Tratando de encontrar motivos que expliquen la profunda insatisfacción frente al debate político en la Argentina, hay un aspecto en particular que creo relevante rescatar. Suele molestarnos que el argumento más frecuentemente esgrimido por los contendientes con mayor apoyo del electorado sea la descalificación del otro, sin mayor preocupación por presentar propuestas claras de reforma.
Bajo las especiales circunstancias en las que se desarrolla el debate político en la Argentina, quienes prefieren las posiciones oficialistas/libertarias colocan en un lugar de privilegio el rápido ajuste de las cuentas públicas (sin medir costos relativos de decisiones alternativas) y una reducción al mínimo de la presencia estatal en la economía. Se llega al extremo (siguiendo los postulados más drásticos de la escuela de la elección pública[2]) de establecer que, si bien pueden existir situaciones donde el mercado no asigna eficientemente los recursos (cuando no se cumplen los supuestos básicos de los mercados en competencia perfecta), su corrección mediante políticas públicas puede llegar a empeorar aún más la situación. Se trata de un debate que se dio con mucha intensidad en los años noventa y que, ahora, vuelve en una versión un tanto más extrema e ingenua, que hace caso omiso de los ricos debates de aquel entonces.
Hace una semana se nos ha muerto como de un rayo Carlos Acuña, a quien tanto queríamos. En el ambiente intelectual argentino y regional fue un referente único cuya huella seguirá influyendo durante mucho tiempo a través de su producción y también la de sus múltiples discípulos y colegas con los que tuvo riquísimas discusiones. Muchos y variados son los rasgos que lo hacen diferente. Haremos referencia aquí aquellos que nos parecen más relevantes, siendo conscientes de que la mayor o menor relevancia no deja de ser objeto de opinión personal.
Hace un año y medio, a poco de iniciarse la gestión del actual gobierno, en estas páginas nos preguntábamos sobre el sendero de reformas en el sistema de salud argentino que iría a prevalecer durante el gobierno actual. Allí comenzábamos reconociendo que el punto de partida era muy poco auspicioso. Los rasgos distintivos del sistema de salud eran una gran fragmentación de derechos, aún para la cobertura financiada por recursos públicos; una clara ausencia de instancias de coordinación y articulación entre los diferentes subsectores que componen el sistema, y, como consecuencia de lo anterior, dificultades para lograr un uso eficiente de recursos y el logro de niveles aceptables de equidad en la cobertura en un país caracterizado por un nivel elevado de informalidad laboral. Téngase en cuenta que, como se explicó en aquella nota, la sociedad argentina destina a la salud un monto de recursos superior a la décima parte del PIB. Frente a ese panorama, cabía preguntarse si se iría a desarrollar una nueva política sectorial tendiente a mejorar la organización del sector, con mejoras paulatinas en la equidad y la eficiencia, o, en su lugar presenciaríamos una continuidad de las “no políticas” sectoriales que implicarían una profundización de la fragmentación y pérdida de equidad que caracterizaron los últimos años del sector.
Una vez más, como en cada ocasión en que el gobierno nacional argentino ha tenido que encarar un programa de ajuste fiscal, al menos durante el último medio siglo, se hace alusión a la responsabilidad compartida con los gobiernos provinciales, y se multiplican los llamados al ajuste en las provincias y a la necesidad de encarar reformas en las jurisdicciones[2]. En muchos casos, se suele justificar esas políticas al calificar como irresponsables a algunas autoridades provinciales. En esta nota nos proponemos revisar algunos de los principales argumentos que suelen aparecer en el debate público, aportando evidencia y elementos técnicos que permitan analizar con mayor claridad su alcance y validez.
El último Reporte de Política Fiscal de AFISPOP da cuenta de una rápida reducción del desequilibrio fiscal, hasta recuperar un resultado positivo que no se lograba desde el año 2008. En 2024 se cumplieron más de tres lustros desde que, a la salida de la crisis de principios de siglo (luego del default de la deuda y el fin de la convertibilidad) se había consolidado una situación donde el superávit fiscal, la reducción de la deuda y la ausencia de inflación generaron un punto de partida excepcional para recuperar la confianza en las políticas, las instituciones y encarar las reformas necesarias para sostener un proceso de crecimiento de largo plazo. Antes, durante el primer cuarto de siglo posterior a 1983 (consolidándose la hasta entonces esquiva democracia), se había lidiado con la enorme deuda externa generada por los gobiernos de facto y, al igual que en el resto de la región, pero con mayores costos, se había logrado controlar la inflación.
Hace unos días, con el fallecimiento de Gines González García (GGG), se fue quien para algunos (me incluyo) fue el mejor ministro de salud de la Nación durante el último medio siglo, solo comparable con Aldo Neri, su amigo radical que nos había dejado un año antes. Ambos compartieron preocupaciones para la construcción de un mejor sistema de salud. Con la ida de ellos perdimos no solo dos grandes sanitaristas sino dos personajes diferentes y únicos en la construcción de espacios de debate y búsqueda de consensos para la mejora de las políticas públicas.
Una vez más, la situación de las finanzas provinciales vuelve a ocupar un lugar en el debate sobre la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Es ya un clásico al que no escapa el Mensaje con el que el Poder Ejecutivo Nacional acompañó el Proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional que se discute en estos días en el Congreso. En el capítulo dedicado a la “Coordinación fiscal con las provincias” se anuncia que “tras la firma del Pacto de Mayo que en su punto 2 establece el equilibrio fiscal innegociable como política de Estado, se invitó a todas las jurisdicciones a trabajar en esta dirección.”
Con el objeto de hacer frente a la grave y prolongada crisis económica, el gobierno que asumió en diciembre último ha puesto el foco sobre la necesidad de eliminar el déficit fiscal y reducir el gasto público. Con la aplicación de un drástico programa de ajuste el gobierno espera que este año el gasto público disminuya en el entorno de 4,5% del PIB[1]. Si bien se trata de una reducción extraordinaria, reconoce algunos antecedentes históricos. Aquí nos proponemos indagar en similitudes y diferencias entre los diferentes programas de ajuste fiscal implementados en la Argentina.
En la Argentina, según los últimos datos disponibles, el 10,2% de los nacimientos (53.260 nacimientos) que se produjeron en 2020 correspondió a madres adolescentes menores de 19 años (DEIS, 2022), lo cual constituye un riesgo para la salud de esas adolescentes y un hecho que compromete enormemente sus trayectorias de vida y posibilidades de integración social a través del estudio o el trabajo. Este fenómeno se acrecienta cuando se observa la magnitud del embarazo no intencional: más 7 de cada 10 adolescentes de entre 10 y 19 años que tuvo un hijo en 2018 no había buscado ese embarazo, y, más grave aún, hubo casi 2000 embarazos de menores de 15 años (Ministerio de Salud, 2019[2]). En estos casos, por lo general más que embarazo no deseado, debemos considerarlos como resultado de algún tipo de violencia, muchas veces dentro del núcleo familiar.
ALQUIMIAS ECONÓMICAS 