Andrés López [1]
El fantasma de la libertad
El actual gobierno argentino, como es público y notorio, considera que una de las principales razones, si no la principal, de la prolongada decadencia económica es la excesiva presencia del Estado. Consecuente con ese diagnóstico, se ha embarcado en una amplia agenda de reducción del gasto, disolución, achicamiento o fusión de organismos públicos, remoción de normas regulatorias y liberalización comercial. Asimismo, y acorde con la idea expresada repetidas veces por el Presidente Milei sobre la inexistencia de las fallas de mercado y la inherente incapacidad del Estado para intervenir de modo positivo en la economía, ha desmantelado, de jure o de facto, buena parte de los instrumentos de política industrial y tecnológica existentes hasta 2023 (aunque ¿curiosamente? sobreviven dos mecanismos promocionales, la llamada Ley de Economía del Conocimiento y el muy cuestionado régimen de Tierra del Fuego). Asimismo, tendría en carpeta una importante restructuración de los organismos con competencia en dichas áreas, algunos de los cuales podrían desaparecer, achicarse o fusionarse.
El Presidente Milei se ha referido en varias ocasiones al Indice de Libertad Económica que elabora la Heritage Foundation, una organización de orientación conservadora creada en 1973 en EE.UU. En la visión del actual gobierno (y en general entre quienes se autodefinen como “libertarios”), existe una estrecha relación entre libertad económica y niveles de riqueza (de hecho, en la perspectiva libertaria existiría una causalidad que va desde libertad a riqueza, pero esa causalidad no ha sido probada de forma rigurosa hasta el presente). Ahora bien, y aquí el tema que motiva la presente nota, que un país rankee alto en el índice de libertad económica no es incompatible con que, al mismo tiempo, esté interviniendo en la economía a través de diversos tipos de instrumentos, incluyendo aquellos vinculados a la llamada política industrial (PI).
Dos aclaraciones antes de continuar: i) usualmente el autor de la nota prefiere hablar de políticas de desarrollo productivo (PDP) y no de PI. Esto es así por dos razones: a) en la práctica estas políticas cubren también sectores agropecuarios, extractivos y de servicios; b) el concepto “política industrial” se suele asociar con proteccionismo y grandes subsidios, mientras que las PDP cubren un conjunto más amplio de instrumentos, en particular aquellos que se basan en la provisión de “bienes públicos”[2]). Sin embargo, dado que el término PI es el más usado en el debate público, lo utilizaremos también a lo largo de este texto; ii) siguiendo el criterio de un reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- (Criscuolo et al, 2023) usaremos una definición amplia de PI, que incluye distintos tipos de instrumentos (fiscales y financieros), medidas tanto de carácter horizontal como focalizadas (e.g. sectoriales) y que cubre herramientas dirigidas a diversos objetivos (I+D, PyMEs, start ups, transición verde, digitalización, formación para el trabajo, promoción de las exportaciones y las inversiones, desarrollo regional, etc.).
El lector no necesita enterarse por esta nota de que la PI está “de moda” nuevamente en el mundo. Si bien el avatar más reciente en este sentido es la guerra comercial desatada por el Presidente Trump, la cuestión viene de antes. En particular, la Administración Biden implementó generosos paquetes de subsidios para fomentar la fabricación de semiconductores (CHIPS and Science Act) o las tecnologías asociadas a la transición verde (Inflation Reduction Act), entre otras medidas. Pero el regreso de la PI (de hecho, en algunos países o áreas de actuación en realidad nunca se fue) es un fenómeno que trasciende por mucho a los EEUU, tal como lo muestran, por ejemplo, los datos recopilados en el New Industrial Policy Observatory.
Argentina parece ir hoy a contramano de esta tendencia, aunque además de mantener los dos mecanismos promocionales arriba citados, el gobierno del Presidente Milei introdujo otro, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que claramente puede ser considerado como una medida de PI (aunque el gobierno lo ha presentado más bien como una herramienta necesaria en un contexto de elevada presión impositiva y años de inestabilidad macroeconómica, cambiaria y regulatoria). Pero, como dijimos antes, la actual administración parece renegar de cualquier intervención estatal en el área productiva (salvo aquellas de carácter facilitador o simplificador), no solo porque la máxima autoridad del gobierno no cree en el argumento más ortodoxo (fallas de mercado) que justifica la adopción de PI, sino también porque asocia esas intervenciones a “curros” de diverso tipo y gasto ineficiente.
Para ser honestos, las sospechas sobre la efectividad y transparencia de las intervenciones de PI en Argentina exceden por mucho a los integrantes del actual gobierno. Sin dudas, esas sospechas tienen fundamento en más de un caso y la escasez de evaluaciones rigurosas y disponibles públicamente sobre los diversos instrumentos y orientaciones de PI adoptadas en las últimas décadas no ayudan a disiparlas. Pero tengo la intuición de que otro factor que ha influido en la bastante extendida desconfianza (al menos dentro de la profesión de los economistas) sobre las intervenciones de PI en Argentina es que estas fueron usadas intensamente por algunas administraciones en las que paralelamente se implementaron numerosos tipos de regulaciones y controles sobre muy diversos aspectos de la vida económica, y se registraron aumentos significativos del gasto público. En otras palabras, para muchos observadores la PI en Argentina viene asociada a un “paquete” fuertemente intervencionista y proteccionista (en este caso, además se suman las sospechas sobre maniobras de corrupción en la administración de las barreras no arancelarias adoptadas en distintos momentos del tiempo) y, por tanto, forma parte de un modelo que, lejos de alentar el crecimiento, fomenta ineficiencias de diverso tipo y es sinónimo de mal uso de recursos públicos.
Sin embargo, como intentamos mostrar en la presente nota, esa asociación no es para nada inevitable. De hecho, veremos que casi todos los países más “libres” del mundo según el ranking arriba citado han usado y usan de manera bastante intensiva herramientas de PI. Esto no significa necesariamente que esas intervenciones sean siempre exitosas o costo eficientes, ni tampoco que la Argentina deba imitar a esas naciones (esto sería objeto de otro debate). El objetivo es simplemente evidenciar que “libertad económica” y PI no son enemigos irreconciliables, sino usuales compañeros de cama.
Midiendo la libertad económica
El Indice de Libertad Económica se basa en 12 componentes, agrupados en cuatro grandes pilares: 1) Estado de derecho (derechos de propiedad; efectividad judicial; integridad gubernamental); 2) Tamaño del gobierno (carga tributaria; gasto público; salud fiscal); 3) Eficiencia regulatoria (libertad empresarial, laboral y monetaria); 4) Apertura de mercados (libertad comercial, de inversión y financiera). Los países se agrupan en cinco categorías según el puntaje global que obtienen en el ranking: Libres (80–100); Mayormente lib res (70–79,9); Moderadamente libres (60–69,9); Mayormente no libres (50–59,9); Reprimidos (0–49,9). Dado que la libertad perfecta, al igual que el Paraíso, es difícil de encontrar, apenas cuatro países son clasificados como “Libres” en el ranking 2024: Singapur, Suiza, Irlanda y Taiwán (y Singapur tiene apenas 83,5 puntos, lejos del 10). Le siguen Luxemburgo, Nueva Zelanda, Estonia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Canadá, Lituania y Corea del Sur, todos en la categoría “Mayormente libres”. Argentina fue “Mayormente libre” al final de la Convertibilidad, luego empezó a caer hasta convertirse en “Reprimida” en la segunda administración de CFK y hoy es “Mayormente no libre” pero con la Administración Milei se encuentra en vías de liberación.
Cualquiera que conozca un poco sobre los 15 países mencionados antes -que hoy ocupan los primeros lugares en el ranking de libertad económica- sabe que funcionan con modelos de política económica y marcos institucionales y regulatorios heterogéneos, y que esas heterogeneidades se trasladan a otras dimensiones relevantes (e.g. estructuras productivas, políticas sociales, modelos educativos, previsionales y de salud, etc.). Nótese en este sentido que dado que el Indice de Libertad Económica surge del promedio de 12 componentes, un país que tiene, por ejemplo, una elevada carga tributaria puede “compensar” con altos niveles de “libertad” en uno o varios de los otros componentes, lo cual explica por qué algunas naciones europeas con alta presión tributaria figuran en los primeros lugares del ranking.
A su vez, los modelos y marcos de política de las mencionadas naciones fueron, naturalmente, evolucionando a lo largo del tiempo, aunque, al menos en estos casos, lo hicieron casi siempre hacia mayores niveles promedio de libertad económica. Y aquí está uno de los temas más debatidos en torno a las interacciones entre libertad económica y desarrollo. Podría ocurrir (o más bien ha ocurrido en la práctica) que en más de un caso la actualmente elevada libertad económica haya sido precedida por niveles de intervención estatal más o menos amplios; a su vez, en ciertos casos estas intervenciones, lejos de perjudicar, podrían haber favorecido el alcance de altas tasas de crecimiento. Una vez que las respectivas sociedades se hicieron “ricas”, eventualmente muchas intervenciones estatales dejaron de ser necesarias o efectivas y/o los distintos actores y grupos sociales reclamaron por mayores niveles de libertad en los diversos ámbitos considerados en el índice elaborado por la Heritage Foundation.
En este sentido, las experiencias de tres de las naciones incluidas entre las más libres del mundo al presente, Corea, Singapur y Taiwán, sirven como ejemplo claro de este argumento. Los tres países (que junto con Hong Kong[3] forman parte del grupo de los llamados “Tigres Asiáticos”) se han caracterizado no solo por intervenciones más o menos masivas en el campo de la PI, sino también porque en el pasado han implementado un amplio número de controles, restricciones y regulaciones en diversas dimensiones de la vida económica (y recordemos que solo en décadas recientes Corea y Taiwán adoptaron regímenes democráticos, mientras que aún hoy Singapur no puede caracterizarse como una democracia real). Si bien la controversia sobre los impactos de las estrategias de PI adoptadas en estas naciones ha sido intensa y extensa, recientemente han emergido algunos estudios que usan técnicas de identificación causal relativamente rigurosas y muestran impactos positivos de ciertas intervenciones (e.g. Choi y Levchenko, 2021; Lane, 2024), A su vez, otros trabajos recientes evidencian que el éxito de aquellas es fuertemente dependiente de la disponibilidad de capacidades en el sector público (Barteska y Lee, 2024).
La “libertad” entonces no parece ser un estado inmutable de la naturaleza, sino que se gana, o se pierde, a lo largo de procesos más o menos extensos. No es el interés de esta nota profundizar en el debate en torno a las interacciones entre libertad económica y desarrollo, sino simplemente dejar anotado aquí que hablamos de procesos evolutivos que tienen fuertes características idiosincráticas y, por tanto, resultan difícilmente extrapolables entre países.
Los países “libres” y la política industrial
Como dijimos antes, la PI está de regreso a nivel global. El citado trabajo de la OCDE se dedica a cuantificar el gasto en PI en nueve países miembro del organismo y llega a estimar que aquellos dedican, en promedio, 1,4% de su PBI a dicho objetivo a través de subsidios y gastos tributarios (exenciones y deducciones impositivas), a lo que se suma otro 1,8% que se gasta mediante instrumentos financieros (préstamos, garantías, aportes de capital, etc.) -estas cifras no incluyen medidas de apoyo a la agricultura.
De los nueve países analizados cinco pertenecen al grupo de la libertad: Canadá, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Suecia[4]. Las cifras respectivas de gasto total en PI sobre PBI para estos países son las siguientes: Canadá: 5,9%, Dinamarca: 3%, Irlanda: 0,8%[5], Países Bajos: 2,1% y Suecia: 3%. Ya esto nos da una idea de que no hablamos de erogaciones marginales en esta área. Lamentablemente no disponemos o no hemos encontrado datos comparables para otras naciones del grupo de las 15, pero solo para citar alguna evidencia ilustrativa, en Corea el gasto público en I+D (apenas una de las diversas áreas de la PI) a través de subsidios directos, contratos e incentivos fiscales llega al 0,4% del PBI (datos de OCDE).
Si bien las metodologías no son estrictamente comparables con la que utiliza el citado trabajo de la OCDE, algunos cálculos presentados en un reciente trabajo sugieren que en Argentina los subsidios y gastos tributarios en PI habrían estado algo por arriba del 1% del PBI hasta 2023 (Schteingart et al, 2024), cifra no muy diferente a la reportada para el promedio de los nueve países incluidos en el estudio de la OCDE (1,4%).
Gasto en PI, países seleccionados, 2021 (% sobre PBI)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OCDE.
Pero la PI no es solo gasto público. Muchas intervenciones son relativamente baratas (o en el extremo tienen costo cero) y, sin embargo, pueden tener impactos significativos sobre el desempeño productivo. Pensemos, por ejemplo, en los ejercicios de mesas o consejos en donde se reúnen representantes del sector público y privado a intercambiar información y perspectivas sobre desafíos y oportunidades que enfrentan distintos sectores productivos y de donde pueden salir propuestas que no involucren más gasto público, sino una reorientación del mismo, una mayor coordinación entre programas ya existentes o bien la identificación de trabas regulatorias cuya remoción no requiere nuevas inversiones (Ghezzi, 2019; Obaya y Stein, 2021).
En la tabla siguiente presentamos un listado no exhaustivo de agencias y organismos que se especializan en brindar apoyo al sector privado mediante recursos monetarios o financieros directos, así como a través de la prestación de diversos tipos de servicios (e.g. información técnica y de mercado, asistencia, capacitación, matchmaking) y que están activos en los 15 países más libres del mundo. Aunque a veces los límites entre las categorías pueden ser difusos en la práctica, para facilitar la lectura los hemos dividido en cuatro grupos: i) agencias de I+D+i (que apoyan proyectos y actividades de innovación); ii) agencias dedicadas a la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones; iii) bancos públicos que otorgan créditos y garantías para inversión y exportación; iv) otros organismos que o bien brindan distintos tipos de apoyo o bien se especializan en el fomento a ciertos tipos de empresa (e.g. PyMEs, startups, etc.) o regiones. La lista no incluye las herramientas que manejan directamente los distintos ministerios (Comercio, Desarrollo, Industria, Agricultura, Ciencia y Tecnología, Economía, Relaciones Exteriores) vinculados directa o indirectamente con la PI, así como tampoco los institutos públicos especializados en el área de ciencia y tecnología, que cumplen funciones de investigación y extensionismo (en Argentina serían nuestros INTA, INTI, CONAE o CNEA por ejemplo), ni aquellos que operan en áreas tales como calidad o formación para el trabajo.
Se observa que los 15 países más libres del mundo cuentan con al menos una agencia especializada en el apoyo al desarrollo productivo. Por otro lado, el conteo de agencias es engañoso, ya que hay varias de carácter “multipropósito”, como Business Finland (promoción de la innovación, las exportaciones y las inversiones extranjeras), Innovation Norway (startups, exportaciones, I+D, desarrollo empresarial), el Economic Development Board de Singapur (atracción de inversiones, créditos, I+D, capital humano) o la Estonian Business and Innovation Agency (I+D, exportaciones, desarrollo empresarial, créditos y capital de riesgo). Argentina también cuenta, por lo menos hasta nuevo aviso, con organismos similares a los que existen en las naciones aquí analizadas, como se puede ver en la tabla siguiente.
Agencias y organizaciones especializadas en distintos ámbitos de la PI
Que estas organizaciones existan no es sinónimo de que tengan impactos positivos de magnitud sobre el desarrollo productivo, ni de que sus intervenciones sean siempre costo eficientes. Si bien es usual que en los países avanzados existan evaluaciones periódicas de estos organismos (y es por ello que a lo largo de su trayectoria sufren restructuraciones muchas veces significativas), eso no significa necesariamente que aquellas evaluaciones sean rigurosas desde el punto de vista metodológico (para los estándares actuales de la profesión económica al menos). En este sentido, cabe mencionar que existen algunos trabajos recientes que utilizan técnicas creíbles de identificación causal y que encuentran impactos positivos de ciertas intervenciones en el área de innovación (e.g. Appelt et al, 2025; Azoulay et al, 2019; Moretti et al, 2024; Agrawal et al, 2020)[6], así como en la de promoción de las exportaciones (Atkin et al, 2017; González et al, en prensa).
Dos consideraciones finales sobre esta cuestión: i) como se mencionó antes, la efectividad de las intervenciones de PI es altamente dependiente de la disponibilidad de capacidades institucionales (Cornick et al, 2018; Hallak y López, 2022); ii) aunque algunas intervenciones puedan ser “distorsivas” o poco efectivas, su mera existencia en uno o más países tiene efectos trasn-fronterizos, ya que puede mejorar las condiciones de competencia para las firmas de aquellos países en desmedro de sus pares que no cuentan con similares apoyos en sus respectivos países de origen (pensemos, por ejemplo, en el acceso a crédito a largo plazo a tasas bajas que otorgan los bancos de desarrollo o comercio exterior en diversas naciones).
Reflexiones finales: keep on rockin’ in the free world
El propósito de esta nota fue mostrar que aun los países que se consideran como más libres económicamente a nivel global han hecho y hacen un uso intenso de instrumentos de PI. En otras palabras, economías abiertas, en donde se respeta la propiedad privada y no hay agobio regulatorio pueden adoptar intervenciones y crear organizaciones especializadas en diversas áreas de la PI (al menos hasta que el modelo de la motosierra conquiste al mundo). Tómese nota de que en la citada tabla hablamos de instituciones que tienen ya varios años de funcionamiento (o, si son relativamente nuevas, en general resultan de fusiones de organismos previamente existentes); esto implica que no se trata de intervenciones motivadas por la nueva “moda” global, sino de iniciativas adoptadas tiempo atrás y que mayormente pueden ser entendidas como respuestas a la presencia de fallas de mercado (aunque en ciertos casos pueden estar motivadas también por otros tipos de objetivos de desarrollo económico más amplios). Cabe aclarar asimismo en este sentido que no estamos tratando en esta nota con herramientas proteccionistas ni con regímenes que otorgan grandes subsidios a la inversión, los cuales también pueden existir en algunos de los países que hemos analizado.
De aquí no emerge ninguna recomendación concreta para Argentina. De hecho, el autor está de acuerdo, más allá de cuestiones de detalle, secuencia o timing, con la orientación general de varias de las medidas de desregulación, simplificación y apertura tomadas por el actual gobierno. Lamenta además que sobrevivan otras sobre las que hay un amplio consenso respecto de su alto costo y muy pobres impactos sobre el desarrollo productivo (e.g. Tierra del Fuego).
Sin embargo, resulta preocupante que el gobierno limite su agenda de desarrollo productivo a la de desregulación y apertura, y descuide, abandone o desmantele buena parte de las instituciones y herramientas de PI legadas del pasado. Ciertamente hace tiempo que este conjunto de instituciones y herramientas requieren de evaluaciones integrales y rigurosas, ya que en varios casos existen fundadas dudas respecto de que estén alcanzando sus objetivos o utilizando de manera eficiente sus recursos (además de problemas de captura que pueden existir en ciertos casos). Asimismo, necesitan ser repensadas a la luz de que el actual contexto nacional y global es muy diferente del cual varias de aquellas fueron creadas.
Pero como se dice habitualmente, es mala idea tirar al bebé junto al agua sucia. La Argentina del futuro, como hemos argumentado con mi colega Juan Carlos Hallak, requiere, además de una macro estable, impuestos razonables y un ambiente regulatorio amigable, de intervenciones de política que potencien las oportunidades de desarrollo productivo existentes y que van mucho más allá de la minería y la energía, actuales objeto de deseo en materia de inversiones y exportaciones. No se necesita, entonces, menos sino nuevas o mejoradas políticas de desarrollo productivo, adaptadas a los desafíos y necesidades del presente. Y antes de que me digan “no hay plata”, estas políticas no necesariamente implican grandes erogaciones presupuestarias, sino que pueden inicialmente consistir en rediseños y mejor coordinación de herramientas ya existentes. Ojalá que el gobierno encare esta agenda lo antes posible, y que se evite que las valiosas capacidades y conocimientos acumulados en diversas áreas clave del desarrollo productivo se pierdan irremediablemente.
Y acá la playlist alusiva!
https://open.spotify.com/playlist/2ANWDgVnhRbKYcj8S1L0IH?si=d557ad2f2bb64812
[1] IIEP, UBA-CONICET.
[2] Estrictamente no se trata de bienes públicos en la acepción que el término tiene en teoría económica. Aquí usamos la terminología de un influyente reporte del BID sobre PDP (Crespi et al, 2014), en donde bienes públicos refiere a intervenciones vinculadas a capital humano, investigación básica, infraestructura, logística y acceso a información técnica y de mercado, entre otras dimensiones. Algunas de esas intervenciones generan bienes que no son rivales (e.g. las referidas a información o conocimiento), pero la exclusión es factible aun en esos casos, por lo que podríamos hablar de bienes públicos “impuros”.
[3] A partir de 2021 no se reportan más datos para Hong Kong debido a la incorporación de dicho territorio a China. Hasta aquel momento ocupaba el primer lugar en el ranking de libertad económica.
[4] Los otros cuatro son Israel (Mayormente libre), Gran Bretaña, Francia e Italia (Moderadamente libres).
[5] Como es bien conocido, Irlanda ha adoptado agresivas políticas de baja tributación, que le han permitido convertirse en una localización muy atractiva para la radicación de empresas multinacionales.
[6] En una nota previa en este mismo blog mostramos que similar evidencia existe incluso para el apoyo gubernamental a la ciencia básica.
Referencias
Agrawal, A., Rosell, C. y Simcoe, T. (2020), Tax Credits and Small Firm R&D: Evidence from Canada, American Economic Journal: Economic Policy 12(3): 1 30.
Appelt, S., Bajgar M, Criscuolo C. y Galindo-Rueda, F. (2025). How effective are R&D tax incentives? Reconciling micro and macro evidence, CEP Discussion Papers dp2071, Centre for Economic Performance, LSE.
Atkin, D., Khandelwal, A. K., & Osman, A. (2017). Exporting and Firm Performance: Evidence from a Randomized Experiment*. The Quarterly Journal of Economics, 132(2), 551–615.
Azoulay, P., Graff Zivin, J., Li, D. y Sampat, B. (2019), Public R&D and Private Patenting: Evidence from NIH Funding, Review of Economic Studies 86(1): 117 152.
Barteska, P. y Lee, J. E. (2024). Bureaucrats and the Korean Export Miracle, Bureaucrats and the Korean Export Miracle, NICEP WP 2024-11
Choi, J. y Levchenko, A. A. (2021). The long-term effects of industrial policy, WP 29263. National Bureau of Economic Research.
Cornick, J.; Dal Bo, E.; Fernández-Arias, E.; Rivas, G.; Stein, E. (2018). Building Capabilities for Productive Development». Inter-American Development Bank, Washington D.C.
Crespi, G., Fernández Arias, E. y Stein, E. (2014), “¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación productiva”, Washington, D.C.: BID.
Criscuolo, C., Díaz, L., Lalanne, G., Guillouet, L., van de Put, C. É., Weder, C., & Deutsch, H. Z. (2023). Quantifying industrial strategies across nine OECD countries, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 150, OECD Publishing, Paris.
González, A, Hallak JC, Iacovone, L, Llamas S y Rossi, M. (en prensa), Helping Differentiated-Goods Producers Succeed in Exports Markets through Good Exporting Practices: Experimental evidence from Argentina, Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), Documento de Trabajo.
Ghezzi, P. (2019), “Mesas ejecutivas en Perú: Una tecnología para el desarrollo productivo”, Documento para discusión del BID Núm. 711. Washington, D.C.: BID.
Hallak, J.C.; López, A. (2022). ¿Cómo apoyar la internacionalización productiva en América Latina? Análisis de políticas, requerimientos de capacidades estatales y riesgos. Nota técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. IDB-TN-02629.
Lane, N. (2024). Manufacturing revolutions: Industrial policy and industrialization in South Korea, Manufacturing revolutions: Industrial policy and industrialization in South Korea. CESifo Working Paper No. 11388.
Moretti, E., Steinwender, C. y Van Reenen, J. (2024), The Economic Spillovers of Defence Research’, Review of Economics & Statistics 106(2): 235 256.
Obaya, M y Stein, E. (2021), “El diálogo público-privado para la formulación de políticas productivas: La experiencia de las mesas sectoriales en Argentina (2016-2019)”, Nota Técnica TN–2120, BID.
Schteingart, D.; Tavosnanska, A.; Isaak, P.; Antonietta, J. M. y Ginsberg, M. (2024). Luces y sombras de la política industrial en Argentina en el siglo XXI. Fundar.
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