¿Es la inflación la solución para cumplir con las metas fiscales?

Por Oscar Cetrángolo*

Una de las características más sorprendentes de los debates públicos en Argentina es nuestra capacidad para volver a discutir temáticas que ya fueron ampliamente consideradas en debates previos y se vuelven a tratar como si nunca se hubiera hecho. Es así que buena parte de los debates que presenciamos (y muchas veces soportamos) a diario son claro ejemplo del desconocimiento o menosprecio de nuestra propia historia y de las experiencias de otras sociedades.

Ahora le toca el turno a la inflación. Pocas temáticas han sido más analizadas y discutidas hasta sus mínimos detalles por economistas argentinos y de otras latitudes (y longitudes, para no dejar afuera a los buenos economistas chilenos y uruguayos). Entre los más cercanos (en muchos sentidos) podríamos mencionar a Canitrot, Heymann, Frenkel, Damil, Fanelli, Machinea, y muchos más que, con diferentes visiones han analizado las características de la economía argentina previa a la convertibilidad… Pero muchas veces se vuelve al tema como si fuera algo novedoso y se discuten cosas que se creía eran parte de ciertos sobreentendidos.

De manera especial, hoy aparece bajo la lupa el tema de la relación entre déficit e inflación. Y no me refiero a la inflación como consecuencia del financiamiento del déficit (tema nunca abandonado) sino a algo mucho más obvio y, podría decirse, de naturaleza más contable: cuál es el efecto de la inflación (o de variaciones en la inflación) sobre la determinación del propio resultado fiscal.

Esta breve nota intenta simplemente recordar y ordenar algunos comentarios que pueden ser útil para comprender el debate público sobre el tema. Para comenzar, trataré de diferenciar diferentes tipos de efectos, tanto sobre las erogaciones como sobre los ingresos fiscales.

Diferentes casos

Seguramente el aspecto más comentado en estos días es el efecto de la inflación como mecanismo para licuar el valor real de las erogaciones. Ciertamente, toda vez que el estado tome un compromiso cuyo pago no contempla el ajuste automático por inflación, el valor real de las erogaciones sufrirá una erosión equivalente a la tasa de inflación durante el período en el que se demore el efectivo cumplimiento del pago.

Cuando se trata de pagos recurrentes, existen ajustes por inflación, pero, en la medida en que no sean automáticos, el gobierno tendrá la posibilidad de negociar ajustes inferiores a la tasa de inflación. En otros casos, como la compra de bienes y servicios corrientes y los de capital, la expectativa inflacionaria puede (suele) determinar la negociación de sobreprecios con el objeto de cubrirse de la pérdida por inflación. Este tipo de negociación, adicionalmente, puede ser motivo de prácticas no deseadas.

La modalidad adoptada para los ajustes puede originar otro tipo de efectos. De manera especial deben considerarse las consecuencias de utilizar la inflación como velo para ocultar un ajuste en determinados renglones del gasto público. En una economía sin inflación, todo ajuste a la baja en alguno de los rubros del gasto público será percibido de manera clara y transparente tanto en las cuentas públicas como en los ingresos de quienes sean los destinatarios de las erogaciones. En cambio, con tasas elevadas de inflación, el incremento nominal de los gastos puede estar encubriendo una reducción en moneda constante.

Del otro lado de la balanza, los efectos de la inflación sobre la recaudación tributaria son, tal vez, los más estudiados y objeto de numerosas investigaciones. Se trata de la pérdida del valor real de la recaudación por la inflación ante la existencia de rezagos en la recaudación. El efecto, conocido como “Olivera-Tanzi” por los dos economistas que, desde perspectivas muy diferentes han introducido la temática, era mucho más importante en los años setenta y ochenta, cuando las altas tasas de inflación todavía no habían determinado un comportamiento defensivo del fisco al introducir adelantos y ajustes por inflación en los tributos con mayores períodos de rezago (en especial la imposición sobre las rentas y patrimonios). No obstante, dado un nivel de recaudación para un período determinado, la variación del período siguiente no depende de la tasa de inflación sino del cambio en la variación de precios (Cetrangolo, 1984). Con tasas de inflación constante la recaudación real no debiera sufrir modificaciones. Las pérdidas posteriores dependen de la eventual aceleración de la inflación, así como un programa de estabilización produce ganancias reales en los recursos. Este tema, como se verá, también debe ser considerado en algunos renglones de las erogaciones públicas.

Como debe considerarse la situación actual

Habiendo introducido (recordado) los conceptos básicos, nos preguntamos cómo se pueden presentar estos efectos en la determinación actual del resultado fiscal primario[1] en Argentina. Son habituales los comentarios en el sentido de que la inflación es la manera requerida por el gobierno para cumplir con las metas fiscales de un eventual acuerdo con el FMI.[2] Un argumento central en ese sentido es la inflación como mecanismo para reducir el gasto previsional y, para ello, se recurre a la evidencia de lo ocurrido en los años recientes. Todo esto merece algunas aclaraciones en función de la determinación de cada rubro del gasto y la dinámica inflacionaria.

• Existen, como se argumentó más arriba, algunos rubros donde la inflación puede reducir el valor real de las erogaciones. Esos rubros (compra de bienes y servicios de consumo y de capital) representaron poco más del 11% del gasto primario del Sector Público Nacional durante 2021, cuando la variación del índice de precios al consumidor fue del 51%. En estos casos, la mejora en el resultado debiera provenir de una poco probable mejora en la modalidad de fijación de precios de las compras y, en todo caso, el efecto sería insignificante.
• En segundo lugar, ciertamente podría pensarse en una mayor pérdida en los ingresos reales de los empleados públicos que, incluyendo el personal de universidades nacionales, representa apenas el 14% del total y, como en el caso anterior, mayores reducciones a las ya ejecutadas parece improbable y de poco efecto.
• En tercer lugar, sin duda, el rubro que más se menciona como potencial para reducir el gasto público es la licuación del gasto en pensiones y otros programas sociales que tienen clausulas de movilidad aprobadas por ley y que representan el 42% del gasto primario. El argumento se basa en los ahorros pasados, olvidando que esos ahorros se debieron a la suspensión de las clausulas de movilidad y su reemplazo por otras de manera discrecional, en un contexto de tasas de inflación crecientes, al estar definidos los ajustes por índices con rezago de un semestre. En consecuencia, las posibilidades de lograr mayores ahorros no dependerán de la inflación sino del incumplimiento de la norma que define la movilidad y, mucho más importante, de la aceleración inflacionaria. Con tasa de inflación constante o decreciente (como espera el gobierno) el gasto debiera incrementarse en términos reales. Mucho más si se dan curso en la justicia a los reclamos por los ajustes realizados.
• En cambio, existen algunos programas sociales cuyo valor no está vinculado a la ley de movilidad que rige para las jubilaciones. En estos casos, su evolución dependerá de la negociación política con los sectores que reciben esos ingresos que, de todos modos, toman como referencia la movilidad de los otros programas. De manera especial, se incluyen en este rubro la “Tarjeta Alimentar” (en la medida en que no pase a formar parte de la AUH) y “Potencial Trabajo” que, en, conjunto representan cerca del 5% del gasto primario. También en este grupo de transferencias sin cláusula de movilidad automática, aunque de características muy diferentes, se cuentan las transferencias al PAMI.
• El otro rubro que merece especial atención es el gasto en subsidios, que explican alrededor del 14% del gasto primario. La reducción de este rubro depende de la política tarifaria que adopte el gobierno. En ausencia de aumentos tarifarios (como ocurre desde inicios de 2019), una aceleración (o mantenimiento) en la tasa de inflación tiene, parcialmente, el efecto de incrementar el gasto en subsidios en lugar de reducirlos (toda vez que se incrementan los costos del sector, en parte a ser cubiertos por transferencias del Estado). Por el contrario, implementar aumentos tarifarios (con el fin de reducir subsidios), usualmente retroalimenta el proceso inflacionario.
• Por último, existen otros rubros donde la modalidad de definición es muy diversa y no es posible especular sobre un impacto claro de la inflación. Se trata de una variedad de rubros que incluye varios asociados a transferencias a las provincias que, en algunos casos responden a la evolución de recursos tributarios de asignación específica y, en otros, a otras modalidades de negociación. Resulta difícil esperar una evolución especial dependiendo de la inflación y, por lo tanto, no se consideran aquí.

En resumen, las posibilidades de que se pueda alcanzar una mejora en el resultado fiscal motivada por la inflación dependerán de que, en principio, si se mantiene el nivel actual de variación de los precios, se pueda ocultar el incumplimiento de alguna cláusula de movilidad, en especial, las que afectan a las prestaciones de la seguridad social y otras transferencias de ingresos a las familias, así como la aplicación de ajustes nominales inferiores a la inflación para aquellos rubros sin cláusulas de movilidad. Por supuesto, con importantes costos políticos. Del otro lado, si se cumplen las normas de movilidad, las posibilidades de mejorar el resultado fiscal no dependen de la existencia de inflación sino de una dinámica caracterizada por crecientes tasas de inflación. De más está decir que esto tendría efectos perversos en otros muchos sentidos.

* Profesor Titular e Investigador del IIEP (UBA – CONICET).

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[1] Dejamos de lado, en esta oportunidad, los efectos sobre los pagos de servicios de la deuda, que tienen una lógica especial y que, adicionalmente, no forman parte central de los eventuales compromisos con el FMI.

[2] En un exceso, escuché un periodista argumentando que FMI estaba sofisticando sus políticas de dominación mediante el condicionamiento implícito de las altas tasas de inflación en el acuerdo que se está negociando.