos no se plasmó en la citada ley, ni tampoco en el Plan 2030) es cualquier intento de pensar si las actuales estrategias, políticas e instituciones del sistema de CTI son las que se requieren en el actual contexto nacional y global; creo no ser injusto si digo que, en caso de que efectivamente se alcanzaran las metas presupuestarias que aquella ley establece, podríamos eventualmente tener el mismo sistema actual “engordado” (aunque tal vez más desconcentrado territorialmente), con sus ventajas y problemas. Y afirmo esto porque ese sistema esencialmente se autogobierna, ya que la política (o parte de la política, porque hay quienes lo ven como un gasto inútil) concibe a la inversión en CTI esencialmente como “capital simbólico” y el sector privado, salvo algunos nichos o segmentos específicos, lo percibe como algo ajeno a sus necesidades y demandas (en actitud recíproca, una parte del sistema público de CTI descalifica las conductas y estrategias del sector privado, teme perder “autonomía” si interactúa con él o recela de la competencia que le genera por recursos humanos y monetarios siempre escasos).

El lector informado me dirá que estoy siendo demasiado “grueso” en esta caracterización, que existen notables ejemplos de cooperación academia-empresa en varias áreas, que en ciertos contextos (e.g. algunos distritos del interior del país) predominan dinámicas diferentes, que al interior de las instituciones públicas y universitarias hay también heterogeneidad en términos de actitudes y estrategias respecto del sector privado (con diferencias según especialidades o edad de los investigadores, por ejemplo), etc. Sin embargo, reconociendo el valor de estos matices, y la existencia de variados hitos tecnológicos y científicos de nivel internacional (en sectores como nuclear, espacial, biotecnología/bioeconomía, informática y otros), creo que sería difícil que un interlocutor honesto afirme que el actual marco institucional y de políticas del sistema de CTI argentino funciona de modo impecable y que lo único que necesita es más dinero para materializar todas sus potencialidades y maximizar sus impactos sociales positivos. Mucho más cuando los recursos tienen usos alternativos, existen muchas áreas en donde también hay déficits de inversión importantes, y la estabilización macroeconómica va a demandar menores y no mayores presiones sobre el gasto público, al menos inicialmente.

¿Una (¿otra?) ley incumplible? Salvo que las vacas milagrosas y otras antiguas y jóvenes promesas locales generen un manantial de crecimiento y hagan olvidar a la restricción presupuestaria, las metas cuantitativas de la Ley 27614 lucen de difícil cumplimiento; de hecho, las previsiones de la ley no se han cumplido en 2021 y 2022 si se analizan datos de ejecución. Y esto no me parece necesariamente una mala noticia, porque lo que nos debemos es un diagnóstico profundo de la situación, oportunidades y desafíos en materia de políticas e instituciones de CTI, del cual emerjan no solo metas de gasto y una serie de objetivos generales con los cuáles es difícil estar en desacuerdo, sino una adecuada identificación de problemas, estrategias, herramientas de política, diseños institucionales, requerimientos monetarios y de capacidades y riesgos. Este ejercicio no puede ser protagonizado únicamente por los miembros estables del “club CTI” (que no son solo actores del mundo académico o del sector público, sino también algunas empresas/ empresarios que han establecido diversos tipos de redes de vinculación con aquellos actores), sino que debe abarcar al conjunto amplio de agentes que forman parte de lo que autores como Freeman, Lundvall o Nelson definieron décadas atrás como “Sistema Nacional de Innovación” (SNI).

En lo que resta de esta nota (que esperamos sea la primera de una serie de tres) analizaremos una serie de indicadores y datos, en base a información disponible públicamente, con el propósito de contribuir al mencionado ejercicio de diagnóstico que, a nuestro juicio, se requiere abordar más temprano que tarde en Argentina. En esta entrega inicial presentamos algunos indicadores comparativos sobre insumos (gasto en I+D y cantidad de investigadores), mientras que en la segunda la intención es analizar indicadores de resultado y en la tercera explorar la evolución del sistema local en los últimos años.

Aclaraciones metodológicas

Los indicadores de gastos o personal en I+D reflejan la magnitud de los insumos destinados a generar nuevo conocimiento o ideas, muchas veces asumiendo implícitamente que hay una relación más o menos lineal entre esfuerzos y resultados. Sin embargo, sabemos que esa relación puede estar mediada por distintos factores, incluyendo el tipo de actividades de I+D realizadas, quienes las llevan adelante, la densidad de las vinculaciones entre los actores que forman parte de los SNI y la disponibilidad de capacidades y activos que permitan convertir los resultados de la I+D en innovaciones comercialmente exitosas, entre otros.

Asimismo, la I+D no es el único canal que puede llevar a la aparición de innovaciones. Hay otras actividades de carácter más informal, que normalmente no se reflejan en registros contables o estadísticos, que pueden ser muy relevantes en varios sectores (y que son particularmente importantes en los países en desarrollo). Entre ellas se incluyen los distintos tipos de aprendizaje (learning by doing, learning by using, etc) que se desarrollan de manera permanente dentro de las economías modernas, así como las mencionadas tareas de adaptación o mejora incremental de tecnologías. Finalmente, por el modo en que se colectan las estadísticas de I+D, las mismas no consideran a actores que pueden estar llevando adelante innovaciones de alto impacto, pero que no integran las bases usadas en las encuestas de las cuales se extraen esas estadísticas (e.g. startups de base tecnológica).

Dicho esto, se trata de indicadores que, si se analizan considerando sus limitaciones (y en conjunto con otros datos, como intentamos hacer en esta serie de notas), entregan información útil para comprender la evolución y situación relativa de los países en el mapa global de la innovación. Así, pese a que la nota pone en duda el uso de métricas de gasto/PBI como orientadoras de las políticas públicas en esta área, el análisis de los indicadores de insumo ayuda a poner en contexto la discusión sobre dichas políticas. En lo que sigue presentamos algunos de esos indicadores, en base a tres fuentes: UNESCO, OCDE y RICYT. La base UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) solía ser la más amplia, tanto en términos de indicadores como de países cubiertos, pero recientemente han discontinuado la publicación de casi todas las series, salvo las de gasto en I+D/PBI e investigadores por millón de habitantes (m/habs). Los sitios de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y RICYT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología) presentan muchos más indicadores, pero el primero se limita a los países miembros de la organización (más Argentina, China, Rumania, Singapur, Taiwán, Sudáfrica y Rusia) y el segundo solo incluye datos de algunas naciones de América Latina y el Caribe (ALC). Por tanto, haremos un uso más intenso de estos dos últimos, aunque lamentablemente no incluyen datos de algunos países relevantes a los fines comparativos (e.g. algunos del Este y Sur de Asia o de Europa del Este no miembros de la OCDE). Así, salvo para las dos series con fuente UNESCO antes mencionadas, en el resto de los casos la lista de países con los cuales compararemos la situación argentina incluye a los miembros de la OCDE, más las citadas naciones para las cuales dicha organización presenta datos de CTI y algunos países de ALC (Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay) con base RICYT. Para ayudar a identificar a la Argentina en los gráficos, la barra respectiva aparece en color azul (o indicada con una flecha, según el caso). Asimismo, para Argentina mostramos el valor del indicador respectivo y, con fines comparativos, hacemos lo mismo con cuatro países: Brasil, Corea del Sur, Hungría e India (los que fueron elegidos arbitrariamente para representar diversas situaciones en materia de geografía, tamaño y niveles de desarrollo).

Los indicadores de insumo

• Como es conocido, Argentina, al igual que el resto de América Latina (con la parcial excepción de Brasil), está lejos de los niveles de inversión en actividades de I+D observados en las naciones más avanzadas, así como en varios países emergentes del Este de Asia y Europa del Este (Gráfico 1[4]). En 2020 el país destinó un 0,53% del PBI a dicha actividad. Esto contrasta no solo con el distante 5,4% del PBI que asigna Israel a I+D (o el 4,8% de Corea del Sur), sino con los promedios de la OCDE (2,7%), las naciones de ingreso medio[5] (1,3%) y Europa Central y del Este (1,1%); es incluso menor que el promedio de los países del Sur de Asia (0,61%), cuyos niveles de PBI per cápita son mucho menores que el de Argentina. De hecho, el gasto del país está en niveles comparables al del grupo de naciones de ingreso medio-bajo (siempre según definición del Banco Mundial) -0,51% del PBI en promedio-. También es menos de la mitad de la inversión que realiza Brasil en la materia (1,2%).

Gráfico 1. Gasto total en I+D/PBI (%), 2020 o año más cercano

[2] Según definición del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO

• En las últimas décadas no se observa ninguna tendencia a la reducción de las brechas con otras regiones. En el promedio 2000-2002 el país se ubicó en el puesto 52 del ranking de naciones por gasto en I+D/PBI (sobre 104 casos con datos), mientras que en 2018-2020 bajó al puesto 58 (sobre 102 países) –datos UNESCO-. La brecha relativa con el promedio de gasto de la OCDE, en tanto, se mantuvo prácticamente estable entre ambos períodos.
• El Gráfico 2 muestra la relación entre PBI per cápita medido en paridad de poder adquisitivo (PPA) y gasto en I+D/PBI. La pendiente positiva no sugiere causalidad, pero sí algún grado de correlación entre ambas variables. La Argentina está algo debajo de lo que le “correspondería” asignar a inversión en I+D según su nivel de PBI per cápita (si le “creemos” a los coeficientes de la correlación, el nivel de gasto debería ser 0,8% del PBI); sin embargo, esto, per se, no ameritaría fijar la meta de alcanzar tal cifra (o cualquier otra), ya que ese “bajo” nivel de gasto podría ser resultado de otros factores que tienen un impacto negativo sobre la acumulación de todo tipo de activos (e.g. distorsiones de precios, inestabilidad macro, malos incentivos) o de la especialización del país en sectores poco intensivos en I+D, por ejemplo.

Gráfico 2. Gasto en I+D/PBI (%) y PBI per cápita (USD en PPA), por país, 2020 o año más cercano

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNESCO y Banco Mundial.

• La brecha con los países no latinoamericanos, e incluso con algunos vecinos, es aún mayor si se considera el peso del gasto en I+D financiado por el sector empresas sobre el PBI. En Argentina el financiamiento empresario a la I+D es del 0,12% del PBI (Gráfico 3); el promedio de la OCDE llega a 1,75%. La diferencia entre ambos porcentajes es de 14,6 a 1. En cambio, para el gasto total la brecha es de 5,2 a 1. Incluso contra Brasil la diferencia en gasto total es de 2,2, mientras que en financiamiento empresario es de 4,2.

Gráfico 3. Gasto del sector empresas en I+D/PBI (%), 2020 o año más cercano

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE y RICYT.

• Simétricamente, las brechas son menores en el caso del aporte del sector gobierno al gasto en I+D (Gráfico 4). Volviendo a la comparación con el promedio OCDE, en Argentina dicho aporte llega al 0,31% del PBI, mientras que en aquella organización alcanza el 0,66% del PBI (algo más del doble, contra casi 15 veces de diferencia en el caso del gasto empresario). De hecho, solo en tres países el gasto público en I+D supera (por muy poco margen) el 1% del PBI: Corea, Austria y Noruega. Aunque como bien explica Lucas Luchilo en esta nota los indicadores basados en gasto en función CyT y gasto en I+D no son estrictamente comparables[6], el hecho de que en apenas tres naciones el Estado aporte más del 1% del PBI a esta última actividad muestra lo extremadamente exigente de la meta fijada por la Ley 27614. Más aún, el citado Plan 2030 sugiere una meta de gasto total en I+D/PBI para 2030 del 1,7%, el cual sería financiado en un 60% por el gobierno. En 2020, en las 30 economías con mayor gasto en I+D/PBI la participación del financiamiento público fue de 29% promedio y el país con mayor peso del gobierno en el gasto en I+D fue Noruega con 46%.

Gráfico 4. Gasto del sector gobierno en I+D/PBI (%), 2020 o año más cercano

• Similares conclusiones surgen al comparar la estructura de ejecución del gasto en I+D por sector. En el caso argentino el sector empresas ejecuta algo menos del 38% del gasto en I+D (Gráfico 5). El promedio OCDE es de 72%. Dentro de los países de la muestra, Argentina solo supera a Chile, Sudáfrica, Letonia, México y Perú en materia de participación privada en la ejecución del gasto en I+D. A la vez, está segunda, apenas detrás de Perú, en participación del gobierno en la ejecución del gasto en I+D (37%, contra algo más de 9% en la OCDE).

Gráfico 5. Estructura del gasto en I+D por sector de ejecución (%), 2020 o año más cercano

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE y RICYT.

• Si se considera la cantidad de investigadores en equivalencia a jornada completa (EJC) por millón de habitantes, el país se ubicaba en el puesto 51 entre 91 naciones en el trienio 2018-2020 y con sus 1237 investigadores por m/habs en 2020 supera el promedio para los países de ingreso medio (786) y se acerca a los de ingreso medio alto (1380) –ver Gráfico 6-. Por otro lado, a diferencia de lo ocurrido con el gasto en I+D, la Argentina acortó parte de la brecha con el resto del mundo en materia de investigadores. En efecto, en 2002-2002 la cantidad de investigadores EJC por m/hab estaba 15% debajo del promedio mundial y era un cuarto del promedio de la OCDE. En 2018-2020 el país estaba 6% y 70% debajo del promedio mundial y OCDE respectivamente. Esto nos sugiere la existencia de un fenómeno sobre el que volveremos más adelante: el sistema “engordó” en cantidad de investigadores sin que el nivel de gasto acompañara dicha expansión a lo largo del tiempo.

Gráfico 6. Investigadores (equivalentes a jornada completa) por millón de habitantes, 2020 o año más cercano

• La Argentina es el país con menor participación del sector empresas en la contratación de investigadores, solo por delante de Uruguay (Gráfico 7). Apenas 10,6% del total de investigadores (EJC) trabaja en empresas, contra 66% en OCDE. A su vez se ubica, por lejos, primera en el ranking por participación del gobierno en el empleo de investigadores con casi 50% (el que le sigue, Rumania, tiene un 37%). Esta altísima participación del sector gobierno se debe fundamentalmente al hecho de que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el organismo con mayor presupuesto en la función CyT en Argentina, financia de modo permanente investigadores que son empleados públicos.

Gráfico 7. Investigadores (equivalentes a jornada completa) por sector de empleo, 2020 o año más cercano

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE y RICYT.

• Como anticipamos más arriba, la Argentina tiene un bajo nivel de gasto por investigador. De hecho, tiene el menor gasto en I+D (calculado en PPA) por investigador EJC de toda la muestra (Gráfico 8). Más aún, el gasto por investigador es incluso menor al de otras naciones de América Latina que no incluimos en nuestras comparaciones, pero para las cuales informa datos la RICYT (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Venezuela)[7].

Gráfico 8. Gasto en I+D por investigadores (EJC), 2020 o año más cercano

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE y RICYT.

Algunas notas finales

Cada uno de los indicadores mencionados puede ser cuestionado, tanto por su representatividad y cobertura (en línea con las aclaraciones metodológicas), como por el grado de homogeneidad con el cual se elaboran los datos respectivos en los distintos países. Sin embargo, la lectura de todos ellos en conjunto nos dice algunas cosas. La primera es que la meta de la Ley 27614, además de ser difícilmente cumplible dada las restricciones locales, parece poco razonable a la luz de toda experiencia internacional conocida. La segunda es que si Argentina quiere acortar la brecha de gasto en I+D el objetivo debería ser estimular la participación empresarial, ya que es allí donde las distancias son mayores, tanto en gasto como en personal. Claro está que para lograr eso deberíamos tener un diagnóstico fiable respecto de las causas del bajo grado de participación privada, algo que lamentablemente no está disponible; hacia el final de esta serie de notas intentaremos sugerir algunas hipótesis al respecto, pero cabe aclarar que en las naciones donde el gasto privado es elevado existen instrumentos de política que estimulan dicho gasto (e.g. créditos fiscales, matching grants, compra pública, etc.). La tercera reflexión es que el país gasta muy poco por investigador, lo cual se traduce en bajos salarios. Esto, por un lado, promueve la salida del personal hacia otras actividades o la emigración, aunque también puede ser un factor favorable para exportar más servicios desde Argentina, tal como ocurre en sectores como el informático, por ejemplo. Por otro, genera dificultades para financiar una serie de actividades clave para los proyectos de I+D (equipamiento, viajes, insumos, etc.), algo que todos los que conocen la situación del sistema CTI en Argentina saben que está ocurriendo hace ya tiempo.

Como señalamos antes, esperamos en breve elaborar otras dos notas que analicen indicadores de resultados de las actividades de CTI, también en clave comparativa internacional, y la evolución de algunas variables clave al interior del sistema argentino en los últimos años. Esperamos que a partir de estos análisis finalmente logremos sugerir algunas ideas que puedan eventualmente ser útiles para una discusión respecto de hacia dónde orientar las políticas de CTI en los años próximos en Argentina.

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[*] Agradecemos la colaboración de Kevin Pagnotta en la elaboración de los indicadores utilizados en esta nota.

[1] Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina. Correo: anlopez1962@gmail.com

[2] Ver Crespi, G., E. Fernández Arias y E. Stein (2014), Como repensar el desarrollo productivo. Políticas e Instituciones sólidas para la transformación productiva, BID, Washington DC.

[3] Hay otras áreas en las cuales existen recomendaciones internacionales que establecen metas de gasto sobre el PBI, como en educación (incorporada localmente en la Ley de Financiamiento Educativo de 2005) o salud. En el caso de CTI, en cambio, no existe, hasta donde conocemos, ninguna recomendación similar.

[4] El gráfico excluye a las naciones de ingresos bajos (tal como las define el Banco Mundial) y a los micro Estados y economías pequeñas.

[5] Según definición del Banco Mundial.

[6] Como se señala en dicha nota, el gasto en I+D es una categoría estadística que busca medir los recursos empleados en actividades de creación de nuevos conocimientos, mientras que el gasto en CyT agrupa el presupuesto asignado a las instituciones públicas del sistema, sin importar si los gastos corresponden o no a actividades de I+D.

[7] De hecho, el nivel de gasto por investigador EJC en Argentina solo supera a los registrados en Trinidad y Tobago y Honduras entre los países para los cuales contamos con datos. Es también menor al de Perú si se lo compara contra número de investigadores totales (no hay datos EJC para dicho país). En tanto, si bien Brasil no figura en el Gráfico 7 porque su último dato corresponde a 2014, en dicho año gastaba más del doble que la Argentina por investigador EJC.