El fantasma de la libertad El actual gobierno argentino, como es público y notorio, considera que una de las principales razones, si no la principal, de la prolongada decadencia económica es la excesiva presencia del Estado. Consecuente con ese diagnóstico, se ha embarcado en una amplia agenda de reducción del gasto, disolución, achicamiento o fusión de organismos públicos, remoción de normas regulatorias y liberalización comercial. Asimismo, y acorde con la idea expresada repetidas veces por el Presidente Milei sobre la inexistencia de las fallas de mercado y la inherente incapacidad del Estado para intervenir de modo positivo en la economía, ha desmantelado, de jure o de facto, buena parte de los instrumentos de política industrial y tecnológica existentes hasta 2023 (aunque ¿curiosamente? sobreviven dos mecanismos promocionales, la llamada Ley de Economía del Conocimiento y el muy cuestionado régimen de Tierra del Fuego). Asimismo, tendría en carpeta una importante restructuración de los organismos con competencia en dichas áreas, algunos de los cuales podrían desaparecer, achicarse o fusionarse.

En los últimos días se ha vuelto a hablar en la Argentina sobre el gasto estatal en actividades científicas. El foco de la discusión pública es el Consejo Nacional de Actividades Científicas y Técnicas (CONICET), pero lo que está en juego más ampliamente es el financiamiento no solo de dicho organismo, sino también de otro conjunto de actividades y proyectos que han venido siendo fomentados principalmente por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Ante la emergencia de voces críticas respecto del fuerte recorte de gastos en esta área, el señor Presidente de la República cuestionó que la sociedad deba “subsidiarles la vocación” a los científicos y los invitó a “salir al mercado como cualquier hijo del vecino investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no”