En los últimos días se ha vuelto a hablar en la Argentina sobre el gasto estatal en actividades científicas. El foco de la discusión pública es el Consejo Nacional de Actividades Científicas y Técnicas (CONICET), pero lo que está en juego más ampliamente es el financiamiento no solo de dicho organismo, sino también de otro conjunto de actividades y proyectos que han venido siendo fomentados principalmente por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Ante la emergencia de voces críticas respecto del fuerte recorte de gastos en esta área, el señor Presidente de la República cuestionó que la sociedad deba “subsidiarles la vocación” a los científicos y los invitó a “salir al mercado como cualquier hijo del vecino investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no”

Como es bien conocido, cuando se habla de las mayores oportunidades exportadoras para la Argentina futura surgen de manera automática las industrias extractivas. Estas incluyen el gas y el petróleo de Vaca Muerta (y, con menor nivel de desarrollo aun, de ciertas localizaciones offshore) y la minería (en particular, aunque no únicamente, cobre y litio). Virtualmente, las únicas voces que cuestionan este modelo exportador son las que hablan del “extractivismo”, aludiendo bajo este nombre tanto a los efectos ambientales y sociales presuntamente negativos de las explotaciones hidrocarburíferas y mineras, como al hecho de que aquellas son llevadas adelante por corporaciones poco interesadas o proclives a generar “valor agregado” local, tanto a nivel nacional como, especialmente, en los territorios en donde están localizados los recursos naturales.