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universidad

Por Guillermo Anlló*

En los tiempos que iba a la Facultad, una de las casas de fotocopias de la zona tenía colgado un cartel que decía “2 de 3. Rápido, bueno y barato no se puede, por lo que elija cómo lo quiere”, el que siempre me pareció una excelente síntesis de la complejidad en la toma de decisiones –quizás todavía está por ahí, ya que las cosas no cambiaron tanto en 20 años por esa zona-.

Probablemente por deformación profesional, me resulta difícil analizar la realidad sin tener en cuenta las restricciones que la misma impone a los escenarios de “equilibrio deseable” (aquellos mundos/realidades que se expresan comúnmente como los añorados por la gente/pueblo/ciudadanos –lease el calificativo que más les apetezca para describir al colectivo social-); el planteo de aquel cartel, justamente, expresa que no todas las opciones, si bien deseables, son posibles en simultáneo, como un claro ejemplo acerca de lo que quiero referirme.

En este caso, me interesa resaltar específicamente la imposibilidad que –al menos en las condiciones actuales- surge de alcanzar las tres consignas que pueden describir al espíritu de la universidad pública argentina al mismo tiempo: una “universidad gratuita, con ingreso irrestricto y de excelencia”, las cuales suelen ser banderas levantadas por la mayoría de las agrupaciones estudiantiles, docentes y autoridades del sistema, haciéndolas, de esta forma, extensivas al resto de la sociedad.

Ciertamente, éstas remiten a la idea de que, por ser pública –en el sentido de que es sostenida por fondos generales que surgen del presupuesto nacional, al cual todos los ciudadanos contribuimos-, debe estar al alcance de -y beneficiar a- todos. Esto lleva a abrir el debate sobre cómo debe beneficiarnos y las dos primeras misiones de la Universidad, ya que esto puede ocurrir tanto con el acceso a la misma de toda persona que así lo desee y una educación extendida a toda la ciudadanía, como a través de la investigación y generación de conocimiento que contribuya a mejorar el bienestar social -dada la restricción presupuestaria, ambos objetivos entran en tensión tempranamente-.

Aquí, entiendo, se da la primera paradoja. Las tres consignas –gratuidad, ingreso libre y calidad- descansan sobre el mismo precepto. Porque es un esfuerzo que hace la sociedad, tiene que acceder todo el mundo (por eso gratuita y sin examen de ingreso); porque la sociedad hace un gran sacrificio para que exista la universidad, ésta debe retribuir el esfuerzo con calidad académica meritoria –o excelencia-. Quizás, el esfuerzo no es suficiente, y los fondos no alcanzan para cubrir los tres flancos (ciertamente, existen indicios de que es así). Esto abre otra discusión, sobre cuánto debiera ser el presupuesto que se destine a la educación superior e investigación; ¿existe una cifra justa?

Ahora bien, siendo que el presupuesto de la universidad no es infinito, el hecho de que entren a la universidad todos los alumnos que así lo deseen atenta contra la calidad educativa y, por ende, la excelencia. Y esto sucede en dos sentidos: uno, por los efectos directos de aulas masivas; el segundo, un poco menos evidente, deriva de tener que repartir el presupuesto entre más docentes para poder atender la ingente demanda, por lo que se les puede pagar menos a cada uno de ellos (de hecho, el salario del docente universitario argentino debe ser de los más bajos de la región). Por ende, medido por gasto por alumno de educación terciaria, tenemos que el gasto en Argentina es más bajo que en México, Brasil y Chile. Claro, esto también nos está diciendo que en esos casos el ingreso es más restringido; frente a inversiones similares, la misma se reparte entre menos alumnos.

En cualquier caso, el país –más consiente que inconsientemente- ha hecho una opción por la masividad y gratuidad de la enseñanza universitaria, privilegiando el acceso a la educación superior de la mayor cantidad de gente –independientemente de que puedan culminar su carrera, y del nivel académico de las mismas-. Prueba de ello es tanto la política de ingreso y no-arancelamiento que suelen llevar adelante las casas de altos estudios financiadas con el presupuesto nacional, como la creación masiva de universidades nacionales a lo largo del territorio –existen más de 50, y no hay perspectivas de que la creación vaya a parar allí-.

Este modelo tiene varias ventajas, como ser que, por más que las tasas de graduación sean muy bajas, una proporción mayor de la población tendrá la posibilidad de pasar por la universidad, la que contribuiría a elevar la media de capital humano –y su distribución- independientemente de la obtención de títulos. Al mismo tiempo –como alguna vez dijera un Ministro de Educación-, también es una porción importante de la población joven ocupada en tareas más constructivas que el hecho de no tener nada que hacer –la población joven en edad de acceder a la universidad suele ser la que presenta mayores tasas de desempleo-.

La contracara del mismo pasa por la pérdida de espacios de excelencia, y la predominancia de un modelo de universidades de enseñanza, antes que universidades que investigan (finalmente, los recursos de las universidades son absorbidos por las demandas de la enseñanza para poder atender la mayor matrícula). En un plano teórico, la igualdad que implica acceso y enseñanza para todos, choca con espacios de excelencia (pocos expertos dedicados full time al estudio de ciertos problemas).

Es decir, aparentemente, y dado el presupuesto que la sociedad acordó asignar a las universidades nacionales, las tres cosas no se estarían pudiendo obtener (al menos en cómo está diseñado el sistema universitario argentino). Si optamos por una universidad masiva y gratuita, entonces, gradualmente, estamos resignando calidad/excelencia, ¿o no?

*Lic. en Economía (UBA, 1996), Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ, 2004), Doctorando en Ciencias Políticas (UNGSM, Tesis pendiente). Docente/investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política- UBA/CONICET (IIEP) y Sub-director de las Maestrías en Economía y Relaciones Económicas Internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (FCE-UBA).

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