Martín Trombetta*
La Ley de Modernización Laboral constituye la mayor transformación en la política laboral argentina, al menos, en las últimas dos décadas. Su objetivo ha sido claro desde el comienzo del debate legislativo (y, en rigor, ya había sido suficientemente desarrollado en los instrumentos que funcionaron como sus antecesores, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de diciembre de 2023 y la Ley Bases de 2024), en buena medida porque el equipo económico de la actual gestión se ocupó de transmitirlo a la sociedad de forma clara y directa: se trata de un cambio en la regulación laboral orientado a reducir en una magnitud considerable el costo no salarial del empleo formal, con el objetivo de promover su creación y expansión.
El gobierno busca, de este modo, quebrar una tendencia próxima a cumplir 15 años en nuestro país: el estancamiento del empleo formal privado. En diciembre de 2025, se registran en Argentina 6,2 millones de empleos formales en relación de dependencia en el sector privado, un número apenas ligeramente superior al observado en enero de 2012. Dado que en ese tiempo la población argentina creció aproximadamente un 16%, lo que tenemos es un significativo proceso de degradación en la calidad del empleo creado, explicado mayormente por puestos asalariados informales y cuentapropismo con escaso o nulo grado de protección laboral.
La reforma laboral reduce el costo de crear empleo formal en numerosos aspectos: reduciendo los montos de indemnización por despido (en paralelo a la creación del Fondo de Asistencia Laboral), aumentando la duración del período de prueba, limitando el alcance tanto de la negociación colectiva como de la acción sindical, aumentando los márgenes de discrecionalidad de las empresas en cuestiones como la duración de la jornada laboral o de los períodos vacacionales, entre otros muchos mecanismos (para un análisis pormenorizado de estos cambios, puede consultarse Beccaria y Maurizio, 2026).
En esta nota pretendo abordar la cuestión del efecto esperado de esta reforma en términos de aumento del empleo formal privado. ¿Cuántos puestos de trabajo esperamos que se creen en 2026, como consecuencia de esta política? ¿Cómo y cuándo podremos medir este impacto? No realizaré aquí un repaso pormenorizado por la literatura internacional disponible, pero sí corresponde mencionar que existen antecedentes locales muy relevantes que sugieren que el impacto de la reducción del costo no salarial sobre el empleo formal es, en el mejor de los casos, moderado (Cruces, Galiani y Kydiba, 2010; Hopenhayn, 2001; Lauletta, 2023). Sin embargo, dado que esta reforma laboral puede considerarse la más ambiciosa de la historia moderna argentina, tampoco es claro que estos resultados previos deban replicarse en este contexto.
Sostengo que el efecto de la reforma puede dividirse en dos partes, una que operará como salto discreto y otra que podemos pensar como un proceso continuo. Veamos cada una por separado. En primer lugar, tenemos un salto discreto. Desde el momento en que la ley entró en vigencia, el costo relativo de un puesto formal (vis-à-vis uno informal) se redujo drásticamente. Una empresa que desea contratar un empleado hoy sabe que podrá despedirlo a un costo mucho menor al que regía hasta el año pasado, que podrá mantenerlo en período de prueba durante el doble de tiempo y que no deberá pagarle horas extra en caso de que, de forma excepcional, necesite que el trabajador extienda su jornada laboral. Estos cambios ya son una realidad al momento de escribir esta nota, de modo que, si estos costos efectivamente ejercían un desincentivo considerable a la contratación formal (como sostienen los expertos que diseñaron y redactaron la reforma), este ya ha desaparecido y, por lo tanto,
no hay muchos motivos para pensar que el aumento en el empleo formal deba hacerse esperar.
Naturalmente, podríamos pensar que existe cierta demora en la incorporación de la nueva información, o fricciones internas en las decisiones de gestión de personal de las empresas, que retrasen el impacto algunos meses. No parece extraño pensar que debemos esperar al menos uno o dos trimestres hasta observar el salto completo. Pero corresponde recordar que, según la evidencia disponible (Maurizio, 2015), la creación de empleo formal se da principalmente a través de la formalización de empleados ya contratados de manera informal. Si estos empleados (al menos, en buena medida) ya existen y el costo de formalizarlos ya ha bajado sustancialmente, ¿por qué esperar para hacerlo? Si el costo no salarial (la variable de política) cambió de forma discreta, también debe hacerlo la variable de resultado.
Otra posibilidad no excluyente con la anterior es que la reforma laboral tenga un efecto de otro tipo, que sí se despliega a lo largo del tiempo. Ceteris paribus el nivel de empleo formal actual, es posible que las empresas estén más dispuestas a contratar de manera formal cuando la economía crezca. En otras palabras, es posible que la reforma afecte la elasticidad del empleo formal respecto del producto. Quizás los empleadores prefieran esperar a que aumenten sus ventas o sus ganancias para, ahí sí, contratar una cantidad de empleados formales mayor a la que habrían contratado en ausencia de la reforma. Si fuera así, solo veríamos crecimiento del empleo formal en 2026 si la economía también crece. Y los pronósticos económicos dicen que así será: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de marzo ubica el crecimiento de este año en un 3,3% respecto del anterior.
¿Podemos decir algo sobre el tamaño esperado de estos efectos? Sobre el efecto discreto, no lo creo posible. La reducción de costo no salarial que se acaba de implementar es difícil de cuantificar ya que no tenemos una idea clara de cuánto valen para una empresa la flexibilidad en la jornada laboral o la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, por mencionar solo algunos de los elementos afectados de forma relevante.
Incluso si pudiéramos asignar un valor numérico a todos estos cambios (es decir, si pudiéramos establecer que equivalen, por ejemplo, a una reducción de costos de X o Y puntos porcentuales por cada peso de salario bruto que el empleador paga al trabajador), tampoco creo que eso fuera suficiente para obtener conclusiones, ya que el efecto de este costo sobre el nivel de empleo probablemente dependa del contexto (del régimen macroeconómico, de la estructura productiva, de otros atributos del mercado de trabajo), lo que me lleva a pensar que aplicar valores provenientes de estimaciones realizadas en el pasado no sería metodológicamente sólido. No me queda más remedio que concluir que no sabemos cuál será la magnitud del salto discreto, pero sí sabemos que, sea cual sea, la descubriremos pronto.
En cambio, sobre el efecto en la elasticidad empleo-producto sí creo que tenemos algo de libertad para la especulación. En un trabajo publicado en 2022 (escrito junto con Agustín Duarte Baracat y Azul Menduiña), estimamos esta elasticidad para Argentina usando datos del período 2007-2019. Notemos que esta ventana ya incluye una parte no menor del proceso de estancamiento mencionado al comienzo, de modo que no hay mayor problema en asumir que sus resultados son extensibles hasta 2025. ¿Qué encontramos en este estudio? Que la elasticidad empleo producto en Argentina no es para nada baja, su valor es de 0,75. Esto
implica que cada punto porcentual de crecimiento en el producto genera un aumento del empleo formal en 0,75 puntos porcentuales (para quienes, como yo, entienden mejor las cosas con números redondos: necesitamos crecer 4% para generar 3% adicional de puestos formales). Con un crecimiento económico de 3,3% en 2026, esto implica una expansión de 2,5% en el empleo formal, es decir 153.000 nuevos puestos de trabajo registrados.
¿Podemos pensar que, gracias a la reforma laboral, esta elasticidad va a aumentar? Sí, claro, esto es una posibilidad. Esta elasticidad no tiene por qué estar acotada por 1, porque el empleo formal puede crecer (y, de hecho, suele crecer) absorbiendo empleo previamente informal, de modo que es perfectamente posible que el empleo formal crezca más que el producto a la par de un aumento de la productividad. Nuevamente, me cuesta encontrar una base firme para sugerir un valor específico, pero un ejercicio optimista podría imaginar, por ejemplo, duplicar el valor actual.
Esto puede sonar exagerado pero quizás no lo sea tanto si consideramos que en 2005 el empleo formal creció 12,2% mientras el producto lo hizo en 8,9%, lo que supone un ratio de 1,4. Entonces, presionando un poco sobre el clima de optimismo reinante, asumamos una elasticidad de 1,5. Esto implicaría, entonces, 153.000 puestos que habría que sumar a la cuenta de empleo formal privado creado en 2026, para un total de 306.000 nuevos empleos, sin contar el salto discreto de magnitud incierta. En todo caso, cuesta creer que una elasticidad tan alta pueda sostenerse mucho tiempo. De hecho, el caso de 2005 fue claramente atípico: en 2006, el ratio cayó a 1,2 y luego a 1 en 2007. Es decir que este aumento de la elasticidad también implicaría cierto componente transitorio que esperamos que se revierta en años próximos.
Un aumento de más de 5 puntos porcentuales en el empleo formal (que no incluye, insistamos, el salto discreto) ciertamente suena impresionante para una economía que sufre las dificultades en que Argentina está inmersa hace más de una década. Pero conviene matizar este análisis recordando que se trata, fundamentalmente, de un cambio de única vez. Moderando un poco el optimismo para los próximos años, podríamos situar la elasticidad en un valor de 1. Eso, combinado con un proceso de crecimiento económico sostenido (¿otro ejercicio de optimismo en el pronóstico?) alcanzaría, en el mejor de los casos, para que la proporción de empleo formal en Argentina alcance los valores algo mayores observados actualmente en Brasil o Costa Rica, muy lejos todavía de los líderes regionales Chile y Uruguay.
El lado negativo de este ejercicio radica en que también impone cautela a la hora de evaluar resultados, pues el crecimiento económico proyectado supone, en condiciones normales, un piso relativamente alto de expansión del empleo. Dicho de otro modo, a cualquier aumento registrado este año en el empleo (y que se pretenda presentar como evidencia de un efecto positivo de la reforma), se le debe restar esos 153.000 puestos que el crecimiento habría creado en ausencia de la reforma. La dinámica reciente en el mercado de trabajo sugiere no dar por sentado que esto ocurrirá, ya que, de hecho, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se destruyeron casi 200.000 puestos formales, a pesar de que el producto por habitante creció.
Algunos expertos han expresado públicamente serias dudas sobre la capacidad de esta reforma de generar un aumento del empleo formal en ausencia de crecimiento económico. Amparadas en las estimaciones menos optimistas disponibles en la literatura, o bien en
marcos teóricos alternativos que desdeñan el efecto del costo no salarial sobre el empleo formal, estas posturas son escépticas de los mecanismos que describí hasta aquí. Si bien considero que esta desconfianza puede ser exagerada, tampoco creo que se la deba pasar por alto. Pero, incluso prescindiendo de estos niveles de escepticismo, el contexto actual tampoco permite ilusionarse mucho. Varios organismos ya han revisado hacia abajo sus predicciones de crecimiento económico para Argentina en 2026, mientras el panorama internacional se dificulta progresivamente para los mercados emergentes. Al momento de escribir esta nota, la noticia económica más reciente es la caída de 2,6% de la economía en febrero. El optimismo ya no es lo que era.
La evidencia empírica disponible sugiere que las expectativas de creación de empleo en un contexto como este deberían ser moderadas. Debemos esperar hasta comienzos de 2027 para contar con datos que permitan, al menos, un primer ejercicio de cuantificación de resultados (prescindamos, por el momento, de los desafíos que supondrá la identificación causal). La reforma laboral se encuentra, mientras tanto, presa en su laberinto.
*Es Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesor Adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su Doctorado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se especializa en econometría laboral y economía laboral empírica, con investigación enfocada en movilidad social, distribución del ingreso, retornos a la educación y brechas de género. En el pasado, coordinó el Área de Datos del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo. Actualmente, dicta diversos cursos sobre métodos cuantitativos en universidades públicas y privadas.
Referencias
Beccaria, L. y Maurizio, R. (2026) Ley de Modernización Laboral. Un análisis pormenorizado de sus componentes principales. Serie documentos de trabajo del IIEP 114.
Cruces, G., Galiani, S. y Kydiba, S. (2010). Payroll taxes, wages and employment: Identification through policy changes. Labour Economics 17(4), p. 743-749.
Hopenhayn, H. (2001) Labor Market Policies and Employment Duration: The Effects of Labor Market Reform in Argentina. En: J. Heckman y C. Pagés (eds.), Law and Employment: Lessons from Latin America and the Caribbean. University of Chicago Press / NBER.
Lauletta, M. (2023). Payroll Taxes, Informality and Employment: Evidence from Argentina. Working paper.
Maurizio, R. (2015) Transitions to Formality and Declining Inequality: Argentina and Brazil in the 2000s. Development and Change 46, p. 1047-1079.
Trombetta, M., Duarte Baracat, A. y Menduiña, A. (2022) Crecimiento económico, empleo formal y estructura productiva. Revista de Economía y Estadística 60(1), p. 107-14
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