En los últimos años han sido frecuentes las noticias que hablan de empresas multinacionales (EMN) que se retiran o venden sus activos en Argentina. Una reciente nota de prensa indica que alrededor de 70 EMN se movieron en esa dirección en el último quinquenio. Esta tendencia contrasta francamente con la observada en los años ’90, cuando las discusiones se daban en torno a las masiva llegada de dichas empresas al país, tanto como parte del proceso de privatizaciones, como a partir de la compra de activos de firmas privadas locales, la expansión de instalaciones existentes o, menos frecuente, inversiones totalmente nuevas (greenfield). El motivo de la presente nota es saber si estas noticias de salida de las EMN de la Argentina se corresponden con la información cuantitativa disponible sobre el tema tanto de fuentes locales como internacionales. En otras palabras, queremos conocer si efectivamente el país ha perdido atractivo relativo para la inversión extranjera en años recientes. El supuesto a priori es que la respuesta es afirmativa, y no solo por la información cualitativa que se refleja en la prensa, sino también porque en un contexto macroeconómico y regulatorio hostil, sería extraño que la Argentina resultara una localización ventajosa para la llegada de inversiones. Como veremos enseguida, los datos disponible confirman esta intuición.

El fantasma de la libertad El actual gobierno argentino, como es público y notorio, considera que una de las principales razones, si no la principal, de la prolongada decadencia económica es la excesiva presencia del Estado. Consecuente con ese diagnóstico, se ha embarcado en una amplia agenda de reducción del gasto, disolución, achicamiento o fusión de organismos públicos, remoción de normas regulatorias y liberalización comercial. Asimismo, y acorde con la idea expresada repetidas veces por el Presidente Milei sobre la inexistencia de las fallas de mercado y la inherente incapacidad del Estado para intervenir de modo positivo en la economía, ha desmantelado, de jure o de facto, buena parte de los instrumentos de política industrial y tecnológica existentes hasta 2023 (aunque ¿curiosamente? sobreviven dos mecanismos promocionales, la llamada Ley de Economía del Conocimiento y el muy cuestionado régimen de Tierra del Fuego). Asimismo, tendría en carpeta una importante restructuración de los organismos con competencia en dichas áreas, algunos de los cuales podrían desaparecer, achicarse o fusionarse.

En los últimos días se ha vuelto a hablar en la Argentina sobre el gasto estatal en actividades científicas. El foco de la discusión pública es el Consejo Nacional de Actividades Científicas y Técnicas (CONICET), pero lo que está en juego más ampliamente es el financiamiento no solo de dicho organismo, sino también de otro conjunto de actividades y proyectos que han venido siendo fomentados principalmente por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Ante la emergencia de voces críticas respecto del fuerte recorte de gastos en esta área, el señor Presidente de la República cuestionó que la sociedad deba “subsidiarles la vocación” a los científicos y los invitó a “salir al mercado como cualquier hijo del vecino investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no”

Como es bien conocido, cuando se habla de las mayores oportunidades exportadoras para la Argentina futura surgen de manera automática las industrias extractivas. Estas incluyen el gas y el petróleo de Vaca Muerta (y, con menor nivel de desarrollo aun, de ciertas localizaciones offshore) y la minería (en particular, aunque no únicamente, cobre y litio). Virtualmente, las únicas voces que cuestionan este modelo exportador son las que hablan del “extractivismo”, aludiendo bajo este nombre tanto a los efectos ambientales y sociales presuntamente negativos de las explotaciones hidrocarburíferas y mineras, como al hecho de que aquellas son llevadas adelante por corporaciones poco interesadas o proclives a generar “valor agregado” local, tanto a nivel nacional como, especialmente, en los territorios en donde están localizados los recursos naturales.

1) Antecedentes y motivación En el año 2013 Uruguay dio un paso disruptivo en el escenario global al convertirse en el primer país en legalizar la producción, comercialización y consumo de cannabis recreacional o adulto. En línea con una nota previa sobre el caso de Canadá, aquí resumimos la evidencia disponible sobre los impactos de dicha iniciativa a más de 10 años de su adopción. Como se aclaró para el caso de Canadá, el tiempo transcurrido desde la legalización nos habilita a tener una primera mirada sobre dichos impactos, aunque ellos pueden ir mutando en el tiempo, a medida que el nuevo modelo regulatorio y la industria legal naciente se consolidan, se moldean nuevos patrones de venta y consumo y se acumula más evidencia (tanto acerca de los impactos de la legalización per se, como sobre los que tiene el consumo de cannabis en ciertas dimensiones clave –e.g. salud, seguridad, criminalidad-), lo cual debería ayudar a los usuarios y políticos a tomar decisiones mejor informadas. Para nuestra revisión contamos con evidencia proveniente de artículos publicados en revistas científicas (que no son muchos, lamentablemente), algunos informes, un reciente trabajo de tesis, reportes e información estadística de fuentes oficiales uruguayas. En la medida en que existe la información y la evidencia respectiva, nos concentramos en los mismos impactos económicos, sociales y sanitarios que cubrimos en el caso de Canadá.

En octubre de 2018 Canadá se convirtió en el segundo país en el mundo, luego de Uruguay (que lo había hecho a fines de 2013), en legalizar el cannabis para uso adulto o recreativo[1]. También ya se habían movido en esa dirección algunos estados de los EEUU, pero aun hoy, aunque el cannabis recreativo se ha legalizado en 24 estados de aquel país, sigue siendo ilegal a escala nacional.

En la primera nota de esta serie analizamos algunos indicadores que reflejan el esfuerzo, o los insumos invertidos en actividades de búsqueda de generación de nuevas ideas y conocimiento. En particular, concentramos la atención en dos indicadores: gastos en I+D y cantidad de investigadores. En resumen, esos indicadores muestran que la Argentina gasta relativamente poco en I+D (considerando su nivel de desarrollo), pero que la brecha más grande está en el gasto financiado y ejecutado en el sector empresas. Asimismo, encontramos que el nivel de inversión en I+D por investigador es muy bajo, algo que favorece la salida del personal hacia otras actividades (o su emigración) y pone límites materiales al tipo de proyectos que se pueden desarrollar.

Una nueva ley, ¿un nuevo amanecer? En febrero de 2021 el Congreso sancionó por unanimidad (apenas hubo dos abstenciones en Diputados, mientras que en Senado solo hubo votos afirmativos) la Ley 27614 de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El objeto de dicha ley es “establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental”. La ley lista 12 objetivos económicos, sociales, territoriales (los únicos para los cuales se mencionan criterios cuantitativos de participación), científicos y tecnológicos a los cuales deberían aplicarse los montos incrementales de presupuesto por ella establecidos. Finalmente, se fija una meta cuantitativa de alta carga simbólica: el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica (CyT) se incrementará progresivamente (se detallan metas anuales) hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI.