La economía argentina transita desde hace aproximadamente dos décadas un sendero de inflación crónica, caracterizado por un incremento sostenido, generalizado y persistente de precios que resulta significativamente disruptivo en términos macro y microeconómicos. Los intentos fallidos de distintas facciones políticas locales para estabilizar la inflación responden a una multiplicidad de factores. El éxito en la lucha contra la inflación crónica exige articular de forma sinérgica los distintos instrumentos de política macroeconómica con la finalidad de minimizar el cociente de sacrificio (caída del nivel de actividad o incremento de la tasa de desempleo ligados a la reducción de la tasa de inflación). En términos de política macroeconómica, la gestión de gobierno debe monitorear de cerca el cociente de sacrificio, ya que el mismo refleja un costo productivo y social significativo a la hora de diseñar un programa de estabilización integral de la inflación en Argentina y puede, de ser lo suficientemente severo, minar el éxito de la estrategia antiinflacionaria adoptada en caso de acrecentar desmedidamente las tensiones sociales ligadas a eventos recesivos profundos, aumentos notorios del desempleo y mayor desigualdad.

El escenario post-pandémico y el surgimiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han acentuado la preocupación por las consecuencias asociadas al fenómeno de la inflación global. La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia están alterando los envíos y posiblemente la producción de dos de los mayores productores agrícolas del mundo. Los dos países representan casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y el 18% del maíz, la mayoría del cual se envía a través de los puertos del Mar Negro que actualmente se encuentran cerrados. Los futuros de trigo negociados en Chicago, el punto de referencia mundial, subieron recientemente a un nivel récord. Por otro lado, afectan los suministros de gas y petróleo, dos insumos estratégicos para toda la matriz energética.