Cuando el trabajo no alcanza: el fenómeno del trabajador pobre

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Por Roxana Maurizio*

Con las nuevas estimaciones oficiales de pobreza presentadas el año pasado por el INDEC, luego de 9 años sin poder contar con ellas, su nivel y evolución están en el debate público desde hace unos meses en el país. En esta nota no nos centraremos en esta discusión sino que, partiendo de esos nuevos datos, pretendemos analizar uno de los aspectos que vincula la pobreza con el mercado de trabajo.

En general, se asocia la incidencia de la pobreza o indigencia con la existencia de desempleo o, más en general, con la falta de empleo. Sin embargo, existe otra causa importante de la insuficiente generación de ingresos en relación al valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Nos referimos aquí al fenómeno del trabajador pobre.

Existen, al menos, dos formas de medirlo. La primera de ellas toma como unidad de análisis al hogar y considera todas las fuentes de ingresos que el mismo percibe. Bajo este enfoque un trabajador es pobre si vive en un hogar cuyos ingresos totales son inferiores al valor de la línea de pobreza familiar, aun cuando sus ingresos personales resulten suficientes para cubrir sus propias necesidades básicas. La segunda forma estima individualmente la situación de cada ocupado donde éste es considerado pobre si sus propios ingresos son inferiores al valor de la línea de pobreza que le corresponde de acuerdo a sus necesidades.

Ambos cómputos reflejan dimensiones complementarias de este fenómeno. A partir de su comparación es posible identificar, por un lado, aquellos individuos que serían pobres si sólo vivieran con sus propios ingresos pero que no lo son gracias a los ingresos generados por el resto de los miembros del hogar; por otro lado, aquellos ocupados que no serían pobres si vivieran sólo con sus propios ingresos pero que viven en hogares pobres debido a que los recursos monetarios generados por el resto de los miembros no alcanzan para cubrir las necesidades básicas totales.

La incidencia de la pobreza entre los trabajadores

En el tercer trimestre de 2016 la incidencia de la pobreza entre los hogares de los 31 aglomerados urbanos cubiertos por la EPH fue 22%. En ellos vivía el 30.8% de las personas. La indigencia, por su parte, era 5.3% y 6.8%, respectivamente.

Cuando se analiza la distribución de los individuos en edad activa residiendo en dicho año en hogares pobres según su situación laboral se observa que alrededor del 46% de ellos estaban ocupados, 11% desocupados y 43% inactivos. En el caso de los adultos viviendo en hogares fuera de la pobreza estos guarismos eran, respectivamente, 70%, 4% y 26% (Gráfico 1). O sea, aun cuando, como era esperable, entre los hogares pobres hay una sobrerepresentación de adultos sin empleo, en casi la mitad de esos hogares éstos se encontraban ocupados. Más aún, alrededor del 70% de los jefes de estos hogares tenían un empleo mientras que un porcentaje significativamente menor, 11%, estaba desocupado.

 

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Como se mencionó, otra forma de definir la situación de pobreza entre los ocupados es a partir de sus ingresos individuales totales y a su propia línea de pobreza. Bajo esta alternativa, hacia finales del año pasado 16% de estos individuos eran pobres mientras que 6% eran indigentes. Sin embargo, estos promedios encubren fuertes heterogeneidades al interior de este grupo.

En este sentido, una variable particularmente relevante es la categoría ocupacional que diferencia entre asalariados formales (registrados en la seguridad social), informales, cuentapropistas, patrones y familiares sin remuneración (FSR). Como se muestra en el Gráfico 2, los asalariados no registrados en la seguridad social constituyen el grupo mayoritario dentro de los ocupados pobres, dando cuenta del 50% del total. Alrededor del 40% son cuenta propia (en su mayoría no profesionales) mientras que los asalariados registrados concentran algo menos del 10% del total de los ocupados pobres.

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Esta distribución, además de estar afectada por la composición del empleo total, está determinada por la incidencia específica de la pobreza en cada uno de estos grupos. En particular, la tasa de pobreza de los asalariados informales y de los cuentapropistas era de alrededor del 30% (o sea, 1 de cada 3 de estos trabajadores obtenían ingresos laborales mensuales inferiores al valor de su canasta básica alimentaria y no alimentaria) mientras que era casi nula entre los asalariados formales.

Estas marcadas diferencias al interior de los ocupados muestran claramente el rol de la formalidad laboral en la reducción de la pobreza. Ello resulta esperable considerando la vasta evidencia empírica para Argentina y para la región que confirma que los asalariados no registrados reciben salarios netos significativamente más bajos que los registrados. Por ejemplo, mientras el salario mensual medio de los asalariados formales era en el tercer trimestre de 2016 de $13.500, el de los informales era de sólo $6000. Esta discrepancia, a su vez, se debe al menos a dos factores.

El primero de ellos se vincula a ciertas características diferenciales de estos trabajadores en relación a los formales. En particular, entre los primeros el nivel educativo es más bajo a la vez que la proporción de jóvenes y mujeres es mayor. Asimismo, éstos están sobrerepresentados en ciertas actividades económicas como el comercio, la construcción y el servicio doméstico. Estas características implican que los trabajadores informales tienen un “vector de atributos” más desfavorable que los formales, lo que redunda en menores salarios promedios en relación a éstos.

El segundo de los factores refiere a la presencia de segmentación salarial asociada a la informalidad; esto es, la existencia de brechas en las remuneraciones a favor de los asalariados registrados que no son explicadas por los atributos de los trabajadores ni de sus ocupaciones. De acuerdo a un estudio previo (Maurizio, 2014), la “penalidad” de ingresos mensuales por informalidad (o sea, cuando se comparan dos trabajadores iguales salvo que uno es formal y el otro informal) es de alrededor del 60% en Argentina, superior al 30% encontrado en Perú o el 25% en Brasil.[1]

Estas brechas son algo inferiores entre los ingresos horarios lo que sugiere que los asalariados informales no sólo reciben menores remuneraciones por hora sino que trabajan menor cantidad de horas que los trabajadores formales. Más aún, el estudio mencionado encuentra que estas “penalidades” no son constantes a lo largo de la distribución sino que son mayores en su extremo inferior, sugiriendo un vínculo aún mayor entre informalidad y pobreza.

Este último resultado está asociado, en parte, al rol de ciertas instituciones laborales como, por ejemplo, el salario mínimo (SM). Específicamente, las brechas salariales entre los asalariados registrados y no registrados podrían depender positivamente de cuan “operativas” son aquellas instituciones. En la medida en que el SM sea relativamente elevado podría generar un diferencial salarial entre los asalariados que están alcanzados y los que no lo están por este instituto. A su vez, dado que es esperable que éste tenga mayor impacto en la cola inferior de la distribución el “premio” relativo por formalidad también será más elevado en esta parte de la escala salarial.

En relación a ello, en septiembre del año pasado la actualización del salario mínimo lo elevó a $7560 en términos brutos lo que, en términos netos, representaba casi el doble de la canasta de pobreza por trabajador. Por lo tanto, si se supone una familia con dos adultos y dos menores y, además, esos dos adultos son asalariados formales ambos salarios mínimos alcanzarían para mantener fuera de la pobreza a ese hogar. Más aún, los salarios mínimos negociados en los convenios colectivos sectoriales han venido siendo siempre superiores al mínimo general.

Ello muestra, por lo tanto, que esta institución laboral ha alcanzado un valor que lo hace operativo no sólo respecto de la distribución salarial actual sino también respecto de las necesidades básicas de los trabajadores. La dificultad parece radicar, entonces, en la elevada incidencia de la informalidad y el cuentapropismo en el empleo urbano del país, a pesar del importante proceso de formalización verificado durante la década de los 2000.[2] Hacia fines del año pasado ambas categorías ocupacionales representaban el 46% del total de los trabajadores.

 Pobreza familiar y pobreza individual

Cuando se comparan los valores que surgen de ambas mediciones del fenómeno del trabajador pobre se observa que alrededor 43% de los ocupados que viven en hogares pobres también lo serían si el cómputo estuviera basado exclusivamente en sus propios ingresos (Cuadro 1). En el otro extremo, 90% de los ocupados en hogares no pobres tampoco lo serían bajo la segunda alternativa.

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En conjunto, en el 80% de los ocupados ambas estimaciones coinciden. Esta elevada superposición se asocia, al menos en parte, al rol importante de los ingresos laborales en el total de recursos monetarios del hogar. En particular, en Argentina, como en buena parte de América Latina, alrededor del 80% de los ingresos familiares totales provienen del mercado de trabajo (Maurizio, 2017).

Sin embargo, 56% de los ocupados que viven en hogares pobres (12% del total de los trabajadores) no lo serían si vivieran solos y a partir de sus ingresos individuales, mientras que en casi el 10% de los que viven en hogares fuera de la pobreza sus ingresos no serían suficientes para cubrir el costo de su canasta básica.

Cuando se analiza en detalle el primer grupo de ocupados se observa que en el 80% de los casos éstos no serían pobres si no hubiera menores de 18 años viviendo en sus hogares. Más aún, si se excluyeran todos los miembros no perceptores de ingresos de estos hogares casi la totalidad de los trabajadores que obtienen ingresos suficientes para cubrir el valor de su propia canasta básica vivirían en hogares no pobres. Ello indica, por un lado, que en estos casos la dificultad reside en la baja intensidad laboral del hogar explicada, mayormente, por la presencia de niños y adolescentes. Por otro, que cuando un trabajador no es pobre de manera individual los otros ocupados en el hogar en su gran mayoría tampoco lo son. Detrás de esto se encuentra una relativamente elevada correlación positiva entre los ingresos laborales de cada miembro ocupado de una misma familia.

Estos resultados muestran, desde otra perspectiva, la mayor incidencia de la pobreza entre los hogares con presencia de menores. En particular, mientras que ésta era de 40% en el tercer trimestre del año pasado, la incidencia se reducía al 10% entre las familias sin menores a cargo. Este dato resulta particularmente importante teniendo en cuenta la existencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) destinada, justamente, a hogares con menores cuyos padres están desocupados u ocupados en la informalidad. Sin embargo, aquel no resulta extraño considerando que el valor de esta transferencia por hijo en aquel momento era de $966 mensuales[3] el cual se compara con un valor de la canasta básica alimentaria para un menor de 18 años de $1300 y una canasta básica total de aproximadamente $3000. Ello muestra, claramente, la insuficiencia de este beneficio para combatir estos fenómenos por sí solo.

Reflexiones finales

La informalidad laboral todavía sigue siendo una característica distintiva de los mercados de trabajo latinoamericanos y, en particular, del argentino. Alrededor de un tercio de los asalariados del país no están registrados en la seguridad social. Ello no sólo se asocia con bajos ingresos y con una mayor incidencia de la pobreza sino con falta de protección social, al menos aquella de base contributiva.

Dada esta situación, y teniendo en cuenta la relevancia de los ingresos laborales en los recursos monetarios totales de los hogares, resulta altamente dificultoso reducir significativamente los niveles actuales de pobreza e indigencia sin una baja también importante de la no registración laboral. Esto, a su vez, no resulta una tarea sencilla considerando que aproximadamente el 60% de la informalidad se concentra en pequeñas y microempresas. Ello sugiere, por lo tanto, la aplicación de políticas específicas para este segmento productivo en un contexto de crecimiento sostenido que favorezcan la formalización en los próximos años.

El otro aspecto que surge claramente del análisis es la aún muy elevada incidencia de la pobreza en hogares con presencia de menores. Si bien escapa el alcance de este artículo el análisis de los impactos de la AUH, aquel factor está asociado parcialmente tanto a la falta de cobertura horizontal (hogares con niños que “califican” para obtener este beneficio pero aún no lo perciben) como a la vertical (monto del beneficio para permitirle a los hogares perceptores salir a la pobreza). Luego de algo más de 6 años de instauración de este programa resulta importante discutir en profundidad estos aspectos aún no resueltos.

Referencias

Beccaria, L. y F. Groisman (2015) “Informalidad y segmentación del mercado laboral: el caso de la Argentina”, Revista de la CEPAL 117, Santiago de Chile. http://repositorio.cepal.org/handle/11362/39471

Bertranou, F., L. Casanova and M. Saravia (2013) “How, Why and in What Sectors Employment Informality Decreased in Argentina from 2003 to 2012”, MPRA Paper No 47467. Munich: University Library of Munich. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/47467/

Maurizio, R. (2014) “Labor informality and poverty in Latin America. The case of Argentina, Brazil, Chile and Peru”, en Cling, J., Lagrée, S., Razafindrakoto, M. y Roubaud, F. (eds.) The informal economy in developing countries, Routledge.

Maurizio, R. (2015) “Transitions to formality and declining inequality: Argentina and Brazil in the 2000s”, Journal of Development and Change, vol. 46, issue 5.

Maurizio, R. (2017) “In-work poverty in Latin America. Prevalence, driving forces and trends”, en H. Lohmann e I. Marx (ed) Handbook of Research on In-Work Poverty, Edward Elgar Publishing (en prensa).

[1] Beccaria y Groisman (2015) también analizan este aspecto para Argentina.

[2] Bertranou et al. (2013), Maurizio (2015).

[3] En el mes de septiembre este valor fue actualizado a $1103. Estos corresponden al 100% del beneficio y no al 80% que cobra mensualmente cada hogar perceptor.

*Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES). Investigadora Adjunta del CONICET.

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