“I agree with what Richard Musgrave says in criticism of some of the modern economists who really try to argue that somehow economics gives you the total picture” (James Buchanam[1])
Malena Aprile*, Oscar Cetrángolo** y Ariela Goldschmit***
Bajo las especiales circunstancias en las que se desarrolla el debate político en la Argentina, quienes prefieren las posiciones oficialistas/libertarias colocan en un lugar de privilegio el rápido ajuste de las cuentas públicas (sin medir costos relativos de decisiones alternativas) y una reducción al mínimo de la presencia estatal en la economía. Se llega al extremo (siguiendo los postulados más drásticos de la escuela de la elección pública[2]) de establecer que, si bien pueden existir situaciones donde el mercado no asigna eficientemente los recursos (cuando no se cumplen los supuestos básicos de los mercados en competencia perfecta), su corrección mediante políticas públicas puede llegar a empeorar aún más la situación. Se trata de un debate que se dio con mucha intensidad en los años noventa y que, ahora, vuelve en una versión un tanto más extrema e ingenua, que hace caso omiso de los ricos debates de aquel entonces.
Llamativamente, una de las supuestas ventajas de reducir (eliminar) la presencia estatal aparece de la mano de la desaparición de incentivos a prácticas corruptas, tema que aparece hoy como poco creíble, a la luz de las últimas noticias y descubrimientos.
Es habitual considerar que el mercado de salud destaca, entre muchos otros, en materia de ineficiencias en la asignación de recursos cuando solo opera el mercado[3]. En esos casos, si la intervención pública no logra resolver los problemas de fracaso de los mercados, ¿se debe dejar que opere esa mala asignación o hay que encontrar la manera de mejorar la intervención pública y, por ende, la asignación eficiente de recursos? De eso trata esta nota.
Analizaremos el caso del fentanilo, pero no para comprender la totalidad de los problemas de ese mercado sino, básicamente, para servir de ejemplo acerca de la necesidad de mejorar la regulación estatal y las políticas públicas. Comencemos repasando los hechos.
La información disponible
La tragedia por el uso hospitalario del fentanilo del laboratorio HLB Pharma ha sido una de las mayores desgracias sanitarias recientes en la Argentina. Se trata de un caso distinto al del fentanilo como adulterante de drogas ilegales, ya que las muertes en el caso que nos ocupa se produjeron por el uso de un producto de circulación legal y de uso médico.
A continuación, se resumen los puntos clave de esta historia, con base en los reportes judiciales y periodísticos:
- Causa de las muertes: Las muertes sucedieron por una contaminación bacteriana del fentanilo inyectable. Los peritajes han detectado la presencia de bacterias como la Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas del medicamento y en los pacientes fallecidos.
- Laboratorio implicado: Los lotes de fentanilo contaminado fueron producidos y distribuidos por el laboratorio HLB Pharma Group y su subsidiaria Laboratorios Ramallo.
- Víctimas y contexto: La tragedia comenzó a ser detectada en el Hospital Italiano de La Plata, donde se registró un brote de enfermedades infecciosas en pacientes internados que habían recibido el sedante. Desde entonces, la investigación judicial ha ido confirmando más muertes en distintos hospitales del país. Las víctimas eran pacientes que estaban siendo tratados por otras afecciones y recibieron la dosis de fentanilo contaminada. Según reportes recientes, la cifra de fallecidos ya se acerca a un centenar.
- Investigación judicial: La justicia federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, investiga el caso como un posible delito contra la salud pública y negligencia en la fabricación y distribución del medicamento.
- Alcance del problema: Se calcula que decenas de miles de ampollas de los lotes contaminados fueron distribuidas en varios hospitales del país antes de que se emitiera la alerta sanitaria y se retirara el producto del mercado. Esto llevó a una masiva incautación y retiro de los lotes afectados para evitar más víctimas.
La ANMAT fue la entidad responsable de emitir la alerta sanitaria[4] y de iniciar la investigación una vez que los hospitales, como el Hospital Italiano de La Plata, comenzaron a reportar el brote de infecciones relacionadas con el uso del fentanilo inyectable. Según los reportes periodísticos y judiciales, el organismo había realizado inspecciones previas en los laboratorios de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo entre noviembre de 2024 y principios de 2025, donde detectaron una serie de irregularidades, incluyendo la «falta absoluta de limpieza» y otras deficiencias en el proceso de producción de medicamentos.
Una de las principales críticas a la ANMAT, mencionada en la investigación, es la demora de dos meses entre la detección de las fallas en el laboratorio y la decisión de suspender su actividad productiva. Para cuando se tomó esta medida, los lotes de fentanilo contaminado ya habían sido elaborados y distribuidos a los hospitales de todo el país.
Adicionalmente, debe señalarse que el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) fue fusionado con la ANMAT y, como en varios otros organismos del estado, muchos cuadros técnicos fueron desvinculados o se fueron ante la pérdida de salario real sufrida por el sector[5].
Entonces ¿Qué se debe discutir?
Tenemos que disculparnos ante el lector de este blog por explicar lo obvio en circunstancias donde lo obvio se pone en duda. Sabemos que el mercado asegura una eficiente asignación de recursos bajo ciertas condiciones muy especiales. Toda vez que esas condiciones estén ausentes surge el debate sobre la necesidad y conveniencia de algún tipo de intervención estatal. Debate que no solo involucra cuestiones de eficiencia sino también sobre las preferencias de cada sociedad sobre la justicia en la asignación de recursos resultante.
Ahora bien, las posibilidades de intervención estatal son múltiples y nada asegura una solución a esos problemas con cada combinación de políticas públicas, dando origen a las críticas que se conocen como las fallas de la intervención estatal. Sabemos que la posición libertaria extrema argumenta que si falla el estado no sirve su intervención. Aquí sostenemos que la sola idea de “empate” entre fallas del mercado y fallas del estado conlleva una lógica sumamente discutible, que puede derivar en consecuencias nefastas, como lo muestra el caso que aquí ilustramos.
Entendemos que, más allá de los sesgos ideológicos y el peso de intereses particulares, si el mercado no asigna de manera eficiente (ni justa, dependiendo de la visión de cada uno), debe tomarse como un dato de la realidad. En cambio, cuando el estado falla, siempre habrá posibilidades de mejorar el tipo de intervención estatal. De eso se trata la política fiscal. Lamentablemente, el caso argentino muestra los peores ejemplos de intervención, en especial durante las últimas décadas, pero ello no llega a ser argumento suficiente para la anarquía del mercado y la ausencia estatal.
Volviendo al caso que tomamos como ejemplo, la falla es de la regulación, no de la idea de regular: La existencia de un organismo como la ANMAT es un reconocimiento de que el mercado, por sí solo, no puede garantizar la seguridad de los medicamentos. La asimetría de información entre el laboratorio y el consumidor es total. No puede pensarse en que cualquier individuo, especialmente aquel que se encuentra hospitalizado y en terapia intensiva, se encuentre en condiciones de evaluar la calidad de los medicamentos que le suministran en los efectores[6]. Si el Estado no interviene con regulaciones estrictas, el riesgo de que el mercado distribuya productos peligrosos es muy alto.
La tragedia del fentanilo es un claro ejemplo de lo que pasa cuando el organismo de control (el Estado) no cumple su función de forma efectiva. No se trata de un argumento en favor de la desaparición del organismo de regulación y control sino, por el contrario, de la necesidad de corregir errores y fortalecer la regulación para hacer que la sociedad pueda gozar de la protección necesaria por parte del Estado.
* Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA; Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y miembro de AFISPOP en el IIEP.
** Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA; Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y miembro de AFISPOP en el IIEP.
***Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA; Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y miembro de AFISPOP en el IIEP.
[1] Buchanan and Musgrave, Public Finance and Public Choice, The MIT Press, Londres, 2001. P. 55.
[2] Véase, por ejemplo, Peacock, A., “Elección Pública: Una perspectiva Histórica”; Capítulo 2 “La elección pública y el análisis del crecimiento del sector público”; Alianza Económica, Madrid, 1995
[3] La asignación vía mercado resulta asimismo inequitativa en el caso del sector salud.
[4] Disposición 3156/2025
[5] El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) forma parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y se encuentra a cargo de la fiscalización y control de todo lo relacionado con los medicamentos en el país (autorización y registro fiscalización, vigilancia y control de calidad). Se ocupa de garantizar que los medicamentos disponibles en el país sean seguros, efectivos y de calidad. La ANMAT, por su parte, tiene la responsabilidad de proteger la salud de la población a través de la regulación de una amplia gama de productos, incluyendo alimentos, productos médicos y cosméticos y a través del INAME los medicamentos.
[6] Ciertamente, teniendo en cuenta la creciente complejidad de la medicina, tampoco resulta razonable asumir que cada médico tiene la información suficiente para evaluar la calidad y efectos terapéuticos de cada medicamento o procedimiento.
ALQUIMIAS ECONÓMICAS 