Ciencia, al infinito y más allá…

Por Guillermo Anlló*

Previo a la Segunda Guerra Mundial la ciencia no ocupaba un claro lugar en las agendas de gobierno ya que no se tenía certeza precisa de su vinculación al desarrollo. Si bien se tenía presente la relación de acceso y manejo del conocimiento como un instrumento de poder –desde los viejos consejos de ancianos en las tribus, hasta los copistas encerrados en los conventos, pasando por las pitonisas y adivinas de la antigua Grecia, así como varios otros ejemplos a lo largo de la historia-, la carrera armamentista desatada durante la guerra por el acceso a la bomba atómica dejó muy en claro que los científicos, como corporación, tenían mucho para aportar.

Dos meses después de firmada la paz, en julio de 1945, Vannevar Bush, Director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico del presidente de los Estados Unidos, le entrega al presidente Roosevelt el informe “Science, The endless frontier”, sobre cómo debía ser la política científica de ahí en adelante como motor del progreso. Ese podría ser visto como el primero documento de política científica en la historia. Allí, se asumen las grandes preguntas y se entiende que la ciencia, si bien puede no tener todas las respuestas hoy, puede encontrarlas mañana –si dispone de recursos infinitos-. Y, para ello, reclama para sí la libertad de investigación y el acceso a todos los recursos posibles. Gran parte de la comunidad científica continua al día de hoy avalando esta postura y, alguna, la defiende enfáticamente, casi como un dogma de fe.

Claro, los que estudiamos fenómenos sociales sabemos que los contextos son relevantes y, por ende, la realidad de la primera potencia mundial en 1945, luego de derrotar al eje, no es la misma que describe a la de los países periféricos, ni la que describe a ese mismo país hoy día. Por ende, no es esperable que las políticas necesarias para el desarrollo de un sector determinado (en este caso, la ciencia) sean similares en todos los países, o se deban sostener inmutables a lo largo del tiempo –algo que parece tan obvio, y de saber común, sin embargo es bastante raro a la hora de revisar las políticas científicas y tecnológicas-.

La mayores instituciones de nuestro sistema científico –INTA, INTI, CONICET- datan de finales de la década del `50 del Siglo XX y, obviamente, fueron moldeadas bajo aquella influencia: si queremos desarrollarnos, debemos invertir en ciencia –especialmente básica- y esperar que sus resultados se derramen y difundan por la sociedad.

No voy a discutir aquí si esos sistemas fueron más o menos transparentes y eficientes, pero si me interesa resaltar que los mismos responden a una visión cientificista delineada por el modelo lineal, que plantean que sólo es posible obtener resultados que impacten sobre la sociedad y contribuyan al desarrollo al final del camino si se tiene una fuerte comunidad de investigación (con mayor énfasis en la investigación básica); puede que esta sea parte de una condición necesaria, pero sin dudas que no es suficiente. Los desarrollos tecnológicos, por caso, si bien necesitan el acceso al conocimiento para su implementación, no necesariamente dependen de una fuerte comunidad científica local. Para la generación e implementación de nuevas tecnologías es más relevante la existencia de capacidades de absorción de conocimiento, fenómeno más fuertemente vinculado al sistema educativo que al científico.

Si en cambio queremos promover mayor cantidad de innovaciones, entendiendo a estas como acciones que promueven la mejora en la calidad de vida de la población en general (ya sea vía la generación de mayores riquezas en el sector privado por la generación de ventajas competitivas –un nuevo producto-, o por la obtención de mejoras sociales –mejor atención sanitaria-), entonces, no sólo la cantidad de variables involucradas superan a las de tener una comunidad científica, sino que además la condición de localización del fenómeno se vuelve insoslayable; mientras que el conocimiento puede generarse en cualquier lugar del mundo, la innovación sucede en un territorio determinado, el que es influido por su entorno.

Dicho lo anterior, globalmente el indicador más utilizado para analizar, evaluar, alardear y comparar política de ciencia, tecnología e innovación es el gasto en I+D que realiza un país. De hecho, por su simpleza y comparabilidad, se utiliza como proxi de innovación a nivel país.

Bajo ese simple indicador, se esconde la presunción de que cuánto más se invierta en I+D más posibilidades de desarrollo tendrá una sociedad. Y así es que se plantean metas cuantitativas a alcanzar como umbrales metafísicos que, una vez alcanzados, garantizarán el desarrollo y, con ello, el bienestar de la población –de la década del 60 en adelante, en la región fue el 1% del PBI, que sólo Brasil alcanzó recientemente; a nivel global, con el cambio del siglo, se comenzó a hablar del 3% para los países desarrollados-.

Claro, la política exige ideas rápidas y sencillas de ser comprendidas y las comunidades que se beneficien de ellas, no están muy dispuestas a someterlas a discusión. Sin embargo, detrás de ese simple indicador se abren múltiples observaciones a ser tenidas en cuenta, las que, si lo que se quiere es realmente alcanzar el desarrollo, llevan indisolublemente a comprender que la I+D no lo es todo, y que la misma debe ser orientada en pos de fijar ciertas prioridades, atendiendo a las realidades y condiciones de contexto particulares a cada país y región, si es que se quiere obtener algún resultado determinado.

La inversión en I+D suele ser un gasto que tiende a concentrarse territorialmente; es una actividad con altas economías de escala. En algunos documentos de inicio del milenio –previo a la crisis del 2008, en un mundo en expansión-, varios organismos internacionales discutían el rol de la inversión en I+D como factor del desarrollo. Allí señalaban que más del 90% de la inversión se concentraba en 10 países, y que 2/3 partes de la misma eran aportados por el sector privado. Si uno exploraba un poco más podía observar que, coincidentemente, esos países (los primeros cinco incluían a EE.UU., Japón, Alemania, Francia e Inglaterra) daban origen a las principales multinacionales –en el marco de una economía cada vez más globalizada-.

Varios organismos internacionales se dedican a medir y analizar este tipo de indicadores. Sin lugar a dudas, la OECD es la voz más autorizada en la materia. En su sitio web se pueden observar diversas estadísticas internacionales comparativas al respecto, las que, si se desea, pueden conducir discusiones fundadas y serias sobre la planificación política.

Observando sus datos, lo primero que podemos apreciar es que EEUU, China y Japón –en ese orden- son los países que mayores volúmenes de inversión destinan a la I+D. Sin embargo, si los montos invertidos se vinculan a la proporción del PBI destinado al tema, allí se observa que Korea e Israel son los países que más esfuerzo relativo hacen –ambos destinan a I+D por encima del 4% de su PBI-. Nótese que Australia, Canadá o Nueva Zelanda, países con estructuras productivas semejantes a las nuestras, no figuran en los primeros lugares –si bien invierten proporcionalmente más que nuestro país-.

Al mismo tiempo, los países que encabezan los rankings de bienestar no necesariamente son los que más invierten en I+D –si tomamos el caso del IDH como ejemplo, tenemos que Canadá, Australia y NZ figuran entre los 6 primeros-, señalando que el bienestar involucra otras cosas. Es decir, seguramente existe una relación entre desarrollo y alta inversión en I+D, pero no queda clara la causalidad de la misma.

Desde la vigencia de la política científica como política de estado, podemos mencionar a Japón y Korea como países de desarrollo exitoso, que, si bien hoy son potencias en materia de investigación, no basaron inicialmente su desarrollo en la inversión en I+D. Por caso, en 1970 Korea invertía 0,37% de su PBI en I+D –que en valores absolutos era mucho menor que lo que invertía Argentina en aquel momento-. Ciertamente, también es válido decir que fue una prioridad a lo largo de su desarrollo, por lo que la inversión fue creciendo a lo largo de los años, acompañando el crecimiento –en valores relativos y absolutos-.

Es decir, la I+D suele ser un fenómeno concentrado (en nuestro país también se concentra: CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe explican más del 70% del total), con un alto componente privado, vinculado a la participación de las empresas transnacionales –varios estudios, que pueden quedar para otra entrada, señalan que una empresa, lo último que está dispuesta a deslocalizar es su laboratorio de I+D-. Ciertamente, varias empresas invierten más que países (en nuestro caso, Monsanto invierte en investigación globalmente cifras semejantes a las que invierte Argentina en total).

A la vez, no todos los sectores productivos invierten en I+D las mismas cifras. Las empresas automotrices y farmacéuticas son las que mayores inversiones realizan globalmente; mientras que las empresas de biotecnología y tecnologías de información y la comunicación son las que destinan mayor proporción de sus ingresos a actividades de I+D. Por lo tanto, la composición de la inversión en I+D se encuentra condicionada por la estructura productiva que el país posea. La falta de grandes corporaciones, o de sectores intensivos en I+D, son factores que explican fuertemente una baja inversión en ésta.

¿Puede suplirse con inversión estatal? ¿Es deseable que así sea? ¿Hacia dónde se destinará la misma si es realizada por el sector público en lugar del privado? ¿Para qué se quiere incrementar la inversión en I+D? ¿Para alcanzar mayores innovaciones? ¿Cómo se financiará la expansión de la participación pública? ¿Se puede llevar adelante una política de mayor inversión en I+D disociada de la política productiva y de inversiones del país? ¿En qué estrategia de desarrollo?

Todas estas preguntas apuntan a remarcar que si la aspiración por tener una mayor inversión en I+D –aspiración altamente deseable- se realiza de forma aislada, no integrada a una visión de desarrollo estratégico y mejora de calidad de vida, que incluya a todos los otros elementos asociados a una política tecnológica y de innovación, entonces la misma sólo responderá a los intereses corporativos de una parte de la sociedad, volviéndose un elemento más dentro de la puja distributiva.

*Lic. en Economía (UBA, 1996), Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ, 2004), Doctorando en Ciencias Políticas (UNGSM, Tesis pendiente). Responsable Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Politica Cientifica, Tecnológica y de Innovación de la UNESCO – Oficina de Montevideo