Subsidios energéticos: El gradualismo es tan imprescindible como la reducción

Por Ariel Melamud* y Rafael Flores**

Desde hace tiempo distintos analistas vienen planteando que existe una relación directa entre los subsidios a la energía, el déficit fiscal y su financiamiento a través de la emisión monetaria. Sin embargo, hasta ahora no se le ha prestado la debida atención. Vale la pena analizar los números para ver cuál es la situación que recibe el nuevo gobierno.

De acuerdo a la última información base caja disponible en la Secretaría de Hacienda a octubre de 2015, el resultado fiscal del SPN anualizado, es decir acumulando los últimos 12 meses, fue deficitario por $192.604 millones (3,9% del PIB) incluyendo los ingresos por $130.897 millones provenientes del Banco Central y ANSES (2,7% del PIB). Sin contabilizar estos recursos el déficit fiscal sería $323.502 millones (6,6% del PIB). Si se tiene en cuenta que en 2008 el resultado había sido un superávit del 1,1% del PIB (0,5% sin contar ANSES y BCRA), se observa el deterioro de las cuentas públicas. Vale destacar que esta caída del resultado fiscal se ha dado en el contexto de una notable expansión de la presión tributaria, lo que limita seriamente la posibilidad de aumentar los ingresos públicos para financiar el déficit.

En estas condiciones, para avanzar con un programa antiinflacionario y con un plan de consolidación fiscal se requiere desacelerar gradualmente tanto el financiamiento del déficit a través de la emisión monetaria como el crecimiento de determinados componentes del gasto. Y allí es donde cobran una especial relevancia los subsidios económicos, y particularmente los energéticos. Recientemente, el gobierno anunció que en los próximos meses comenzarían a eliminarse los subsidios energéticos para ciertos usuarios, pero aún se desconoce el alcance de esta medida. Veamos a continuación la magnitud que adquirieron los subsidios energéticos en los últimos años, para dimensionarlos y entender su peso en el déficit fiscal.

En una investigación sobre los Subsidios energéticos en Argentina realizada recientemente por la ASAP y el IAE-Gral. Mosconi, se detalla que “…los subsidios al consumo de energía (luz y gas) registraron un crecimiento explosivo durante los últimos diez años. A nivel histórico, nunca se ha visto una partida que aumente en tal magnitud, multiplicándose 123 veces entre 2004 y 2015 (de $1.157 millones a cerca de $142.000 millones). La magnitud que alcanzaron los subsidios energéticos se manifiesta a partir de que representarían el 2,9% del PIB en 2015, y alcanzarían el 74% del déficit fiscal de 2015. Para ponerlos en contexto, el Estado destina a subsidiar la energía tres veces y media más dinero que al conjunto de las universidades nacionales y casi seis veces más que a la asignación universal por hijo…”.

La importancia de los subsidios a la hora de reducir el déficit fiscal se manifiesta también al analizar la rigidez a la baja que caracteriza al gasto público. Los gastos con “alta rigidez” (menos flexibles) suman el 63% del total: Jubilaciones, pensiones y ayudas sociales a personas (34%); Gasto en personal (13%); Intereses de la deuda (7%), Transferencias vinculadas a pagos de salarios (3%) y Programas sociales para población vulnerable (7%). En ese marco, el 10% del gasto que involucran los subsidios energéticos es vital para poder reducir el gasto sin afectar a los deciles más bajos de la población.

En caso de eliminarse por completo los subsidios energéticos, el déficit fiscal de 3,9% del PIB en 2015 se convertiría en uno de 1% del PIB, y si se reducen al 50% en uno de 2,5% del PIB. Racionalizar los subsidios se torna necesario para contener el problema fiscal y su financiamiento vía emisión.

Además, en el estudio antes mencionado se demuestra que los subsidios energéticos no contribuyen a reducir las desigualdades sociales. Por el contrario, favorecen particularmente a los sectores medios y altos, que son aquellos que tiene acceso a una amplia variedad de aparatos eléctricos de alto consumo.

Desde el punto de vista de la equidad territorial, la estructura de subsidios también está distorsionada. El gobierno nacional financia los aumentos de costos de EDESUR y EDENOR, y no hace lo mismo con las demás empresas distribuidoras, por lo que los usuarios del interior del país llegan a pagar tarifas hasta 10 veces mayores, como ocurre en Santa Fe y Córdoba. Esta discriminación geográfica no tiene ninguna justificación técnica.

La falta de actualización tarifaria también ha tenido efectos sobre la situación patrimonial de las empresas del sector, lo que las ha llevado a reducir fuertemente las inversiones necesarias para mantener la prestación del servicio. Los extendidos cortes de luz de los últimos días son la mejor prueba de que este modelo está definitivamente agotado.

Los subsidios energéticos representan un enorme costo fiscal, explican buena parte del financiamiento monetario del déficit, tienen efectos nocivos sobre la calidad del servicio y profundizan las desigualdades sociales y territoriales, por lo que su reducción es indispensable. Sin embargo, existen otros elementos que deben tenerse en cuenta antes de avanzar en esa dirección.

Estos casi tres puntos del PIB que el sector privado recibe cada año bajo la forma de subsidios se vuelcan principalmente al consumo. Eliminarlos de golpe profundizaría la recesión en la que se encuentra actualmente la economía argentina, frenando toda posibilidad de recuperación en el corto plazo. Al mismo tiempo, les efectos inflacionarios de una suba de la energía de estas características, particularmente en los usuarios industriales, serían ineludibles, y se sumarían a los aumentos que han seguido a la devaluación.

Por lo tanto, si bien es urgente avanzar en la recomposición de las tarifas, se debe diseñar un esquema de aumentos que proteja a los sectores más desfavorecidos y que se aplique en etapas, de manera tal de minimizar el impacto recesivo. La dimensión que han tomado los subsidios energéticos hace que su reducción sea ineludible, pero también que el gradualismo sea el único camino.

*Ariel Melamud es economista de la Universidad de Buenos Aires (2001), con estudios de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Ha sido analista de deuda pública provincial en la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio de Economía). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Ha sido docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Tres de Febrero (Macroeconomía y Política Económica) y sus investigaciones se centraron en política fiscal, organización industrial y modernización del estado.

**Rafael Flores es Presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Es licenciado en Economía de la UBA y especialista en Administración Financiera del Sector Público. Entre otros cargos públicos, ha sido dos veces director de Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es docente de grado y de posgrado de diversas universidades.