Por Andrés López*
En 2019 se aprobó la llamada Ley de Economía del Conocimiento (N° 27506). Esta ley viene a reemplazar a la Ley de Software (N° 25922), sancionada en 2004, y luego prorrogada en 2014 (Ley 26692) hasta fines de 2019[1]. La nueva ley aprobada este año reformula parcialmente el esquema de beneficios impositivos de la Ley de Software[2] y los extiende a un amplio conjunto de actividades de alta tecnología y/o creativas (incluyendo audiovisuales, biotecnología, bioeconomía, nanotecnología, aeroespacial, nuclear, I+D, ingeniería, automatización y servicios profesionales para exportación, entre otros). Medios periodísticos informan que “fuentes oficiales” estimaron el costo fiscal de la nueva ley[3] en $ 10500 millones anuales (se supone que a precios de 2019)[4]. Para ser beneficiario de aquella se solicita el cumplimiento de dos de los tres siguientes requisitos: a) realización de inversiones en I+D por más del 3% de la facturación o bien en capacitación de los empleados por más del 8% de la masa salarial; b) acreditación de normas de calidad reconocidas; c) exportaciones por arriba del 13% de la facturación correspondiente a las actividades promovidas (en el caso de servicios profesionales ese mínimo sube a 70% -para las micro y pequeñas empresas el mínimo es de 45%)[5]. Las empresas solo podrán acceder a los beneficios fiscales si el 70% de su facturación, como mínimo, corresponde a las actividades promovidas. En el caso de las micro empresas, si tienen menos de 3 años de vida, se las exime de cumplir los requisitos de la ley (hasta que lleguen a esa antigüedad). Sigue leyendo “El largo y sinuoso camino hacia la “Economía del Conocimiento” (y algunas opiniones impopulares sobre la Ley de Software)” →
