La Ley de Modernización Laboral constituye la mayor transformación en la política laboral argentina, al menos, en las últimas dos décadas. Su objetivo ha sido claro desde el comienzo del debate legislativo (y, en rigor, ya había sido suficientemente desarrollado en los instrumentos que funcionaron como sus antecesores, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de diciembre de 2023 y la Ley Bases de 2024), en buena medida porque el equipo económico de la actual gestión se ocupó de transmitirlo a la sociedad de forma clara y directa: se trata de un cambio en la regulación laboral orientado a reducir en una magnitud considerable el costo no salarial del empleo formal, con el objetivo de promover su creación y expansión.